CSJ - SC11-02-1889 (GJIII, 66)

SENTENCIAS DEFINITIVAS NEGOCIOS CIVILES Corte Suprema de Justicia - Bogotá, Febrero diez y seis (16) de mil ochocientos ochenta y nueve (1889).

Vistos: — Bernardo Capurro, vecino de Buenaventura en el Departamento del Cauca, por medio de su apoderado, José María Calderón, estableció reclamación ante la Comisión de Suministros por la cantidad de dos mil doscientos cincuenta pesos ochenta centavos ($ 2,250-80), como valor de las expropiaciones que le hicieron los rebeldes en la ciudad dicha, en el mes de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco.

La Comisión, por resolución número 792, de fecha nueve de Octubre del año próximo pasado, reconoció á cargo del Tesoro y á favor del reclamante la cantidad de dos mil ciento treinta y dos pesos veinticinco centavos ($ 2,13225) y declaró comprendido el crédito en el ordinal 3. ° del artículo 2. ° de la ley 44 de 1886. Revisada esa resolución por el Ministerio del Tesoro, éste dictó la señalada con el número 212, y fechada el treinta y uno del mismo mes de Octubre, según la cual no pudo la Comisión de Suministros hacer el reconocimiento relacionado, declarando el crédito en la tercera clase del artículo 2. ° de la ley 44 de 1886, por Sentencia de 11 de febrero de 1889 cuanto la comprobación no aparece hecha con declaraciones de testigos, pues las que figuran en el expediente sólo tienden á dar valor á los documentos suscriptos por los titulados empleados de la revolución, que

no son los empleados legítimos á que se refieren los ordinales 1. ° y 2. ° del artículo 2. ° de la ley 44 citada. En consecuencia, dicho Ministerio improbó la resolución número 792 de la indicada Comisión, y absolvió al Tesoro de la República del pago de la cantidad reclamada. El apoderado de Capurro interpuso apelación de lo resuelto por el Ministerio del Tesoro, y el expediente fue remitido á la Corte por concesión del recurso. Oído el señor Fiscal especial, sin que se haya alegado cosa alguna por parte del apelante, aquél ha pedido la confirmación del fallo apelado, y la Corte, después de examinar minuciosamente el expediente, procede á dictar el que le corresponde. Constituyen los comprobantes de la reclamación los siguientes documentos: Una diligencia extendida por el titulado Jefe Municipal Salomón Posso, en la cual hace constar que asociado de su Secretario, Ricardo Escobar, y de Manuel José Bonilla y Marcos A. Velasco, que figuraban como avaluadores, tomó de un almacén del reclamante algunas telas, medicinas y 2 Sentencia de 11 de febrero de 1889 otros efectos para el sostenimiento del Ejército rebelde, por la cantidad de … $ 1,959 25 Copia de otra diligencia de expropiación de una res, hecha por el Alcalde, agente del titulado Jefe Municipal, avaluada en … 40 … Copia de otra diligencia de expropiación de veinticuatro bultos de sal, hecha por el titulado Administrador de Hacienda, quien los

estimó en … 133 … Un recibo del mismo Administrador por $25 recaudados en dinero como empréstito forzoso ....... 25 … Un recibo del Alcalde rebelde del Distrito de Córdoba por noventa y tres arrobas catorce libras de sal que tomó por expropiación, y que se estimaron en … 93 55 Suma … $ 2,250 80 Respecto de estos documentos no se hizo otra cosa que hacer reconocer las firmas de las personas que los suscribieron y abonar con otros testigos las de los que no pudieron practicar el reconocimiento. Como se ve, tales documentos no pueden considerarse comprendidos en ninguna de las tres clases enumeradas en el artículo 2. ° de 3 Sentencia de 11 de febrero de 1889 la ley 44 de 1886, que se ha venido citando: no en la primera, porque no se trata de contrato de compra celebrado ó aprobado por el Poder Ejecutivo ó por algún funcionario ó empleado autorizado para ello; no en la segunda, porque tales documentos no son recibos expedidos por los funcionarios públicos de que allí se trata, pues que esa disposición no puede referirse á funcionarios de los rebeldes, respecto de los cuales no podría obtenerse la autenticación de firmas que la misma disposición previene. Además, si los expresados documentos hubieran podido clasificarse como comprendidos en las clases 1.a ó 2.a del mencionado artículo 2. °, el interesado debió dar cumplimiento á lo ordenado en el Decreto Ejecutivo número 102, de 17 de Febrero de 1886, haciendo que fuesen cambiados por las respectivas certificaciones del señor Gobernador del Departamento del Cauca ó Presidente del

