CSJ - SC2154-2025

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente SC2154-2025 Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 (aprobado en sesión de trece de noviembre de dos mil veinticuatro) Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Se resuelve el recurso extraordinario de casación interpuesto por la convocante frente a la sentencia de 30 de octubre de 2024, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

ANTECEDENTES

1. El trámite declarativo previo.

1.1. Pretensiones. Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (hoy Baker & McKenzie S.A.S.; en adelante, B&M) pidió declarar que Olarte, Raisbeck y Frieri Ltda. (hoy Olarte Moure y Asociados S.A.S.; en adelante, OMyA) y el señor Carlos Reinaldo Olarte «realizaron actos constitutivos de competencia desleal (...) porRadicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 desorganización, violación de secretos, inducción a la ruptura contractual y desviación de clientela (...), de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 8, 9, 16, y 17 de la [Ley 256 de 1996]». En consecuencia, solicitó condenar a los convocados a pagar «los perjuicios ocasionados (...) por la realización de las

En consecuencia, solicitó condenar a los convocados a pagar «los perjuicios ocasionados (...) por la realización de las conductas desleales denunciadas (...), cuya cuantía estimo en una cifra superior a $1.000.000.000 o la suma que se demuestre en el proceso». 1.2. Fundamento fáctico. B&M es una firma dedicada a la prestación de servicios jurídicos. Su Departamento de Patentes es una unidad altamente rentable, que facturó USD 1.173.602 entre junio de 2002 y junio de 2003. Para ese entonces, operaba con ocho profesionales altamente especializados, que manejaban un portafolio de clientes multinacionales. Carlos Reinaldo Olarte dirigía ese departamento desde

1998. En 2002 fue promovido a socio local de B&M, obteniendo participación en las utilidades y acceso a información estratégica: planes de negocios, bases de datos de clientes, tarifas, contratos y expedientes en curso. La firma también financió su participación en seminarios y programas de capacitación, logrando posicionar su imagen como un referente en el sector de la propiedad intelectual.

Mientras ocupaba esa posición de confianza, el señor Olarte ejecutó un plan sistemático de competencia desleal. En primer lugar, constituyó en secreto la sociedad Olarte 2Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 Raisbeck & Frieri Ltda., con objeto social idéntico al departamento que dirigía. Lo acompañaron en esa empresa dos asociados de B&M: Ana María Frieri e Ian Raisbeck.

Raisbeck & Frieri Ltda., con objeto social idéntico al departamento que dirigía. Lo acompañaron en esa empresa dos asociados de B&M: Ana María Frieri e Ian Raisbeck. Posteriormente, aprovechándose de su posición de autoridad, indujo a la mayoría de los empleados bajo su dirección a renunciar simultáneamente a B&M y vincularse a la nueva firma. Dichas renuncias se presentaron el 7 de julio de 2003, con efectos a partir del 11 de julio siguiente. Y, por último, utilizando la información confidencial a la cual tenía acceso, promocionó sus servicios independientes entre la clientela de B&M antes de su propia desvinculación. Gracias a esa gestión irregular y coordinada, los clientes de B&M migraron masivamente a OMyA. El 14 de julio de 2003 –apenas tres días después de que las renuncias se hicieran efectivas– Pfizer solicitó transferir allí la totalidad de sus asuntos. Lo mismo hicieron GlaxoSmithKline (17 julio), Walker & Jocke (17 julio), Schering-Plough (30 septiembre), Forrester Ketley (24 octubre), D&PL International (17 noviembre) y Meilland Star Rose (22 diciembre). El Departamento de Patentes quedó, entonces, reducido a una sola abogada –Andrea Tobos, quien rechazó la oferta de Olarte–, perdiendo la mayoría de su capacidad operativa. La desarticulación se reflejó en una caída del 89% en la facturación anual, equivalente a USD 1.040.000 en ingresos. Además, la « reconstrucción» de todo el departamento exigió

