CSJ - ATC3126-2026

LUIS RAMÓN GARCÉS DÍAZ

Conjuez Ponente

ATC3126-2026 Radicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 (Aprobado en sesión virtual de veintiséis de octubre dos mil veintiséis de (2026)

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide esta Sala de Conjueces sobre la manifestación que hicieran los Magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez , Fernando Augusto Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez, Juan Carlos Sosa Londoño y Francisco Ternera Barrios, de estar impedidos para conocer de este asunto.

Todos l os impedimentos expuestos están basados en la s causales establecidas en los numerales 4º y 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable en materia de tutelas por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, habidaRadicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 2 cuenta que los Magistrados participaron en la Sala que profirió el fallo de tutela STC 19297-2025, que estiman involucrado o vinculado con este amparo constitucional.

En orden a determinar la procedencia de los impedimentos, resultan pertinentes los siguientes antecedentes y

consideraciones:

1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura profirió sentencia de 8 de noviembre de 20241, en la que declaró responsables a Saulo Quiñ ónez García, Miller Ocoró Aragón,

Marcial Minota Hurtado y Luis Amancio Asprilla Cáceres, a título

profirió sentencia de 8 de noviembre de 20241, en la que declaró responsables a Saulo Quiñ ónez García, Miller Ocoró Aragón, Marcial Minota Hurtado y Luis Amancio Asprilla Cáceres, a título de coautores, del delito de “peculado por apropiación a favor de terceros en concurso homogéneo y sucesivo”.

Consecuentemente, los condenó a las penas de prisión de 128 meses, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y multa de $765’ 792.099.00

2. Mediante fallo de 18 de marzo de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial d e Buga resolvió el recurso de apelación, para modificar la decisión recurrida, en el sentido de declarar la responsabilidad penal por el delito de “peculado por apropiación a favor de terceros continuado”.

1 Proceso con número de radicación 761093104002201200009.Radicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 3 Del mismo modo, dispuso reducir la pena de prisión a 96 meses, y mantuvo la multa impuesta.

3. Los procesados interpusieron recurso de casación frente al veredicto de segundo grado, cuyas demandas fueron inadmitidas por la Sala de Casación Penal, conforme al proveído AP4962-2025 de 30 de julio de 2025.

4. Inconformes con esta determinación (AP4962-2025), Miller Ocoró Aragón, Marcial Minota Hurtado y Luis Amancio Asprilla Cáceres, denunciaron la vulneración de sus derechos fundamentales y presentaron tutela en contra de la Sala de

Casación Penal.

Miller Ocoró Aragón, Marcial Minota Hurtado y Luis Amancio Asprilla Cáceres, denunciaron la vulneración de sus derechos fundamentales y presentaron tutela en contra de la Sala de Casación Penal.

Esta acción extraordinaria fue declarada improcedente por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, a través de providencia STC19297-2025 de 26 de noviembre de 202 5, que es la que ha sido invocada por los Magistrados como soporte de sus declaraciones de impedimento.

5. Ahora, el presente trámite corresponde a una nueva acción constitucional impetrada , esta vez, por Miller Ocoró Aragón y Marcial Minota Hurtado 2 frente a la Fiscalía Séptima

2 La acción de tutela presentada por Marcial Minota Hurtado fue acumulada a esta actuación, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1834 de 2025, que adicionó el Decreto 1069 de 2015 (Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho), en lo relativo al reparto de acciones de tutela masivas.Radicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 4 Delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

A partir del contenido de los escritos de formulación de estas acciones emerge que, en forma coincidente, los reproches presentados apuntan, en esencia, a la censura de (i). errores probatorios en la determinación de coautoría del delito de peculado por apropiación a favor de terceros continuado, (ii) violación del principio de congruencia entre la resolución de

probatorios en la determinación de coautoría del delito de peculado por apropiación a favor de terceros continuado, (ii) violación del principio de congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia de segunda instancia, al apartarse de la modalidad de comisión de la conducta “concursal” y asumir la de “continuada”, y (iii). defecto por omisión de declarar la prescripción de la acción penal

6. Pues bien, ha de notarse que, aunque esta nueva acción de tutela no está dirigida contra la Sala de Casación Penal, ni reclama expresamente la invalidación del auto inadmisorio por ella proferido (AP4962-2025), como sí lo había hecho el amparo precedente, resulta inocultable la semejanza e identidad entre los reproches que , en su momento, estaban contenidos en la demanda de casación frente al fallo de segundo grado, los que se esgrimieron en la primera acción de tutela que fue decidida por medio de providencia STC19297 -2025, y los que, ahora, son endilgados a las autoridades demandadas por los mismos Ocoró