extinguido Estado; el hecho de no ocurrir el interesado á verificar el cambio, está probando que con tales documentos no podían obtenerse las certificaciones conforme al Decreto mencionado. Pero la Comisión de Suministros consideró, en la resolución que se examina, como comprendida en la clase 3.a del artículo 2. ° de la ley 44, la reclamación de que se trata, sin tener en cuenta que la expropiación de los efectos á que se refiere la diligencia que figura como primero de los documentos, al recibo de la sal que expropió el titulado Alcalde de Córdoba y el recibo del Administrador expedido por veinticinco pesos ($ 25), no están acreditados con 4 Sentencia de 11 de febrero de 1889 informaciones de nudo hecho rendidas con intervención del Agente del Ministerio Público; las declaraciones que obran de fojas 9 á 30 sólo prueban que las firmas de los titulados empleados fueron puestas por ellos, ya porque algunos han reconocido sus firmas, ya porque las de otros han sido abonadas; prueban que esos empleados figuraron como tales y que el precio de la sal expropiada era el de un peso cada arroba. No sucede lo mismo respecto de la expropiación de veinticuatro bultos con ciento treinta y tres arrobas de sal tomadas en Córdoba y una res tomada también por los revolucionarios, porque ellas están plenamente acreditadas con la información de los testigos contestes, Juan C. Meléndez, Lucindo Posso, Manuel José Bonilla y Aníbal Pagnamenta, que obra de fojas 39 á 41, declaraciones suscriptas por el Agente del Ministerio

público; y aunque este empleado no certifica la idoneidad de los testigos, tal idoneidad está comprobada con las certificaciones del Prefecto de Buenaventura y de los Representantes al Congreso, General José María Domínguez E. y Primitivo Crespo B. Además, tales expropiaciones figuraron en la relación jurada que el reclamante presentó al Gobierno del Departamento y que fue registrada en veintiocho de Enero de mil ochocientos ochenta y siete. Por consiguiente, el crédito comprobado con la citada información, sí está comprendido en la clase 3.a de las señaladas en el artículo 2. ° de la ley 44 de 1886, y debe por lo mismo ser reconocido. 5 Sentencia de 11 de febrero de 1889 Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la resolución del Ministerio del Tesoro que ha sido materia de la apelación, y declara á cargo del Tesoro Nacional y á favor del reclamante la cantidad de ciento setenta y tres pesos ($ 173), valor de ciento treinta y tres arrobas de sal á un peso ($ 1) cada arroba, y de una res estimada en cuarenta pesos ($ 40); y absuelve al mismo Tesoro del pago del resto de la cantidad reclamada. Notifíquese, déjese la copia respectiva, publíquese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente. Manuel A. Sanclemente. – Salomón Forero. – Ramón Guerra A. – Luis M. Isaza. – Froilán Largacha. – Antonio Morales. – Lucio A. Pombo. - El Oficial Mayor, encargado de

la Secretaría, Joaquín Esguerra O. La anterior sentencia fue publicada en la audiencia del once de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve. El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra 0. En catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión. 6 Sentencia de 11 de febrero de 1889 MARCELIANO VARGAS. — El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra 0. En diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor José María Calderón. JOSE MARÍA CALDERÓN. — El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra 0. 7