CSJ - SC06-07-1955 - [095]

Sentencia C – SC – 095 de 1955

ABUSO DEL DERECHO DE REVOCACIÓN DEL MANDATO

JUDICIAL. -INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES Y

MORALES EN LA RESPONSABILIDAD POR ABUSO DEL

DERECHO. - INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS MORALES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS 1º -Por el hecho de que una persona acredite legalmente como apoderado suyo en determinado negocio judicial, a un abogado en ejercicio, y de que este acepte ante el juez respectivo el poder conferido, se entiende perfeccionado un contrato de mandato: el interesado confía al abogado su representación dentro del negocio en cuestión, y el profesional toma a su cargo la defensa de los intereses de su cliente obligándose a ejecutar los actos adecuados a tal objeto. En la doctrina y la jurisprudencia se acepta que el abogado tiene en tales casos los derechos y obligaciones de un verdadero mandatario. Y esta solución coincide cabalmente con las normas sustantivas que definen y reglamentan el mandato (C. C., artículos 2142, 2144, 2146, 2150). El mandato judicial "se rige especial y preferentemente por las disposiciones legales que el Código de Procedimiento Civil establece en el capitulo II, bajo el epígrafe "apoderados", sobre su celebración y forma, capacidad, terminación y demás condiciones que lo caracterizan como un mandato especifico, sin perjuicio de quedar sometido a la formación general del mandato" (Casación, marzo 17 de 1945, LVIII, 675).

2.-En general todo mandato termina por las mismas causas que los demás contratos. Pero considerándose que el se celebra siempre INTUITU PERSONAE, termina además, por voluntad unilateral o por muerte de una u otra de las partes. El mandato judicial termina en los mismos casos señalados en el artículo 2193 del C. C., con las modificaciones especiales previstas en el C. J. Según el núm. 4º de la norma citada, el mandato termina por la renuncia del mandatario. Pero para que esta ponga fin al contrato, "es necesario que le sea notificada al mandante pues las obligaciones que le corresponden al mandatario, según lo establece el art. 2193 de la misma obra, no tiene fin sino después de transcurrido un termino razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados. De otro modo se hará responsable de los perjuicios que la renuncia causa al mandante. Esta regla general sobre terminación del mandato por renuncia del mandatario tiene su modificación especial y de aplicación obligatoria, tratándose de apoderados judiciales, en el artículo 265 del C. J.” (Casación, marzo 17 de 1945, LVIII, 674). Conforme al núm. 3º del mismo articulo 2189, el mandato termina "por la revocación del mandante". Y según el art. 2191, "el mandante puede revocar el mandato a su arbitrio". "La revocación del mandante puedo ser expresa o tacita. La tacita es el encargo del mismo negocio a otra persona" (artículo 2190). Y en materia de mandato judicial, se establece

que "con la constitución del nuevo apoderado o sustituto se entiende que se revoca el poder o la delegación anterior, a menos que sea para otra instancia o para recurso o acciones determinadas" (C. J., art. 266). EI mandato judicial termina por el desempeño del encargo para que fue constituido" (C. C., art. 2189. núm. 19). 3.-De acuerdo con la doctrina jurisprudencial aceptada por la Corte hay abuso de derecho cuando su titular lo ejerza dolosa o culposamente o sea, cuando en el ejercicio de un derecho se causa un perjuicio a otro, bien con intención de dañar, o bien sin la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos y negocios. La falta en el ejercicio del derecho, la ausencia de interés Legítimo o la desviación del fin en vista del cual se ha concedido el derecho, sirven al juez como criterio orientador en la aplicación de la doctrina expuesta. En materia contractual tiene cabida el abuso del derecho. Puede presentarse en la formación del contrato, en su ejecución y aun en el periodo post-contractual. 4.-La doctrina y la jurisprudencia admiten que aun cuando no exista en la ley positiva ninguna disposición que restrinja el derecho de revocación del mandante, este derecho no es absoluto sino relativo, y no puede ejercitarse abusivamente con perjuicio del mandatario que ha cumplido honrada y lea]mente sus obligaciones. Se contempla entonces un caso de ABUSO DEL DERECHO, al cual se le aplican las reglas que estructura esta figura jurídica. La Corte en fallo

pronunciado hace más de medio siglo, dio un primer paso decisivo en la consagración de la doctrina del abuso de los derechos contractuales, respecto de la facultad de revocación del mandante. "La revocación del mandato -dicees un derecho que interesa a la sociedad, porque es de utilidad publica poder prevenir el dolo, y es por eso por lo que la condenación del dolo futuro no y siendo así, no podrá renunciarse ese derecho por convenios particulares, como lo previene el articulo 16 del

