CSJ - SC14-09-1906- [011]

Sentencia C – SC – 011 de 1906 NULIDAD PROCESAL/ Remate realizado en juicio ejecutivo. REFORMA LEGISLATIVA/ Aplicación preferente de la norma posterior especial. VENTA EN PÚBLICA SUBASTA/Naturaleza. “…no obstante ser evidente que las ventas en pública subasta son de la naturaleza de los contratos, existen diferencias entre aquéllas y los contratos comunes de compraventa, que hacen que las disposiciones que rigen unas y otros no sean todas idénticas, y que, por lo mismo, las especiales de aquéllas no afecten a estos, y viceversa.” VENTA EN PÚBLICA SUBASTA/ Procedimiento judicial. “… Así, la venta forzada, como lo indica su nombre, se efectúa sin el consentimiento del deudor y aún contra su voluntad. La renuencia del deudor a satisfacer su obligación es lo que determina el procedimiento judicial, y seguida la traba ejecutiva se llega al remate de bienes, sin que medie acuerdo entre el dueño de ellos y el comprador. La especialidad de la venta supone reglas particulares y también condiciones para que esta se repute perfecta, que no son las comunes en los otros contratos.” JURISDICCIÓN/ La incompetencia no puede dar acción para un juicio ordinario después de terminado el ejecutivo.

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nros. 892 y 893

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL DEL DISTRITO

JUDICIAL DE

CUNDINAMARCA

PETICIONARIO:

Jesús Quintero; Pedro P. Bello; Simón Palacios; Julia Palacios y José Vicente Palacios

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO PORTOCARRERO Corte Suprema de Justicia, Bogotá, catorce de Septiembre de mil novecientos seis.

Vistos: El día siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y ocho falleció en esta ciudad, bajo memoria testamentaria, el Sr.

Francisco Sandino Sampedro. En su testamento manifestó que dejaba siete hijos legítimos, llamados Ignacio, Ángel María, Francisco de Paula, José Manuel, María, Concepción y Ana Rosa, a todos los cuales instituyó herederos. Dispuso además que la cuarta parte de sus bienes, de que podía disponer libremente, la destinaba a los menores Simón, Julia y José Vicente Palacios deduciendo de esta cuarta parte la cantidad de cien pesos ($ 100) que legó a la iglesia de Chaguaní. Entre los bienes que enumeró como suyos figura un terreno llamado El Placer, situado en jurisdicción del Distrito municipal de Chaguaní, perteneciente al antiguo Departamento de Cundinamarca; y al enunciar sus deudas declaró deber la cantidad de tres mil seiscientos diez y seis pesos ($ 3,616) a Zenón Sandino, deuda que constaba en escritura pública número 917, otorgada en la Notaría cuarta del Círculo de Bogotá el quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete. Los hechos anteriores resultan de los documentos que constituyen las fojas 8 a 21 del cuaderno 1°, 7º del cuaderno 2° y 11º a 13º del cuaderno 7° El acreedor Zenón Sandino cedió su acreencia a favor de

Gabriel Sandino, quien a su vez la traspasó a Pastor Rubio. Este, para hacerla efectiva, inició, por medio de apoderado, ante el Juez 2° del Circuito de Guaduas un juicio ejecutivo dirigido, contra los herederos del deudor finado, a quienes por petición del actor, se les nombró un defensor, por haberse dicho en la demanda que eran personas inciertas y desconocidas. Adelantado dicho juicio, remató la finca de El Placer, que había sido embargada, Pedro P. Bello, y dos años más tarde vendió este la misma finca a Jesús Quintero por escritura pública número 14, de nueve de Enero de mil ochocientos noventa y cuatro, otorgada en la Notaría del Círculo de Facatativá. Comprueban estos hechos los documentos que se registran de fojas 23 a 30, cuaderno 1º; 17 a 25, cuaderno 4º, y 46 a 48, cuaderno 1º El juicio de sucesión de Francisco Sandino Sampedro se radicó en el Juzgado 3º del Circuito de Bogotá, y aún no ha terminado. Con fecha diez y siete de Octubre de mil ocho cientos noventa y ocho, seis de los hijos del finado Sandino Sampedro, y Simón, Julia y José Vicente Palacios, por medio de apoderado, iniciaron un juicio ordinario contra Jesús Quintero y Pedro P. Bello, rematador este y comprador posterior aquél de la finca de El Placer, para que, por sentencia definitiva, se hicieran estas declaraciones: 1. ª Que el remate de que se ha hecho mención es nulo;