desarticulación se reflejó en una caída del 89% en la facturación anual, equivalente a USD 1.040.000 en ingresos. Además, la « reconstrucción» de todo el departamento exigió inversiones elevadas en contratación, capacitación de personal y recuperación de la posición de mercado. 3Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 1.3. Actuación procesal. 1.3.1. Notificados del auto admisorio de la demanda, los convocados excepcionaron « inexistencia de actos de desorganización »; «inexistencia de actos de violación de secretos »; «inexistencia de actos de inducción a la ruptura contractual »; «inexistencia de actos de desviación de la clientela», e «inaplicación de la cláusula general de competencia». 1.3.2. Mediante fallo de 29 de junio de 2012, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró que los demandados «incurrieron en actos de competencia desleal de desviación de la clientela y desorganización ». Las demás pretensiones fueron desestimadas. 1.3.3. El Tribunal, en sentencia de 27 de agosto de 2013, modificó parcialmente lo decidido en primera instancia. De una parte, confirmó la existencia de actos de competencia desleal por desorganización empresarial, al considerar que el retiro masivo y coordinado del 87,5% del

instancia. De una parte, confirmó la existencia de actos de competencia desleal por desorganización empresarial, al considerar que el retiro masivo y coordinado del 87,5% del personal del Departamento de Patentes de B&M –ocurrido el 7 de julio de 2003– había provocado la desarticulación intempestiva de dicha unidad de negocios. En contraste, descartó la existencia de actos desleales de desviación de clientela. Aunque varios clientes migraron de B&M hacia OMyA, el Tribunal adujo que ello obedeció al reconocimiento de la experiencia y calidad profesional del 4Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 señor Olarte y su equipo, así como al deseo de los clientes de que fueran ellos quienes gestionaran sus asuntos.

2. Incidente de liquidación de perjuicios.

2.1. Pretensiones. En firme la sentencia estimatoria de segunda instancia, B&M presentó un incidente de liquidación, solicitando que se fijara el monto concreto de la indemnización « de los perjuicios que (...) tienen su causa en las conductas de competencia desleal cuya ocurrencia fue declarada por medio de la Sentencia (...) del 29 de junio de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmada parcialmente por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá». 2.2. Fundamento de la reclamación. B&M reiteró que las conductas de desorganización reconocidas en ambas instancias del trámite declarativo desarticularon su Departamento de Patentes, lo que la obligó a efectuar significativas inversiones económicas en la

reconocidas en ambas instancias del trámite declarativo desarticularon su Departamento de Patentes, lo que la obligó a efectuar significativas inversiones económicas en la contratación, formación y creación de un nuevo equipo de trabajo, así como a ejecutar estrategias de promoción orientadas a recuperar su posición comercial. Para sustentar su planteamiento, presentó una experticia elaborada por el contador público Rodrigo Naranjo Ramos, mediante la cual se demostraría que durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2000 y el 1º de julio de 2003 –los tres años previos a la renuncia colectiva–, 5Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 B&M invirtió $1.639.165.308 en «la promoción y consolidación del grupo de patentes liderado por Carlos Olarte», distribuidos así: salarios y honorarios profesionales: $1.452.901.568; desplazamientos y capacitaciones: $186.266.740, e inversiones en tecnología: $30.395.766. Partiendo de esta información, argumentó que la reconstrucción del Departamento exigía un desembolso semejante –$1.608.769.542– con el fin de recuperar las capacidades operativas y funcionales que existían al 7 de julio de 2003. Sin embargo, mientras los gastos se habrían mantenido relativamente estables, los ingresos percibidos experimentaron una caída drástica, disminución en el