C. C. Pero si eso es cierto, también lo es que no hay derechos absolutos que el ejercicio de todo derecho tiene por limite al derecho ajeno, y que si la revocación del mandato causa perjuicios al mandatario que ha cumplido sus obligaciones con honradez e inteligencia, el mandante esta obligado a indemnizar esos perjuicios al mandatario" (Casación, mayo 20 de 1899, XV,) En este fallo se establece claramente: 1º Que el derecho de revocación no es absoluto sino relativo, limitado por el mismo interés social que lo justifica y por el derecho: 2º Que ese derecho de revocación debe por motivo legitimo para los intereses del mandante contra la mala fe, o la negligencia o la ineptitud del mandatario: 3º Que la revocación abusiva da derecho a reclamar indemnización de perjuicios del mandatario que ha cumplido sus obligaciones con honradez e inteligencia. 5.-La revocación de un mandato judicial hecha en forma intempestiva o sin motivo legítimo por parte del mandante constituye un abuso del derecho que puede dar lugar a acción indemnizatoria de los perjuicios materiales y morales sufridos

por el mandatario. En tal caso el mandante incurre en responsabilidad por culpa aquiliana en razón del abuso del derecho de revocación: el abuso puede consistir desde la culpa mas grave, equivalente al dolo, cuando se procede movido por la intención de dañar (ANIMUS NOCENDI) hasta la simple negligencia o imprudencia, no intencionadas, por la falta de precauciones para no causar daño al mandatario removido. 6.-La Corte en abundante y reiterada jurisprudencia ha establecido que en materia de responsabilidad por cuya aquiliana, la indemnización a que tiene derecho la victima comprende tanto los perjuicios materiales como los morales. En todo juicio de responsabilidad extracontractual es indispensable demostrar la existencia de un perjuicio cierto y personal, cualquiera que sea la naturaleza del que se demande para tener derecho a la reparación pretendida, porque en materia civil todo ha de ser pedido con interés legitimo, probado y alegado, según el viejo principio. El daño que sufre una persona en su patrimonio moral puede materializarse por sus repercusiones en el campo económico. Surge entonces el daño moral objetivado, que fácilmente puede repararse, porque es tangible, estimable en dinero y concretable en cifras numéricas. Las repercusiones objetivas del daño moral han de indemnizarse aplicándoles las normas que regulan el resarcimiento del perjuicio material. Se procura y se obtiene que ese perjuicio se objetive y por esa vía se llega a la reparación debida. Como el daño intrínsecamente moral contempla un perjuicio puramente subjetivo, en el tan solo el presunto lesionado seria capaz de medir la intensidad de la

lesión. Cualquiera otra intervención dirigida a lograr ese objeto, resulta ineficaz, porque es imposible someter a una escala de medida la personalidad psicológica compleja y múltiple, de los agentes receptores del perjuicio moral. Este daño moral subjetivo, inasible por su naturaleza, no puede reducirse a cifras, ni traducirse pecuniariamente, si no se quiere caer en la más completa arbitrariedad. Pero aunque imposible la REPARACIÓN del daño intrínsecamente moral, ello no implica que no haya de quedar sin una SATISFACCIÓN de orden pecuniario. Tal es el criterio de la ley colombiana, cuyo sistema armoniza con los principios que informan la definición de ese daño y de su indemnización. Para el daño moral no objetivado admite la ley una pequeña satisfacción pecuniaria, que se gradúa prudencialmente por el juez, según las circunstancias de cada caso, dentro de la cuantía señalada en el artículo 95 del C. P. Esta norma tiene aplicación en tratándose de fijar el PRETIUM DOLORIS, pero no respecto de los perjuicios morales objetivados que por su repercusión sobre el patrimonio material pueden ser avaluados pericialmente. La demostración de la existencia del daño moral subjetivo no puede ser directa sino indirecta, a base de simples presunciones de hombre de las cuales se infiera el dolor o molestia sufrido por la victima. La prueba pericial, destinada por la ley para la comprobación de hechos que exigen conocimientos y practicas especiales (C. J., articulo 705), es medio probatorio inaceptable, prueba legalmente ineficaz, para