2. ª Que es inválida la tradición que del terreno en referencia, su trapiche y demás accesorios se hizo a Bello; 3. ª Que la venta posterior de dicho inmueble verificada por Bello a favor de Jesús Quintero, que debe reputarse venta de cosa ajena, en nada perjudica los derechos que a los herederos de Sandino Sampedro les correspondían en él; 4. ª Que ni Bello ni Quintero han adquirido el dominio del inmueble ni derecho alguno sobre él; 5. ª Que dicho terreno pertenece con sus frutos y demás accesorios a la herencia de Sandino Sampedro y debe, por lo tanto, entrar en la masa partible de sus bienes; y 6.ª Que los demandados deben hacer a los actores, en su carácter de representantes de la herencia de Sandino, estas restituciones: Quintero, entregar con sus accesorios el inmueble mencionado, responder de los deterioros y pagar el valor de los frutos percibidos y de los que se hubieran podido percibir con medianas inteligencia y actividad desde que entró en la tenencia de la finca hasta el día de la restitución; y Bello responder de los deterioros y pagar el valor de los frutos durante el tiempo que estuvo la cosa en su poder.

Los hechos en que fundan la demanda los actores pueden concretarse así: a) Francisco Sandino Sampedro era dueño del terreno tantas veces citado, por haber comprado una parte de él a Aquilino Gaitán y otra a su hermano Zenón Sandino, por escrituras que se invocan en la demanda; b) El finado Sandino S., que falleció en esta ciudad después de la muerte de su consorte, otorgó testamento y en él instituyó

herederos a sus siete hijos ya nombrados y dejó a los menores Palacios la cuarta parte de los bienes de que podía disponer libremente; c) Pastor Rubio inició juicio ejecutivo en el Juzgado 2° del Circuito de Guaduas contra la herencia de Sandino S., cuyos representantes fueron reputados inciertos y desconocidos, alegando el carácter de cesionario, sin que se hubieran hecho a los herederos la notificación judicial del título ejecutivo ni las notificaciones de la cesión del crédito, y sin que aquéllos hubieran aceptado esta; d) El juicio expresado se siguió con un defensor que se nombró a los representantes inciertos de la herencia de Sandino Sampedro; e) El ejecutante Rubio y el rematador Bello tenían conocimiento de quiénes eran los herederos de Sandino S. y de quienes residían en Bogotá f) En el juicio ejecutivo precitado se señaló la hora de las tres de la tarde del veintiséis de Marzo de mil ochocientos noventa y dos para verificar el remate, y se expresó en los respectivos anuncios la hora de las dos de la tarde como última para admitir posturas; g) El remate se verificó cinco minutos antes de las tres de la tarde del mencionado día veintiséis de Marzo, y fue registrado el veinticuatro de Mayo subsiguiente; h) Hizo el remate Pedro P. Bello por insinuación de Rubio, y aquél tuvo conocimiento del modo como se había procedido en el juicio ejecutivo; i) Por medio de este remate se privó a la sucesión de Sandino Sampedro del terreno en cuestión y del establecimiento del

trapiche existente en él; y j) Bello vendió luego a Quintero la misma finca, y este hizo la compra con pleno conocimiento de los títulos por los cuales la había adquirido Bello. Como cuestiones o puntos de derecho que sirven de apoyo a la demanda, se plantearon los siguientes por los actores: Es nulo —dicen— el remate en referencia, 1º, porque fue ilegítima la personería del ejecutante, de los ejecutados y del defensor nombrado a estos, y tal ilegitimidad dependió de que Rubio demandó a la sucesión de Sandino Sampedro sin haber hecho notificar previamente a los herederos del deudor las cesiones del crédito, y por consiguiente sin que estos las hubiesen aceptado, por lo cual no podían producir efectos contra los herederos ni contra terceros (artículo 1960 del Código Civil) y por lo mismo el referido crédito debe considerarse aún existente en poder de los cedentes (artículo 1963 ibidem); 2º, porque tampoco se les notificaron a los herederos de Sandino los títulos ejecutivos, y con esta omisión se contravino a lo dispuesto en el artículo 1434 del Código que se viene citando; 3º, porque teniendo conocimiento el ejecutante Rubio, por haber intervenido en el juicio de sucesión de Sandino S., de quiénes eran los herederos de este, para Rubio no eran inciertos y por lo mismo no ha debido nombrárseles defensor, máxime si se tiene en cuenta que habiendo sido hecha la institución de herederos en escritura publica registrada, debe reputarse tal institución como acto público, en virtud de lo que

