CSJ - SC12-104-1999 [5243]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA MAGISTRADO PONENTE : NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santafé de Bogotá, Distrito Capital, doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).-

Referencia: Expediente N° 5243

Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por JOMA LTDA. contra la sentencia de 18 de agosto de 1994, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario adelantado por MARTHA AGRIPINA GARCIA NARANJO contra la sociedad aquí recurrente y la

CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA

DAVIVIENDA.

ANTECEDENTES:

I. Solicita la demandante que con audiencia de los referidos demandados, se declare la resolución del contrato de compraventa contenido en la escritura No. 200 de 26 de enero de 1990, corrida en la Notaría 37 del Círculo de Bogotá, celebrado entre JOMA LTDA. como vendedora y MARTHA AGRIPINA GARCIA NARANJO como compradora sobre el apartamento 501 del edificio PASEO BOLIVAR

ubicado en la carrera 1a. No. 77-21 de esta ciudad y, en consecuencia, se declare la resolución del contrato de hipoteca celebrado entre la CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA como acreedora y MARTHA AGRIPINA GARCIA NARANJO como deudora, contenido en el mismo instrumento público; se ordenen por ende las restituciones mutuas "conforme a la ley", la cancelación en la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de la inscripción de la referida escritura; y se condene a las sociedades demandadas al pago de los perjuicios causados a la demandante y las costas del proceso.

II. El demandante apoya sus pretensiones en los hechos que seguidamente se resumen : a) El 8 de noviembre de 1989 JOMA LTDA. suscribió con MARTHA AGRIPINA GARCIA NARANJO contrato de promesa de compraventa que originó el otorgamiento de la escritura No. 200 del 26 de enero de 1990 en la Notaría 37 del Círculo de Bogotá, "cuyo objeto fue la compra del apartamento No. 501 del Edificio PASEO BOLIVAR, ubicado en la Cra. 1a. No. 77-21 de la ciudad de Bogotá, junto con el derecho de uso exclusivo de los garajes Nos. 9 y 10", inmueble alindado como se especifica en el libelo incoatorio. b) El precio acordado fue la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28'000.000.oo) M/CTE., que la demandante pagaría así : "a) la suma de NUEVE MILLONES ($9'000.000..) M/CTE., mediante instalamentos periódicos hasta el 30 de diciembre de 1989; suma ésta que le fue totalmente cancelada a la Vendedora; y b) El saldo, esto es, la suma de DIECINUEVE MILLONES ($19'000.000) DE PESOS M/CTE., mediante subrogación en la hipoteca, a prorrata, que en mayor extensión tiene la sociedad vendedora constituida en favor de la

CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA

DAVIVIENDA". c) En la promesa de compraventa y en la escritura que la perfeccionó, la sociedad vendedora manifestó expresamente que el inmueble objeto de tales convenciones "se encontraría y entregaría libre de gravámenes, pleitos pendientes, etc.", pero registrada la citada escritura de compraventa e hipoteca, en el folio de matrícula inmobiliaria se encontró inscripción de demanda ordenada por el Juzgado 22 Civil del Circuito, en el proceso ordinario de JOSE VICENTE MALAGON RONCANCIO contra JOMA LTDA., registrada el 7 de diciembre de 1989, quedando así demostrado el incumplimiento. d) La citada medida cautelar que tampoco fue advertida por DAVIVIENDA, fue lo que permitió el otorgamiento de la mentada escritura 24 días después. JOMA LTDA adeuda a la Corporación DAVIVIENDA algunos dineros por corrección monetaria e intereses, negándose ésta por ese motivo a liquidar el crédito a nombre de la demandante, "por lo que tal retardo implica incumplimiento de la Corporación, totalmente injustificado, dada la independencia de las relaciones jurídicas de cada una de las partes, motivo éste que fundamenta la causal subsidiaria de resolución del contrato de hipoteca demandada". e) En virtud de ese doble incumplimiento "tanto de la sociedad vendedora, por el gravamen, como del retardo de la Corporación en liquidarle el crédito subrogado, la demandante ha sufrido perjuicios materiales y morales.

