CSJ - SC21-03-2000 [5198]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente

Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

Santafé de Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil (2000)

Referencia: Expediente No. 5198

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 23 de agosto de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, dentro de este proceso especial promovido por Sandra Janeth Basto Cañón en representación de la menor María Fernanda Basto Cañón, contra Henry Colorado Restrepo.

ANTECEDENTES

1. La parte recurrente demandó al señor Henry Colorado Restrepo, para que previos los trámites del proceso legalmente previsto, se le declarara padre extramatrimonial de la menor María Fernanda Basto Cañón, nacida el 14 de mayo de 1987. Consecuentemente se solicitó la correspondiente inscripción de la sentencia en el registro del estado civil.

2. Como causa de lo pretendido se afirmó:

JFRG. EXP. 5198 2.1. La señorita Sandra Janeth Basto Cañón, habiendo conocido al señor Henry Colorado Restrepo en el mes de mayo del año de 1986, tuvo relaciones sexuales con él el día 29 de agosto del mismo año, por una sola vez. 2.2. Como consecuencia de dicha relación, la citada quedó en estado de embarazo, lo cual comunicó al demandado, quien en una sola oportunidad colaboró con gastos para fines de hospitalización. 2.3. El 14 de mayo de 1987, nació una niña a

la cual se le llamó María Fernanda. 2.4. El 23 de agosto de 1989, la madre Sandra Janeth Basto Cañón procedió a registrar a la menor, inscribiéndola en el Registro del Estado Civil como María Fernanda Basto Cañón, y denunciando como padre de la misma al demandado, Henry Colorado Restrepo. 2.5. El señor Henry Colorado Restrepo por intermedio de su madre, señora Rosalba Restrepo y de su tía, María Lulú Restrepo ha suministrado mínimas cantidades de dinero para fines de mantenimiento de la niña. Además, luego de regresar de Estados Unidos, buscó a la madre de la menor para proceder a su reconocimiento, pero éste “no llegó a cristalizarse”, no obstante él y su familia aceptan públicamente el vínculo de consanguinidad con la menor. 2

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3. En la respuesta dada a la demanda, el demandado afirma que es absolutamente falso que haya tenido relaciones sexuales con la demandante el día 29 de agosto de 1986, ya que sólo se entrevistó con ésta el 2 de mayo de 1986, pero no la volvió ver. Señala que no es cierto que le hubiera ayudado a Sandra Janeth Basto Cañón, por intermedio de su madre o de familiar alguno. Como excepciones plantea la falta de causa para iniciar la acción, así como el hecho de no poder ser el padre de la menor.

4. Mediante sentencia de 11 de diciembre de 1992, el Juzgado Quinto de Familia de Santafé de Bogotá, declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la

parte demandada. Como consecuencia denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, por sentencia de 23 de agosto de 1994, confirmó la sentencia del a quo en cuanto negó las pretensiones de la demanda, aunque revocó el numeral que declaró probadas las excepciones propuestas por el demandado. 3

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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Se inicia el estudio del asunto ubicando la presunción en la cual la parte demandante finca la pretensión (Ley 75 de 1968, art. 6º., ord. 4º.), en armonía con el art. 92 del C. Civil. Seguidamente anota que según el Tribunal, la concepción de la menor tuvo lugar entre el 14 de julio y el 14 de noviembre de 1986, porque su nacimiento ocurrió el 14 de mayo de 1987. Sentadas las anteriores premisas, señala que “... del material probatorio recaudado no se vislumbra que entre la madre de la menor y el demandado hubiese existido un trato, comportamiento o conducta de los cuales se pueda inferir que entre ellos hubiere existido una amistad íntima, y ni siquiera una relación de simples amigos, ni mucho menos que la misma fuere de índole sexual, que es la que se requiere demostrar en una acción de la naturaleza de la que se analiza, ni para la época en que pudo tener lugar la concepción, ni aún con anterioridad a la misma.” En apoyo de lo afirmado, el Tribunal procede a analizar el acervo probatorio, así:

