CSJ - E-08001-22-13-000-2020-00121-01

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01 (Aprobado en sesión virtual de seis de mayo de dos mil veinte) Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinte (2020) Sería del caso resolver l a impugnación interpuesta respecto de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2020, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla , en el auxilio promovido por David Peinado Babilonia, quien dijo actuar como apoderado judicial de Adalberto Antonio Burgos Vargas, contra la Procuraduría General de la Nación. No obstante, en la actuación surtida se advierte una causal de nulidad, que afecta la actividad desplegada, como a continuación se procede a explicar.

1. ANTECEDENTES

1. En la calidad descrita, el promotor reclama la protección de los derechos al debido proceso, igualdad,

1Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01 petición y acceso a la administración de justicia, presuntamente transgredidos por el ente reprochado.

2. En sustento de su queja, manifiesta que el 20 de enero de 2020, en nombre de Burgos Vargas, envió un correo electrónico a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de lograr la

enero de 2020, en nombre de Burgos Vargas, envió un correo electrónico a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de lograr la intervención de esas instituciones ante la Corte Constitucional y, asimismo, la revisión del fallo con número de radicado “T-7.798.081”. Sostiene que la segunda autoridad enunciada dio traslado de su misiva, por competencia, a la agencia correspondiente del Ministerio Público, el pasado 16 de enero de 2020. Asevera que envió la información en físico, a través de la empresa de mensajería de Servientrega, el 7 de febrero de 2020, y la misma fue recibida por el accionado el 10 de febrero de 2020. Requiere, en concreto, la protección de las garantías superiores de Adalberto Antonio Burgos Vargas y exige, particularmente, imponerle a la entidad censurada, “(…) insista ante la Honorable Corte Constitucional para que revise el fallo de tutela con número de radicado T-7.798.081(…)”.

3. La Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación indicó no haber vulnerado las prerrogativas reclamadas y se opuso al ruego implorado.

2Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01 Agregó que el 12 de diciembre de 2014, mediante la

reclamadas y se opuso al ruego implorado. 2Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01 Agregó que el 12 de diciembre de 2014, mediante la Resolución N° 422, se reglamentó el trámite a seguir respecto de las solicitudes presentadas por los ciudadanos con el propósito de que ese organismo insista ante la Corte Constitucional en la selección de fallos de tutela de revisión, gestión a cargo, exclusivamente, de la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Constitucionales. Por último, anotó que el pedimento del querellante se hallaba en estudio, de acuerdo con los términos de la citada normatividad.

4. La acción de tutela fue asignada, inicialmente, al Juzgado Doce Laboral de Barranquilla, despacho que, mediante auto de 19 de marzo 2020, se apartó del conocimiento de ésta, por considerar que carecía de competencia; en consecuencia, dispuso el envió del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad.

Esa última autoridad, el pasado 24 de marzo, avocó el conocimiento del asunto y profirió sentencia el 31 de marzo de 2020, negando la protección al estimar que “(…) el abogado David Peinado Babilonia, carece de legitimación en la causa por activa para presentar la acción de tutela, contra la Procuraduría General de la Nación (…)” (fls. 1 a 7).

5. David Peinado Babilonia impugnó el anterior fallo,

la causa por activa para presentar la acción de tutela, contra la Procuraduría General de la Nación (…)” (fls. 1 a 7).

5. David Peinado Babilonia impugnó el anterior fallo, perseverando en los argumentos expuestos en el libelo genitor y anexando poder especial para actuar en nombre de Adalberto Antonio Burgos Vargas (fls. 1 a 3).

3Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01

2. CONSIDERACIONES

1. Del examen del caso planteado, se colige la ausencia de competencia de la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para desatar el resguardo en primer grado, pues el reclamo comprende, exclusivamente, a la Procuraduría General de la Nación.

Básicamente, el censor cuestiona la falta de pronunciamiento de esa entidad, sobre el petitum por él radicado el 7 de febrero de 2020, donde solicitó que “interviniera ante la Corte Constitucional para que revisara el fallo con número de radicado de la Corte Constitucional T-7.798.081”, actividad que, según informó el ente querellado, de acuerdo con la Resolución N° 422 de 12 de diciembre de 2014, le compete a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, dependencia de aquel despacho.