III. Con oposición de las sociedades demandadas se

adelantó la litis y la primera instancia culminó con sentencia de 3 de agosto de 1992 proferida por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, la cual resultó ser desfavorable a la actora, pues se declaró probada "la excepción de mérito que formularon las demandadas, relacionada con la ausencia de incumplimiento de los contratos de compraventa e hipoteca", denegó las pretensiones y condenó en costas a aquélla.

IV. Contra dicha providencia interpuso recurso de apelación la demandante y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín la revocó (aplicación Decreto 2651 de 1991), y en su lugar dispuso: "a).- Decláranse imprósperas las excepciones propuestas por la codemandada Joma Ltda. "b).- Declárase resuelto el contrato de compraventa celebrado entre la sociedad Joma Ltda. y la señora Martha Agripina García Naranjo. "c).- Ordénase a la sociedad Joma Ltda. pagar, a la ejecutoria de esta sentencia, a la señora Martha Agripina García Naranjo la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.00), debidamente indexados, en la forma apuntada en la parte motiva. "d).- Ordénase a la señora Martha Agripina García Naranjo restituir, a la ejecutoria de esta providencia, a la Sociedad Joma Ltda. el bien inmueble materia del proceso, en la forma anotada en la parte expositiva. "e).- No se accede a la pretensión de indemnización

de perjuicios reclamados por la demandante en contra de la codemandada Joma Ltda. "f).- Absuélvese a la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda Davivienda, de las pretensiones de la actora. "g).- Inscríbase esta sentencia en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santafé de Bogotá, D. C., en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 050-1152006 y efectúense las anotaciones pertinentes por el señor Notario 37 de la misma ciudad, en la escritura pública Nro. 200 del 26 de enero de 1990, respecto de la resolución de la compraventa de que allí se trata. "2º.- Costas en ambas instancias a cargo de Joma Ltda. y en favor de la señora Martha Agripina García Naranjo. Liquídense. "3º.- Condénase a la señora Martha Agripina García Naranjo a pagar a la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda, las costas causadas, en ambas instancias, con ocasión de este proceso." LA SENTENCIA IMPUGNADA: Referidos por el ad quem los antecedentes del litigio y situado en el campo de las consideraciones, comienza por señalar los presupuestos de la pretensión resolutoria y acomete el análisis de cada uno de ellos, encontrando acreditado el de contrato bilateral válido. Pasa al estudio del incumplimiento del contrato por parte del demandado y precisa cuales son las obligaciones del vendedor. Luego transcribe la cláusula cuarta de la escritura que recoge la convención celebrada entre los contendientes, en aras de precisar que ese "es el compromiso materia

del litigio, cuyo incumplimiento se predica...". Seguidamente anota que "la obligación que se predica en la cláusula referenciada es significativa de que la compradora sólo tiene interés en el negocio que celebra con Joma Ltda. en la medida en que a la par con la entrega material y jurídica su vendedora le garantice la posesión pacífica y tranquila del bien adquirido; lo que de acuerdo con lo pactado se hace exigible inmediatamente a la celebración de la venta. Por ende, la circunstancia de que sobre el inmueble objeto del anotado contrato pese una inscripción de demanda anterior al mismo, contraría dicha disposición contractual y patentiza el incumplimiento de una de las obligaciones contraidas por la vendedora, estructurando argumento legal justificativo para promover la resolución del contrato de compraventa que vincula a la demandante Martha Agripina García Naranjo y a Joma Ltda.", a lo cual añade "que la actora atendió al cumplimiento de las obligaciones contraidas en el contrato de compraventa cuya resolución se pretende". Pasa luego al análisis de cada una de las excepciones perentorias propuestas por JOMA LTDA. y frente a la de que "Joma no incumplió el contrato de compraventa", anota "que era obligación de la vendedora percatarse personalmente de la real situación jurídica del inmueble antes de adquirir el compromiso a que refiere la cláusula cuarta del contrato; sin que se encuentre establecido en el proceso su imposibilidad absoluta para conocer el dato en referencia, por lo que no desvirtuándose, por ende, la culpa presunta de la demandada, ha de considerarse que es infundada la excepción en comento".

