CSJ - SC10-12-1997 6083

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REPUBLICA DE COLOMBIA y 000286

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente: Dr, Rafael Romero Sierra

Santafé de Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre de mil O novecientos noventa y siete (1997).-

Ref.: Expediente No, 6083

Decidese el proceso ordinario que, con base en lo previsto por el articulo 40 del Código de Procedimiento Civil, promovió Cartos Gonzalo Alvarado Gaitan contra Euclides Roa Escobar, José Joaquin Valencia Diaz y Hernán Vicente Verástegui García, en su condición de Magistrados de la Sala Civil del Tribunal O Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Tofima. l ANTECEDENTES

4. Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 1996, solicitó el actor en la demanda del proceso referido, que se dectare que los demandados obraron con error inexcusable como Magistrados de ta Sala Civil del Tribunal de Ibagué, al proferir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso abreviado

(acción poputar) que impetró el demandante en contra de la sociedad Cementos Diamante S. A. del Tolima, tramitado en 000287 RRS. Exp. 4470 2 primera instancia ante el Juzgado 1” Civil del Circuito de Ibagué; y, como consecuencia, se los condene a pagar en forma solidaria los perjuicios que le causaron al demandante, los cuales han de ser actuafizados monetariamente, más tas costas procesales.

2. Como hechos constitutivos de la causa petendi adujo el demandante, en compendio, tos siguientes:

a) que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1005 del Código Civil, el artículo 8” de la Ley 9 de 1989 y el Decreto 2400 de 1989, instauró en contra de la sociedad Cementos Diamante S. A, un proceso abreviado para que se declarara que la demandada “(...) es responsable del daño ambiental; que se ordenaran tas obras requeridas para la purificación del aire y que se condenara al pago de la recompensa prevista en el artícuto 1005 del Código CiviF; demanda que correspondió al Juzgado 1” Civil del Circuito de Ibagué, el cual, mediante sentencia proferida el 10 de junio de 1994 declaró a la entidad demandada responsable del daño ambiental y a la salud, le ordenó la instalación de electrofiltros en tas chimeneas números 1 y 2 de la planta de Buenos Aires, y la condenó a pagar en favor del actor ta suma de $104'558.800.00, equivalentes al diez por ciento del valor estimado en el proceso de instalación de los electrofiltros; suma que bien pudo haber sido superior si el juzgado no hubiese optado por reconocer el mínimo valor de ta recompensa. b) que ta Sala Civil de decisión del Tribunal Superior de Ibagué conformada por los demandados, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada mM

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Y 000288 Corte Saprema de Justicia RAS. Exp. 4470 3 contra el fallo de primer grado atudido, redujo la responsabilidad de fa apelante, en cuanto excluyó el daño a ta salud, ordenó la instalación de un electrofiltto en el homo N1, puesto que en el

homo N2 ya habia sido instalado y, “(...) efiminó por completo el pago de la recompensa prevista en el inciso segundo del artículo 1005 del Código Civil en favor del actor poputar con base en el valor estimado de los electrofiltros”. c) que para negar el reconocimiento de la recompensa en mención, el tibuna! argumentó lo siguiente: “(...) Teniendo de presente que la filosofía de la acción poputar, en cuanto ella tiene un fin público y concreto, no subjetivo ni individual como lo proclama la Corte Constitucional, el contenido del artículo 1005 del C. C., respecto de la recompensa económica que allí se contempla para el demandante a cargo del demandado, no es de recibo para el caso aquí planteado por lo siguiente: En primer lugar, porque dicha norma sustancial hace parte integrante de las acciones posesorias especiales que contempla el C. C., que por su naturaleza no son aplicables a la acción que se ejercita en defensa de un bien público como lo es el ambiente; en segundo término, el demandante lo hace en su propio nombre y no en representación de la comunidad de la que dice se perjudica con ta contaminación de la atmósfera por causa de fa conducta de ta empresa en sus instalaciones, y por último, debido a que no comprobó el daño en concreto para humanos, animales, plantas y menos aún se cuantificó dicho perjuicio. Pues como se reitera, la orden de colocación de los 4 >