María Lulú Restrepo, tía del demandado, niega la relación que se le endilga a su sobrino, así como haberle dado 4 JFRG. EXP. 5198 dinero a la demandante. Aclara que le hizo un préstamo a Sandra Janeth Basto en atención a que la niña se encontraba enferma, préstamo que aquélla no ha cancelado. Conoció a la demandante en su almacén. Miguel Bedoya Restrepo, no hizo referencia alguna a trato personal y social entre demandante y demandado. Lo que le consta responde a la información suministrada por la actora. Martha Ruth Basto García, aunque no explica cómo llegó a su conocimiento, dijo haberse enterado que su sobrina estaba saliendo con el demandado, poco después de que su hermano instalara un almacén en el centro comercial en el que ellos se conocieron. Lo conoció en el mes de septiembre de 1986, cuando le comentó su sobrina que estaba embarazada de Henry, a quien le formuló la respectiva reclamación, negándole la imputación que sobre el particular se le estaba haciendo. Keitty Esther Nuñez Ruiz, señala que tanto a ella como a la actora, les fue presentado el demandado por una amiga común, en julio de 1986. Posteriormente los vio salir en varias oportunidades. El 29 de agosto de 1986, la demandante le contó que en la noche iba a salir con el demandado, sorprendiéndose porque al otro día la citada llegó a las 7 de la mañana, lo cual recuerda particularmente porque ese mismo día el papá le dio una golpiza a Sandra, añadiendo que como al mes

y medio ésta le comentó que estaba embarazada de Henry, lo que él negó pese a admitir que había estado con ella. El demandado le ayudaba económicamente a la demandante para sufragar los gastos del embarazo. Manifestó que solamente los veía salir, que no tenía conocimiento de cómo eran las relaciones entre ellos. 5

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Como bien se puede colegir de estas exposiciones, dice el Tribunal, los declarantes no deponen, precisa ni enfáticamente, sobre las pretensas relaciones carnales entre demandante y demandado, las cuales no pueden inferirse del trato personal y social entre los adversarios de la litis, pues dichos comparecientes en manera alguna hicieron referencia a este aspecto. Incurren sí en una serie de imprecisiones que contradicen abiertamente lo manifestado por la demandante en el libelo en cuanto a la época en que ésta conoció al demandado, pues mientras allí afirma que tal hecho tuvo ocurrencia en el mes de mayo de 1986, en el interrogatorio a que fue sometida cambia tal versión para asegurar que ello tuvo lugar el 29 de agosto de 1986, oportunidad en que dice haber tenido las relaciones sexuales con el demandado. A juicio del Tribunal, esta contradicción hace dudar de su credibilidad y la de las personas que citó a declarar. En contra de lo manifestado por la demandante en el interrogatorio, aparecen los testimonios de Stella Mafla y Alvaro Mantilla, quienes corroboran la primera versión, esto es, que demandante y demandado se conocieron el 2 de mayo de 1986, por haberlos presentado Stella Mafla, lo cual ésta recuerda especialmente porque al día siguiente cumplía años un hijo. A Alvaro Mantilla le consta que habían salido a

bailar, para luego de la fiesta cada uno dirigirse para su casa. Agrega que le facilitó a la demandante dinero para el taxi, 6 JFRG. EXP. 5198 procediendo luego a llevar al demandado a su casa, razón por la que se mostró extrañado con la imputación que a éste se le hace. Por lo demás expresa que después no volvió a ver a la demandante, ni le escuchó comentarios al demandado, mucho menos sobre colaboración para la menor. Posteriormente explica el Tribunal, que como no están demostradas las relaciones sexuales en la época exigida por la ley “el hecho resultante de que el demandado no concurrió al examen genético ordenado en el proceso y que se debería practicar por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ello constituiría un indicio leve, pero no grave, el cual no probaría la causal alegada consistente en las relaciones sexuales, pues si bien es cierto que ante los adelantos de la ciencia, dicho examen puede considerarse relevante para determinar la paternidad, no lo es menos que todavía no da el 100% de garantía para concluir que un individuo es el padre de otro. “Cuestión distinta hubiere ocurrido, agrega, si esa prueba (como la de las huellas digitales) fuera concluyente, sin margen de duda o error, porque ahí sí el indicio de no concurrencia sería grave y vehemente en favor de la declaratoria de paternidad y podría prescindirse, inclusive, de los otros medios de convicción, limitándose solo a la misma, pero como ese acontecer todavía no ha ocurrido, la prueba testimonial sigue siendo fundamental para demostrar dicha causal.