Agrega que "el hecho de que la entrega del inmueble se haya efectuado con anterioridad a la inscripción de la aludida medida cautelar, argumento que estructura la segunda excepción de mérito propuesta por la accionada, es irrelevante frente a la conducta de incumplimiento que se endilga particularmente en relación a la obligación contraida en la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. Se trata de deberes contractuales independientes, asumidos por la demandada con ocasión de cada contrato, para dar lugar a la realización de los objetivos jurídicos trazados por sus celebrantes; concretamente en la compraventa discutida, adquirir el comprador el uso, el goce y la disposición del bien que constituye su objeto, en forma pacífica y tranquila, como contraprestación al pago del precio a que se obliga con el vendedor". En relación con la excepción "la demandante renunció tácitamente a la condición resolutoria", señala que la cláusula quinta que le sirve de soporte no es de recibo, dado que lo en ella expresado "es coherente con la manifestación hecha por la vendedora en el contrato de compraventa, aparte 4o., en el sentido de que el bien se encontraba libre de 'pleitos, servidumbres, censo, usufructo, anticresis, condiciones resolutorias de dominio, embargos...', condiciones garantizadas por Joma Ltda, conforme a las cuales es obvio que no se advertía condición resolutoria del dominio del bien hipotecado. En manera alguna este señalamiento puede entenderse en el sentido de renuncia a la condición resolutoria de un contrato diferente e independiente como

era el de compraventa celebrado con un tercero, así se encuentre plasmado en el mismo acto escriturario". Continúa con el estudio de las defensas y, en lo atañedero a la de imposibilidad del ejercicio de la acción resolutoria del contrato de compraventa, dice el Tribunal que es infundada, porque el art. 1548 del C. C. sobre la cual se pretende apoyar, es inaplicable respecto de la enajenación materia de la controversia, pues "lo único que no puede resolverse es el contrato de hipoteca relacionado, ya que la condición resolutoria no obraba en el documento adquisitivo del dominio del bien hipotecado...". De todo lo anterior deduce el ad quem la prosperidad de la pretensión resolutoria y entra a regular las prestaciones mutuas consiguientes, consignando que no hay "lugar a atender a la reclamación de perjuicios demandados en contra de la Sociedad Joma Ltda., por cuanto de acreditar su causación no se ocupó la demandante. Por último, analiza las pretensiones deducidas contra la CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA, encontrando que ellas "toman su causa en el incumplimiento que se predica de la sociedad vendedora Joma Ltda., por lo que, asevera, sería de ésta de quien la demandante podría pretender indemnización por tales conceptos". Agrega además que aún en el supuesto de que la liquidación del crédito subrogado registre alguna demora, o que el estudio de títulos hubiera tomado como base un certificado que no se ajuste a los reglamentos de la Corporación, lo cierto es que del perjuicio que la demandante invocó como consecuencia de

tales comportamientos, tampoco se da crédito en los autos, imponiéndose de todas maneras, la absolución de las pretensiones deducidas en contra de la entidad crediticia". EL RECURSO DE CASACIÓN Contra la sentencia de segundo grado interpuso, como se dijo, recurso de casación la sociedad JOMA LTDA. En la demanda respectiva el recurrente formula contra dicho fallo cuatro cargos, los tres iniciales dentro de la órbita de la causal primera del artículo 368 del C. de P.C. y, el último con apoyo en la quinta, de los cuales la Corte despachará en primer lugar el por yerro in procedendo y luego los restantes en el orden propuesto.

CARGO CUARTO: Se apoya en que se incurrió en la nulidad prevista en el num 6o. del Art. 140 del C. de P.C. por haberse pretermitido la oportunidad para la práctica de dos pruebas decretadas de oficio por la Magistrada Ponente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín.

Aduce la censura en síntesis, que en el auto que decretó pruebas de oficio en segunda instancia, se omitió señalar término para evacuarlas y que tampoco se tuvo "en cuenta el término de la distancia dadas las circunstancias especiales que originaron la remisión del proceso al H. Tribunal Superior de Medellín, con lo que se eliminó para los apoderados la inmediación necesaria con el expediente".

