CSJ - BURGOS 000018-14

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

Magistrado Ponente Radicación No. 110010230000201400018-00 Acta No. 03 N° 06 Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014).- Resuelve la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín y el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia (Antioquia), para conocer de la acción de tutela instaurada por la señora MAGALI JULIO LÓPEZ, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

I. ANTECEDENTESRadicación No. 110010230000201400018-00

2 Ante la Oficina Judicial-Reparto, de la ciudad de Medellín, la señora Magali Julio López, formuló acción de tutela contra la Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas (UEARIV) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF , por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, personalidad jurídica, igualdad, vida digna, mínimo vital, vivienda digna y libre desarrollo. Según manifestó, es desplazada del conflicto armado desde hace 10 años, tiene a su cargo menores de edad, adultos mayores y personas discapacitadas, que en estos momentos no cuenta con ingresos para su sostenimiento y

desde hace 10 años, tiene a su cargo menores de edad, adultos mayores y personas discapacitadas, que en estos momentos no cuenta con ingresos para su sostenimiento y hace varios meses no recibe las ayudas a que tiene derecho como víctima del conflicto armado. El 29 de noviembre de 2013, elevó petición ante esa Unidad Especial para que le fuera asignada la asistencia humanitaria que está a cargo de dicha entidad y del Bienestar Familiar, sin que hasta la fecha se le haya dado una respuesta. Al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín fue repartido el asunto, cuyo titular, mediante proveído del 22 de enero de la presente anualidad, se declaró incompetente. En sustento de su decisión argumentó que la eventual violación o amenaza ocurre en el municipio de Caucasia (Antioquia), donde está domiciliada la accionante, motivo por el cual la atribución recae en los Jueces del Circuito de ese municipio , de conformidad con lo previsto en el inciso 2º del numeral 1º, artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.Radicación No. 110010230000201400018-00 3 A la oficina de reparto de esa sede territorial se envió el expediente, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Civil Laboral, el cual también se abstuvo de tramitarla, pues “la competencia es de los juzgados donde a bien tuvo el

expediente, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Civil Laboral, el cual también se abstuvo de tramitarla, pues “la competencia es de los juzgados donde a bien tuvo el acciónante la voluntad de presentar la acción de tutela”. Para apoyar su postura, se refirió a jurisprudencia constitucional emitida respecto de la aplicación e interpretación de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000 y a la que ha emitido la Sala Plena de esta Corporación, en asunto similar al presente en el que también estuvo involucrado ese despacho judicial. Planteada así la controversia, se remitió a la Corte Suprema de Justicia para la decisión correspondiente.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con la preceptiva del artículo 17, numeral 3° de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso 1° del artículo 18 ibídem, es competente la Sala Plena de esta Corporación para dirimir el conflicto suscitado, dada la competencia residual que le ha sido asignada respecto de asuntos que por disposición legal no se han adjudicado a alguna de sus Salas especializadas o a otra autoridad judicial.

Para zanjar el aludido conflicto, conviene recordar

cómo el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, establecen queRadicación No. 110010230000201400018-00 4 son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales, o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Tal disposición, así lo ha interpretado reiteradamente esta Corporación, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que, claro está, de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. Ha dicho la Corte (Sala Plena, auto del 16 de abril de 2002, expediente 388; Sala Civil, autos del 12 de abril de 2002, radicado 10892; Sala Penal, autos del 8 de mayo de 2001, radicado 9532, 9 de octubre de 2001, radicado 10251; Sala Laboral, auto del 7 de abril de 2002, radicado 000080, entre otros): por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde

otros): por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio.Radicación No. 110010230000201400018-00 5 De allí que haya precisado también (Auto 22 mayo de

2001. Rad.- 9596): El juez de cualquiera de estos lugares donde se formule la demanda de tutela, deberá asumir la acción constitucional sin que le sea procedente alegar la incompetencia, pues bajo el criterio de prevención, es viable su conocimiento.

En el asunto examinado, si bien es cierto la afectada reside en el municipio de Caucasia, y por tal razón en este lugar podría demandarse la protección de sus derechos, también lo es que la ciudad escogida para esta finalidad fue Medellín, donde igualmente repercuten las consecuencias de la eventual violación pues, según se aprecia en el expediente, allí se encuentra la sede de una de las entidades accionadas, donde radicó la solicitud (fl. 4) y, en consecuencia, se originó la omisión presuntamente vulneradora de sus derechos fundamentales. De allí que, bien podía ser elegida por ella para formular esta acción de tutela, como en efecto ocurrió.

consecuencia, se originó la omisión presuntamente vulneradora de sus derechos fundamentales. De allí que, bien podía ser elegida por ella para formular esta acción de tutela, como en efecto ocurrió.

En este orden de ideas, habrá de prevalecer la voluntad de la accionante soportada en el lugar donde presentó su acción constitucional, de modo que, con fundamento en la competencia a prevención prevista en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se ordenará el envío de la actuación al Juzgado Octavo Penal del Circuito - con Funciones de Conocimiento de Medellín.Radicación No. 110010230000201400018-00 6 En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, SALA PLENA,

III. RESUELVE: Declarar que el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, es el competente para conocer de la acción de tutela instaurada por la señora MAGALI JULIO LÓPEZ, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. A ese despacho judicial se ordena remitir el expediente de inmediato.

Comunicar lo decidido a la accionante y al Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia (Antioquia), haciéndoles llegar copia de esta providencia. Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

CÚMPLASE.-

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Presidente

Laboral del Circuito de Caucasia (Antioquia), haciéndoles llegar copia de esta providencia. Librar por Secretaría los oficios correspondientes.

CÚMPLASE.-

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS Presidente JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JORGE MAURICIO BURGOS RUIZRadicación No. 110010230000201400018-00

7

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ MARGARITA CABELLO BLANCO

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZRadicación No. 110010230000201400018-00 8

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE EYDER PATIÑO CABRERA

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

MARÍA CRISTINA DUQUE GÓMEZ

Secretaria General