CSJ - ATC3116-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ Magistrada ponente

ATC3116-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena, Bolívar veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Sala la petición presentada por Julio César Alegría Erazo, mediante apoderado judicial, a través de la cual solicita la supresión de sus datos personales en la información publicada en internet relacionada con el expediente de la referencia1.

ANTECEDENTES

El 13 de octubre de 2026, Julio César Alegría Erazo, por conducto de apoderado judicial, presentó escrito 1 Las actuaciones efectuadas en la acción de tutela fueron conocidas en el año 2009 por el despacho que, en su momento, era ocupado por la doctora Ruth Marina Díaz Rueda, del cual la suscrita es la titular actualmente.Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 2 dirigido a la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual solicitó el ocultamiento y anonimización de los datos personales relacionados con el proceso identificado con el radicado n.º 11001-02-30-000-2009-01179-00.

Manifiesta que, debido a la información que aparece en los sistemas de consulta judicial, las autoridades migratorias de Estados Unidos consideran que existen procesos activos en su contra, circunstancia que incide en los requisitos para conservar las visa s concedidas y obtenerlas nuevamente.

en los sistemas de consulta judicial, las autoridades migratorias de Estados Unidos consideran que existen procesos activos en su contra, circunstancia que incide en los requisitos para conservar las visa s concedidas y obtenerlas nuevamente.

Señala que intentó explicar ante la Embajada de Estados Unidos y las autoridades correspondientes que los procesos registrados no se encontraban activos, pero sus gestiones resultaron infructuosas pues la información continúa apareciendo en las bases de datos de la Rama Judicial.

Aduce que la permanencia de esos registros afecta su buen nombre, honra y hábeas data, dado que la información publicada no refleja su situación actual.

En consecuencia, para la protección de sus derechos fundamentales pide ordenar el ocultamiento de la información correspondiente a dicho procesoRadicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 3 constitucional en el sistema de gestión judicial, así como la actualización y rectificación de los datos registrados en las bases de datos que difunden información negativa que, afirma, ya fue superada y no refleja sus condiciones personales actuales.

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y la Circular No. 004 del 21 de abril de 2026, expedida por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, procede esta Sala a resolver la solicitud de anonimización planteada por el peticionario, la cual se desestimará porque las providencias proferidas en el expediente de la referencia (auto admisorio de la tutela, sentencia y providencia que concede la impugnación) no contienen datos sensibles, como pasa a

la cual se desestimará porque las providencias proferidas en el expediente de la referencia (auto admisorio de la tutela, sentencia y providencia que concede la impugnación) no contienen datos sensibles, como pasa a explicarse.

2. El artículo 228 de la Constitución2 dispone que la administración de justicia es función pública y que sus actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley. En desarrollo de ese

2 «Articulo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo».Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 4 mandato, el artículo 64 de la Ley 270 de 19963 reconoce el derecho de toda persona a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener su reproducción, salvo reserva legal.

Esa regla general se complementa con el régimen de acceso a la información pública previsto en el artículo 74 de la Constitución4 y desarrollado por la Ley 1712 de 2014, cuyo artículo 25 establece que toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, principio que la Corte Constitucional ha reiterado bajo la denominación d e máxima publicidad (C.C. SU-355 de 2022).

pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, principio que la Corte Constitucional ha reiterado bajo la denominación d e máxima publicidad (C.C. SU-355 de 2022).

3«ARTÍCULO 64. Comunicación y divulgación. Ningún servidor público podrá en materia penal o disciplinaria divulgar, revelar o publicar las actuaciones que conozca en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad, mientras no se encuentre en firme la resolución de acusación o el fallo disc iplinario, respectivamente. Por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales. (…). Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado (…)». 4«Articulo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)». 5«Artículo 2o. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley».Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 5

no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley».Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 5 La regla de publicidad coexiste con la garantía del habeas data (art. 15 Constitución Política6), definida por la jurisprudencia constitucional como la facultad de conocer, actualizar y rectificar la información que sobre el titular se recoja en bases de datos y archivos públicos o privados. Tal prerrogativa no es absoluta, no permite al titular restringir la recolección y el manejo de datos veraces, completos y actuales que revistan interés general y que tiendan al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

La Ley 1581 de 2012, aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada (art. 2), define como datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, entre los cuales se incluyen los relativos a la salud, la vida sexual y los biométricos (art. 57). En efecto, el artículo 6, literal d, autoriza el

6«Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser

y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. (…)». 7«Artículo 5o. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenenciaRadicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 6 tratamiento de tales datos cuando «el Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial». Por su parte, el artículo 78 ordena el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes en el tratamiento de su información.

En la misma línea, el artículo 24 de la Ley 1437 de 20119 dispone que tendrán carácter reservado las informaciones y documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (numeral 3).