capacidades operativas y funcionales que existían al 7 de julio de 2003. Sin embargo, mientras los gastos se habrían mantenido relativamente estables, los ingresos percibidos experimentaron una caída drástica, disminución en el rendimiento que imputó a los demandados. 2.3. Trámite del incidente. El incidente fue admitido mediante auto de 5 de marzo de 2014. Notificados, los convocados se opusieron al reclamo indemnizatorio, arguyendo que «no hubo perjuicios derivados del acto de desorganización endilgado, de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso y la sentencia del H. Tribunal (...), en tanto la demandante no demostró la existencia de daño derivado de tal desorganización, y cualquiera que hubiere probado obedecería a la desviación de clientela que ha sido declarada leal y legítima». 2.4. Sentencia de primera instancia. Mediante fallo de 26 de enero de 2024, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales denegó las pretensiones. 6Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 Sostuvo que los gastos reclamados como daño emergente correspondían al giro ordinario de la empresa y que no se logró probar el nexo causal entre el acto de desorganización y las pérdidas económicas alegadas como lucro cesante. SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal confirmó lo decidido por el funcionario de primer grado, tras concluir que «no existe un nexo entre el perjuicio cuantificado y las condiciones de tiempo y modo que rodearon la

SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal confirmó lo decidido por el funcionario de primer grado, tras concluir que «no existe un nexo entre el perjuicio cuantificado y las condiciones de tiempo y modo que rodearon la facturación de la incidentante para el lapso 2004 a 2007, sin que se pueda concluir que las deficiencias en la facturación (...) son consecuencia directa de la conducta desleal». Consideró que el dictamen pericial elaborado por el perito Marco Antonio Álzate Ospina no acreditaba la existencia de ningún sobrecosto derivado de los actos de desorganización. La experticia solo comparó el margen de beneficios de un cuatrienio previo al acto de competencia desleal (2000-2003) y otro posterior (2003-2007), sin establecer que la variación negativa correspondiera a un gasto adicional imputable al acto ilícito. Adicionalmente, precisó que « del valor de gasto para el intervalo julio de 2003 a junio de 2007 no se desprenden erogaciones excesivas en los que tuviera que incurrir Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda para que el Departamento de Patentes siguiera funcionando con normalidad». Por el contrario, quedó evidenciado que la demandante se limitó « a cancelar honorarios, nóminas, viajes al nuevo personal (...)», de manera que « no puede decirse que la 7Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 contratación del personal de reemplazo generó un sobrecosto; como

nuevo personal (...)», de manera que « no puede decirse que la 7Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 contratación del personal de reemplazo generó un sobrecosto; como tampoco puede calificarse [como tal] los gastos operacionales regulares». En lo que respecta al lucro cesante, consideró que existían serias deficiencias metodológicas en una segunda experticia, elaborada por el perito Juan Manuel Noguera. Este erró al asumir que el crecimiento de solicitudes de patentes ante la OMPI y la Superintendencia de Industria y Comercio se distribuiría automática y proporcionalmente entre los competidores según su participación, ignorando por completo las dinámicas reales del mercado. DEMANDA DE CASACIÓN Al sustentar su impugnación extraordinaria, la convocante formuló una sola censura, con apoyo en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso. CARGO ÚNICO B&M denunció la violación indirecta de los artículos 2341, 2343 y 2344 del Código Civil y 20.1 de la Ley 256 de 1996, «como consecuencia de haber incurrido [el Tribunal] en errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de los medios de prueba puestos a su disposición». Sostuvo que « lo procedente en el presente caso, debió haber sido declarar la responsabilidad civil extracontractual de los incidentados respecto del daño emergente causado por la conducta de competencia desleal de desorganización empresarial (...), de acuerdo con lo que resultó efectivamente demostrado (...) con apoyo en el trabajo

incidentados respecto del daño emergente causado por la conducta de competencia desleal de desorganización empresarial (...), de acuerdo con lo que resultó efectivamente demostrado (...) con apoyo en el trabajo 8Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 del perito Marco Antonio Alzate Ospina». En contraposición, afirmó que «no se discutirán los motivos que llevaron al H. Tribunal Superior de Bogotá a negar el reconocimiento del lucro cesante que igualmente fue objeto de demostración a lo largo del trámite incidental». Delimitado el objeto de la acusación, resaltó que el fallo impugnado se había cimentado en varias premisas erróneas. En primer lugar, adujo que la diferencia identificada entre las cifras del perito Alzate Ospina y del revisor contable Castellanos Correa obedeció a que ambos expertos trabajaron sobre ventanas temporales distintas. El primero utilizó exclusivamente el rango de la anualidad contable (1° de julio a 30 de junio), mientras que el segundo abarcó fechas más amplias. El Tribunal habría cercenado esa explicación, tergiversando las conclusiones del dictamen. De otro lado, «el Tribunal consideró, sin mayores explicaciones, que el daño emergente tenía que consistir en un sobrecosto entendido exclusivamente como una erogación excesiva, extraordinaria o, en otras palabras, como una erogación no prevista en el presupuesto de la demandante». Por tanto, «no advirtió que las conclusiones del peritaje realizado por el señor Alzate Ospina apuntaban y efectivamente

