CSJ - SC19-06-1911- [018]

C-SC-018/1911 CONGRUENCIA – Aplicación “no es lícito al Juez apoyar su decisión en hechos comprobados en los autos, pero no alegados en la demanda. La ley quiere que ésta contenga necesariamente dos partes: en la una se determinan los hechos que le sirven de fundamento, y en la otra lo que se pide como consecuencia de esos hechos y de las disposiciones sustantivas que establecen el derecho entre las partes. El demandado, al contestar la demanda, tiene el deber de responder categóricamente sobre los hechos especificados en ella, de modo que al abrirse el juicio en virtud de la contestación, queden completamente circunscritos o determinados los puntos sobre los cuales va a versar el debate y ha de recaer la sentencia”. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA – Efectos “A este respecto observa la Sala que una cosa es la resolución del contrato de venta entre el vendedor y el comprador, y otra cosa enteramente distinta los efectos que esa resolución pueda acarrear contra terceros poseedores. Para saber si hay lugar a decretar la resolución, basta que se cumpla la exigencia del artículo 1930 del Código Civil, esto es, que el comprador esté en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo estipulados; de modo que los artículos 1547 y 1548 del Código Civil deben tenerse en cuenta en este caso, de acuerdo con el 1933, no para saber si hay lugar a la resolución, sino para establecer cuáles sean los efectos de esa resolución respecto de terceros”. NULIDAD - ¿Quién Puede Alegarla? “La prohibición de alegar la nulidad (artículos 1742 del Código

Civil, 15 de la Ley 95 de 1890) no se refiere sino al que ha celebrado el acto o contrato nulo, sabiendo o debiendo saber e! vicio que lo invalidaba, y en ninguna manera a las personas que han adquirido, a cualquier título, los derechos de aquél, es decir, a sus causahabientes, porque la privación de alegar la nulidad es una pena civil por la violación de la ley, y ella no debe alcanzar a quien no ha tenido parte en la falta a que el legislador impone esa sanción”. NO PAGO/SIMULACIÓN – No es por si motivo “que el no pago del precio de la venta, aunque en el instrumento del contrato se exprese el recibo, no es por sí solo motivo para dar por demostrada la simulación, sino un indicio de mayor o menor fuerza, según las circunstancias, que unido a otros indicios puede producir en el ánimo del Juez la convicción de que el contrato no ha sido real sino aparente”.

Demandante: Agapito Urueña G.

Demandado: Abraham Afanador

Magistrado Ponente: Dr. EMILIO FERRERO Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil. Bogotá, junio diez y nueve (19) de mil novecientos once (1911).

SENTENCIA Vistos: Sara Reyes otorgó escritura pública ante el Notario principal del Circuito de Ambalema el veinte de Diciembre de mil novecientos dos, bajo el número seis. En esa escritura hace la otorgante estas declaraciones: Que vende al doctor Abraham Afanador todos los derechos y acciones, tanto reales como personales, que a ella le correspondan o puedan corresponderle en la sucesión de su finado padre Clemente

Reyes, sin reserva alguna. Que se los vende con todas sus anexidades y productos naturales que le puedan corresponder, en la Cantidad de veinte mil pesos ($ 20,000), moneda legal, los que confiesa tener recibidos del comprador a su entera satisfacción en un pagaré u obligación, con las estipulaciones en él consignadas; una de las cuales es el pago del precio en los primeros quince días del mes de enero del siguiente año, o sea mil novecientos tres; pagaré que en oportunidad se examinará. Transcurrido más de un año del otorgamiento de la escritura de veinte de diciembre, sin que Sara Reyes hubiera recibido de Afanador parte alguna del indicado precio, según confesión de éste, aquélla otorgó a favor de Agapito Urueña G. escritura pública de venta de los mismos derechos y acciones vendidos a Afanador. En esta escritura, otorgada en Honda bajo el número noventa y nueve y con fecha doce de marzo de mil novecientos cuatro, Sara Reyes cedió además a Urueña las acciones que tenía la cedente contra Abraham Afanador, por causa del contrato que celebró con éste, y de que anteriormente se hizo mérito. Por libelo de demanda de veinticinco de Mayo de mil novecientos cuatro promovió Agapito Urueña G. contra Abraham Afanador el juicio ordinario que ha dado lugar a la presente sentencia; y en dicha demanda precisó el objeto a que tienden las acciones intentadas, en los términos siguientes: “Lo demando para que con su audiencia, y previa la sustanciación del correspondiente juicio ordinario, se declare, en primer término, nulo el contrato de compraventa que reza la escritura de fecha