SE CONSIDERA: El motivo quinto de casación consiste en haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140 del C. de P.C., siempre que no se hubiere saneado, por lo que es

improcedente, como tantas veces lo ha sostenido esta Corte, una censura contra un fallo apoyada en tal causal si las irregularidades invocadas como constitutivas de nulidad no existen, o no están consagradas expresamente dentro de los motivos de nulidad adjetiva que enumera el citado precepto, o si estándolo y siendo saneables, fueron convalidadas por el consentimiento expreso o tácito de la parte afectada con ellas. De suerte que, para que tenga éxito la vía impugnativa extraordinaria contenida en el numeral 5 del artículo 368 del estatuto procesal civil, se requiere de la observancia de distintas reglas derivadas de los principios de trascendencia y de convalidación imperantes en nuestro sistema procesal en materia de nulidades procesales. De consiguiente, si el legislador por mandato de la Constitución Política (art. 29), para hacer efectivo el derecho de contradicción y la igualdad de las partes, establece las formalidades de tiempo, modo y lugar con sujeción a las cuales deben adelantarse los procesos, en guarda de tal garantía también regula de manera precisa y detallada lo atinente a las nulidades procesales, señalando con precisión las irregularidades específicas que las constituyen, quién puede alegarlas, cómo y cuándo, en qué eventos hay o no saneamiento y los efectos de la nulidad declarada. Así las cosas, las causales de nulidad que por regla general pueden invocarse no son otras que las consagradas en el artículo 140 del C. de P.C. a términos de lo dispuesto en el art. 368-5 ibídem; empero, para la prosperidad del recurso de casación es necesario que la

nulidad alegada no se encuentre saneada. Aludiendo a la particular situación contemplada en el numeral 6 del artículo 140 ídem, ha sostenido la Corte que "...la omisión del término de pruebas, para que engendre nulidad, debe implicar un evidente cercenamiento del derecho esencial que asiste a las partes para pedir pruebas y para que le sean decretadas y practicadas, con notorio desconocimiento del fundamental derecho de defensa..." (G.J. T. CLXV, pág. 70), vale decir, que para que pueda fundarse un recurso de casación en un error de actividad procesal consistente en haberse omitido la oportunidad para recepcionar pruebas, es necesario que tal omisión produzca quebrantamiento del derecho de defensa. Como en este caso aconteció que el Tribunal de Medellín oficiosamente decretó las pruebas de que trata el auto de 25 de julio de 1994 (f.25, c. 5) consistentes en librar unas comunicaciones solicitando una información y pidiendo una certificación, evidénciase el fracaso del cargo por cuanto el motivo que denuncia el casacionista no configura irregularidad de aquella estirpe, porque no se cercenó el derecho de defensa, menos cuando se trataba de pruebas decretadas de oficio; además, aún admitiéndose en gracia de discusión que la circunstancia alegada constituye irregularidad de ese linaje, ésta no se reclamó oportunamente, con lo cual el recurrente la convalidó al haber actuado sin alegarla. Por tanto, el cargo no prospera.

CARGO PRIMERO: Mediante éste se acusa la sentencia del Tribunal de

infringir indirectamente los artículos 922 del C. de Co., 1880 y 756 del C.C. Del examen de dichos preceptos legales deduce la recurrente, al sustentar el ataque, que las obligaciones del vendedor de un bien raíz son la tradición de éste mediante la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el saneamiento de la cosa vendida y su entrega material; que el cumplimiento de estas obligaciones quedó acreditado en el proceso, pues la entrega se hizo constar en el contrato de tenencia, que, adicionalmente en la escritura de compraventa “la demandante declaró que tiene recibido real y materialmente el inmueble...” objeto de dicho contrato; que en los documentos visibles a folios 23 y 69 del cuaderno 1 aparece el registro de la escritura de compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; y que, en consecuencia, así debió declararla el Tribunal por estar “plenamente acreditado”, y no lo hizo, por lo que las normas mencionadas “simplemente no fueron aplicadas por el sentenciador”. Agrega que el hecho de estar inscrita una demanda al momento de efectuarse el registro de la escritura de compraventa, no le resta validez al registro, pues aquello no desvirtúa el título ni la condición de verdadero dueño del comprador ni coloca el bien fuera del comercio. Aduce, por consiguiente, que JOMA LIMITADA cumplió con las obligaciones que le imponían las normas legales reseñadas; que cuando el Tribunal dedujo que incumplió la obligación de entregar porque ésta debía hacerse “libre de pleitos” y en este caso mediaba la inscripción de