7 JFRG. EXP. 5198 “En cuanto hace referencia al trato que, según se afirma en el libelo, daba el demandado a la menor, a efecto de establecer la causal de posesión notoria del estado civil, comparte la Sala los razonamientos esgrimidos por el a quo al pronunciarse sobre este particular, pues en realidad de verdad de la prueba testimonial evacuada no se pueden establecer, ni siquiera inferir, de manera plena y fehaciente, los supuestos legales que la puedan configurar o estructurar, como tampoco el tiempo en que ellos tuvieron que acaecer, tal como acertadamente se consignó en el fallo cuestionado.” LA DEMANDA DE CASACION Dos cargos formula el recurrente contra la sentencia proferida por el Tribunal. El primero con apoyo en la causal 5ª. del art. 368 del C. de P. Civil, y el segundo con fundamento en la primera. En el mismo orden de su proposición serán despachados. PRIMER CARGO Según el recurrente el proceso en el que se profirió la sentencia impugnada, está afectado de nulidad por cuanto se incurrió en la causal de invalidez consagrada en el ord. 3º. del art. 140, pues se pretermitió íntegramente la segunda instancia para la demanda de investigación de la paternidad, “excepción hecha de la sentencia del a quo, en franca rebeldía y contrariando las disposiciones contenidas en el numeral segundo 8 JFRG. EXP. 5198 del parágrafo primero del artículo tercero del decreto 2272 de 1989; artículo tercero, numeral tercero del artículo 351 y artículo 355 del Código de Procedimiento Civil”.

Puntualizando el cargo, el recurrente dice que la causal de nulidad “encuentra su primera manifestación”, cuando por auto de 3 de agosto de 1990, mediante el cual el a quo resolvió los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos por la apoderada de la demandante “contra el auto que denegó la práctica del testimonio que rendiría Camilo Torres Vargas…, no concede el recurso de apelación por considerar que se trataba de un proceso de única instancia”. De igual manera acontece, sigue diciendo el impugnante, “con el auto de fecha primero de octubre de 1990, en donde el juzgador de instancia, niega la práctica de la prueba testimonial de la señora Rosalba Restrepo”. Como fundamento de lo expuesto, el recurrente luego de hacer referencia al decreto 2272 de 1989, para mostrar la creación de las Salas de Familia de los Tribunales Superiores y la competencia funcional a ellas atribuida, concluyó que en el caso “La negativa de acceder a segunda instancia, comprende toda e íntegramente la primera instancia, sin que pueda llegar a considerarse que la concesión de la apelación de la sentencia de primera instancia, hace parte de ésta y que por tanto no sea íntegra; por cuanto la apelación como acto procesal que es, constituye un acto de citación promovido por el recurrente y que dan inicio a la segunda 9 JFRG. EXP. 5198 instancia, por la ejecutoria de la concesión del recurso el superior asume competencia para conocer del asunto, objeto de impugnación.”

CONSIDERACIONES

1. Desde la propia expedición del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), uniformemente la

doctrina y jurisprudencia del país, vienen sosteniendo que uno de los principios que configuran el régimen de las nulidades procesales en el citado estatuto, es el de la especificidad, de conformidad con el cual las causales de nulidad del proceso no son otras que las que expresa y taxativamente haya consagrado la ley, que en principio aparecen descritas en el art. 140 del C. de P. Civil, pues además de conformidad con sentencia de 2 de noviembre de 1995 (Corte Constitucional), también lo es la prevista en el inciso final del art. 29 de la C.P. Como el señalado principio es refractario a la aplicación analógica, la interpretación de los motivos de nulidad es eminentemente restrictiva, de modo tal que su configuración exige plena coincidencia entre la hipótesis descrita por la ley y la situación de hecho (acción u omisión), constitutiva de la irregularidad.