demostrar o establecer una cosa en realidad imposible de acreditar como es la equivalencia monetaria de un dolor de afección. Pero en consideración a que esta especie de detrimento moral se ha considerado como constitutiva de un perjuicio y como tal merecedor de una compensación, ha sido necesario dejar su medida y estimación al libre arbitrio judicial, dentro del límite de la ley, como único medio de regulación al alcance de la justicia.

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 2155

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ

PETICIONARIO:

Medardo Castro

MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL BARRERA PARRA

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil. Bogotá, seis (6) de julio de mil novecientos cincuenta y cinco (1955). Inconforme la parte actora con el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, el 11 de junio de 1954 en el juicio ordinario del doctor Medardo Castro contra el doctor Jorge Sabogal H., recurrió en casación mediante demanda sobre cuyo merito decide la Corte.

I-ANTECEDENTES: 1.-El doctor Medardo Castro, abogado en ejercicio, demando por la vía ordinaria ante el Juzgado del Circuito de Villavicencio al Dr. Jorge Sabogal, para que este fuera condenado a pagarle lo siguiente: a) el valor de los servicios profesionales que le presto, conforme aparece de los hechos relatados en el libelo, servicios estimados en la suma de $ 5.000.00 pero cuyo justiprecio debe hacerse mediante dictamen de peritos; b) el valor de los perjuicios

morales a que, se refiere el mismo libelo, cuya estimación señala en la suma de $50.000.00, pero cuyo justiprecio debe hacerse con intervención de peritos; c) el monto de los gastos hechos en ejercicio del mandato conferido; d) los gastos del juicio. 2.-Los hechos que sirven de fundamento a la demanda pueden sintetizarse así: Sabogal solicito y obtuvo los servicios profesionales del abogado de Castro para que este rescatara de manos de Eduardo Camargo Patiño valores en dineros y acciones por valor mayor de $ 20.000.00. Castro después de conversaciones infructuosas con Camargo Patiño y en ejercicio del poder conferido por Sabogal acudió ante las autoridades para lograr la detención preventiva de Camargo a quien denunció criminalmente Sabogal, por abuso de confianza. En el proceso penal Sabogal se hizo parte civil por medio de su apoderado. Arrestado provisionalmente Camargo, los parientes de este se entendieron con Castro para asegurar el reconocimiento y pago de los valores. Sabogal fue noticiado de las gestiones adelantadas por Castro y cuando ellas estaban a punto de culminar satisfactoriamente para los intereses de aquel, resolvió retirarle la confianza y prescindir de los servicios de su apoderado y constituir uno nuevo. Castro solicitó a Sabogal, le diera el nombre del abogado que iba a reemplazarlo a fin de hacer la sustitución del poder, pero no quiso hacerlo y revocó en forma intempestiva el mandato, sin pagar los honorarios de Castro y los gastos hechos por este. Por otra parte. Castro ha recibido de Sabogal graves lesiones en su honra y crédito profesional por razón

de sus actuaciones en el citado negocio. 3.-El demandado se opuso a las pretensiones del actor. Del libelo de respuesta cabe destacar las siguientes declaraciones: Sabogal aceptó los servicios profesionales de Castro en el negocio judicial a que se refiere la demanda y le dio poder para que lo representara como parte civil en el proceso penal contra Eduardo Caballero. Enterado por Castro de las gestiones que este adelantaba para la defensa de sus intereses, se mostró en desacuerdo con su apoderado en cuanto a la fórmula que aquel había ideado para terminar el proceso penal, una vez asegurada la deuda resultante a su cargo mediante garantía hipotecaria. Por este desacuerdo, Sabogal resolvió prescindir de los servicios de Castro y cambiar de abogado. "Si revoque el poder, que como tal, era revocable, de acuerdo con la ley -declara Sabogal-. Ejercí así un derecho con fundamento en hechos que se han demostrados en el juicio". "La revocación del poder no la hice -agrega el demandadosino cuando por obra de las gestiones de Castro se me estaba comprometiendo en una maniobra sucia, con el fin de librarme de ella y cuando descubrí que a mis espaldas se estaban adelantando otras reclamaciones pecuniarias por parte de Castro" (Cuad. 1ª, f. 28 v.). 4.-Citadas las partes para sentencia y antes de fallar el negocio en primera instancia, el Juzgado Civil del Circuito de Villavicencio, en virtud de manifestaciones hechas por el demandado Sabogal respecto de las actuaciones de Castro como apoderado suyo, ordeno que con copia de lo conducente se abriera investigación penal sobre el delito de colusión de que aparecía