estatuyen los artículos 2517, 2576 y 2637, ordinal 2º del Código Civil; y 4º, finalmente, porque, aun admitiendo que los herederos de Sandino Sampedro hubieran sido realmente inciertos y desconocidos, el representante de la herencia en juicio tendría que haber sido entonces el curador de la herencia yacente, en defecto de albacea, y no el defensor que se nombró, pues tratándose de una herencia no es aplicable la disposición general del artículo 25 de la Ley 105 de 1890, sino las especiales que regulan esa materia, o sea los artículos 569 del Código Civil, 315 y 1237 del Código Judicial. Hacen consistir también la nulidad del remate en que — afirman — este careció de causa, porque respecto de los herederos de Sandino Sampedro el ejecutante no era acreedor, toda vez que a aquéllos no se les notificaron las cesiones del crédito ni fueron aceptadas por los mismos. Objetan asimismo la jurisdicción del Juez de Guaduas para conocer del juicio ejecutivo en el cual se verificó el remate, por dos motivos: el uno, porque en la escritura que sirvió de título ejecutivo no se estipuló lugar para el pago, y hallándose los herederos de Sandino Sampedro domiciliados en Bogotá, en esta ciudad debió hacerse efectiva la obligación; y el otro, porque debiendo ser el remate autorizado por un representante legal de los tradentes, el Juez que lo verificó careció de tal representación, ya por no tener jurisdicción para conocer del negocio, y ya porque fue ilegítima en el juicio la personería de ejecutante y ejecutados.

Por último, alegan como nulidad del remate, el hecho de no haberse verificado este conforme a las prescripciones de los artículos 1066 del Código Judicial y 210 y 211 de la Ley 05 de

1890. Para sostener este motivo de nulidad razonan así los actores: “Por auto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos noventa y dos, dictado en el juicio ejecutivo (folio 22, cuaderno 4°), se señaló la hora de las tres de la tarde para verificar el remate; de manera que virtualmente quedó fijada esa hora como la última en que se admitirían posturas, porque no se concibe cómo puede tener lugar un remate en determinada hora si en esa misma no se pudieran hacer posturas. “Dicho auto tenía que cumplirse porque era ley del proceso: el remate no podía celebrarse por consiguiente sino a las tres de la tarde, esto es, en el espacio de tiempo que transcurriera desde el momento en que el reloj arreglado al meridiano anunciara las tres hasta el momento en que anunciara la hora siguiente (artículo 15, Ley 100 de 1892); y en los carteles debía expresarse la misma hora de las tres de la tarde como la última en que se admitirían posturas

(artículos 1066 del Código Judicial y 210, Ley 105 de 1890). “El día del remate debió anunciarse por medio de pregones preparatorios que tenían que darse dos horas antes de la que en que debía verificarse el remate (artículo 211, Ley 105). “De autos consta que en los anuncios no se expresó la hora que debía expresarse como la última en que eran admisibles posturas; (se expresó la hora de las dos de la tarde folio 25,

