CSJ - ATP1377-2022

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente CUI: 11001020400020220181500 Radicación n.° 126160 ATP1377-2022 (Aprobado Acta n.° 216) Bogotá, DC., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN Sería del caso resolver la acción de tutela presentada por SOFÍA O ROZCO C ORTÉS, estudiante del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana, quien aduce actuar en nombre propio y en representación de la menor L.J.F.C., contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, si no fuera porque aquélla no acreditó estar legitimada en la causa para ostentar tal calidad.

II. HECHOS 1.- De acuerdo con la información disponible en el expediente se extrae que en contra de FRANCISCO C HIVATA ROMERO se adelanta un proceso penal por la presunta comisión del delito de actos sexuales con menor de 14 años, donde aparece como víctima la menor L.J.F.C. El 24 deCUI 11001020400020220181500

Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. octubre de 2017 el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá, condenó a CHIVATA ROMERO a 200 meses de prisión por la comisión de dicha conducta punible. Contra esa determinación el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual está surtiendo el respectivo trámite en la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad. 2.- El 4 de abril de 2022, la apoderada de la víctima

determinación el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual está surtiendo el respectivo trámite en la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad. 2.- El 4 de abril de 2022, la apoderada de la víctima presentó memorial en el que solicitó información sobre el estado actual del proceso y su impulso. Ante la falta de pronunciamiento de fondo sobre la mencionada solicitud, la parte accionante presentó acción de tutela contra la autoridad accionada por la vulneración de su derecho de petición.

III. CONSIDERACIONES

a. En el presente caso no se acreditó la «legitimación en la causa por activa» por lo que la acción de tutela debe ser rechazada 3.- La acción de tutela es un mecanismo judicial de protección constitucional desprovisto de formalidades cuando se trata de invocar ante el juez constitucional el amparo de los derechos fundamentales propios. Sin embargo, en relación con la legitimación por activa, las exigencias varían cuando se pretende la protección de los derechos de terceros. 2CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. 4.- Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala: […] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante . Los poderes se presumirán auténticos.

en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante . Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. 5.- De la lectura del articulado se puede establecer lo siguiente: (i) Que la « persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales» está legitimada para interponer la acción de tutela de manera directa o por medio de representante, bien que éste sea judicial o actúe como agente oficioso. (ii) Que cuando se trata de un representante judicial, que ha de ser, por supuesto, un abogado titulado, surge la obligación de demostrar la existencia del correspondiente mandato, pues por tratarse de derechos fundamentales se requiere de poder especial que, en cualquier caso, se presumirá auténtico. (iii) Y, que cuando quien interpone la acción de tutela actúa como agente oficioso, tiene la obligación de (a) 3CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. manifestar tal circunstancia en la solicitud y (b) acreditar la indefensión del titular de las garantías cuya tutela se demanda. 6.- La jurisprudencia constitucional ha precisado la

L.J.F.C. manifestar tal circunstancia en la solicitud y (b) acreditar la indefensión del titular de las garantías cuya tutela se demanda. 6.- La jurisprudencia constitucional ha precisado la importancia de la acreditación de la legitimidad en la causa por activa como requisito de procedibilidad de la acción de tutela. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia CC T-511 de 2017, basada en la sentencia CC T-416 de 1997, recordó que «la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela» (énfasis fuera del original) . En esa dirección, trayendo a colación la sentencia SU-454 de 2016, la Corte Constitucional reiteró que «el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y constituye un presupuesto procesal de la demanda” (énfasis fuera del original). 7.- Así, la legitimación en la causa por activa en materia de tutela se acredita cuando se establece que quien interpone la acción de tutela tiene un interés directo y particular en el proceso. Esta situación se presenta (i) cuando quien presenta la acción es el titular del derecho fundamental cuya protección se reclama. No obstante, también se configura cuando (ii) quien interpuso la acción lo hizo en representación de otro, sea esta legal -como la de los padres a nombre de sus hijos menores de edado judicial -cuando

