CSJ - ATC882-2023

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC882-2023 Radicación n.º 11001-02-03-000-2023-01154-01 (Aprobado en sesión de dos de agosto de dos mil veintitrés) Bogotá, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Se decide el incidente de desacato formulado por Forpresalud IPS S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Magistrada Mery Esmeralda Agón Amado.

ANTECEDENTES

1. Forpresalud IPS S.A.S. prestó servicios médicos No POS para atender a los usuarios del régimen subsidiado del Departamento de Santander – Secretaría de Salud de Santander, conforme quedó detallado en unas facturas, y al no recibir el pago de las mismas, acumuló demanda dentro del proceso ejecutivo tramitado contra el ente territorial con radicado «2015-289», conocido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, donde se libró mandamiento de pago a su favor el 27 de octubre de 2017 y el 24 de septiembre de 2018 se ordenó seguir adelante con la ejecución, posteriormente el 24 de abril de 2019 se aprobó la liquidación de costas y se ordenó remitir el expediente a los juzgados deRadicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 ejecución, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad, donde se acumuló al proceso con radicado 2008-00295-01.

El 18 de marzo de 2022 se actualizó la liquidación del crédito; el 21

Circuito de Ejecución de Sentencias de la misma ciudad, donde se acumuló al proceso con radicado 2008-00295-01. El 18 de marzo de 2022 se actualizó la liquidación del crédito; el 21 de septiembre siguiente el juzgado de ejecución requirió a varias entidades financieras «para que se sirvan atender la medida cautelar decretada en el asunto sobre los dineros que se encuentren a favor del Departamento de Santander – Secretaría de Salud Departamental de Santander, con la salvedad que la cautela no puede afectar: (i) los dineros que no son de la demandada, (ii) los emanados del Sistema General de Participaciones (art.513 del C.P.C., Decreto 1101 de 2007, art. 6 de la Ley 179 de 1994 y art 19 del decreto 111 de 1996); y (iii) los que tengan el carácter de parafiscales y no estén dentro de las excepciones, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias que se acaban de citar. En el evento en que las entidades llamadas a atender la anterior orden requisitoria, encuentren que los dineros están dentro de alguna de las mentadas situaciones, deberán de abstenerse de ponerlos a disposición, haciéndolo saber con el soporte legal en que se fundan y las respectivas documentales del caso». La gestora apeló la precitada decisión y el 22 de febrero de 2023 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga la confirmó, afirmó aquella, en contra de los precedentes sobre las excepciones a la inembargabilidad de los recursos del Sistema

Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga la confirmó, afirmó aquella, en contra de los precedentes sobre las excepciones a la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para Salud, emitidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (STC3842-2021, STC4663-2021, STC1479-2020, STC14198-2019, STC8545-2020, STC3842-2021), la Sala de Casacón Laboral de la misma Corporación 2Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 (STL6430-2018, STL2493-2020) y la Corte Constitucional (C-546 de1992, C-103 de 1994, C-566 de 2003, C-543 de 2013, C-1154 de 2008).

2. La ahora incidentante acudió, entonces, a la acción de tutela, criticando que la Colegiatura accionada en su decisión del 22 de febrero de 2023 no logró demostrar que el citado precedente haya variado, por lo cual desatendió el criterio vertical aplicable, el cual establece que es posible la cautela, cuando se cobran obligaciones que tienen como fuente la prestación de servicios de salud, y en este caso la cautela se dirige no sobre dineros del SGSSS depositados en cuentas maestras, sino sobre dineros del SGP en su rubro de salud.

Agregó que con destino a las entidades financieras que tienen depositado dinero del ente territorial, éste allegó certificaciones suscritas por la Directora Técnica de la Tesorería General del Departamento, donde

Agregó que con destino a las entidades financieras que tienen depositado dinero del ente territorial, éste allegó certificaciones suscritas por la Directora Técnica de la Tesorería General del Departamento, donde indicó que las sumas son inembargables, « olvidándose que las medidas cautelares son producto de la prestación de servicios de salud», y con base en tal documento, que es una prueba emanada de la misma ejecutada, todas las cuentas serían inembargables, porque todos los recursos que recibe el ente territorial se enmarcan para una previsión de ingresos y gastos relativos a una determinada actividad económica, según el artículo 353 de la Constitución Política y el Decreto 111 de 1996, artículo 109.