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000289 Corte Saprema de Justicia RRS. Exp. 4470 á filtros, O del filtto que resta por acomodar en uno de los

homos de la fábrica, no es el resarcimiento del daño causado sino que ello significa un mecanismo preventivo hacia el futuro con el propósito de que el daño por ta contaminación ambienta) no continúe perjudicando el medio ambiente. “Además, a sano criterio de esta Sala, lo concemiente con la recompensa. para el accionante poputar que demanda la defensa del medio ambiente y del ecosistema, no ha sido materia de regutación específica, tema diferente del ejercicio propio de ta acción, como lo entiende la Corte Constitucional, toda vez que la recompensa a la cual alude el artículo 1005 del C. C., es aquella proveniente de ta acción popular que se ejercita por causa de la cuestión posesoria especial a que la disposición sustancial se refiere concretamente y cuya apíicabilidad analógica, para el evento sub-exámine, se toma improcedente. “Distinto aspecto es el que contempla el artículo 2360 del (sic) C.C., el cual, por su generalidad, es aplicable a este proceso que declara la responsabilidad de la empresa demandada por el daño genérico del medio ambiente, como se ha expuesto y por lo cual ta parte demandada debe indemnizar al actor tas costas procesales por el tiempo y la dibgencia empleados en el procedimiento del juicio respectivo y únicamente por este motivo, como quiera que “la remuneración específica que concede la ley en determinados” (cita del tibunal), es precisamente para el caso de los litigios posesorios que ta norma menciona claramente”. 2

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000250 RRS. Exp. 4470 5 d) que además de que con la inaplicación del

inciso 2” del artículo 1005 el Tribunal violó ostensiblemente el artículo 132 del Decreto 2303 de 1989, omitió también en forma inexcusable el artículo 8” de la Ley 9 de 1989 y el artículo 6” del Decreto 2400 del mismo año, regtamentario de la anterior ley, pues es evidente que ninguna de estas disposiciones crea una acción distinta a la del artículo 1005 en cita, ni permiten su aplicación parcial, com exctusión del tópico que atañe a las recompensas, menos en el caso de las acciones para la protección del medio ambiente agrario; precisión en punto de ta cual citó el falo del 28 de octubre de 1994, proferido por el Consejo de Estado; e) que no tiene fundamento alguno el que ta sala de decisión demandada sustente la negativa de la recompensa en lo previsto por el artículo 2360 del Código Civil, cuando la acción impetrada y fallada fue la del artículo 1005 del mismo ordenamiento; con mayor razón, en tanto que, como lo sostuvo la Corte Constitucional en fallo T-231/94, los jueces están sujetos al imperio de ta ley; f) que el error inexcusable de la Sata, lo privó de recibir una recompensa que, de acuerdo con el fallo de primera instancia, asciende a ta suma de $104'538.800.00 cifra que equivale al 10% del valor de las obras a que fue condenada ta empresa de cementos demandada, a ta sazón, el mínimo previsto para dichos efectos por el artículo 1005 citado.

. REPUBLICA DE COLOMBIA Na 000291 : RRS. Exp. 4470 6

3. Los demandados, en su oportuna respuesta, se opusieron rotundamente a las pretensiones deducidas en su contra. Dijeron ser ciertos los hechos que aluden aj desarrollo fitigioso, aunque con ta aclaración de que la sociedad demandada dentro del prenombrado proceso abreviado fue Cementos Diamante del Tolima S. A, y que la indemnización no podía ser mayor de la que señaló el Juez, funcionario a quien compete cuantificarta. Desconocieron empero, todos aquéllos hechos con fundamento en los cuales se les imputa error inexcusable y propusieron como excepción de mérito la de prescripción, de ta que se dio trastado al actor, quien se opuso a su declaración. |

4. Fracasada ta fase concifiatoña, se abrió el proceso a pruebas, etapa en la que se recibió la declaración de parte del actor y se incorporó copia parcial del expediente contentivo de la acción poputar en la que se emitió la decisión punto de mira de la responsabilidad civil deducida en la demanda, fenecido dicho término, se corrió traslado a-.tas partes para alegar de conclusión, derecho del cual hicieron uso.