veinte de diciembre de mil novecientos dos, otorgada ante el Notario del Circuito de Ambalema, del Departamento del Tolima, bajo el número sexto, la cual presento con este escrito. “En segundo lugar lo demando para que si fuere negada la precedente petición, se decrete la resolución de la venta que la señorita Sara Reyes le hizo al doctor Abraham Afanador por la citada escritura pública número sexto, otorgada ante el Notario del Circuito de Ambalema el veinte de diciembre de mil novecientos dos, de los derechos y acciones de dicha señorita en la sucesión por muerte del señor Clemente Reyes, padre natural de la misma señorita, por falta de pago del precio, y sea condenado el doctor Afanador al resarcimiento de los perjuicios que hayan sufrido la señorita Reyes y su cesionario el señor Agapito Urueña G. por la causa indicada, esto es, por no haber pagado el precio convenido, y a que restituya en su totalidad los frutos de los bienes de la sucesión, de los que se apoderó el doctor Afanador desde el momento en que se firmó por la señorita Sara Reyes la relacionada escritura de venta en favor de él, y según se me ha informado, desde antes del otorgamiento de dicha escritura. “En tercer lugar demando al doctor Afanador para que, si fuesen negados los dos capítulos inmediatamente precedentes de esta demanda, se decrete la rescisión del mismo contrato de compraventa de que se ha hecho mención varias veces, por lesión enorme; y “En cuarto lugar, demando al doctor Afanador para que en todo caso, es decir, sea cual fuere la petición a que se acceda, de las tres

que dejo formuladas antes de ésta, se le condene al pago de las costas del juicio que con el presente libelo de demanda promuevo”. Urueña hizo extensiva su demanda al General Nicolás Perdomo, por cuanto éste había adquirido de Afanador, según escritura de seis de Abril de mil novecientos cuatro, y á título de venta, los mismos derechos y acciones pertenecientes a Sara Reyes. La razón de la demanda de nulidad es que el contrato celebrado entre Sara Reyes y Afanador es ficticio o simulado, en concepto de Urueña, pues la Reyes no tuvo intención de vender a Afanador los indicados derechos y acciones. Se alega como consecuencia que el contrato carece de causa. La demanda sobre resolución del contrato se funda en la falta de pago del precio; y la de rescisión del mismo, por lesión enorme, consiste en que el precio de los objetos vendidos es con mucho inferior a la mitad del justo precio de ellos. El pleito se falló por el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia de treinta de julio de mil novecientos siete, de la manera siguiente: Se estableció que aunque la simulación de un contrato es motivo de nulidad absoluta de él, les es vedado a los individuos que han entrado en su celebración el ejercicio de la acción de nulidad, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 95 de 1890, por lo cual Sara Reyes carecía de derecho para ejercitar esa acción, pues había concurrido a la celebración del contrato cuya nulidad se solícita; y que, por lo mismo, Urueña a su vez carecía, como cesionario de la Reyes, del derecho de ejercitar dicha acción, por cuanto la cedente de