3. El 29 de marzo de 2023 esta Colegiatura concedió el amparo solicitado (STC3044-2023), ordenó a «la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que, (…) deje sin efecto el proveído del 22 de febrero de 2023, que confirmó el proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misa ciudad, el 21 de septiembre de 2022, y las actuaciones que dependan de éste» y en consecuencia «emita nueva providencia en la que resuelva la apelación

3Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 interpuesta por la ejecutante en contra del referido proveído de 21 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo» Para arribar a esa conclusión, en lo medular, se consideró que, la Colegiatura accionada no acertó cuando condicionó el embargo solicitado

septiembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo» Para arribar a esa conclusión, en lo medular, se consideró que, la Colegiatura accionada no acertó cuando condicionó el embargo solicitado por la gestora sobre dinero depositado en cuentas bancarias, para que no recayera sobre recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, porque en el caso concreto se daban los presupuestos para aplicar la excepción a la inembargabilidad de los mismos, debido a que el título objeto del recaudo tenía génesis en la prestación de servicios de salud, además de que ya existía una sentencia judicial que daba vía libre al cobro. Esa determinación no fue impugnada y el asunto se remitió a la Corte Constitucional para su eventual revisión, donde el 30 de junio postrero fue excluido de la misma, en proveído T9410041.

4. En cumplimiento del mentado fallo de tutela, el 11 de abril de 2023, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dictó auto con que resolvió nuevamente la alzada, en el que resolvió

1. Dejar sin efectos el auto proferido por este tribunal el 22 de febrero de 2023 por medio del que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 21 de septiembre de 2022, proferido por la señora Juez Segunda Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, en el proceso de la referencia.

2. MODIFICAR el auto apelado, que para mayor claridad se reproduce en su totalidad con la modificación, así: “ORDENAR requerir al BANCO DE OCCIDENTE S.A., al BANCO GNB

Bucaramanga, en el proceso de la referencia.

2. MODIFICAR el auto apelado, que para mayor claridad se reproduce en su totalidad con la modificación, así: “ORDENAR requerir al BANCO DE OCCIDENTE S.A., al BANCO GNB SUDAMERIS S.A.S., a COLPATRIA, a BANCOOMEVA, al BANCO ITAU, al BANCO PICHINCHA, a SCOTIABANK y a la ADRES para que se sirvan atender la medida cautelar decretada en el asunto sobre los dineros que se encuentren a favor del DEPARTAMENTO DE SANTANDER-SECRETARIA

4Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, con la salvedad que la cautela no puede afectar: (i) los dineros que no son de la demandada, (ii) los dineros o recursos que hacen parte del presupuesto general del Departamento de Santander, (iii) los que tengan el carácter de parafiscales y (iv) los que se registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras.

ORDENAR oficiarles a las aludidas entidades, informándoles que conforme a lo considerado por la SALA DE CASACIÓN CIVIL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la Sentencia STC3044-2023 proferida el 29 de marzo de 2023 con ponencia del señor magistrado DR. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, y dentro de la acción de tutela radicada al número 11001-02-03000-2023-01154-00, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a financiar las acciones de salud pública pueden

MONSALVO, y dentro de la acción de tutela radicada al número 11001-02-03000-2023-01154-00, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a financiar las acciones de salud pública pueden ser objeto de la medida cautelar de embargo y retención decretadas al configurarse “la segunda de las excepciones contempladas previamente” , por cuanto “se reclamó el embargo, con miras a obtener el pago de las obligaciones reconocidas en la providencia que ordenó continuar con la ejecución y que corresponden a la prestación de servicios de salud” (…) Para tal efecto ofíciese a las entidades financieras y a la ADRES, con las advertencias anteriores, y remítaseles copia del fallo de tutela emitido el 29 de marzo de 2023 en el radicado: STC3044-2023. radicación No. 11001-02-03000-2023-01154-00, magistrado ponente DR. AROLDO WILSON QUIROZ

MONSALVO.

2. Ordenar al señor juez de primera instancia que proceda, en forma inmediata, a librar los oficios con destino a quienes deben ejecutar las medidas informándoles de la modificación acá decretada.