sindicado este ultimo según la siguiente declaración hecha por Sabogal: "Puede que las gestiones llevadas a cabo por el doctor Castro, el abogado de Camargo Patiño y los familiares de este, hubieran sido hechas o mejor dicho hubieran servido para sacar a Patiño de la prisión y evitar la deshonra de sus familiares, no sucediendo lo mismo conmigo a quien dejaba en la puerta de la cárcel y seguramente a pagar indemnizaciones fuertes, si hubiera aceptado del doctor Castro el careo que de antemano habían preparado con el sindicado en que este hacia la afirmación que yo le había autorizado por teléfono, para vender las acciones de Avianca y que yo reconociera que tal hecho había sido cierto…” (Cuad. 1ª, f. 12). Y también ordena el mismo Juzgado que se suspendiera la controversia civil hasta que se decidirá por providencia definitiva el proceso penal que debía iniciarse sobre el derecho de colusión imputado a Castro. EI Juzgado 2º Penal del Circuito, a quien correspondió decidir sobre el mentado proceso, en sentencia del 4 de diciembre de 1951, ordeno "cesar todo procedimiento criminal contra el Dr. Medardo Castro Rojas, por cuanto los hechos investigados no son constitutivos de delito, y por consiguiente, dicho profesional no ha violado la ley penal". Esta providencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de 21 de marzo de 1952, en donde se afirma que "la inocencia del acusado respecto del delito de colusión no ofrece la menor duda". (Cuad. 1º, folios 60-66). 5.-Hallándose en curso el anterior proceso penal, el doctor

Sabogal dirigi6 el siguiente despacho telegráfico: "Villavicencio, abril 26 de. 1951. Nº. 000080. Presidente Corte Suprema Justicia. Bogotá Se que doctor Medardo Castro esta postulado Magistrado Tribunal. Contra el cursa sumario Juzgado Circuito Penal esta por grave delito denunciado oficio Juez Civil mismo Circuito. Convendría solicitar informes al juzgado. Atentamente (Fdo.) Jorge Sabogal H. Medico". (Cuad, 5º. f. 20 v.). 6.-El proceso penal iniciado por Sabogal contra Eduardo Camargo Patiño termino con sentencia definitiva del Tribunal Superior de Bogotá, fechada el 16 de noviembre de 1948, por medio de la cual se ordeno cesar todo procedimiento penal contra el sindicado, Confirmando lo decidido por el Juzgado 19 Superior de Bogotá que conoció de tal proceso (Cuad. 5º folios 22-32). En el expediente respectivo se encuentra el siguiente documento suscrito y reconocido notarialmente por el doctor Jorge Sabogal H.: "Hago constar, por medio de la presente declaración, que el señor Eduardo Camargo Patiño me pagó o aseguró el valor de las acciones de Bavaria y Avianca que dicho señor vendió en Bogotá y que eran de mi propiedad. En virtud de ello el suscrito, que venia ejerciendo una acción civil dentro del proceso penal que se adelanta contra el señor Camargo Patiño por la venta de tales acciones, presento ante el señor Juez Segundo del Distrito Judicial de Bogotá, Juez del conocimiento, un memorial de desistimiento de aquella acción civil, no solo por considerar que el señor Camargo en esa