2. Al tenor del art. 140 num. 3 del C. de P.

Civil, el proceso es nulo cuando se “pretermite íntegramente la respectiva instancia”. Este motivo de nulidad, sin duda alguna, 10 JFRG. EXP. 5198 se instituye como un instrumento para la protección del principio constitucional de la doble instancia (art. 31 C. P.), cuando la ley no lo ha excepcionado. Desde luego que el motivo de nulidad también debe entenderse como una tutela del derecho de defensa, pues la preterición de la instancia correspondiente, implica un estado injustificado de indefensión para la parte que teniendo derecho a un juzgamiento en sendas instancias, ve

vulnerado el derecho cuando sin razón se le excluye uno de los conocimientos y por consiguiente el respectivo juzgamiento, pues la pretermisión se puede dar en una u otra etapa del proceso, bien porque se omite la primera instancia, ora porque resulta abolida la segunda, teniendo ese derecho. Claro está, como igualmente lo ha predicado la Corporación, que la pretermisión que se instituye como causal de nulidad, no puede ser meramente parcial, sino total, o sea que debe comprender “íntegramente la respectiva instancia”, conforme se había dicho y lo expresa claramente la norma. En otras palabras, el desconocimiento parcial y momentáneo del derecho a la doble instancia, no se subsume en la hipótesis normativa, y por ende es ajeno al fenómeno de nulidad procesal que se viene examinando.

3. El recurrente alega que con “excepción de la sentencia”, las diferentes etapas del proceso se vieron privadas de la segunda instancia. Para tal efecto, invoca dos autos frente a los cuales no se surtió el recurso de apelación; circunstancia esta que aun cuando se aceptara como cierta,

11 JFRG. EXP. 5198 según se dejó analizado, no configura la causal de nulidad en comentario. Empero, frente a uno de los autos, el proferido el 1º. de octubre de 1990, vale la pena anotar, que tal providencia ni siquiera fue objeto del recurso de apelación, razón por la que mal puede el recurrente afirmar que con dicha actuación se le desconoció el derecho a la doble instancia. Por consiguiente, el cargo no prospera.

SEGUNDO CARGO

En este cargo se acusa la sentencia de “ser violatoria por falta de aplicación de las normas sustanciales contenidas en el numeral cuarto del artículo 6 y 20 de la ley 75 de 1968, artículos 5 y 6 del decreto 2737 de 1989, artículos 253, 262, 164 numeral segundo del artículo 411, 414, numeral segundo del artículo 457 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho y derecho cometidos por el Tribunal al apreciar las pruebas…” En desarrollo del cargo dice el recurrente que el Tribunal incurrió “en error de derecho”, al apreciar la declaración de la señora María Lulú Cortés de Mendoza en contravía a lo dispuesto por el artículo 219 del C. de P. Civil, puesto que ni en la demanda, ni en la contestación, ni en escrito posterior se pidió tal declaración, “por cuanto su nombre no aparece así expresado”, lo que hace que la prueba no sea de recibo, debido a que no reúne los requisitos del art. 219, porque el nombre es el que permite individualizar y distinguir a la 12 JFRG. EXP. 5198 persona. Tampoco podía el juez decretarla de oficio, pues no se daban las condiciones del art. 179 del C. de P. Civil. Además, no es claro que la persona de María Lulú Restrepo sea tía del demandado. La declaración de Miguel Bedoya Restrepo al ser apreciada por el juez de segunda instancia, “se cercena luego de que manifestara que recibió múltiples llamadas por parte del señor Henry Colorado Restrepo con destino a Sandra Janeth Basto”. Menciona el declarante a folio 27 “Solamente a través de las conversaciones telefónicas, en trato de absoluta