Así las cosas, se arrimaron a la actuación fas copias del proceso abreviado en cita, cuya incorporación faltaba por verificarse, entre las que se distinguen la sentencia que, a juicio del actor, contiene el error endilgado en la demanda, fechada el 21 de marzo de 1995, y ta sentencia complementaria, proferida el 2 de mayo del mismo año.

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000292 Carte Saprema de Justicia

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[V. CONSIDERACIONES

4. No existiendo reparo acerca de la convergencia de todas y cada una de las condiciones que hacen viable la sentencia que dirima ta controversia, resulta pertinente señalar de una vez que, pese aj planteamiento alegado a nivel exceptivo, con arreglo al cual la demanda habría sido presentada después de vencido el término de un año a que se refiere el penúltimo inciso del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, del examen minucioso del proceso en que supuestamente se produjo el error inexcusable de que son reos los demandados se cofige sin tugas a equivocos que ello no fue asf, como que si bien el falo que desató la alzada interpuesta contra la sentencia de primer grado fue proferido el 21 de marzo de 1995, lo cierto es que la providencia complementaria de fa precitada decisión apenas causó ejecutoria el día el 16 de mayo de ese año, tal como lo informa fa constancia secretaria! vista a fofio 93 vto. del cuaderno N 10 de pruebas, de donde se sigue que cuando el fibelo incoativo fue presentado el 2 de mayo de 1996, el sobredicho término, considerado de caducidad por el apoderado de los demandados en sus alegaciones de conctusión, no había vencido.

Y no obstante que con la entrada en vigencia de la Ley 270 del 15 de marzo de 1996 -Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-, se desarrolló, entre otras materias, el nuevo régimen de responsabilidad personal del funcionario judicial establecida en el artículo 90 de la Carta Política, es claro que para

fa especie en estudio, el régimen jurídico aplicable es el contemplado en el artículo 40 memorado, disposición de carácterREPUBLICA DE COLOMBIA 000293 RRS. Exp. 4470 8 sustancial tomada como punto de referencia para despachar la excepción alegada, sobre cuya aplicabilidad expresó esta Corporación que, si éste consagraba una responsabilidad aquiliana especial' del funcionario judicial, indicativa de un derecho civil personal del particutar a rectamar una reparación patrimonial en caso de error jurisdiccional, “(...) no puede menos que concluirse que su regutación queda sujeta, de acuerdo con el principio de inmetroactividad de las leyes, recogido en ese momento por el artículo 58 de ta Carta Política, a la regia también general en virtud de ta cual la ley aplicable en materia de responsabilidad civil es la ley vigente del hecho que le da origen al referido derecho”. Agregando en ese mismo fallo que ”... tas responsabilidades civiles personales de tos Magistrados de Tribunales por los hechos o actos del artículo 40 del código de procedimiento civil cuyo proceso concluyó antes de la vigencia de la ley 270 de 1996, 15 de marzo de este año, queda sujeta al régimen de dicho artículo bajo el cual adquirió el derecho a reclamar la responsabilidad civil consiguiente dentro O del año siguiente a dicha conctusión procesal. En tanto que el nuevo régimen queda deferido a tas responsabilidades que se causen bajo su vigencia, que, en caso de error jurisdiccional, se consuma cuando ta sentencia queda en finme dentro de su vigencia”.

2. Sentado to anterior, es menester recordar que aun cuando es legítimo anhelar que tanto los jueces como los

'GJC.LIXT, p.ág 41 ? Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria Sent. del 12 de septiembrede

1996. M.P. Pedro Lafont Pianetta Exp. 5739

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000294 RRS. Exp. 4470 9 magistrados posean sólidos conocimientos del derecho, y a la par estén ataviados con virtudes entre las que de modo imperativo deben prevalecer ta honorabilidad, ta rectitud, la dignidad, y un alto y profundo sentido de justicia, ta verdad sea dicha, ante la potencialidad de que éstos desborden los límites de su poder jurisdiccional, para imumpir en tos del abuso, el Legislador de 1970 estableció expresamente en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido sencillamente reiteró el principio general que ordena reparar los daños causados por hecho o cuipa de su autor, una responsabilidad civil para aquellos, cuando, con ocasión del ejercicio de sus funciones, por la comisión de actos dolosos, fraudulentos o abusivos (numeral 1”), o por cutpa lata o error inexcusable (numerales 2” y 3%), producen perjuicios a tas partes de un proceso.