demanda, simplemente olvidó que la compraventa fue antecedida de contrato de promesa suscrito dos meses y medio antes, es decir el 8 de noviembre de 1989 y de contrato de tenencia celebrado el 2 de diciembre siguiente, y que por lo mismo estaba obligado a interpretar de consuno los 3 contratos y no atenerse simplemente a lo literal de la cláusula cuarta de la escritura de venta, de cuyo único examen “puede llegar a concluirse” que JOMA LIMITADA asumió la obligación de entregar el inmueble libre de pleitos. Precisa que en la cláusula 3ª de la promesa de vendedora no contrajo esa obligación, sino que declaró únicamente que el inmueble “se encuentra libre de demandas civiles”; que la real intención de la vendedora fue garantizarle a la compradora la posesión pacífica y tranquila del bien y la de salir al saneamiento de la venta por evicción. Termina aseverando que “El hecho de que en las escrituras de compraventa, bajo formas distintas de redacción, se establece la situación jurídica del inmueble no implica sino el cumplimiento del requisito establecido en el art. 33 del Decreto 960 de 1970, pero jamás que el hecho de que aparezcan medidas cautelares desconocidas por el vendedor conduzcan a un incumplimiento de éste y a la obligación pactada en el contrato o establecida en la ley de traditar y, para el estatuto mercantil, de entregar materialmente el inmueble”, pues sólo conducen a consecuencias distintas de la terminación del contrato, como la del saneamiento por evicción; de lo cual deduce adicionalmente la violación del artículo 1618.

SE CONSIDERA: 1.- De conformidad con el artículo 374 del C. de P.C., el recurrente en casación debe exponer en "forma clara y precisa" los fundamentos de la acusación, cuestión legal que entre otras exigencias reclama, cuando se trata de la causal primera, la expresa mención de la naturaleza del error endilgado al sentenciador (probatorio de hecho o de derecho), si es que ésta no surge con claridad del desarrollo del cargo, pues fuera de que se desconocería un perentorio mandato legal, la Corte no podría, dada la especial característica dispositiva de la casación, cumplir materialmente su misión. 2.- De este defecto técnico es que se resiente precisamente la acusación, pues la censura no señala expresamente si el yerro de que se duele es de hecho o por el contrario de derecho, ni ello emerge con la claridad deseada en el desenvolvimiento del cargo, pues al paso que asevera que el Tribunal olvidó que la compraventa fue antecedida no solamente por un contrato de promesa suscrito 2 meses y medio antes (8 de noviembre de 1989) sino por uno de tenencia celebrado el 2 de diciembre siguiente (error de hecho por preterición de esas pruebas), manifiesta al mismo tiempo que la totalidad de esos pactos no se interpretaron de conjunto para conocer las intenciones de los contratantes “y no simplemente atenerse a la forma literal de una cláusula como la cuarta de la escritura de compraventa” (error probatorio de derecho por inobservancia del art. 187 del C. de P.C.), con lo cual el recurrente confunde esos dos yerros, lo que sería suficiente en principio