cuaderno 4°); que los pregones preparatorios tampoco se dieron dos horas antes de la en que tuvo lugar el remate (entre este y el último pregón preparatorios no alcanzó a mediar una hora, y que el remate se verificó cinco minutos antes de la hora señalada (folios 26 vuelto y 27, cuaderno 1°); de modo que no se observaron las formalidades requeridas por los artículos 1066 del Código Judicial, 210 y 211 de la Ley 105 de 1890, que son formalidades peculiares del remate, o lo que es igual, que se han prescrito en consideración a la naturaleza de la venta en pública subasta: faltó, pues, también el tercero de los requisitos que he enumerado como indispensables para que la tradición transfiera la propiedad”. De esta demanda entró a conocer el Juez 2° del Circuito de Bogotá, quien la admitió y dispuso que de ella se corriera traslado a los demandados. Los últimos la contestaron oponiéndose en un todo a las pretensiones de los actores, por cuanto, en su concepto, al remate de que se trata no le afectan las causales de nulidad alegadas. Quintero denuncio el pleito a Bello, denuncio que fue notificado legalmente, y ambos contrademandaron la mortuoria de Sandino Sampedro, representada por los actores del juicio principal. Quintero pidió en su contrademanda, que en el caso de que se acceda a lo solicitado por los demandantes, se condene a la sucesión ya dicha a que le pague cincuenta y seis mil seiscientos pesos ($ 56.600) y sus frutos, valor de las mejoras hechas por él en

el inmueble tantas veces citado, desde cuando entró en posesión regular de él (29 de Enero de 1894) hasta antes de Marzo de 1899; y en la contrademanda de Bello se pidió, que si se decretaba la nulidad del remate, se declarara que él (Bello) tiene derecho de retener la cosa rematada hasta que se le devuelva lo que pagó por ella y sus intereses al medio por ciento mensual, a cargo de quien haya causado la nulidad, y hasta que se le paguen las mejoras que puso en ella durante el tiempo que la tuvo en su poder, que en su concepto valen más de tres mil pesos, y sus correspondientes intereses. En apoyo de la demanda de Quintero se citaron los artículos 965, 966, 968 y 970 del Código Civil, y de la de Bello, los mismos más el 1081 del Código Judicial. A ambas contrademandas se opusieron los contrademandados, porque en su sentir, ni Quintero ni Bello tienen derecho de cobrar mejoras, caso de haberlas ejecutado, si se atiende a lo que dicen los incisos 5° y 6° del artículo 966 del Código Civil. Igualmente le fue desconocido a Bello el derecho de retención por él alegado, por no ser actual poseedor del inmueble, y el de restitución de la suma pagada por el remate, porque los herederos de Sandino Sampedro no la recibieron ni reportaron beneficio de ella; y para el caso en que se comprobase la existencia de las mejoras y que hubieran que abonarlas, manifestaron hacer uso del derecho que con el inciso 3° del artículo 966 ya citado, y pidieron

en consecuencia, que la condenación se limitara en tal caso, al pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiera más la finca al tiempo de la restitución, tomándose en consideración el valor que entonces tenía, tal como era cuando se remató. Planteando y concretado así el debate, se dio curso al juicio, y por sentencia de veintiocho de Agosto de mil novecientos tres fue decidido en primera instancia en el fallo cuya parte resolutiva dice así: “El Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara probadas las causales de nulidad alegadas por los demandantes, habidas en el juicio ejecutivo seguido contra la finca de El Placer, perteneciente a la sucesión del Sr. Francisco Sandino Sampedro, dichas nulidades consisten en falta de jurisdicción en el Juez que conoció de dicho juicio; ilegitimidad de la personería del defensor de los que se tuvieron como herederos inciertos, y por tanto no haberse notificado el mandamiento ejecutivo a los ejecutados; por consiguiente es nulo el remate por el cual se transmitía la propiedad al Sr. Pedro. P. Bello; y al Sr. Jesús Quintero a restituir a los herederos legítimos y legatarios del Sr. Francisco Sampedro, representados por sus apoderados, la finca de El Placer, por los linderos que se expresan en la demanda, con todos los útiles y accesorios que figuran en la diligencia de remate que en copia autorizada corre a fojas 23 a 30 del cuaderno número 1º; a responder de los deterioros y a pagar el valor de los frutos percibidos y de los que se hubieran podido