forma no había causado perjuicio en el patrimonio del suscrito sino que averiguaciones posteriores hechas por el suscrito lo llevaron al convencimiento de que el señor Camargo no había hecho venta de las acciones con animo doloso y de que por consiguiente no había cometido delito" (Cuad. 5º, fs. 22 y 23). En la citada providencia del Tribunal se encuentra la siguiente consideración: “Por repetidas ocasiones el denunciante doctor Jorge Sabogal, ha expresado que el incriminado Camargo Patiño al vender las acciones, no lo hizo con animo doloso y que no le ocasiono ningún perjuicio, manifestación esta que se debe tener en cuenta, porque viene de la persona que en un principio se sintió lesionada en sus intereses y que creyendo que se había cometido algún delito formuló la correspondiente denuncia; y de la cual se desprende, hablando jurídicamente, que los elementos que integran el delito contra la propiedad porque se denuncio a Camargo Patiño, no han tenido existencia; o mas claro, que Camargo Patiño no se apropio en provecho suyo o de un tercero, de alguna casa mueble ajena, que se le hubiera integrado o confiado a titulo no traslaticio de dominio". (Cuad. 5º; folios 31v. y 32). 7.-Una vez pronunciado el fallo definitivo en el proceso penal seguido por el supuesto delito de colusión, el Juzgado del Circuito de Villavicencio falló en primera instancia la presente litis mediante sentencia de 3 de julio de 1952, cuya parte resolutiva dispone: "1º-Condenase al Dr. Jorge Sabogal H., mayor de edad, vecino

de Villavicencio, a pagar al doctor Medardo Castro también mayor de edad, vecino de Bogotá, el valor de los servicios profesionales que le presto, judicial y extrajudicialmente, para la obtención del pago de diez y siete mil pesos que adeudaba al primero, Eduardo Camargo Patiño, procedente del valor de unas acciones de: la empresa Aerovías Nacionales S. A., y otras de Bavaria. "2º-Condenase al mismo Dr. Sabogal H. a pagar al mismo doctor Castro el valor de los gastos razonables que este haya tenido que hacer en el desempeño de su cargo. "3º-Para determinar la cantidad liquida a que asciende las dos condonaciones anteriores, se seguirían las siguientes reglas: a). Por medio de peritos se fijara el monto de los honorarios profesionales, teniendo para esto en cuenta, todas las actividades desplegadas por el doctor Castro en el desempeño de su misión y de que haya constancia en el expediente. b). Para determinar el monto de los gastos razonables, se tendrán en cuenta las comprobantes que presenta el doctor Castro, en cuanto esos gastos sean razonables, lo cual será también estimado por los mismos peritos, y "4ºNo se condena al Dr. Sabogal H. al pago de los perjuicios morales, por no haberlos ocasionado. Sin costas". 8. -Apelado el fallo anterior solo por el actor, el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia proferida el 11 de junio de 1954, resolvió así: "1º-Condenase al Dr. Jorge Sabogal H. mayor de edad y vecino de Villavicencio, a pagar al Dr. Medardo Castro también mayor de edad y de esta vecindad, dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria de este fallo, el valor de los servicios profesionales que le presto judicial y extrajudicialmente, para la obtención del pago de diez y siete mil pesos que adeudaba al primero' Eduardo Camargo Patiño, procedente del valor de unas acciones de la Empresa de Aerovías Nacionales S. A., y otras de Bavaria, los cuales se fijan en la suma de cuatro mil doscientos pesos (4.200) moneda corriente; "2º-Condenar al citado Dr. Jorge Sabogal H; a pagar a favor del Dr. Medardo Castro, el valor de los gastos que este tuvo que hacer en el desempeño de su cargo. "Parágrafo: Como de autos no se estableció... su monto, se dispone se regulen mediante el procedimiento señalado por el art. 553 del C. J.; "3º-Absolver al demandado Jorge Sabogal H. de los cargos formulados en el libelo en cuanto hace relación a los perjuicios morales; "4º-Sin costas en la instancia. "Queda en los anteriores términos reformada la sentencia de fecha tres de julio de mil novecientos cincuenta y dos pronunciada por el señor Juez Civil del Circuito de Villavicencio en el juicio ordinario adelantado por el Dr. Medardo Castro contra el Dr. Jorge Sabogal H.". 9. -Contra la sentencia definitiva de segunda instancia interpuso casación, solo la parte actora. Concedido y admitido el recurso, la demanda fue formalizada en tiempo, hallándose el negocio listo para recibir la correspondiente decisión de la Corte. II-Sentencia acusada. Según lo expuesto anteriormente, el Tribunal por medio de la