para que la Corte se sustrajera de su estudio y lo desestimara de plano. 3.- Con todo, asumiendo que el cargo denuncia la comisión de un error fáctico por parte del Tribunal, la acusación resulta en este evento defectuosa porque habiéndose circunscrito a que la vendedora si dio estricto cumplimiento a las obligaciones de entrega, tradición y saneamiento previstas en la ley (art. 922 C. de Co., 756 y 1880 del C.C.), dejaron de combatirse los siguientes fundamentos fácticos del fallo del Tribunal, que le prestan apoyo cardinal: 3.1.- A más de las obligaciones de entrega o tradición y saneamiento a cargo del vendedor según la ley (art. 1880 C.C.), "a éstas se agregan las demás que contraigan las partes y unas y otras deberán ser atendidas en la forma estipulada en el contrato". 3.2.- Ejemplo de las últimas es la cláusula cuarta de la escritura de venta, en donde la vendedora se obligó a entregar el inmueble "...libre de pleitos...", compromiso que incumplió "con fundamento en la anotación del registro de la demanda...del proceso ordinario seguido por José Vicente Malagón Roncancio contra la sociedad Joma Limitada...", que era "exigible inmediatamente a la celebración de la venta". 3.3.- La obligación de la vendedora de entregar "...libre de pleitos...", pactada en la cláusula cuarta de la escritura de venta, "va más allá de refrendar la obligación legal de saneamiento para el caso de evicción..." previsto en la ley. 3.4.- La inexistencia de la inscripción de la medida

cautelar al celebrarse la promesa de compraventa no desvirtúa la obligación de la vendedora de "percatarse personalmente de la real situación jurídica del inmueble antes de adquirir el compromiso a que refiere la cláusula cuarta del contrato" de compraventa. No está probada la imposibilidad absoluta del vendedor en conocer esa circunstancia, y no se desvirtúa, por ende, su culpa presunta. 3.5.- La entrega anterior a la inscripción de la medida cautelar "es irrelevante frente a la conducta de incumplimiento" de la vendedora deducida en la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. "Se trata de deberes contractuales independientes, asumidos por la demandada con ocasión de cada contrato". 3.6.- Las obligaciones de la actora de pagar intereses y corrección monetaria respecto del saldo del precio ($19’000.000) mientras se producía la subrogación de Davivienda, no queda recogida en la escritura de venta sino en el contrato de tenencia, pero así hubiese que considerarlas para efectos de la resolución deprecada, aún así sería de ver que “resultan obligaciones posteriores a la que debió atenderse por aquella (la vendedora) inmediatamente a la celebración de la compraventa”. 4.- De manera que aún en el entendimiento de estar frente a un ataque por yerro fáctico el cargo primero sería incompleto, pues se limitó, en esencia, a deducir que las pruebas preteridas por el Tribunal demuestran el cumplimiento de las obligaciones de la vendedora previstas en la ley (art. 1880 C.C.), cuando el ad-quem se salió de ese

marco normativo y situándose por fuera de él halló otras obligaciones diferentes a esas con fuente exclusiva en el acuerdo de voluntades contenido en la escritura pública de venta (v. gr. entregar el inmueble "libre de pleitos"), obligación esta última cuya independencia fue enfática en señalar el sentenciador respecto de otros pactos diferentes de las partes, que no obstante haberlos visto, no los apreció, al estimar que la compraventa se regía por sus propias cláusulas. Para ser completa y, por ende, ajustada a la técnica del recurso, la censura debió combatir, pues, la conclusión del Tribunal atinente a que la obligación de entregar "libre de pleitos" asumida por la vendedora en la susodicha escritura de compraventa, no era diferente a las legales impuestas por los artículos 922 del C. de Co., 756 y 1880 del C.C., y que esa obligación tampoco "va más allá de refrendar la...legal de saneamiento para el caso de la evicción", según lo aseveró en uno y otro caso el Tribunal; y combatir así mismo la conclusión de independencia predicada por dicho sentenciador del contrato de compraventa frente a los otros pactos que celebraron las partes. Esto no lo hizo la impugnante y, por lo mismo, la Corte, como lo ha dicho con insistencia, no tiene que ocuparse de otras consideraciones para desatender la censura. 5.- El cargo, por lo que viene de verse, no prospera. CARGO SEGUNDO Se acusa la sentencia de ser violatoria del artículo 1604 del Código Civil, a consecuencia de error de hecho en la apreciación probatoria. Al desarrollarlo el censor expresa que el Tribunal hizo