3. Ordenar al señor juez de primera instancia que proceda, a verificar la naturaleza de los dineros objeto de la medida cautelar y si son inembargables, deberá levantar la medida inmediatamente.

5. La incidentante reclamó el acatamiento aduciendo que, en materia de recursos para la salud, los entes territoriales no recaudan aportes

deberá levantar la medida inmediatamente.

5. La incidentante reclamó el acatamiento aduciendo que, en materia de recursos para la salud, los entes territoriales no recaudan aportes parafiscales, porque ello corresponde a las EPS en el régimen contributivo, por lo cual deben diferenciarse las cuentas maestras abiertas por la ADRES para dicho recaudo por parte de las EPS, de las cuentas abiertas por el ente territorial y registradas ante la ADRES, que no manejan recursos parafiscales y por ende no están beneficiadas del principio de inembargabilidad, de ahí que la ejecutada «no tiene cuenta maestra recaudadora por concepto de parafiscales ante la ADRES, pues estas cuentas son inscritas única y exclusivamente por las EPS, del régimen contributivo, y por consiguiente los recursos que la ADRES le gira a las

5Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 Secretarías de Salud Departamentales, no son parafiscales, sino hacen parte del Sistema General de Participaciones del Sector Salud, que después son incorporados en el presupuesto departamental, mediante ordenanzas». Lo expuesto haría nugatorias las medidas cautelares, porque dichos recursos, pese a su fuente, luego son incorporados al presupuesto departamental mediante Ordenanza emitida por la Asamblea Departamental para cada vigencia fiscal, conforme dan cuenta las certificaciones emitidas por el mismo ente territorial, presupuesto que no se puede embargar porque es utilizado por las entidades oficiales para su funcionamiento.

Departamental para cada vigencia fiscal, conforme dan cuenta las certificaciones emitidas por el mismo ente territorial, presupuesto que no se puede embargar porque es utilizado por las entidades oficiales para su funcionamiento. En suma, estima que en el proveído con que se dijo cumplir el fallo constitucional se consideró que «los recursos que le debe girar la ADRES, al Departamento de Santander, a pesar que no son PARAFISCALES, al tenor de la normatividad ibidem, y lo establecido en la sentencia T-053 de 2022, o los que provengan del sistema general de participaciones sector salud, son inembargables al hacer parte del presupuesto general del ente territorial, lo que imposibilita de acuerdo a las certificaciones emanadas por la misma demandada, sean acatadas y aplicadas las órdenes de embargos por parte de las entidades financieras».

6. Esta Corte, previo requerimiento al Tribunal que soportó el reclamo tutelar seguido bajo el radicado del epígrafe, por auto del pasado 31 de mayo dispuso tramitar el incidente previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, surtir el traslado de rigor a la funcionaria de tal sede judicial, y en proveído del 22 de junio siguiente tuvo como pruebas la totalidad de los documentos allegados a la actuación.

6Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 En oportunidad, la Magistrada sustanciadora de la Colegiatura convocada -Mery Esmeralda Agón Amado - señaló que emitió el auto de 11 de abril último « con el único propósito de dar cumplimiento, en sus propios términos, a las anteriores órdenes», a lo cual agregó que,

convocada -Mery Esmeralda Agón Amado - señaló que emitió el auto de 11 de abril último « con el único propósito de dar cumplimiento, en sus propios términos, a las anteriores órdenes», a lo cual agregó que, Sin el ánimo de hacer nuevas consideraciones, considero pertinente aclarar que no corresponde a lo considerado y decidido en la citada providencia [auto del 11 de abril de 2023], lo manifestado por el apoderado incidentante en lo relacionado con el ADRES, pues en la parte resolutiva puede advertirse claramente que a dicha entidad también se le ordenó requerir para que cumpliera con la medida cautelar decretada con las salvedades allí indicadas, entre las que no se incluyeron los recursos provenientes del SGP. Incluso se ordenó oficiarle informándole que, conforme a la sentencia de tutela objeto de cumplimiento, los recursos del SGP podían ser objeto de la medida de embargo y retención decretada, y se dispuso ponerle en conocimiento el citado fallo, por lo que es clara dicha decisión, en que los recursos que maneja el ADRES de la entidad territorial – DEPARTAMENTO DE SANTANDERy que son girados del SGP como lo contempla el literal a del artículo 67 de la ley 1753 de 2015, pueden ser objeto de la medida decretada con base en lo considerado en el fallo de tutela. Y la salvedad que se indicó en el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva, enumerado como “(iv) los que se registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras”, es claro que se trata de los demás recursos que maneja el ADRES