percibir con una actividad e inteligencia medianas, desde que entró en la tenencia de la finca hasta el día en que la entregue. “Al Sr. Pedro P. Bello se condena: a responder de los deterioros y valor de los frutos percibidos y de los que se hubieran podido percibir con mediana inteligencia y actividad durante el tiempo en que estuvo en su poder la finca, y a los demandantes se les condena a restituir a Pedro P. Bello la suma de cinco mil cuatrocientos pesos ($5,400) que dio por el remate de la finca mencionada, suma con la cual quedó cubierto Pastor Rubio de la acreencia que tenía en la mortuoria, ya como acreedor directo, ya como tenedor del título en que constaba que el testador Francisco Sandino Sampedro debía al Sr. Zenón Sandino. “Condenase en costas a los demandados”. Todas las partes apelaron para ante el Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca de la referida decisión, siendo entendido que cada cual, en lo que le era desfavorable. La segunda instancia se surtió previas las ritualidades ordinarias, y la respectiva Sala de decisión del Tribunal citado, determinó el recurso el seis de Agosto de mil novecientos cuatro, haciendo a su vez las declaraciones siguientes: “1ª. Es nulo el remate del terreno denominado El Placer, situado en jurisdicción del Distrito municipal de Chaguaní y deslindado así: ‘por el Poniente, desde la puerta de golpe, quebrada arriba, hasta dar al lindero de la tierra de Rudesindo Pava; de este, línea recta, hasta la zanja que da con el Totumito, con camino que va

para la sabana ; zanja arriba hasta encontrar la cordillera; zanja arriba hasta encontrar con la cordillera que sigue para Montefrio, hasta el Alto; de este, por toda la cordillera, hasta el monte, a encontrar el camino que viene de la Sabana; este abajo hasta encontrar con la quebrada de La Porquera; esta abajo hasta encontrar la zanja de La Colorada; de esta a tomar la cordillera, a salir, línea recta, a un cerrito más alto que queda en la loma que mira al establecimiento; de este, por toda la cuchilla abajo, a dar a una zanja en donde hay una mata de guadua. Y zanja abajo hasta dar a la puerta de golpe, primer lindero’; y del trapiche y demás accesorios que expresa la respectiva diligencia, remate que verificó Pedro P. Bello ante el Juez 2° del Circuito de Guaduas el veintiséis de Marzo de mil ochocientos noventa y dos, en el juicio ejecutivo que siguió el Sr. Pastor Rubio contra la sucesión de Francisco Sandino Sampedro; “2ª. Es inválida la tradición que de dicho terreno, su trapiche y demás accesorios se hizo a Pedro P. Bello en virtud de tal remate; “3ª. La venta hecha posteriormente por Bello a Jesús Quintero del mismo terreno, por escritura número catorce, de nueve de Enero de mil ochocientos noventa y cuatro, otorgada en la Notaría del Circuito de Facatativa, no perjudica los derechos que a los herederos de Sandino Sampedro les correspondan en la finca; “4ª. Ni Bello ni Quintero han adquirido el dominio del inmueble

precitado, ni derecho alguno sobre él; “5ª. El terreno denominado El Placer, de que trata esta sentencia, por los linderos indicados y demás accesorios, pertenece a la herencia de Francisco Sandino Sampedro y debe entrar en la masa partible de sus bienes; “6ª. Restitúyase a dicha sucesión representada por los demandantes, dentro de treinta días, el tantas veces citado terreno de El Placer con las demás cosas que fueron comprendidas en el remate; “7ª. Quintero debe restituir además el valor de los frutos naturales y civiles de este terreno percibidos después de la contestación de la demanda, y, no solamente los percibidos, sino los que el dueño de la cosa hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, si hubiera tenido dicha cosa en su poder. El valor de ellos en cantidad liquida se fijará en juicio separado; “8ª. No hay lugar a hacer condenación alguna respecto de deterioros ni a declarar responsable a Bello de frutos; “9ª. Absuélvase a los contrademandados de los cargos contenidos en la demanda de reconvención de Pedro P. Bello; “10. Condenase a la sucesión de Francisco Sandino Sampedro, representado por los demandantes, a pagar a Jesús Quintero el mayor valor que haya adquirido el predio reivindicado, en virtud de las obras en que consisten las mejoras mencionadas en la demanda de reconvención de este, en relación con la época en que se verifique la restitución. Dicho valor, en cantidad líquida, se establecerá en juicio separado;