3. Así, siguiendo con el derrotero básico proporcionado por el numeral 3” del precepto en cita, en cuanto concieme al error, la jurisprudencia ha señalado que no cualquier equivocación en el juicio jurisdiccional puede constituir fuente de responsabilidad civil para quien lo emite; pues es cierto que cada funcionario de dicho orden se encuentra expuesto al error de manera constante, no solamente por lo precario y falible que es el

entendimiento humano, sino por la dificultad que encierra el cumplimiento de ta labor hermenéutica, terreno en donde la complejdad y muitiplicidad de reglas legales, y la defectuosa redacción de tas leyes, que no es extraña en un medio legislativo creciente como el que aqueja las sociedades contemporáneas, constituyen de suyo un campo abonado para que el juez, teniendo ante él disímiles, oscuras y en veces contradictorias disposiciones,

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000295 Corte Saúprema de Husticia RRS. Exp. 4470 10 tes confiera a éstas un sentido que otros pueden no compartir, tidándolo de erróneo por lo mismo, cuando no de torpe; de donde resulta ostensible que únicamente el yerro que configure una omisión grave, garrafal, evidentísima e imperdonable, proveniente de ta negfigencia o de ta falta de pericia o aptitud ocasionada por notorios vacios en el conocimieny tqoue convierta al juzgador en un verdadero peligro, es el que tiene entidad para dar lugar a ta reparación. Se contrapone a lo anterior, el escueto error de concepto, docto riniternpreatacsión , si lo hay, pues, como lo ha señalado en forma reiterada esta Corporación, (...) no podrá existir error inexcusable cuando se sostiene un punto de vista defensable respecto de una materia controvertida en derecho, como quiera que esa incertidumbre en su interpretación lo excusaría” (G. J, T. CLXV, pág. 209, G. J. T. CCXXII, pág. 147).

4. Puestas de este modo las cosas se advierte desde ya que los pedimentos implorados en la demanda no pueden tener despacho favorable, pues aunque se sostiene en el sub- ¡udice que los tres magistrados demandados, como integrantes de la Sala de Decisión Civil que en el Tribunal Superior de Ibagué profinó la sentencia de fecha 21 de marzo de 1995 y posteriormente la complementó en decisión calendada el 2 de mayo del mismo año, incurrieron en error inexcusable al desconocer la figura de ta recompensa contemplada en el inciso 2” del artículo 1005 del Código Civil Colombiano en favor del actor, quien también lo fuera dentro de la acción poputar memorada, lo que implica su preterición, al igual que ta de los artículos 8” de la Ley 9 de 1989 y

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000296 RRS. Exp. 4470 11 6” del Decreto 2400 de ese mismo año, amén de la infracción manifiesta del artículo 132 del Decreto 2303 de 1989, y la aplicación indebida del artículo 2360 del Código Civil, la verdad es que dicho juicio jurisdiccional, en la forma en que fue vertido en la decisión punto de mira de la pretensión, no encuadra dentro de los inderos que caracterizan el error inexcusable, y por el contrario, constituye un punto de vista defensable en un ámbito de complejidad '0) como el que muestra ta regutación de tas acciones populares, lo que mal podría servir de venero a la pretensión resarcitoria. 4.1. En este punto, para una mejor integración del tema controvertido, resuita preciso transcribir, en lo pertinente,