indicó en el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva, enumerado como “(iv) los que se registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras”, es claro que se trata de los demás recursos que maneja el ADRES y que son del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, pues conforme a la norma en cita, no solo tiene los del SGP, sino también, por citar un ejemplo, los que provienen del “producto del monopolio de juegos de suerte y azar (novedosos y localizados) que explota, administra y recauda Coljuegos de propiedad de las entidades territoriales destinados a financiar el aseguramiento”. A estos argumentos, en los que explico porqué considero que di cabal cumplimiento al fallo de tutela, me permito agregar los siguientes, de cara a lo alegado por el señor apoderado judicial incidentante en el escrito que descorrió el traslado de la respuesta dada anteriormente. 5.1. Considero que no incurrí en contradicción en la decisión al hacer la salvedad de que la medida no recae sobre los recursos del presupuesto del departamento, los que tengan el carácter de parafiscales y los que se registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras, como lo alega el abogado incidentante, pues la orden debe leerse y entenderse en todo su contexto y no parcialmente como lo resalta el libelista. De la orden completa, se entiende claramente que todos los recursos del SGP pueden ser objeto de la medida cautelar de embargo y retención decretada, y de ello se dispuso comunicarles no solo a las entidades financieras sino a la ADRES, es decir, las salvedades que se hicieron en el numeral 2° de

del SGP pueden ser objeto de la medida cautelar de embargo y retención decretada, y de ello se dispuso comunicarles no solo a las entidades financieras sino a la ADRES, es decir, las salvedades que se hicieron en el numeral 2° de la parte resolutiva del auto proferido el 11 de abril de 2023, no llevan implícitos los recursos que provengan del SGP, lo que sucede es que (i) no todos los recursos del SGSSS son provenientes del SGP, (ii) no todos los 7Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 recursos que se encuentran en el presupuesto general del departamento provienen del SGP, y (iii) tampoco, pertenecen únicamente al SGP todos los recursos que se giren a la ADRES y que esta maneja en las cuentas maestras, por lo que es apenas lógico que todos los recursos parafiscales que se giren a la ADRES y estén en cuentas maestras y los que hagan parte del presupuesto general del Departamento, que no provengan del SGP, son inembargables. Hasta estos no se extendió la orden de tutela, [por lo menos así se entiende de sus consideraciones] y tampoco son cobijados con la excepción al principio de inembargabilidad que la Corte consideró en la sentencia objeto de cumplimiento, respecto de los recursos del SGP. Enfatizó que su único propósito es cumplir la orden de tutela, por lo que, si se considera que no lo ha hecho de manera exacta, se le indique como debe enmendar su providencia y para ello se le conceda la

Enfatizó que su único propósito es cumplir la orden de tutela, por lo que, si se considera que no lo ha hecho de manera exacta, se le indique como debe enmendar su providencia y para ello se le conceda la oportunidad, ya que su intención es « acatar el fallo de tutela en sus propios términos»

CONSIDERACIONES

1. Al tenor del inciso 2º del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, « la sanción por desacato será impuesta por el mismo juez» que profirió la orden, mediante trámite incidental, por lo que: …no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto está radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvió la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las órdenes de protección impartidas con ocasión de la impugnación formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resolución de la actuación incidental corresponde al juzgador de la primera instancia (CSJ ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04).