aquellas acciones y derechos hereditarios no podía transmitir un derecho que no tenía. Fundado en este razonamiento el Tribunal estimó improcedente la acción de nulidad ejercida por Urueña. Respecto de la resolución del susodicho contrato, el Tribunal declaró también improcedente la acción, por cuanto a la fecha de la demanda (mayo veinticinco de mil novecientos cuatro) era ya dueño de los memorados derechos el General Nicolás Perdomo, quien como tercero poseedor no estaba obligado a responder. Finalmente, el Tribunal consideró improcedente la acción de rescisión, porque el que vende derechos en una herencia sólo responde, dice, de su calidad de heredero, y el contrato es aleatorio. En consecuencia, los demandados fueron absueltos de todos los cargos de la demanda. El demandante ha interpuesto recurso de casación contra la mencionada sentencia, y alega las causales 1. ° y 2. ° del artículo 2.° de la Ley 169 de 1896. Sostiene el recurrente que la sentencia ha viola lado el artículo 15 de la Ley 95 de 1890, interpretándolo erróneamente, por cuanto niega a Urueña el derecho de alegar la nulidad del consabido contrato, no obstante el interés que en ello tiene por ser cesionario. Se sostiene igualmente que siendo nulo el contrato, en razón de ser simulado, el Tribunal estaba en el deber de declarar la nulidad. Se acusa también la sentencia de ser violatoria del artículo 1930 del Código Civil, porque este artículo concede al vendedor, cuando hay mora en el pago del precio, el derecho de demandar al comprador por la resolución del contrato, sin que obste para la resolución, respecto de Afanador, el que sea dueño de los bienes el

General Nicolás Perdomo. Asimismo se estiman violados los artículos 1946, 1947 y 1951 del mismo Código, que consagran y reglan el derecho de pedir la rescisión de los contratos. Finalmente, afirma el recurrente que la segunda causal de casación por él alegada proviene de que la sentencia guardó silencio sobre los demás puntos de la demanda. Como la sentencia acusada reúne todas las condiciones que exige el artículo 149 de la Ley 40 de 1907, y el recurso fue introducido en la oportunidad legal, procede la Sala a examinar las causales de casación invocadas, empezando por las del numeral 2.° de la Ley 169 de 1896, o sea la de no estar el fallo en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, pues si esta causal resultase comprobada, sería precisó devolver los autos al Tribunal sentenciador o al que la Corte estimase conveniente, a efecto de que dictara una resolución no deficiente. El fundamento en que se apoya esta causal de casación consiste en que el fallo dejó de resolver sobre motivos de nulidad del contrato entre Sara Reyes y Abraham Afanador, distintos de la simulación, a pesar de haber sido esos motivos objeto de la controversia. A esto observa la Sala: Que en la demanda que dio principio al presente juicio se intentó la acción de nulidad por causa de simulación y no por motivos distintos, pues las causales de nulidad a que se refieren los hechos fundamentales de la demanda sólo tratan de la simulación y ninguna de ellas se refiere a falta o deficiencia en el pago del impuesto de

registro, motivo este que no fue alegado sino con posterioridad a la demanda; Que la Corte tiene decidido que “no es lícito al Juez apoyar su decisión en hechos comprobados en los autos, pero no alegados en la demanda. La ley quiere que ésta contenga necesariamente dos partes: en la una se determinan los hechos que le sirven de fundamento, y en la otra lo que se pide como consecuencia de esos hechos y de las disposiciones sustantivas que establecen el derecho entre las partes. El demandado, al contestar la demanda, tiene el deber de responder categóricamente sobre los hechos especificados en ella, de modo que al abrirse el juicio en virtud de la contestación, queden completamente circunscritos o determinados los puntos sobre los cuales va a versar el debate y ha de recaer la sentencia” (Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, página 355, número 78); Que en tal virtud no violó la sentencia el artículo 16 de la Ley 39 de 1890, sobre derecho de registro, ni los artículos 1740 y 1741 del Código Civil, por haber omitido fallar acerca de la nulidad que se alega por falta de pago del impuesto mencionado en lo referente al poder y otras estipulaciones contenidas en la escritura número 6, de 20 de diciembre de 1902, ni ha incurrido, por lo mismo, en la causal 2.° del artículo 2.° de la Ley 169 de 1896, consistente en no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. Otra cosa sucede con la causal de casación consistente en haber violado la sentencia el artículo 1930 del Código Civil, por haber

negado a Agapito Urueña, cesionario de Sara Reyes, el derecho de exigir la resolución del contrato de venta celebrado entre aquélla y Abraham Afanador. Esta causal que el recurrente alega en el escrito en que interpuso el recurso y que amplió más tarde ante la Corte, la encuentra la Sala completamente acreditada en los autos. En efecto, el artículo 1930, cuya violación se acusa, dice lo siguiente: “Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio ó la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios”.