familiaridad personalmente no les que (sic) conocido otras fórmulas, salvo el día que Henry Colorado llegó (sic) a la niña al parqueadero y ella salió corriendo, le dijo papi y él la alzó”. Igualmente a folio 26 manifiesta “Solamente las múltiples informaciones dadas por la señora Sandra Janeth Basto, cuando hablaban por teléfono cuando se encontraban personalmente, y las informaciones de las relaciones estrechas entre ellos que existió según me informó la señora María Lulú, además me consta en forma personal cuando el señor Henry Colorado le visitó por dos ocasiones en el parqueadero Los Nutabes, en el cual se habían citado previamente para el señor Henry Colorado recoger la niña María Fernanda para sacarla a pasear”. En otro aparte dice: “La fecha no la recuerdo pero también fue a buscarla a mi oficina en compañía de otras dos personas a quien no conozco”. Igual manifestación hace el declarante cuando se refiere a la época en que la menor se encontraba enferma: “Recibí yo la llamada y doña María me pidió el favor de 13 JFRG. EXP. 5198 informarle a Sandra Basto que ya salía su sobrino Henry Colorado a llevarle dinero para la droga de la consulta de la niña, lo que según información de María Lulú de Sandra Basto y de la señora Clementina abuela de Sandra, así ocurrió…” De manera, dice el impugnante, que el ad quem incurrió en manifiesto error de hecho al no tener en cuenta todo el contenido declarativo del testigo. También incurrió en error de hecho el sentenciador al apreciar el testimonio de Martha Ruth Basto García, “pues manifiesta el juzgador que las exposiciones

vertidas por la declarante, a ésta nada consta, ni personal ni indirectamente o por interpuesta persona, no obstante a folio 67 de cuaderno de primera instancia y luego de manifestar que su compañero Maikol Nieto le prestó Diez mil pesos ($10.000.00) al señor Henry Colorado para los gastos de la menor María Fernanda, relata así su declaración: ‘…y muchas veces él le dejó plata con la tía de él, después, una vez yo la acompañé y Henry se encontró con Sandra y estuvieron en un restaurante y él le dio plata. Otro día una noche fuimos hasta la casa de él o sea de Henry, fuimos Sandra y yo, porque la niña estaba enferma y no había plata para llevarla al médico, nosotras lo esperamos pero no estaba y él llegó tarde y le dio unos dólares que no recuerdo cuanto. Ya después cuando él estuvo en Miami él le trajo una cantidad de ropa, una muñeca y también a veces estuvo enferma corrijo él en el apartamento cuando la niña estuvo enferma Henry fue con la mamá y le dejó plata para alimentos’, a folio 68 la declarante manifiesta ‘Me consta que ellos estaban 14 JFRG. EXP. 5198 saliendo juntos y que más o menos de agosto de 1986 mi sobrina Sandra quedó embarazada y me consta que Henry le dio dinero en varias oportunidades porque una vez la acompañé al centro comercial y otra vez a la casa y me consta de las cosas de los regalos que él trajo de Miami, ese día Henry llamó a Sandra y le dijo que se encontraran en la casa y luego ella llegó al apartamento con los regalos y a Sandra le trajo un perfume me consta también las veces que para la leche y los pañales

(sic.)”. En cuanto al testimonio de la señora Keitty Esther Nuñez, el Tribunal incurre en error de derecho al concluir que las versiones de ésta “son dudosas”, “toda vez que es la misma deponente quien manifiesta en su versión, lo siguiente: ‘si, lo conoció en mi presencia por no (sic) lo presentaron al mismo tiempo en julio de 1986’ y a renglón seguido dice: ‘él mantenía en el centro comercial pero hasta el día en que no lo presentaron, comenzaron a hablar y salir’ y en otro aparte del mismo folio 76 del cuaderno de primera instancia declara: ‘cuando le dio el cheque y en otra oportunidad cuando la niña una vez se enfermó, él fue al apartamento de la abuela de Sandra con la tía Lulú y le llevó unas medicinas y le entregó a la abuela la suma de tres mil pesos’”. Entonces, mal puede ella decir que le constara el trato entre la pareja, como parece exigirlo el Tribunal, cuando en ningún momento la declarante manifiesta que “departiera con ellos, sino que simple y llanamente les veía salir y hablar”. Para el Tribunal llegar a esa 15 JFRG. EXP. 5198 conclusión, “incurrió en el error de derecho al asegurar, lo que a la declarante no le consta.” Con relación a la declaración de Stella Mafla, el juzgador, dice el censor, incurre en error de derecho por infracción de lo preceptuado en el art. 183 inc. 1º. del C. de P. Civil, porque este testimonio no podía apreciarse, pues no fue aducido oportunamente y con las formalidades del art. 219 ibídem. En efecto, expresa, en la contestación de la demanda se