2. Adicionalmente, se ha dicho que la orden dictada en el ámbito de la acción de tutela, además de estar revestida del carácter imperativo que le da su condición de decisión judicial, tiene una relevancia especial al estar ligada con la salvaguarda de garantías de primer orden. Al respecto

se ha expuesto que: 8Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 …no sólo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisión judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Política y estar consagrada

8Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 …no sólo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisión judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Política y estar consagrada aquélla de modo específico para la guarda y protección de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicación urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificación, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que está obligado a su cumplimiento… (Ibídem). Igualmente, por su especial connotación, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los tópicos que fueron objeto de debate en el trámite constitucional, pues de aceptarse tal proceder reviviría una controversia concluida. Es por ello que « su actuación se encuentra delimitada por la parte resolutiva de la decisión que se acusa incumplida, limitación con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protección, su contenido y el término otorgado para su cumplimiento» (Ídem). En el examen inicial, cumple al juzgador verificar no solo el aspecto objetivo, traducido en constatar el acatamiento del fallo de tutela, sino también el factor subjetivo, toda vez que la conducta censurada corresponde a la que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien debía cumplir el mandato judicial. También, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensión del proceso,

parte de quien debía cumplir el mandato judicial. También, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensión del proceso, habida cuenta de que ello escapa a la finalidad del presente trámite, cuyo objeto consiste principalmente en verificar si la autoridad destinataria de la orden de tutela cumplió o no con sus designios.

3. Con el propósito de establecer si en el sub examine la sede judicial convocada atendió la orden constitucional, comoquiera que el alcance de la protección brindada constituye la base para ello, es preciso

9Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 remitirse a la sentencia que otorgó el amparo. En ese veredicto se ordenó a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que, « deje sin efecto el proveído del 22 de febrero de 2023, que confirmó el proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de la misa ciudad, el 21 de septiembre de 2022, y las actuaciones que dependan de éste. (…). Cumplido lo anterior y, en un término no superior a 10 días, emita nueva providencia en la que resuelva la apelación interpuesta por la ejecutante en contra del referido proveído de 21 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo». Lo anterior, al hallar, con apoyo en los precedentes de la Sala sobre la materia tratada (CSJ STC14198-2019, 17 oc. 2019, rad. 2019-0320800), que el Tribunal cuestionado:

este fallo». Lo anterior, al hallar, con apoyo en los precedentes de la Sala sobre la materia tratada (CSJ STC14198-2019, 17 oc. 2019, rad. 2019-0320800), que el Tribunal cuestionado: el Tribunal acusado erró al confirmar la decisión del a quo de condicionar el embargo para que no se practique sobre dineros del Sistema General de Participaciones, pues tal como se expuso es aplicable la excepción a tal inembargabilidad cuando el título objeto de recaudo tenga como génesis la prestación de servicios de salud, por ser ésta la actividad para la que están destinados los recursos de dicho sistema, tal como lo concibió la Corte Constitucional en sentencia C-543/13 al precisar que la limitación en comento es inaplicable «respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)1»

4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo tutelar es que esta Corte debe cotejar si el proceder del Tribunal encartado se sujetó a sus lineamientos, pues de encontrar una respuesta positiva, como es apenas natural, decaería la aspiración de la promotora del presente incidente.

1 CC C-793/02. 10Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 De tal labor, prontamente se desprende que dicha autoridad no desobedeció o desatendió lo determinado por la jurisdicción constitucional en el caso concreto, ya que, como quedó visto con detenimiento en el

De tal labor, prontamente se desprende que dicha autoridad no desobedeció o desatendió lo determinado por la jurisdicción constitucional en el caso concreto, ya que, como quedó visto con detenimiento en el numeral 5º de los antecedentes de este pronunciamiento, al volver a resolver sobre la aludida alzada, se ordenó a las entidades financieras ya la ADRES atender el embargo sobre los dineros a favor del Departamento de Santander – Secretaría de Salud Departamental, con la precisión de que «los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones destinados a financiar las acciones de salud pública pueden ser objeto de la medida cautelar de embargo y retención de dineros (…) », con la salvedad de que la cautela no puede afectar «(i) los dineros que no son de la demandada, (ii) los dineros o recursos que hacen parte del presupuesto general del Departamento de Santander, (iii) los que tengan el carácter de parafiscales y (iv) los que registren en la ADRES y se encuentren depositados en cuentas maestras », propósito para el cual la Colegiatura dispuso que se remitiera a los destinatarios de la cautela copia del fallo constitucional. Lo anterior tras encontrar como primer problema jurídico a resolver que, ¿Para este caso, debe mantenerse y materializarse la medida cautelar de embargo y retención de dineros decretada sobre los recursos que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER tenga en las cuentas corrientes, de ahorros, CDTS y cualquier otro tipo de producto del que sea titular en las siguientes entidades financieras: BANCO DE OCCIDENTE S.A., al BANCO