Ahora bien: reconoció expresamente el Tribunal sentenciador estar probado en el expediente que Abraham Afanador no ha pagado a Sara Reyes los derechos y acciones que compró a ésta, y reconoció asimismo que Agapito Urueña, como cesionario de la Reyes, tiene personería para demandar la resolución del contrato por no haber pagado el comprador el precio de la venta; y sin embargo se abstuvo el Tribunal de declarar la resolución pedida, con lo que infringió el artículo 1930 del Código Civil copiado antes.

Cierto es que el Tribunal, al proceder así, lo hizo fundándose en que los susodichos derechos hereditarios estaban, cuando se entabló la demanda, en poder de tercero, o sea de Nicolás Perdomo, y por estimar que en tales casos no tiene cabida la acción resolutoria; consecuencia que el Tribunal deduce de los artículos 1547 y 1548 del Código Civil, aplicables en virtud del 1933 de la misma obra. “Como la cosa vendida - dice la sentencia - pasó a poder de un

tercero y no se ha comprobado que se está en uno de los casos de que tratan los artículos 1547 y 1548 del Código Civil, no se puede decretar la resolución del contrato determinado en la demanda”. A este respecto observa la Sala que una cosa es la resolución del contrato de venta entre el vendedor y el comprador, y otra cosa enteramente distinta los efectos que esa resolución pueda acarrear contra terceros poseedores. Para saber si hay lugar a decretar la resolución, basta que se cumpla la exigencia del artículo 1930 del Código Civil, esto es, que el comprador esté en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo estipulados; de modo que los artículos 1547 y 1548 del Código Civil deben tenerse en cuenta en este caso, de acuerdo con el 1933, no para saber si hay lugar a la resolución, sino para establecer cuáles sean los efectos de esa resolución respecto de terceros. Así es que el Tribunal sentenciador, al decir que el contrato entre Sara Reyes y Abraham Afanador no podía resolverse por haber pasado a manos de tercero los derechos hereditarios que fueron objeto de aquel contrató, violó, por errónea interpretación, el artículo 1933, y por indebida aplicación los artículos 1547 y 1548 del Código Civil (violación esta última que ha sido también alegada), por lo cual debe infirmarse la sentencia, sin que sea preciso, según el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, que la Sala se detenga a hacer mérito de otra infracción de ley sustantiva que asimismo se observa en el fallo, y que fue igualmente motivo del recurso, relacionada con el derecho de demandar la nulidad absoluta, según el artículo 15 de la Ley 95 de

1890; materia sobre la cual volverá en breve la Sala, ya que a ésta corresponde ahora entrar a examinar las acciones que se han hecho valer en este juicio, una de las cuales es la nulidad, a efecto de que dicte el fallo que debe reemplazar a la sentencia recurrida, lo cual se procede a verificar, de acuerdo con lo mandado en el artículo 60 de la Ley 100 de 1892, y previas las consideraciones siguientes: Las acciones propuestas por el demandante fueron tres: nulidad, resolución y rescisión por lesión enorme, las cuales examinará la Sala en el orden indicado. 1. ° Nulidad. Sea lo primero establecer si en vista del artículo 15 de la Ley 95 de 1890 Agapito Urueña tiene acción para demandar la nulidad por simulación del contrato celebrado entre Sara Reyes y Abraham Afanador. A este respecto, la Corte Suprema de Justicia, interpretando el citado artículo de la Ley 95, ha declarado lo siguiente: “La prohibición de alegar la nulidad (artículos 1742 del Código Civil, 15 de la Ley 95 de 1890) no se refiere sino al que ha celebrado el acto o contrato nulo, sabiendo o debiendo saber e! vicio que lo invalidaba, y en ninguna manera a las personas que han adquirido, a cualquier título, los derechos de aquél, es decir, a sus causahabientes, porque la privación de alegar la nulidad es una pena civil por la violación de la ley, y ella no debe alcanzar a quien no ha tenido parte en la falta a que el legislador impone esa sanción”. (Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, página 538, número 273).