fas disposiciones legales que particularmente se han venido trajinando tanto en el presente proceso como en el abreviado que le dio origen, normas de cuya simple lectura e interpretación deduce el actor el error que a sus juzgadores atribuye. O En el Título XIV del Libro 20. del C.C., que trata de “Algunas acciones posesorias especiales”, se encuentra ubicado el artículo 1005 , en el cual, como se sabe, montó el accionante en el proceso abreviado su pretensión y cuyo tenor es el siguiente: "La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas y otros lugares de uso público, y para la seguridad de quienes transiten por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. , REPUBLICA DE COLOMBIA $ 000297 . RRS. Exp. 4470 12 “Y siempre que a consecuencia de una acción poputar, haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costa del quereflado con una suma que no baje de ta décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, O el resarcimiento del daño...” Por su parte, el artículo 80. de la ley Ya. de 1989 ey de reforma urbana-, y el 60. del decreto 240 de 1989, reglamentario de aquella, estafuyen, en su orden, que "los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa ta acción popular consagrada en el art.

1005 ...” y que “ta acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil, podrá ser ejercitada por los usuarios para la defensa del espacio público y del medio ambiente.... De otro tado, el articulo 118 del decreto 2303 de 1989, que organizó ta jurisdicción agraria, estatuye que “El ambiente rural y los recursos naturales renovables del dominio publico que hacen parte de aquél podrán ser defendidos judicialmente por cualquier ciudadano contra hechos o actos que les causen o puedan causar deterioro, si el asunto no es de competencia de ta administración, mediante la acción consagrada en los artículos 1005, 2359 del Código Civil..." Y el artículo 131 del decreto citado preceptúa que “En caso de que el juez condene a pagar indemnización conforme a lo previsto en tos articulos ... 1005 del Código Civil, tratándose en - a

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000298 RRS. Exp. 4470 13 este caso de recursos naturales renovables de uso público..., su valor se entregará a la entidad que corresponda ...” Rematando el 132 ibídem asi: "Se aplicarán en este proceso, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 1005 y 2360 del Código Civil, sobre recompensa e indemnización al actor". 4,2.. Ahora bien, fuera de toda duda está que los Magistrados demandados, al despachar el proceso abreviado, no sólo no descartaron sino que expresamente dejaron sentada la pertinencia para el caso - defensa del medio ambiente - de la acción popular consagrada por el articulo 1005 del Código Civil Pero también enfáticamente negaron ta posibilidad - ya se dejó dicho -,

de que en ese particular evento hubiese lugar a la recompensa que a favor del actor y a costa del querellante contempla la citada disposición. Y en orden a justificar su negativa, el fallador comienza por encajar ta acción poputar ejercitada, en la noción general de la que denomina "responsabilidad extracontractual derivada de un daño a un derecho colectivo”, en este caso del derecho al medio ambiente, acción para cuya prosperidad exige la demostración de una conducta cuiposa, un daño causado al ambiente y la relación de causalidad respectiva. Destaca luego cómo ta demanda incoativa parte de: la existencia de un daño ocasionado aj medio ambiente, el ecosistema y la salubridad en plantas, animales y humanos, como consecuencia de lo cual se impone al demandado la ejecución de las obras necesarias para purificar aquél; pero advierte -el Tribunal que en

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000299 RRS. Exp. 4470 14 el proceso se demostró ta contaminación, mas no en concreto los daños ocasionados a la agricultura, animales u hombres, daños cuya verificación y cuantificación no fueron solicitadas, sin que por to demás sea posible, cual lo pretende el actor, equiparar la reparación del daño con la colocación de filtros electrostáticos ( lo cual podría acusar el pago de la recompensa , acota el fallador), por cuanto esto último - lo atinente a los filtros - que fue lo ordenado, “solo constituye un mecanismo dirigido a prevenir la contaminación”. Luego del precedente planteamiento, apuntala el falador su decisión con respecto a la recompensa, en otros cuatro