protección se reclama. No obstante, también se configura cuando (ii) quien interpuso la acción lo hizo en representación de otro, sea esta legal -como la de los padres a nombre de sus hijos menores de edado judicial -cuando se cuenta con el poder judicial-; o (iii) cuando quien radica la 4CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. solicitud de amparo lo hace en condición de agente oficioso ante la imposibilidad del titular del derecho fundamental de gestionar por sí mismo la acción directamente. 8.- Para los eventos (ii) y (iii), la ley y la jurisprudencia han precisado unos requisitos especiales. Por ejemplo, en relación con la « representación judicial» se ha definido la importancia de acreditar el mandato judicial y frente a la «agencia oficiosa» la manifestación expresa de que se actúa como agente oficioso de otra persona y, la imposibilidad de ésta de promover directamente la acción constitucional. 9.- En relación con la figura de la agencia oficiosa, la jurisprudencia constitucional ha definido una regla especial para aquellos casos en los que en el escrito de tutela no se manifiesta en forma expresa que se están agenciando derechos de personas que se encuentran imposibilitadas para acudir por sí mismas a un proceso que afecta sus derechos. Para estos casos la jurisprudencia ha dicho que […] al juez constitucional le compete dentro del ámbito de sus funciones realizar una interpretación del escrito de tutela, en aras de brindar una protección efectiva de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados.

[…] al juez constitucional le compete dentro del ámbito de sus funciones realizar una interpretación del escrito de tutela, en aras de brindar una protección efectiva de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Precisamente, uno de los avances más relevantes de la Constitución Política, consiste en hacer prevalecer la realidad sobre las formas, con el fin de evitar que los derechos fundamentales y las garantías sociales, se conviertan en enunciados abstractos, como expresamente lo ordena la Carta Política en su artículo 228. (CC T-012 de 1999; CC T-081 de 2015; CC T-184 de 2017;). [énfasis fuera del original].

10.- En síntesis, la legitimación en la causa por activa supone que la persona llamada a interponer la acción de 5CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. tutela es aquella a la que le ha sido conculcado alguno de sus derechos fundamentales, quien puede hacerlo de manera directa o por medio de representante o de un tercero que funja como agente oficioso. En este último evento, aun cuando en el escrito de tutela no se indiquen de forma explícita los motivos por los cuales se encuentra justificada la figura de la agencia oficiosa, es deber del juez constitucional analizar directamente si se han cumplido o no los requisitos previstos para el efecto, a la luz de las

la figura de la agencia oficiosa, es deber del juez constitucional analizar directamente si se han cumplido o no los requisitos previstos para el efecto, a la luz de las circunstancias fácticas particulares de cada caso. 11.- En este caso, la Sala considera que, de un lado, SOFÍA O ROZCO C ORTÉS no está legitimada para interponer acción de tutela en representación de L.J.F.C. pues no demostró que ostentaba la calidad de representante legal, ni el mandato de representación judicial para promover este mecanismo constitucional en contra de la autoridad accionada. 12.- De otro lado, resulta necesario indicar que OROZCO CORTÉS no está habilitada para promover el presente amparo a nombre propio, toda vez que la solicitud presentada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá es inherente a la menor L.J.F.C. [quien ostenta la condición de víctima dentro del proceso penal n.° 20130051201], y no de la estudiante del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana que la asiste dentro de esa causa, pues en ella recae un mandato de tipo profesional a favor de esa persona. La Corte Constitucional, en sentencia CC T-207-97, en un caso 6CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. relacionado con la gestión de un profesional del derecho precisó lo siguiente: […] En la materia que nos ocupa, el derecho de petición invocado

Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. relacionado con la gestión de un profesional del derecho precisó lo siguiente: […] En la materia que nos ocupa, el derecho de petición invocado por los abogados tenía claramente una finalidad relacionada con intereses particulares, pero debía calificarse, de manera mucho más específica, como gestión profesional ante FONCOLPUERTOS para la reclamación de prestaciones sociales, y luego ante los jueces para el ejercicio de la acción de tutela, en dos fases de la actuación de representación totalmente diferenciables. Por lo tanto, los profesionales que obraban no estaban ejerciendo su propio derecho de petición sino concretamente el de sus poderdantes, quienes, por conducto de ellos, deprecaban algo ante la administración. Aplicando las reglas propias de las actuaciones administrativas contempladas en el Código correspondiente, debían por ello acreditar la condición en que obraban. Es necesario advertir, entonces, que en los casos que se enuncian, los verdaderos titulares del derecho de petición eran los extrabajadores afectados o interesados en el fondo de la decisión. Ello es así por cuanto, en virtud de un contrato de mandato, los abogados actúan en representación de otros. Cuando éstos acuden ante la administración para formular peticiones o reclamaciones, lo hacen amparados en un poder previa y debidamente otorgado. Así, en caso de no obtener respuesta por parte de la administración, a quien se viola el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución, no es al representante, sino al representado.

otorgado. Así, en caso de no obtener respuesta por parte de la administración, a quien se viola el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución, no es al representante, sino al representado. Si se admitiera la tesis expuesta en los casos bajo examen, sobre la radicación del derecho de petición en la persona del representante, se podría arribar a una de dos conclusiones, igualmente perversas: la exclusión del derecho de petición en cabeza de los trabajadores, desconociendo flagrantemente el artículo 23 de la Carta, o la existencia de dos sujetos titulares del derecho de petición, de manera simultánea y en cuanto a las mismas pretensiones, y así la administración estaría obligada a responder no sólo al apoderado sino a cada uno de los poderdantes. 7CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160

L.J.F.C.

En la primera hipótesis no cabría la posibilidad de que los representados pudieran desistir de obtener una respuesta de la administración, o de que éstos propusieran una acción de tutela con el fin de obtener una contestación a sus pedimentos. Y en la segunda se desconocería la naturaleza y concepto del contrato de mandato. [Negrillas fuera de texto original]. 13.- A pesar de lo anterior , mediante auto del 2 de septiembre de 2022, la magistrada ponente requirió a SOFÍA OROZCO C ORTÉS para que aportara el poder especial para

13.- A pesar de lo anterior , mediante auto del 2 de septiembre de 2022, la magistrada ponente requirió a SOFÍA OROZCO C ORTÉS para que aportara el poder especial para interponer la acción de tutela a nombre de L.J.F.C. En respuesta a ese requerimiento OROZCO CORTÉS señaló que: […] NO requiero poder especial por cuanto la tutela es interpuesta por mi como accionante a título personal en procurar [sic] de un derecho fundamental que sobre mi recae y NO de interpuesta persona. Solicito amablemente se observe ello dentro del texto de la misma y por ende no se solicite subsanar un requisito que NO es necesario ni relevante para dar solución a la tutela. 14.- Así las cosas, con base en las reglas definidas por la jurisprudencia (supra párr. 12), la Sala encuentra que no existe legitimidad en la causa para instaurar la acción de tutela a nombre propio por parte de SOFÍA OROZCO CORTÉS, toda vez que el hecho de actuar como apoderada de la víctima dentro del proceso penal 20130051201, no la hace acreedora automáticamente, como ella sugiere, de la facultad de activar este mecanismo constitucional a su favor, pues, se insiste, su actuación está ligada al mandato conferido por la representante legal de la menor L.J.F.C. dentro del proceso penal. b. Conclusión 8CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. 15.- Por este motivo, de acuerdo con las exigencias

penal. b. Conclusión 8CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160 L.J.F.C. 15.- Por este motivo, de acuerdo con las exigencias definidas por la jurisprudencia constitucional, se concluye que la demandante no acreditó estar habilitada para interponer la presente acción de tutela a nombre de quien actúa. En consecuencia, se rechazará la demanda presentada. En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión de tutelas n.° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

IV. RESUELVE Primero. Rechazar por falta de legitimación en la causa por activa, la acción de tutela presentada por SOFÍA OROZCO CORTÉS, en representación de L.J.F.C.

Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN

Magistrada 9CUI 11001020400020220181500 Tutela de 1ª Instancia n.° 126160

L.J.F.C.

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

Magistrado

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 10