De acuerdo con esta doctrina, que la Sala considera legal, Urueña puede, por derecho propio, demandar la nulidad del contrato celebrado entre su cedente y Abraham Afanador. No podría reconocérsele esa acción si la ejercitase Urueña sólo en el carácter de cesionario de las acciones que Sara Reyes le transmitió contra Afanador, pues aquélla no podía traspasarle una acción que no tenia; pero la Sala entiende, no sin reconocer que los términos de la demanda no son al efecto suficientemente explícitos, que Urueña hizo valer para iniciar la acción, su carácter de comprador de los derechos hereditarios que Sara Reyes tenía en la sucesión de su padre, carácter que le da derecho propio para demandar la nulidad, según la doctrina de la Corte que anteriormente se citó. Por eso el Tribunal que falló en segunda instancia, al negar que Urueña tuviera la acción de nulidad, se apartó del recto sentido del artículo 15 de la Ley 95 de 1890; y es esta la infracción de ley a que se ha aludido en otro lugar de esta sentencia. Lo dicho anteriormente, esto es, que el cesionario Urueña no está privado de la acción de nulidad que ha ejercitado respecto del contrato Sara Reyes-Afanador, es con mayor razón aplicable al contrato Afanador-Perdomo. En cuanto a este último contrato no cabe duda de que el actor ejercitase la acción de nulidad por derecho propio, desde luego que las acciones que Sara Reyes le cedió fueron solamente las que tenía contra Afanador y no contra Perdomo, quien a la fecha de esa cesión no había comprado aún los derechos

hereditarios que Afanador le vendió y que han dado origen al presente juicio. Pero una cosa es que el demandante Urueña tenga la acción de nulidad, y otra cosa que la nulidad esté probada. Ahora bien: a juicio de la Sala no lo está, ni la que se alega respecto del contrato ReyesAfanador, ni la que se hace valer respecto del contrato AfanadorPerdomo. En efecto, para acreditar la nulidad por simulación del primero de estos contratos aduce el demandante como prueba varios indicios, a saber: a) El no haber pagado Afanador el precio de los derechos hereditarios comprados por él a Sara Reyes. Respecto de este indicio la Sala observa lo siguiente: La Corte tiene establecido ciertamente “que el no pago del precio de la venta, aunque en el instrumento del contrato se exprese el recibo, no es por sí solo motivo para dar por demostrada la simulación, sino un indicio de mayor o menor fuerza, según las circunstancias, que unido a otros indicios puede producir en el ánimo del Juez la convicción de que el contrato no ha sido real sino aparente”. (Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; página 570, número 387); pero en el caso de que al presente se trata no existen, como se verá por el examen de los demás indicios, hechos comprobados en el proceso, que unidos al no pago del precio, lleven al ánimo del juzgador la convicción de haber sido simulada la venta hecha por Sara Reyes a Abraham Afanador. Antes bien, se ve que el comprador, al firmar el documento que dio a Sara Reyes el día en que ésta le otorgó la escritura de los derechos y acciones hereditarios,

quiso asegurarse estipulando en dicho documento que la vendedora debía depositar el precio que él se obligó a pagarle, para el evento de que ella no pudiese entregarle los bienes de la sucesión de Clemente Reyes, lo cual revela que fue real y no aparente la estipulación de pagar dicho precio, y que el contrato no fue, por lo tanto, simulado. b) Que en la escritura número sexto, o sea en la de venta hecha por Sara Reyes a Afanador, dice aquélla que da poder a éste para reclamar los derechos vendidos, poder que no se explica si la venta fue real y efectiva. Tampoco es éste, a juicio de la Sala, indicio de simulación, si se atiende a que es de uso antiguo, aunque innecesario, en muchas escrituras de venta el expresar el vendedor que confiere al comprador el poder necesario para entrar en posesión de las cosas vendidas. La palabra poder en tales casos, como lo observa el apoderado de la parte no recurrente, no debe tomarse en sentido de mandato sino de facultad que adquiere el comprador, proveniente del contrato mismo. c) Que la venta fue hecha por veinte mil pesos en papel moneda, y se pactó que el mayor valor dé los bienes vendidos lo tomaría el comprador en pago de su trabajo y por los gastos que hiciese en reclamar los derechos hereditarios vendidos. Si la venta es real, dice el demandante, ¿por qué se le paga al comprador el trabajo que tenga y los gastos que haga en reclamar la cosa vendida? En la escritura número sexto se hallan en verdad las expresiones que el actor cita como indicio de simulación; pero este indicio, si lo es,