menciona “el prenombre “Stella”, sin que se indicara nombre alguno (apellidos) y menos aún su dirección. Sólo en memorial posterior, extemporáneo, se trata de enmendar el defecto, pero sin que ello se logre, se reitera, por estar fuera de término. También se predica error de derecho en la apreciación de la prueba recogida por comisionado, concretamente en el auto “en que se citó al señor Alvaro Mantilla obrante a folio 99 del cuaderno de primera instancia, pues como se puede observar no se cumplió con las exigencias legales consagradas en los artículos 220 primer inciso ‘si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará la citación de los testigos y fijará fecha y hora para la audiencia en que deban recibirse las declaraciones, dentro del término para practicar pruebas’ estas formalidades no deben omitirse ni por el juez que conoce de un asunto ni por el comisionado, máxime si se tiene en cuenta que el inciso segundo del artículo 33 del Código de Procedimiento Civil, señala ‘cuando la comisión sea para la práctica de una diligencia, no se 16 JFRG. EXP. 5198 señalará término para su cumplimiento; el comisionado fijará para tal efecto el día más próximo posible y la hora para su iniciación, en auto que se notificará por estado’, y como se advierte a folio 99 el juzgado comisionado no cumplió con esta formalidad y por tanto la prueba carece del requisito de la publicidad y aun así fue valorada y tenida en cuenta por el

sentenciador de segunda instancia, sin atender a la preceptiva que le indicaba que el decreto de la prueba no cumplía con las exigencias legales”. Incurre el sentenciador de segunda instancia “en error de hecho”, “al preterir los resultados del examen genético en cuanto hace a los sistemas o factores de análisis empleados ABO, MNSs, RH, DOFFY, porque toda vez que constituyen con la prueba ordenada en segunda instancia del sistema H.L.A. que permiten identificar a los padres de una persona. No tuvo en la cuenta los resultados del referido examen, siendo que, estos sistemas hacen parte, como lo hace la prueba de antígenos de histocompatibilidad, de las pruebas hematológicas de compatibilidad inmunogenética”. Luego de explicar en qué consiste este tipo de exámenes, argumenta el censor, que como ellas culminaron con un resultado positivo de “compatibilidad de la paternidad”, su inapreciación generó el error de hecho que se denuncia. De otro lado, señala el impugnante como error de derecho la calificación de indicio leve que el juzgador dio a la no comparecencia del demandado a practicarse la prueba de 17 JFRG. EXP. 5198 antígenos, en contrario a lo preceptuado por el art. 7 de la ley 75 de 1968. “Lo anterior obedece, dice, a que el indicio que califica el juzgador debe hacerse atendiendo las circunstancias que rodean la prueba. Por ello yerra el juzgador al calificarlo de leve, toda vez que, la actitud del demandado siempre fue rebelde y renuente a practicarse dicho examen, así agota toda la

primera instancia, al igual que la prueba ordenada en segunda instancia. Además existe el argumento en contra de lo expuesto por el sentenciador, ya que la misma prueba de H.L.A. implica que el demandado suele eludir la verdad, pues negarse injustificadamente a la práctica de la prueba debe calificarse como indicio grave, máxime si se tiene en cuenta que la prueba de antígenos de histocompatibilidad llega a presentar intrínsecamente más de un 90% de probabilidades de paternidad”. Para finalizar, procede el recurrente a hacer un análisis conjunto de la prueba, para concluir que luego de éste quedan “sin peso” las consideraciones que provocaron la negación de la paternidad. Así entonces, solicita la casación de la sentencia, para que en su lugar se acceda a lo pretendido.

CONSIDERACIONES

1. Reconociendo el derecho que asiste a todo hijo extramatrimonial para reclamar y obtener judicialmente la determinación de la paternidad, la ley 45 de 1936 reglamentó la acción de reclamación de la filiación extramatrimonial,