2. Por tanto, el ruego actual ha debido tramitarlo el

diciembre de 2014, le compete a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, dependencia de aquel despacho.

2. Por tanto, el ruego actual ha debido tramitarlo el Juzgado Doce Laboral de Barranquilla, dado que fue a quien se asignó por reparto, inicialmente, esta salvaguarda y toda vez que ello se lo imponía la naturaleza jurídica del realmente accionado (numeral 2° del canon 1° del Decreto 1983 de 20171) y el lugar de elección del querellante. 1 “(…) 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. (…)”.

4Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01 Es del caso relievar, ninguna censura enfila Adalberto Antonio Burgos Vargas -ahora representado por el David Peinado Babiloniacontra el Procurador General de la Nación o respecto de las entidades jurisdiccionales que conocieron del resguardo constitucional otrora iniciado por él; en consecuencia, no hay ambigüedad en relación con la competencia atribuida al mencionado Juzgado Doce Laboral de Barranquilla. Esta Corporación, en un asunto asimilable, advirtió: “(…) Es menester señalar, el numeral 3º (…) [del art. 1°, Dto. 1983 de 2017] precisa que concierne a los tribunales tramitar

Esta Corporación, en un asunto asimilable, advirtió: “(…) Es menester señalar, el numeral 3º (…) [del art. 1°, Dto. 1983 de 2017] precisa que concierne a los tribunales tramitar las salvaguardas en donde se cuestionen las “(…) actuaciones (…) del [Procurador General de la Nación,] el Registrador Nacional del Estado Civil (…) [entre otros] (…)”; sin embargo, en el presente decurso no se ataca acción u omisión alguna de esa autoridad (…)”2.

3. La situación descrita permite la aplicación del canon 138 del Código General del Proceso , en relación con los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acción de tutela en virtud de lo consagrado en el artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretación de los preceptos regulatorios de ese trámite, en cuanto no contraríe sus propias disposiciones.

4. Bajo la égida del Decreto 1382 de 2000 la Corte, con argumentos que hoy, en vigencia del indicado Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada 2 CSJ. ATC aprobado en Sala de 21 de marzo de 2018, Rad. 50001-22-13-000-2018-0003101, reiterado el 5 de abril de 2018 en ATC780, exp. 11001-22-03-000-2018-00446-01

5Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01 por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasión de puntualizar: “(…) Respecto a no estar facultado los jueces para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000 el cual en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto, pues para esta Corporación el aludido Decreto reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competen tes”. “Por lo tanto, aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, ‘según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se

la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso (Auto 304 A de 2007), ‘el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’ (Auto 072 de 2006, Corte Constitucional (…)”3.

5. En consecuencia, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se dispondrá su remisión inmediata al Juez Doce Laboral de Barranquilla, a quien se le asignó por reparto, inicialmente, el trámite de este resguardo en primera instancia.

En cuanto a la orden impartida, no está demás memorar lo indicado por esta Corte: 3 CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. 6Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01 “(…) No cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categoría al superior, pues la historia jurídica ha patentizado desde épocas

“(…) No cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categoría al superior, pues la historia jurídica ha patentizado desde épocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organización judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarquía tan básico para una recta administración de justicia, pues de lo contrario se llegaría a la anarquía y perdería el concepto de autoridad fijado en la misma ley”. “En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el núcleo esencial, tal y como ocurrió con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adoptó el Código de Procedimiento Civil, confirmando la regla que ‘El juez que reciba el negocio no podrá declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jerárquico o por la Corte Suprema de Justicia’. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3º del artículo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (…)”4.

3. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela promovida por David Peinado Babilonia, en nombre de Adalberto Antonio Burgos Vargas, contra la

RESUELVE: PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela promovida por David Peinado Babilonia, en nombre de Adalberto Antonio Burgos Vargas, contra la Procuraduría General del Nación; sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los términos del inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso. 4 CSJ. ATC de 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, exp. 63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. 08001-22-13-000-2013-00648-01

7Radicación n.° E-08001-22-13-000-2020-00121-01

SEGUNDO: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente Juzgado Doce Laboral de Barranquilla, para lo de su competencia. Ofíciese.

TERCERO: Comuníquese lo así resuelto a la Corporación de origen y a las partes mediante telegrama.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

8