especial énfasis en que era obligación de JOMA LTDA, como vendedora, "percatarse personalmente de la real situación jurídica del inmueble antes de adquirir el compromiso a que se refiere la Cláusula Cuarta del Contrato", y en que "en el proceso no se encontró establecido su imposibilidad absoluta para conocer el dato en referencia", no desvirtuándose en consecuencia la culpa presunta de la demandada. A ese propósito hace ver que en el caso de autos la compraventa celebrada entre JOMA LTDA y MARTHA AGRIPINA GARCIA fue en beneficio recíproco de las partes, y que la responsabilidad que por ende pueden tener ellas es la leve". Luego observa que, si las pruebas dan cuenta que entre los contratos de promesa de compraventa -8 de noviembre de 1989-,y de compraventa -27 de enero de 1990-, transcurrió apenas un término de dos meses y medio, y si la inscripción de la demanda se realizó el 4 de diciembre de 1990 y JOMA LTDA. "sólo vino a enterarse del proceso que había promovido en su contra el señor JOSE VICENTE MALAGON RONCANCIO, y por ende de la inscripción de la demanda, a mediados del mes de febrero de 1990, o sea después de otorgada la escritura pública de compraventa...” el Tribunal de Medellín simplemente desconoció esos medios de convicción, por lo que estima “que la sentencia violó por error de hecho en la apreciación de esta prueba lo dispuesto en la norma antes mencionada (Art. 1604 del C.C.)", lo que excluye la pretendida falta de diligencia de JOMA LTDA. Añade que la excepción denominada “Joma no

incumplió el contrato de compraventa” ha debido declararse probada por el Tribunal, pues la razón que tuvo para no hacerlo fue la falta de apreciación de dichas pruebas, esto es el estudio de títulos hecho por Davivienda, la notificación efectuada a Joma Limitada del proceso ordinario iniciado por José Vicente Malagón Roncancio y la medida cautelar practicada dentro de él. Finaliza diciendo que no hubo la pretendida falta de diligencia de Joma Limitada en percatarse de la real situación jurídica del inmueble y, por el contrario se hallaba en imposibilidad de conocerla entre la fecha de estudio de títulos y la escritura de compraventa, porque no hubiera logrado obtener una nueva certificación de la Oficina de Instrumentos Públicos en ese intervalo.

SE CONSIDERA: Insistentemente esta Corporación ha pregonado que, cuando el recurso de casación está fundado en la causal primera, el examen de la sentencia recurrida debe centrarse a establecer, en función del control jurídico que ejerce la Corte, si la ley sustancial llamada a gobernar el caso concreto materia de la litis, ha sido o no observada por el fallador.

También tiene dicho, que el sentenciador ad quem goza de autonomía en la apreciación de las pruebas, por lo que no le es dado a la Corte en el recurso de casación, proceder a una nueva calificación del material probatorio, salvo haberse demostrado error de derecho o evidente yerro de facto que haya incidido en la decisión atacada, y por ende, en el quebrantamiento de la ley sustancial indicada en la censura. Por tanto, dado el carácter extraordinario y eminentemente dispositivo del recurso de casación, tratándose de la

causal primera, la confrontación entre la sentencia y la ley sustancial con miras a establecer la transgresión denunciada, queda limitada dentro del ámbito que el censor señale. Se alegó la violación del artículo 1604 del Código Civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de la prueba documental referente al contrato de promesa de compraventa, al contrato prometido, al folio de matrícula inmobiliaria y al acta de notificación personal, concretado dicho yerro en que no se tuvieron en cuenta las fechas de celebración de esos actos, ni la de inscripción de la demanda introductoria del proceso instaurado por JOSE VICENTE MALAGON RONCANCIO, ni la de notificación personal a JOMA LTDA., porque hubieran desvirtuado el actuar culposo achacado por el sentenciador a la vendedora, pero tal error no tiene configuración en el plenario, pues basta mirar que el Tribunal encontró el incumplimiento enrostrado a la sociedad vendedora precisamente en la cláusula cuarta de la escritura de venta y en la circunstancia de que sobre el inmueble materia de la compraventa reca