11. No hay lugar a hacer especial condenación en costas; y

12. Queda en estos términos reformada la sentencia de primera instancia, objeto del recurso de apelación”.

Notificada esta sentencia a las partes, todas interpusieron contra ella recurso de casación, y por tal motivo el proceso fue enviado a la Corte, en donde, habiéndose tramitado dicho recurso en legal forma, y siendo llegado el caso de decidirlo, a ello se procede. En primer lugar, se declara admisible el recurso respecto de las partes que lo interpusieron, que como ya se dijo fueron todas, porque la sentencia que se acusa fue pronunciada por un Tribunal del Distrito Judicial, en segunda instancia de juicio civil ordinario que versa sobre intereses particulares. Son aplicables al pleito las leyes nacionales que han regido en la República a partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; fue interpuesto el recurso en la debida oportunidad y por partes legítimas, y la cuantía del negocio, ya en la demanda principal, ya en la reconvención, excedía, cuando se instauraron, de tres mil pesos ($ 3,000). Al proceder la Corte a estudiar cada una de las causales de casación alegadas y cada uno de los motivos en que se funda cada cual, lo hará en el orden en que las partes manifestaron interponer el recurso, siendo de advertir que si alguna de dichas causales se considerare justificada, no habrá lugar a examinar las otras, pues así lo previene para el caso la parte final del artículo 59 de la Ley 100 de 1892. El apoderado de Jesús Quintero, uno de los demandados en la acción principal, fue el primero que interpuso el recurso de

casación en escrito dirigido al Tribunal sustanciador el diez y siete de Septiembre de mil novecientos cuatro. El mismo demandado en persona hizo la propia gestión el ocho de Octubre subsiguiente, y el recurso fue fundado ante esta superioridad en escrito del Dr. Gonzalo Pérez, apoderado especial de Quintero para la casación, el quince de Diciembre del mismo año. La parte de que se trata alega como causal de casación la primera de las consignadas en el artículo 2º de la Ley 169 de 1896, o sea, ser la sentencia violatoria de la ley substantiva, y cita como infringidas, la disposición general contenida en el inciso 1º del artículo 27 del Código Civil y la especial que se consigna en el artículo 1082 del Código Judicial. También dice que la sentencia recurrida adolece de la causal segunda del artículo citado, pues en ella se guardó silencio sobre uno de los puntos que fueron materia de la contrademanda. En relación a la primera causal, que, como se ha dicho habrá de estudiarse primero, afirma el recurrente, que los términos en que se halla concebido el artículo 1082 del Código Judicial son tan precisos, y el sentido en que debe tomarse tan claro, que al interpretarlo el Tribunal, como lo hizo en la sentencia recurrida, violó la disposición de carácter general del inciso 1º del artículo 27 del Código Civil, que dice: “Artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu....“ Y en cuanto al 1082 del Código Judicial, afirma, que la disposición prohibitiva que contiene, de carácter netamente civil,

fue violada por la sentencia, ya directamente al declarar nulo el remate después de haber admitido que para verificarlo se fijaron los anuncios y se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1060 a 1066 del Código Judicial, ya indirectamente, por haber interpretado el Tribunal de una manera errónea la parte final del mismo, al sostener que si bien es cierto que a un remate judicial en que el rematador haya cumplido con lo de su cargo no le afectan las causales de nulidad especiales del juicio ejecutivo con excepción de la tercera de las enumeradas en el artículo 916 del Código Judicial (hoy 2ª, artículo 127, Ley 105 de 1890), si puede ser invalidado por adolecer el juicio en que se verificó de una de nulidades que la ley ha erigido en comunes de todos los juicios. Como para saber si se violó la primera disposición legal que se dice infringida es preciso ante todo examinar si el articulo 1082 del Código Judicial es tan claro que excluya toda interpretación, y como, por otra parte, al afirmarse que la sentencia recurrida infringió la última disposición citada, se hace indispensable fijar la naturaleza y verdadero sentido de esta, la labor de la Corte, en orden a la causal de casación que se examina, se halla circunscrita al estudio de la referida disposición legal, cuyo tenor literal es este: “Artículo 1082. Ningún remate en que el rematador haya cumplido con lo de su cargo podrá anularse sino en juicio ordinario separado del juicio ejecutivo, y no afectaran el remate las nulidades del juicio ejecutivo con excepción de la tercera de las mencionadas en el artículo 916”.