razonamientos, expresados estos con algo más de claridad, a saber. que la norma sustancial en que se fundó la pretensión hace parte integrante de tas acciones posesorias especiales contempladas por el ordenamiento civil, que por su naturaleza no son apíicables a ta acción que se ejercita en defensa de un bien público como lo es el ambiente; que el actor popular no ejerció la acción en representación de ta comunidad de la que se dice se perjudicaba con la contaminación de la atmósfera producida por la conducta de la empresa en sus instalaciones; que no se demostró el daño en concreto para los seres vivientes afectados, ní mucho menos se cuantificó el perjuicio, “(...) Pues como se reitera, la orden de colocación de los filtos, o del filto que resta por acomodar en uno de los homos de ta fábrica, no es el resarcimiento del daño causado sino que elo significa un mecanismo preventivo hacia el futuro ...”; y , por úllimo, que el pago de ta recompensa para el accionante no ha sido objeto de regulación específica, tema diferente del ejercicio propio de ta U0OVuO RRS. Exp. 4470 15 acción, en tanto que aquella, a ta cual alude el artículo 1005 en cita, proviene de la acción poputar que se ejercita por causa de la cuestión posesoria especial a que la norma se refiere. 4.3. Variados son pues los motivos expuestos por el Tribunal para fundamentar su posición. Y si hubiera de buscarse y reescribirse ese razonamiento que constituye el eje central de su argumentación, podría asegurarse que es aquel según el cual el artículo 1005 del Código Civil hace parte integrante

de tas acciones posesorias, de tal suerte que a la recompensa contemplada en el inciso 20. de dicho precepto, no habrá lugar cuando ta acción que alli se consagra sea utilizada, cua! sucede en el presente caso, para fines diferentes a los contemplados en dicha codificación ; puesto que, dice, si se reguió el ejercicio de la anotada acción poputar para lo atinente a ta conservación del ambiente, no se hizo lo propio con ta recompensa, que entonces sóto podrá deducirse cuando la acción se ejercita en razón de la cuestión posesoria especial, sin que resulte procedente su aplicación analógica en eventos como el litigado. Y para redondear su criterio, el juzgador aplicó el artículo 2360 del Código Civil (disposición que estima de carácter general), norma que prevé una indemnización a favor del actor que instaure una acción poputar que se encuentre fundada, "sin perjuicio de ta remuneración específica que conceda la ley en casos determinados”. Reconoció en tal virtud al demandante el derecho a ta indemnización, mas no a otro tipo de remuneración,

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000301 RRS. Exp. 4470 18 " arguyendo que esta última sólo sería pertinente "para el caso de higos posesorios.” 4.4. He allí entonces ta tesis del Tribunal; en la interpretación que hace de tas normas legales atrás referidas - que independientemente de su justeza no se puede tildar de absurda -, montó esa Corporación su fallo en la parte en que negó al demandante ta recompensa a que éste dice tener derecho con causa en ta acción poputar instaurada; naturalmente, ta situación

jurídica en comento es susceptible de un diferente entendimiento al que se dejó expuesto en la sentencia, y es claro que, como todo criterio, el del juzgador está sujeto a controversia; es factible intentar, eso es obvio, una diferente interpretación de los preceptos en cuestión, se puede incluso afirmar que la labor hermenéutica del Tribunal no fue ciertamente feliz, pero lo que sí no puede decirse es que en la base del fallo se encuentra un yerro de magnitud y gravedad tales que lo hacen inexcusable, pues cuando Q de tal fenómeno se habla, se dice de lo imperdonable, de una “... equivocación rayana en lo injustificado; esto es, cuando el desatino abandona, por decirlo así, los márgenes normales, y se presenta de una manera tan agreste, que nada, pero absolutamente mada, puede explicara” (C. S. de J. Sala de Casación Civil y Agraria. Sent del 7 de diciembre de 1995. Exp. 4364). 4,5. Dicho de otra manera, ta resolución que en este proceso se controvierte, que desde luego no surgió con menosprecio de ta situación fáctica, ponderada a la luz de los ordenamientos constitucionales y legales pertinentes, se torna 000302 w Corte Saprema de Justicia RRS. Exp. 4470 47 justificable no obstante los reparos que aquí se formulan en su contra; cuanto más si se tiene en cuenta que la puesta en vigencia de la Constitución de 1991, antes que entrar a unificar ta materia en tomo a las llamadas acciones poputares, lo que hizo fue incrustar dentro de una regulación que de por sí se caracterizaba