Aragón y Minota Hurtado.Radicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 5 Por lo demás, esta identidad de los reproches no desaparece o pierde trascendencia por el hecho de que , antes, hayan sido atribuidos a la Sala de Casación Penal y , ahora, lo sean a la Fiscalía Séptima Delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

Nótese cómo, precisamente, al estudiar y resolver la acción

el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

Nótese cómo, precisamente, al estudiar y resolver la acción de tutela previa (Sentencia STC19297-2025), la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, comenzó por reseñar que los cargos de la demanda de casación consistían en que, a juicio de los recurrentes, (i). se incurrió en error de derecho por falso juicio de legalidad de la prueba que sirvió de base para condenar ; (ii). se transgredió la consonancia jurídica entre la acusación y el fallo, con lo que se agravó la situación de los procesados, con una variación de la calificación jurídica que pretendía evitar la prescripción de la acción penal; y (iii). se vulneró la ley, por cuanto los investigados no participaron en muchos de los hechos que fueron considerados constitutivos de peculado y que tampoco lo configuraban.

Y, seguidamente, encontró la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural cómo la acción de tutela resultaba improcedente, por cuanto se había incumplido el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que “… i) los solicitantes hicieron uso inadecuado del recurso extraordinario de casación, con lo cual perdieron la oportunidad de lograr unRadicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 6 pronunciamiento de fondo sobre los cuestionamientos enrostrados a la sentencia del Tribunal y ii) … aún cuentan con la acción de revisión penal para cuestionar lo pertinente en torno a la prescripción de la acción penal.”

En forma adicional, concluyó la Sala que , en el fondo, no

sentencia del Tribunal y ii) … aún cuentan con la acción de revisión penal para cuestionar lo pertinente en torno a la prescripción de la acción penal.”

En forma adicional, concluyó la Sala que , en el fondo, no existía la vulneración alegada respecto del auto inadmisorio de la casación, ya que la demanda no fue tergiversada, pues sus cargos se despacharon sin desconocer sus alegaciones y motivos de sustento, a través de una decisión que, en su propio concepto, no mostraba una interpretación forzada o errónea.

Finalmente, puntualizó la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural que tampoco fueron resueltos en el auto inadmisorio temas que estuvieran reservados a la sentencia, en tanto que labor de la Sala de Casación Penal se limitó a un juicio de admisibilidad del libelo, que abarcó aspectos de idoneidad formal y material, relacionados, en su orden, con la exigencia de claridad, concreción y debida fundamentación, así como con la aptitud del escrito para la realización de los fines del recurso.

7. Vistas así las cosas, emerge que los impedimentos han de ser aceptados, en consideración d el relevante v ínculo o conexidad existente , por una parte, entre el contenido de la decisión previa de tutela (STC19297-2025), donde fueron esgrimidos, entre otros, diversos cuestionamientos acerca de la valoración probatoria, la incongruencia entre la acusación y el fallo, así como la presunta omisión en acoger el términoRadicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 7 prescriptivo de la acción penal, y, por la otra, las denuncias y

fallo, así como la presunta omisión en acoger el términoRadicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 7 prescriptivo de la acción penal, y, por la otra, las denuncias y reproches que, ahora, son planteados en la actuación bajo conocimiento de la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Sala de Conjueces, resuelve:

Primero. Aceptar los impedimentos manifestados por los Magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez, Fernando Augusto Jiménez Valderrama, Adriana Consuelo López Martínez, Juan Carlos Sosa Londoño y Francisco Ternera Barrios

Segundo. Ordenar comunicar esta decisión por el medio más expedito.

Tercero. En firme esta providencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 1265 de 1970, pase el asunto al despacho del Magistrado Juan Pablo Giraldo Puerta, para lo que sea pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS RAMÓN GARCÉS DÍAZ

Conjuez PonenteRadicado N.º 11001-02-04-000-2026-00279-01 8

ANTONIO AGUSTÍN ALJURE SALAME

Conjuez

LUIS CARLOS DE LOS RÍOS RODRÍGUEZ

Conjuez

JHON ALEXANDER FLÓREZ PÉREZ

Conjuez

CARLOS ENRIQUE TEJEIRO LÓPEZ

Conjuez