El apoderado del recurrente en el escrito mediante el cual fundó el recurso analiza en los siguientes términos el artículo trascrito: “Primeramente, desde el punto de vista general de la gramática, y aun más, desde el especial de la lexigrafía, se ve claramente que en la disposición transcrita no hay absolutamente ninguna palabra que no sea castiza, o que siendo castiza sea impropia, o que siendo propia se preste a ser interpretada en un sentido distinto del natural y obvio. Tampoco puede decirse que haya términos técnicos que no sean los conocidos del derecho y en especial del procedimiento civil. “En seguida, desde el punto de vista especial de la sintaxis, se observa que la disposición copiada es verdadera oración que puede descomponerse en dos y hasta en tres proposiciones, que son: “1ª. Ningún remate en que el rematador haya cumplido con lo de su cargo podrá anularse sino en juicio ordinario; “2ª. El juicio ordinario en que se anule un remate será separado del juicio ejecutivo; “3ª. El remate en que el rematador haya cumplido con lo de su cargo no lo afectarán las nulidades del juicio ejecutivo, con excepción de la tercera de las enunciadas en el artículo 916. “Descompuesta así la disposición legal en que me ocupo, se comprende mejor, si cabe, la verdad y simplicidad de cada una de sus partes, así como la relación íntima que existe entre todas ellas, tendiente a expresar el pensamiento del legislador; y aquí llega el aspecto ideológico de la cuestión que casi se confunde con su aspecto gramatical, toda vez que las palabras, los juicios y las proposiciones no son otra cosa que la expresión del pensamiento.

“¿Qué es lo que el legislador ha querido con la expedición del precepto que entraña el artículo 1082 Código Judicial? Pues sencillamente que la venta forzada que se hace en un juicio ejecutivo por un Juez que representa al deudor y que debe presumirse conocedor de las leyes de procedimiento, no se anula cuando el comprador pague el precio dentro del término que se le señala, aunque el juicio esté afectado de nulidad. Y si hay una excepción a la regla, ella depende de que los hechos constitutivos de la excepción tengan una relación más íntima con la venta que con el juicio mismo. Hay también otra razón, y es que siendo en la mayor parte de los casos el comprador en subasta pública extraño al juicio ejecutivo, anular la venta por causa de nulidad del juicio, es hacerlo responsable de actos enteramente ajenos a su voluntad …” Es indudable que la disposición de que se trata, que constituye la reforma 34 de la Ley 46 de 1876 es de carácter civil, ya que en ella se declara por qué causas y de qué manera puede anularse un remate judicial verificado en juicio ejecutivo, que según la ley y como lo declaró la Corte en Acuerdo número 401, de 31 de Agosto de 1889, publicado en la Gaceta Judicial número 151, página 369, es de la naturaleza de un contrato de compraventa. Antes de que viniera la reforma en cuestión, y bajo la vigencia del antiguo Código, las nulidades de los juicios ejecutivos afectaba los remates que se verificaban en ellos, y aunque existía la disposición legal que daba al rematador derecho de retención sobre

la cosa rematada cuando se anulaba el remate, y entretanto se le restituía el precio y sus intereses, la situación de aquél era por demás precaria, puesto que las nulidades del juicio, que las más de las veces escapaban a su examen, podían acabar con su título. Tal reforma respondió a la necesidad que había de hacer estables las ventas forzadas para facilitarlas. Se necesitaba que el rematador en subasta publica y judicial, que no tenía el derecho de que se le saneara su adquisición, ni medios para averiguar si el juicio adolecía de irregularidades de aquellas que no se relacionan íntimamente con la venta, tuviera alguna seguridad de la estabilidad de su título y supiera de antemano por qué causas y de qué modo el remate podía invalidarse. De ahí los términos prohibitivos en que está concebido el artículo, “ningún remate podrá anularse,…. no afectaran el remate las nulidades del juicio ejecutivo, con excepción de la 3ª “…. y de ahí también, que dicho articulo sea de aplicación especial, porque si no lo fuera, no llenaría el objeto con el cual se trajo al Código. En contra de lo que se deja expuesto razona así la sentencia acusada: “A primera vista parece que con la frase que se ha subrayado (‘no afectarán al remate las nulidades del juicio ejecutivo’) se quiso significar