sentencia, objeto de la acusación, condeno al demandado Sabogal al pago tanto de los servicios profesionales prestados par el actor como de los gastos cumplidos en ejercicio del mandato. Pero lo absolvió de la indemnización de perjuicios morales reclamada par el demandante. Esta absolución se basa en las siguientes consideraciones del Tribunal: "El hecho básico alegado por el actor para instaurar la acción consiste en que el demandado revoco, pura y simplemente, un poder que este le había conferido a aquel para que lo representara, a fin de obtener que don Eduardo Camargo Patiño reintegrara determinada cantidad de dinero que el Dr. Jorge Sabogal H. le había entregado para adquirir acciones en sociedades anónimas. Posteriormente surgieron varios hechos cumplidos por el demandado, y que el demandante considera como lesivos de su patrimonio moral, tales como las afirmaciones que el Dr. Jorge Sabogal H. hizo en la diligencia de absolución de las posiciones que le hizo absolver, antes de iniciarse ese juicio al Dr. Medardo Castro. Trabada la litis, afirma el demandante que su contraparte continua causándole perjuicios morales ya por las declaraciones hechas por el Dr. Sabogal H. en distintas oportunidades, como por un telegrama que el mismo dirigió a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por la época en que el nombre del Dr. Medardo Castro figuraba entre los posibles candidatos para ocupar una plaza en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.". La revocatoria del poder que Sabogal había conferido a Castro sobrevino después de que este manifestó a aquel que quedaba en libertad de constituir nuevo apoderado, lo cual

equivalía a una renuncia, "Por la misma actitud del apoderado de Castro, en cuanto a la renuncia del poder, el Dr., Sabogal H. demandado, procedió a constituir un nuevo apoderado y manifestó al Juez que estaba conociendo de la investigación (subraya el Tribunal) que revocaba el poder. No se conocen los términos del escrito presentado por el Dr. Sabogal pero todo induce a concluir que se trato de una revocación pura y simple; y no se pierda de vista que según lo confiesa el mismo demandante, ese escrito fue presentado de un negocio que estaba en la etapa de simple investigación, o sea cuando permanecía con el carácter de reservado, y que por lo tanto no podía ser del dominio publico. Es decir: se trato de un acto ante un funcionaria que tenia el carácter de investigador y que solo podía ser conocido par el mismo funcionario, por su secretario, por el agente del Ministerio Publico, por el sindicado y por los abogados que en tales diligencias investigativas estaban interviniendo. "Esto significa que el hecho de la revocatoria del poder no fue publico y notorio y que además se trataba del ejercicio del derecho que tenia el Dr. Sabogal H. de constituir nuevo apoderado en vista de la manifestación que le había hecho el Dr. Castro en el sentido de que dijese a quien debía sustituir los poderes". Esta manifestación equivale, claramente, a una renuncia del poder y en este caso no procedía la sustitución, porque si así hubiera sucedido, el apoderado podía, en cualquier tiempo reasumir el poder, y de esto no se trataba".

EI Tribunal agrega: "Tenia el Dr. Sabogal H. obligación legal de dar a conocer al Dr. Castro el nombre del nuevo apoderado? Seria ilícito conferir un nuevo poder? Será un abuso del derecho haber actuado como lo hizo el Dr. Sabogal H.? Negativamente deben contestarse estos interrogantes, porque ya el apoderado había prácticamente renunciado el poder y por lo tanto el demandado en este juicio tenía pleno derecho de nombrar a la persona que debía asistirlo en las diligencias que le interesaban. "Ni puede culparse al Dr. Jorge Sabogal H. de no haber encontrado aceptable la formula que le presento el Dr. Castro para que la estudiara, porque precisamente el hecho de someter a su consideración tal formula, implicaba, como es apenas natural, que el Dr. Sabogal podía aceparla o desecharla, y porque la libertad para opinar que debe toda persona en asunto que le interesa, no puede estar restringida por la circunstancia de haber otorgado un poder. "Si el Dr. Jorge Sabogal H. hubiera dicho al funcionario investigador que revocaba el poder que tenia conferido al Dr.

