CSJ - ATC3132-2026

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ATC3132-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-05648-00

Bogotá D. C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Se resuelve al impedimento manifestado por la Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez para intervenir en la acción de tutela promovida por Lilia Cárdenas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas y el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá.

CONSIDERACIONES

1. Los impedimentos.

Con el propósito de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir los litigios, el legislador ha previsto que el respectivo «juez o magistrado» se aparten del conocimiento de la controversia en caso de estructurarse las precisas circunstancias que configuren las causales taxativas de recusación e impedimento. Al respecto , esta Corporación en auto de 8 de abril de 2005, rad. 00142 -00,Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05648-00 2 reiterado el 18 de agosto de 2011, rad. 2011-01687 así como el 17 de julio de 2018, rad. 2018-01915, señaló que:

«[l]os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se

preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consideró bastante para afectar su buen juicio, bien sea por interés, animadversión o amor propio del juzgador.»

Allí destacó que:

«(…) según las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, estructuren una de las causales específicamente previstas en la ley -en el caso de la acción de tutela, del Código de Procedimiento Penal-, toda vez que, en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo más acompasado con la seguridad jurídica.».

2. Las causales invocadas.

2.1. En este caso, l a mencionada servidora declaró impedimento para conocer del asunto en la medida que en ella concurre las causales consagradas en los numeral 4° y 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal en razón a que «participé en la sesión de la Sala en que se aprobó la sentencia CSJ, STC12823 -2022 (…) a través de la cual se negó el amparo propuesto contra lo resuelto por Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de nulidad de contrato de compraventa con radicado n° 110013103037-2015-00940-02, que

propuesto contra lo resuelto por Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de nulidad de contrato de compraventa con radicado n° 110013103037-2015-00940-02, que guarda relación con la tutela de la referencia».Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05648-00 3 2.2. La causal 4° del referido estatuto se refiere a que «[e]l funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso».

Por su parte el numeral 6° hace referencia a que « haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar».

3. Solución al caso concreto.

3.1. Revisado lo anterior junto con el libelo introductorio y las piezas adosadas en el expediente , se observa que el motivo de apartamiento fundamentado en el numeral 6° no se encuentra configurad o en tanto que la funcionaria no dictó la providencia de cuya revisión se trata, ni participó dentro del proceso.

En efecto, aunque la magistrada participó en la expedición de la sentencia de tutela contenida en STC128232022, lo cierto es que la presente actuación no tiene por objeto revisar, modificar o dejar sin efectos esa decisión constitucional. Por el contrario, la acción promovida por Lilia

expedición de la sentencia de tutela contenida en STC128232022, lo cierto es que la presente actuación no tiene por objeto revisar, modificar o dejar sin efectos esa decisión constitucional. Por el contrario, la acción promovida por Lilia Cárdenas se dirige contra providencias emitidas por autoridades judiciales distintas, dentro de un proceso igualmente diferente al examinado en aquella oportunidad.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05648-00 4 De ahí que no pueda afirmarse, en estricto sentido, que la funcionaria hubiere intervenido en la providencia cuya revisión ahora se pretende. Así, la conexión existente entre ambas actuaciones es esencialmente temática y fáctica, mas no de identidad procesal, razón por la cual la causal referida no aparece configurada con la claridad.

3.2. No obstante, si se advierte la configuración de la causal 4 en la medida que ambas controversias se originan en un mismo conflicto familiar y sucesoral, enfrentan sustancialmente a los mismos interesados y giran alrededor de una problemática común , cual es la validez de actos de disposición patrimonial realizados por Heriberto Navarrete Nieto en favor de la acá accionante , a partir de cuestionamientos relacionados con su capacidad de discernimiento y su voluntad al momento de otorgarlos.

En efecto, al resolver la tutela que dio lugar a la sentencia STC12823-2022, la Sala de la cual hizo parte la referida funcionaria judicial, no se limitó a efectuar un examen puramente formal de las providencias censuradas. Para descartar la existencia de una vía de hecho, fue necesario estudiar las conclusiones a las que habían

referida funcionaria judicial, no se limitó a efectuar un examen puramente formal de las providencias censuradas. Para descartar la existencia de una vía de hecho, fue necesario estudiar las conclusiones a las que habían arribado los jueces ordinarios respecto de las condiciones físicas y mentales del causante, la suficiencia del material probatorio recaudado y la razonabilidad de las inferencias construidas en torno a su capacidad para celebrar actos jurídicos con efectos patrimoniales.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05648-00 5 A partir de ello, la Sala avaló la valoración probatoria realizada por las autoridades accionadas y concluyó que no se configuraban defectos que justificaran la intervención del juez constitucional. Esa determinación supuso, necesariamente, la exteriorización de un criterio jurídic o sobre circunstancias fácticas que hoy vuelven a ocupar un lugar central dentro del debate constitucional.

Lo anterior adquiere especial relevancia si se considera que la presente acción de tutela nuevamente plantea cuestionamientos vinculados con el estado cognitivo y volitivo de Heriberto Navarrete Nieto al momento de disponer de sus bienes y con la manera en que los jueces naturales apreciaron las pruebas dirigidas a establecer dicha situación. Así, aun cuando el acto jurídico discutido sea distinto, el núcleo de la controversia mantiene una estrecha conexión con aspectos sobre los cuales la magistrada ya par ticipó en un pronunciamiento previo.

Desde esa perspectiva, la intervención anterior comportó una manifestación de opinión judicial que trasciende el caso particular decidido en aquella

con aspectos sobre los cuales la magistrada ya par ticipó en un pronunciamiento previo.

Desde esa perspectiva, la intervención anterior comportó una manifestación de opinión judicial que trasciende el caso particular decidido en aquella oportunidad, pues recayó sobre elementos fácticos y valorativos estrechamente relacionados con los que actualmente se someten a consideración. De manera que, ello constituye una circunstancia objetiva que puede afectar la percepción de independencia con la que debe adoptarse la decisión correspondiente.

4. Conclusión.Rad. n.° 11001-02-03-000-2026-05648-00

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En consecuencia, y con el propósito de preservar la imparcialidad propia de la administración de justicia, se aceptará el impedimento manifestado por la magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez, al hallarse configurada la causal prevista en el numeral 4.º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, sin necesidad de ordenar la designación de un conjuez, pues con los restantes integrantes de la Sala hay quorum para decidir.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto , el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, ACEPTA la declaración de impedimento de la Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez para separarse del conocimiento de la acción constitucional de la referencia.

Comuníquese a los interesados por el medio más expedito y, cumplido lo anterior, retorne el expediente al despacho de origen para continuar con el trámite pertinente.

Notifíquese y cúmplase.

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

expedito y, cumplido lo anterior, retorne el expediente al despacho de origen para continuar con el trámite pertinente.

Notifíquese y cúmplase.

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

MagistradoFirmado electrónicamente por:

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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