Ahora bien, sobre la procedencia de la anonimización en providencias publicadas, la Corte Constitucional ha precisado que, aun cuando las sentencias son públicas y deben seguir siéndolo, la información personal contenida

a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de

precisado que, aun cuando las sentencias son públicas y deben seguir siéndolo, la información personal contenida

a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos». 8«Artículo 7o. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley». 9 «(…) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. (…)».Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 7 en ellas se halla sometida a los principios de finalidad,

o privadas, así como la historia clínica. (…)».Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 7 en ellas se halla sometida a los principios de finalidad, necesidad y circulación restringida que rigen el habeas data, lo que habilita la supresión relativa en las versiones publicadas en la web cuando ello resulte indispensable para proteger la intimidad u otros derechos conexos (C.C., sentencia T-020 de 2014).

En aplicación de ese estándar, esta Sala ha indicado que las solicitudes de anonimización proceden cuando se acreditan los presupuestos del artículo 5 de la Ley 1581 de 201210, esto es, cuando se identifican datos sensibles cuyo tratamiento materialmente comprometa la intimidad del titular (CSJ ATC116-2023, reiterada en AC2483-2026,

AC4790-2026, ATC2301-2026 y ATC2863-2026).

3. Trasladados los anteriores parámetros al caso concreto, se advierte que el peticionario pretende el ocultamiento y anonimización de los datos personales relacionados con el proceso identificado con el radicado n.º 11001-02-30-000-2009-01179-00.

Las actuaciones desplegadas en dicho expediente en primera instancia corresponden, en esencia, a los autos del 10 y 29 de julio de 2009. En el primero, esta Sala no admitió a trámite la acción de tutela promovida por Julio

10 Ibídem.Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 8 César Alegría Erazo y otros contra la Sala de Casación Penal de esta Corporación y la Sala Penal del Tribunal

10 Ibídem.Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 8 César Alegría Erazo y otros contra la Sala de Casación Penal de esta Corporación y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que la salvaguarda pretendía cuestionar decisiones de la Sala homóloga, que ya había examinado el asunto al inadmitir la demanda de casación y concluir que no se advertía causal de nulidad ni vulneración de derechos fundamentales que justificara actuar de oficio, decisión que, al haber sido emitida por un órgano límite y de cierre de la jurisdicción ordinaria, no podía ser sometida a una nueva revisión.

En el segundo (29 jul. 2009), rechazó, por improcedente, el recurso de súplica planteado frente al proveído del 10 de julio de 2009.

Las decisiones en mención no incorporan información relacionada con el estado de salud, vida sexual, datos biométricos, situación financiera o cualquier otro dato del solicitante que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, pueda calificarse como sensible.

Es más, la única providencia que incluye una mención frente al aquí peticionario es el auto del 10 de julio de 2009, en donde se indicó su nombre y no se incorporó dato sensible alguno, así: «Se pronuncia laRadicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 9 suscrita Magistrada acerca de la protección constitucional presentada por los señores Julio César Alegría Erazo (…) frente a la Sala de Casación Penal (…)».

9 suscrita Magistrada acerca de la protección constitucional presentada por los señores Julio César Alegría Erazo (…) frente a la Sala de Casación Penal (…)».

Además, en el aplicativo de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial el referido trámite constitucional figura con anotación de archivo de fecha 1º de septiembre de 2009 , posterior a la emisión y notificación del referido proveído del 29 de julio de ese año, y, por lo tanto, no es cierto que el mismo registrara en estado activo.

4. Sumado a lo anterior, la sola mención del nombre del aquí peticionario en el aludido aplicativo de consulta de procesos de la Rama Judicial no permite concluir que se incluyan datos sensibles ni que dicha publicación sea contraria al régimen de protección de datos personales.

Por el contrario, se trata de información vinculada con una actuación judicial -acción de tutela)- y con la identificación de quienes intervinieron en ella, cuya divulgación se encuentra comprendida dentro del principio de publicidad de las decisiones judiciales.

Adicional a ello, se resalta que el peticionario no aportó elementos que permitieran establecer que la CorteRadicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00 10 hubiera incorporado en sus repositorios datos diferentes de los estrictamente relacionados con la actuación judicial.

Así las cosas, no está acreditado que la permanencia de la providencia en los repositorios institucionales y que la mención del nombre del memorialista en el aplicativo de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial comprometa materialmente la intimidad del solicitante o configure alguno de los supuestos

de la providencia en los repositorios institucionales y que la mención del nombre del memorialista en el aplicativo de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial comprometa materialmente la intimidad del solicitante o configure alguno de los supuestos excepcionales que permiten restringir la publicidad judicial.

5. De otra parte, deviene improcedente la solicitud genérica del interesado consistente en actualizar y rectificar datos registrados en bases de datos que difunden información negativa, toda vez que «(…) no puede imponerse sobre el operador judicial la obligación de verificar todos los sistemas de búsqueda privados que atañen a información relacionada a procesos judiciales, pues sería una carga excesiva, ya que su función se limita a los canales oficiales.»  (CSJ. STC15276-2024, reiterada en STC213-2026 y ATC2863-2026).

6. Conforme a lo expuesto, se negará la solicitud de supresión o anonimización formulada por el peticionario.Radicación n.º 11001-02-03-000-2009-01179-00

11

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, resuelve NEGAR la solicitud de supresión o anonimización de los datos personales de Julio César Alegría Erazo correspondientes al expediente de la referencia.

Comuníquese lo aquí dispuesto al solicitante a través de un medio expedido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

de un medio expedido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(Comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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