Medardo Castro por los malos manejos del apoderado sin ser ello cierto, es claro que esto si constituiría un hecho ilícito, con todas sus consecuencias. No aparece, se repite, el memorial de revocación, pero el mismo demandante afirma que tal revocación se hizo pura y simplemente, sin salvedad ninguna; la ley no obliga al poderdante a decir nada respecto de su anterior apoderado, Es costumbre hacerlo como cosa de cortesía pero la omisión de esa formula no constituye por si un hecho ilícito ni una culpa".

Por otra parte, el Tribunal estima que las injurias que Castro imputa a Sabogal, fueron precedidas de otras que aquel había proferido contra este, según aparece de la correspondencia procedente del mismo demandante, Dice el Tribunal: "Dos procesos de carácter penal surgieron de este juicio ordinario: uno contra el Dr. Medardo Castro, por colusión, y otro contra el Dr. Jorge Sabogal H. por extorsión y chantaje. Los dos procesos nacieron de las declaraciones hechas ante la justicia por los dos señores nombrados y los dos terminaron favorablemente para los acusados. "De lo que se deja anotado se concluye que el Dr. Sabogal H. demandado, revocó un poder al Dr. Castro demandante, y que no le pago el valor de los servicios profesionales; que el demandante, con anterioridad a la presentación de la demanda ya había tratado al demandado de 'Villano', en varias ocasiones, y que el demandado, para justificar su actitud manifestó que había revocado el poder que tenia conferido al doctor Castro, porque la formula de arreglo que este propuso en el asunto con el señor Camargo Patiño, la considero notoriamente peligrosa para sus intereses e inaceptable por inmoral y exponer las razones que tuvo para llegar a ese convencimiento. "El telegrama que el Dr. Sabogal H. dirigió a la H. Corte Suprema de: Justicia, y que atrás se menciono, constituye un hecho que pueda ser censurable, pero no puede decirse que a ese hecho se debiera que el Dr. Castro no fuera elegido Magistrado. La certificación del Sr. Presidente de la Corte se reduce a decir que el telegrama fue recibido cuando se estudiaban los nombres de los

candidatos a Magistrados y que.' el nombre del Dr. Castro fue formalmente considerado y discutido, con resultados desfavorables para tal aspiración. "En resumen: No aparece que el hecho de la revocatoria del poder ni que las expresiones consideradas como injuriosas por el Dr. Castro aparejen culpa para el Dr. Sabogal H. y por lo tanto falta uno de los elementos esenciales, que en virtud del articulo 2.341 del Código Civil deben acreditarse para configurar la responsabilidad legal por el ilícito". Por ultimo, el Tribunal considera que no se hallan demostrados en el proceso los perjuicios morales objetivados que el demandado reclama. EI Tribunal considera que no existe, en el caso sub judice, prueba de los perjuicios morales objetivados. "En ninguna parte aparece que el demandante haya visto disminuida su clientela, ni que se le hayan retirado poderes, ni que haya tenido que c1ausurar su oficina de Abogado establecida en Villavicencio, ni mucho menos que el intenso dolor haya apocado la capacidad del Dr. Castro para el ejercicio de su profesión. Muy al contrario: de la lectura de los muchos memoriales que aparecen firmados por el Dr. Castro se deduce que dicho caballero no ha perdido nada de su lucidez intelectual ni de su animo' combativo para ejercer su profesión". III-Demanda de casación. EI recurrente invoca la causal primera del art. 520 del C. J., acusa la sentencia por violación de la ley sustantiva y cita como infringidos los artículos 2341, 2343, inc. 1º, y 2356 inciso 1º, del

C. C.

Los cargos que del recurrente sustenta con fundamento en

dicha causal, se enderezan a solicitar la información del fallo recurrido en cuanto este absolvió al demandado respecto del pago de los perjuicios morales.

Los cargos pueden resumirse así: 1º-Errores manifiestos de hecho tanto en la interpretación de la demanda como en la apreciación de las posiciones absueltas por el demandado y de otros actos escritos procedentes del mismo, a través de los cuales se infringieron las disposiciones sustantivas atrás citadas; 2º-Error manifiesto de hecho en la aprec