DEPARTAMENTO DE SANTANDER tenga en las cuentas corrientes, de ahorros, CDTS y cualquier otro tipo de producto del que sea titular en las siguientes entidades financieras: BANCO DE OCCIDENTE S.A., al BANCO GNB SUDAMERIS S.A.S., a COLPATRIA, a BANCOOMEVA, al BANCO ITAU, al BANCO PICHINCHA y a SCOTIABANK, porque -en consideración del demandantela cautela debe recaer sobre recursos del sistema general de participaciones ya que se está ante una excepción de inembargabilidad al cobrarse obligaciones originadas en la prestación de servicios de salud para el ente territorial? 11Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01 Cuestionamiento para cuya respuesta citó en extenso las consideraciones realizadas en el fallo de tutela y concluyó que, los argumentos citados por la Corte Suprema de Justicia son conclusivos de que si los títulos objeto de cobro judicial tienen como origen alguna de las actividades para las cuales están destinados los recursos del SGP (educación, salud, agua potable y saneamiento básico), sí es procede la excepción de inembargabilidad de estos recursos del SGP. En otras palabras, para la Corte Suprema de Justicia, en la citada sentencia, los recursos del SGSSS que provienen del SGP, pueden ser objeto, excepcionalmente, de una medida de embargo cuando con dichos recursos se garantice el pago de títulos generados con ocasión de un contrato de prestación de servicios entre, la EPS o entidad territorial ejecutado y la entidad

excepcionalmente, de una medida de embargo cuando con dichos recursos se garantice el pago de títulos generados con ocasión de un contrato de prestación de servicios entre, la EPS o entidad territorial ejecutado y la entidad ejecutante, es decir, facturas expedidas con ocasión de la prestación del servicio de salud. 3.3. Bajo las anteriores consideraciones de la Corte Suprema, contenidas en el fallo de tutela que acá se cumple, veamos los hechos del caso y su solución al primer problema jurídico planteado, relacionado con los recursos del SGP. 3.3.1. En este proceso se cobran las obligaciones dinerarias incorporadas en las facturas expedidas por FORPRESALUD IPS S.A.S. con ocasión de la prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado en lo no cubierto por el POS, a cargo del DEPARTAMENTO DE SANTANDERSECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. (…) 3.4. Así las cosas, atendiendo lo dispuesto en el fallo de tutela proferido, en primera instancia, por la SALA DE CASACIÓN CIVIL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el 29 de marzo de 2023, caso STC30442023, radicación No. 11001-02-03-000-2023-01154-00, magistrado ponente DR. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, y para darle cumplimiento al mismo, debe el tribunal (i) dejar a un lado los argumentos expuestos en el auto del 22 de febrero de 2023 en lo relacionado con la inembargabilidad de los

DR. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, y para darle cumplimiento al mismo, debe el tribunal (i) dejar a un lado los argumentos expuestos en el auto del 22 de febrero de 2023 en lo relacionado con la inembargabilidad de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y (ii) acoger los de la alta corporación, a partir de los cuales sí resulta procedente el embargo de los dineros que le sean girados al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, puesto que al decir de la alta

Corporación: 12Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-01154-01

Por tanto, el Tribunal acusado erró al confirmar la decisión del a quo de condicionar el embargo para que no se practique sobre dineros del Sistema General de Participaciones, pues tal como se expuso es aplicable la excepción a tal inembargabilidad cuando el título objeto de recaudo tenga como génesis la prestación de servicios de salud, por ser ésta la actividad para la que están destinados los recursos de dicho sistema, tal como lo concibió la Corte Constitucional en sentencia C-543/13 al precisar que la limitación en comento es inaplicable «respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico).iv 4.1. En este punto, cabe añadir, respecto al precedente de la Corte Constitucional establecido en la sentencia T053/22, que el mismo no resulta plenamente aplicable al caso de autos, pues allí se concluyó la

saneamiento básico).iv 4.1. En este punto, cabe añadir, respect