CSJ - ATC965-2020

ATC965-2020 Radicación n.° 20001-22-14-000-2020-00104-01 Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veinte (2020).

1. Correspondería a la Corte decidir la impugnación interpuesta frente al fallo proferido el 21 de agosto de 2020, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acción de tutela promovida por Javier Francisco Rivera Ávila contra los Juzgados Segundo y Cuarto Civiles del Circuito de la misma ciudad, si no fuera porque se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, en consonancia con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuación

cumplida hasta este momento, como pasa a verse:

2. Revisados los documentos obrantes en el expediente digital remitido por el Tribunal Superior de Valledupar, en especial el archivo denominado «NOTIFICACIÓN AUTO ADMITE.docx», se aprecia que la demanda de amparo fue enterada a las autoridades accionadas y a la sociedad Zurich Colombia Seguros S.A., pero no así a César Augusto Durán

1Rad. n.° 20001-22-14-000-2020-00104-01 Lagos, Transportes La Velos S.A.S., Moisés Pinilla e Hijas S.C.A. y Carlos Arturo Carranza Acosta, quienes fungen como demandados dentro del juicio declarativo motivo de revisión constitucional, a fin de que pudieran ejercer sus

S.C.A. y Carlos Arturo Carranza Acosta, quienes fungen como demandados dentro del juicio declarativo motivo de revisión constitucional, a fin de que pudieran ejercer sus derechos de defensa y contradicción, a pesar de que la decisión a emitirse en este asunto podría llegar a producir efectos respecto de aquellos.

3. El artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito deben ser notificadas «a las partes o intervinientes», con lo que se garantiza a los terceros la protección de sus intereses que pueden verse afectados con la determinación que se adopte.

4. Dicho ordenamiento garantiza la citación al trámite constitucional de los terceros determinados o determinables con interés legítimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se cumpla el debido proceso, posibilidad que no se otorgó en el sub lite , pues, es claro que el fallo que llegue a emitirse concierne también a César

Augusto Durán Lagos, Transportes La Velos S.A.S., Moisés Pinilla e Hijas S.C.A. y Carlos Arturo Carranza Acosta, ya que de aceptarse la pretensión encaminada a que se «disponga los trámites requeridos para de resolución de la petición y hacer expedito el finiquito del proceso» declarativo cuestionado, se pueden afectar, precisamente, los derechos de aquéllos.

5. Al respecto, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en «la necesidad de notificar a las personas directamente

pueden afectar, precisamente, los derechos de aquéllos.

5. Al respecto, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en «la necesidad de notificar a las personas directamente

2Rad. n.° 20001-22-14-000-2020-00104-01 interesadas, la iniciación   del trámite que se origina   con motivo de la instauración de la acción de tutela, (…), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garantía procesal (…). Si bien es cierto que esta Corporación ha afirmado que la obligación de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligación de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificación, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal al demandado sea óbice para que el juez intente otros medios de notificación eficaces, idóneos   y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculación efectiva de aquel contra quien se dirige la acción. La eficacia de la notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integración del contradictorio se torne particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez

particularmente difícil, el juez se encuentre frente a una obligación imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, el juez deberá actuar con particular diligencia; así, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificación personal, el juez deberá acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificación que estime expeditos, oportunos y eficaces (…). “‘La Corte ha hecho énfasis en que lo ideal es la notificación personal y en que a falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados ‘por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso, etc.’, y adicionalmente, valiéndose de una radiodifusora e incluso, como recurso último, mediante la designación de un curador’ » (CSJ AT 018, 31 Ene 2005).

6. La circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del

3Rad. n.° 20001-22-14-000-2020-00104-01 momento en que, admitida la acción, debieron producirse las mencionadas notificaciones, toda vez que se le impidió a los precitados interesados intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

7. En consecuencia, se ordenará devolver el

escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

7. En consecuencia, se ordenará devolver el expediente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar , para que adelante nuevamente la actuación que por esta vía se invalida.

DECISIÓN Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida a partir del auto admisorio de la demanda de tutela , inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso.

2. Devuélvase el expediente digital a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar para que rehaga la actuación ordenando la vinculación al trámite de tutela de César Augusto Durán

Lagos, Transportes La Velos S.A.S., Moisés Pinilla e Hijas 4Rad. n.° 20001-22-14-000-2020-00104-01 S.C.A. y Carlos Arturo Carranza Acosta, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia.

3. Comuníquese lo aquí resuelto a la interesada mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.

lo anotado en la parte motiva de esta providencia.

3. Comuníquese lo aquí resuelto a la interesada mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase, ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO Magistrado1 1 El presente documento se suscribe de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, por cuya virtud se autoriza la “firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada”. 5