carece de gravedad a juicio de la Sala, pues al hablarse allí de pago del trabajo y de los gastos que el comprador hiciese, muy probablemente se quiso tan sólo explicar así la modicidad del precio convenido y prevenir cualesquiera reclamaciones posteriores de la vendedora en razón de la cuantía de tal precio. d) Que Afanador vendió los derechos hereditarios de que se trata a Nicolás Perdomo, con el visible objeto de poner la cosa vendida al amparo de este último como tercero poseedor y de extinguir la acción rescisoria por lesión enorme, lo cual, se dice, es indicio de la simulación. La Sala observa que aun cuando la venta hecha por Afanador a Perdomo está probada por el respectivo instrumento público, no hay confesión de parte ni otro elemento probatorio suficiente para deducir que tal venta fue hecha con los fines que indica el demandante, por lo que tampoco sirve este hecho para presumir la simulación del contrato Reyes-Afanador. Por lo que respecta al contrato Afanador-Perdomo, también ha sido tachado de simulación por el actor, quien para fundar su afirmación hace valer igualmente la prueba de conjeturas, señalando como tales los siguientes hechos: que no obstante la venta hecha a Perdomo ha seguido Afanador usufructuando la finca principal de la sucesión llamada Gramalotal, y administrando y disfrutando los bienes de la sucesión Reyes; que Nicolás Perdomo otorgó el mismo día de la expresada venta poder general a Afanador con relación únicamente a los bienes y negocios de la sucesión dicha; que Perdomo

no ha recibido frutos de la hacienda indicada, y que no ha pagado el precio de la venta. De los hechos que se alegan como presunciones para fundar la simulación, el primero no está probado en los autos. En efecto, interrogado Afanador en las posiciones que absolvió durante el término de prueba en la segunda instancia, “cómo es cierto que el absolvente ha seguido disfrutando de la hacienda de Gramalotal, perteneciente a la sucesión del señor Clemente Reyes y situada en jurisdicción del Municipio de Beltrán,” respondió que no es cierto. El hecho referido, negado como acaba de verse al absolver las posiciones, no fue demostrado por otros medios de prueba. Tampoco aparece comprobado en los autos el último de los hechos enumerados anteriormente como indicios, o sea el no pago del precio del contrato Afanador-Perdomo, pues se ignora si éste cubrió a aquél el valor del documento que debió entregarle como precio de la venta al tenor de la escritura respectiva. Y en cuanto a los dos hechos restantes que se aducen como indicios de la simulación, a saber, el poder conferido por Perdomo a Afanador el mismo día de la venta para administrar únicamente los bienes de la sucesión de Clemente Reyes, y el no haber recibido Perdomo frutos de los bienes de ésta, no los estima la Corte suficientemente graves, precisos y concordantes para fundar la declaratoria de simulación. No ha sido, pues, probada la acción principal, o sea la de simulación, y se pasa por lo tanto a examinar la segunda de las acciones propuestas en la demanda, esto es, la subsidiaria de