por su dispersión y complejidad, unos elementos de orden conceptual por completo novedosos en nuestra tradición legislativa, como fue ta distinción entre tas acciones colectivas y las acciones de clase o de grupo, cuyo desarrollo, para acabar de complicar las cosas, se confirió al legistador, sin que hasta la fecha ello haya ocurrido. Y a tal punto dicha temática se presta a discusión en el ámbito hermenéutico, que ta misma constituyó la columna vertebral de ta defensa esgrimida por la empresa Cementos Diamante del Tofima S.A. dentro de la acción popular impetrada en su conta, que ta involucró como ingrediente fundamental del debate; particutarmente ta adujo como “carencia de la acción”, sobre ta base de que “(...) resulta improcedente fundar acción de esta clase sobre normas anteriores a la decisión del constituyente de ordenar una y total regulación legistativa de tales procedimientos, a partir de cero”, apreciación sobre la cual se insistió en buena parte en la sustentación de ta apetación interpuesta contra el fallo de primera instancia. De su tado el demandante no fue ajeno a este medio exceptivo; frente a él contra-argumentó, ensayando una exégesis que finalmente compartieron tanto el a-quo como el tribunal. 000303 RRS.. Exp. 4470 18 4.6. La Corte Constitucional tampoco se marginó de analizar el punto, dada ta dificultad que de por sí apareja para el intérprete. Refiriéndose al tema expresó precisamente en una de tas múltiples decisiones que a este respecto profirió: “(...) También se desprende de lo anterior que las acciones poputares, aunque se enderecen a la protección y amparo

judicial de esos intereses y derechos colectivos, no puede establecerse ni ejercerse para perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular sobre ellos: para estos últimos fines el Constituyente erigió el instituto de las acciones de grupo o clase y conservó las acciones ordinarias o especiafizadas” (Sent. T-528/ 92). Criterio que igualmente dejó plasmado dicha Corte en falo T-163/93: “(...) La actividad contemporánea vino a recuperar la importancia de tas acciones populares para garantizar los intereses colectivos o difusos, como resultado, por supuesto, de motivaciones bien distintas a las existentes al momento de ta adopción del Código Civil, que se ha señalado, tenían por función más que restablecer perjuicios o daños, la de servir de ayuda a las autoridades públicas en la conservación y protección de los denominados bienes de uso público; propósito en el cual, los particulares se podían ver beneficiados con pagos equivalentes a un porcentaje del costo del restablecimiento del bien, a manera de recurso de fasticia 000304: RRS. Exp. 4470 19 auspiciatorio del legistador, en la protección de los bienes enumerados, por ejemplo, en el artículo 1005 del Código CiviP. 4.7. Y ya para terminar, considérese que a más de los razonamientos del tribunal que se dejaron analizados, quedan aún en pie aquellos otros argumentos que se refieren a la comprobación del daño, a ta demostración del monto del perjuicio, a ta precisión semántica con base en la cual no es posible predicar

identidad entre ta “orden” preventiva impartida con miras a evitar la contaminación ambiental, y ta subordinación lógica que existe entre ta recompensa autorizada por ta disposición en cuestión y los conceptos: “demoler”, “enmendar” y “resarcir”, apreciaciones sobre tas que por lo demás no se predica en ta demanda ningún tipo de error y que se ubican en el ámbito de la discreta autonomía e independencia del juzgador de instancia, lo cual mal puede conducir a afirmar que en forma total e inexplicable ta decisión escrutada se aleja de ta realidad del proceso; puede compartirse o no, pero en manera alguna se desgaja en el error descomunal que se le atribuye en la acusación.

5. Viene de lo expuesto que tas pretensiones aducidas en este proceso deben denegarse. Recuérdese por lo demás, que la excepción que ej demandado denominó en un principio prescripción y tuego caducidad, carece de fundamento. Del caso es, entonces, dar aplicación a lo que para el evento preceptúa el artículo 40 del C.P.C., imponiendo al demandante la muta alí prevista en cuantía de diez mil pesos, y además, la » a»

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