18 JFRG. EXP. 5198 estableciendo un sistema de libertad restringida en la averiguación de tal filiación al consagrar, en forma taxativa, los supuestos en los cuales resulta admisible declararla. En desarrollo del sistema en mención, el art. 6º. de la ley 75 de 1968, por el cual se modificó el art. 4º. de la ley 45 de 1936, indica una serie de presunciones a partir de las cuales es factible declarar judicialmente el vínculo de filiación señalado, entre las cuales se destaca, por interesar al presente asunto, la contemplada en su num. 4º., conforme al cual se

presume la paternidad natural y hay lugar a declararla, “... En el caso en que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales por la época en que según el art. 92 del C.C. pudo tener lugar la concepción”. Ahora bien, consciente el legislador de la dificultad que conlleva la demostración, mediante prueba directa, del hecho en el cual tiene estribo la aludida presunción, pues es algo tan ligado a la órbita íntima y personal del ser humano, que difícilmente puede ser percibido por terceros que den fe de su ocurrencia, admitió que a su comprobación se llegue por la vía de la inferencia y por ello erigió en hecho indicador del mismo, el trato personal y social de la madre y el presunto padre durante el período de tiempo indicado, trato cuya prueba debe ser inequívoca, ya que constituye el hecho conocido a partir del cual puede inducirse la relación carnal y como bien se sabe, “... la probabilidad está es en el hecho que se investiga, pero no en el conocido; por manera que no se trata 19 JFRG. EXP. 5198 de establecer que probablemente se presentó el trato personal y social, sino de establecer que efectivamente aconteció” (Cas. Civ. de 12 de mayo de 1992). En todo caso, es necesario tener en cuenta que las simples manifestaciones de aprecio, amistad o cordialidad que normalmente se ofrecen en las relaciones cotidianas, transitorias o duraderas, carecen de entidad para configurar el hecho indicador del trato sexual en el cual se cimienta la presunción en mención. Por el contrario, éste debe manifestarse en actos frecuentes, que por su especial significación de

intimidad, cercanía, afecto, fundadamente lleven a creer que quienes se los prodigan rebasaron los linderos de las relaciones atrás mencionadas para llegar al trato carnal. Como lo ha reiterado la doctrina de la Corte, se debe reflejar “... en hechos que por su propia índole, tangibles y perceptibles por los sentidos, reiterados y no esporádicos o momentáneos, manifiestos, fuertes y persuasivos, denotadores de lazos de especial confianza, apego, adhesión y familiaridad, pongan en evidencia que no han podido sino desembocar, por el grado mismo de causalidad que ofrecen, en el acceso carnal, porque precisamente son las que de ordinario anteceden a una unión semejante” (Sent. de 12 de mayo de 1990).

2. Como quedó consignado en el compendio del fallo impugnado, el Tribunal se negó a declarar el vínculo de filiación reclamado por la demandante, por no hallar la prueba de los elementos estructurales de las presunciones de

20 JFRG. EXP. 5198 paternidad natural invocadas, conforme al análisis que hubo de hacer sobre los testimonios rendidos por María Lulú Cortés de Mendoza, Miguel Bedoya Restrepo, Martha Ruth Basto García, Keitty Esther Nuñez Ruiz, Stella Mafla, Alvaro Mantilla y el interrogatorio de Sandra Janeth Basto Cañón, progenitora de aquella. Conclusión que combate el impugnador atribuyéndole al juzgador haber incurrido en error de hecho al apreciar los testimonios de Miguel Bedoya Restrepo y Martha Ruth Basto

García y en error de derecho en la ponderación de las declaraciones de María Lulú Cortés de Mendoza, Keitty Esther Nuñez Ruiz, Stella Mafla y Alvaro Mantilla. Examinado el contenido objetivo de las declaraciones de los dos primeros, con el propósito de constatar si en ellas y particularmente en los apartes cuya pretermisión acusa el censor, se descubren las relaciones sexuales entre la progenitora de la demandante y el presunto padre, en las cuales se apoya la primera de las presunciones de paternidad aducidas, se observa: Miguel Bedoya Restrepo, gerente de la empresa donde labora Sandra Janeth Basto Cañón, dijo conocerla desde noviembre de 1988 y a Henry Colorado Restrepo, desde mediados de 1989. Manifestó tener a éste como padre de la menor demandante, por “... informaciones de SANDRA y de la señora MARIA LULU” y por las conversaciones telefónicas que sostuvo con la niña, cuando llamaba a su progenitora, quien le indicaba a la pequeña que hablara con su 21 JFRG. EXP. 5198 papi. Aclaró que a María Lulú, quien es