resolución del contrato celebrado entre Sara Reyes y Abraham Afanador. 2.0 Acción resolutoria. A lo expuesto tocante a la acción resolutoria cuando se examinó el recurso de casación en lo referente a esa parte de la sentencia recurrida, cabe agregar ahora las consideraciones siguientes: “Si el comprador - dice el artículo 1930 del Código Civil -estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta con resarcimiento de perjuicios”. El señor Agapito Urueña, cesionario de las acciones de Sara Reyes contra Abraham Afanador, optando por la resolución del contrato, ha demandado ésta. Debe, por lo tanto, la Sala examinar si hay lugar a decretarla. Sea lo primero hacer notar que la vendedora Sara Reyes cumplió las obligaciones que como tal vendedora le incumbían, de acuerdo con la escritura pública número seis de veinte de diciembre de mil novecientos dos, condición esa indispensable para que tenga derecho a la acción resolutoria originada por la falta de cumplimiento del contrato por parte del otro contratante. Para la Sala está plenamente probado que Afanador no pagó a Sara Reyes el precio de los derechos y acciones hereditarios que ella le vendió. La vendedora, en la escritura de venta número sexto, declaró, es cierto, recibido dicho precio; pero lo declaró recibido en un pagaré que le otorgó el comprador, y consta en los autos que esta obligación, la de pagar el valor de ese documento, o lo que es lo mismo, el precio de los derechos hereditarios vendidos, no ha sido satisfecha. Así lo reconoció el demandado en la contestación de la demanda y en las

posiciones rendidas en el término probatorio de la segunda instancia. Al absolver la pregunta cuarta del respectivo interrogatorio, dijo: “Que como lo expresó en la pregunta primera, no ha pagado los veinte mil pesos materia de la obligación que consta en el documento que corre á fojas cuatro del cuaderno principal, porque no se ha cumplido la condición en ella expresada”.

Ahora bien: es para la Sala evidente que no fue condicional la obligación contraída por Afanador en ese documento, cuyo texto es el siguiente: “Conste por el presente documento que yo, Abraham Afanador, mayor de edad y vecino de Bogotá, debo y pagaré a la señorita Sara Reyes la cantidad de veinte mil pesos ($ 20,000) en moneda corriente, en los primeros quince días del mes de enero del año próximo venidero.

Esta suma proviene del precio de la venta de los derechos que le corresponden como heredera de Clemente Reyes. La señorita Sara Reyes no podrá disponer de esta suma hasta tanto que al suscrito se le ponga en posesión real y material, por autoridad competente, de las especies o cuerpos ciertos que forman el haber de la sucesión del señor Clemente Reyes, para lo cual, Sara Reyes se compromete a poner en depósito o a interés con hipoteca la cantidad expresada, siendo para ella los intereses del capital una vez que a Afanador se le haga entrega real y material de los bienes que forman la sucesión de Clemente Reyes. Si los derechos de Sara Reyes, como hija natural, no fueren legales, entonces ésta devolverá a Afanador la cantidad de veinte mil pesos y los intereses que haya ganado tal suma. El presente

documento lo tomará Afanador una vez que haya puesto la cantidad antes expresada a la orden y disposición de la señorita Sara Reyes. Para seguridad del cumplimiento de sus obligaciones, Afanador da a la señorita Sara, como fiador solidario, al señor Antonio María Afanador. En constancia firmamos el presente, ante testigos, en Ambalema, a veinte de diciembre de mil novecientos dos. “Abraham Afanador - Antonio Maria Afanador - Testigos, Luís Abella - Cristóbal Abadía”. Se ve, por la trascripción hecha, que el pago se estipuló pura y simplemente para los primeros quince días del mes de enero de mil novecientos tres; sólo que se le impuso a la vendedora la obligación de no disponer libremente de la suma, sino ponerla a depósito o a interés con hipoteca hasta que al comprador se le pusiese en posesión real y material, por autoridad competente, de las especies o cuerpos ciertos que forman el haber de la sucesión del señor Clemente Reyes; pero esto mismo está demostrando claramente que era obligación del comprador pagar el precio en el término de los quince días señalados, pues sin ello, ni la estipulación de ese plazo tendría objeto alguno, ni sería posible que la vendedora cumpliera por su parte la obligación de depositar el precio. Es el caso, por lo tanto, de declarar resuelto el contrato ReyesAfanador con resarcimiento de perjuicios y de hacer las demás declaraciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley, y que hayan sido objeto de la demanda, acerca de lo cual debe la Sala exponer previamente lo que sigue: a) Al demandar el resarcimiento de perjuicios pidió el

demandante que Afanador fuera condenado a pagar los que hubiesen suf