palabras, como una erogación no prevista en el presupuesto de la demandante». Por tanto, «no advirtió que las conclusiones del peritaje realizado por el señor Alzate Ospina apuntaban y efectivamente demostraron que la sociedad B&M, con ocasión de haberse encontrado desorganizada, incurrió en un costo improductivo », puesto que la convocante «tuvo que invertir más recursos de los que normalmente habría tenido que gastar para obtener los ingresos que efectivamente logró entre el 1º de julio de 2003 y el 30 de junio de 2007». También acusó al Tribunal de entender de manera restrictiva la noción de daño emergente, pues «es evidente que este concepto abarca la adquisición de créditos y de obligaciones, la 9Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 destrucción de bienes o activos, la realización de erogaciones imprevistas (...)». pero también puede referirse a « la asunción de costos que resultan improductivos, justo como ocurrió en el caso que nos ocupa, en donde, a consecuencia de la ineficiencia ocasionada por el hecho ilícito (la desorganización), tal y como lo explicó el perito Alzate Ospina, la demandante incurrió en una serie de costos o disminuciones de su patrimonio que no tuvieron su correspondiente reflejo en los ingresos». El anterior yerro conceptual habría llevado a que se desfigurara la experticia aportada como prueba, pues allí «en ningún momento se habló o se limitó el daño emergente específicamente

ingresos». El anterior yerro conceptual habría llevado a que se desfigurara la experticia aportada como prueba, pues allí «en ningún momento se habló o se limitó el daño emergente específicamente a alguna clase de sobrecosto», sino que se consideró «el valor de las inversiones en las que tuvo que incurrir para reposicionar y reestructurar su Departamento de Patentes; pero también todas las secuelas producidas por la ineficiencia que tuvo que soportar debido a la circunstancia de haber sido víctima de la desorganización». Así, al no haber comprendido correctamente el planteamiento del perito, el Tribunal pasó por alto que el análisis técnico «arribó a la conclusión de que el daño emergente de la demandante ascendió a la suma de $566.268.648 (expresada en pesos de junio de 2003), los cuales corresponden, estrictamente hablando, al monto de los costos improductivos en los que efectivamente incurrió B&M para conseguir los ingresos que realmente obtuvo en el periodo posterior al desmantelamiento del equipo de patentes». El ad quem tampoco tuvo en cuenta «que la desintegración del Departamento de Patentes fue seguida de un periodo difícil que se empleó en organizar de nuevo toda la práctica que anteriormente manejaba Carlos Olarte básicamente a su propio antojo y sin la injerencia de nadie más. De ahí que, a su salida, la situación hubiera 10Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 sido tan crítica y hubiera resultado tan difícil volver a retomar las labores, empezando por reorganizar la base de datos que anteriormente

10Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 sido tan crítica y hubiera resultado tan difícil volver a retomar las labores, empezando por reorganizar la base de datos que anteriormente el Dr. Olarte y su equipo utilizaban y conocían». Esa situación forzó a la sociedad recurrente a «incurrir en erogaciones que, por supuesto, pueden calificarse de ordinarias y comunes, y en ese orden de ideas, es cierto que tuvo pagar salarios, capacitaciones, cursos, etc., que antes del desmantelamiento del área igualmente tuvo que pagar. Sin embargo, todos esos, y otros gastos que realizó, no le significaron el mismo nivel de productividad, ya que, se reitera, en el entretanto, el esfuerzo principal estaba centrado en recoger, por así decirlo, los pedazos que quedaron; en reorganizarse para volver a operar a un nivel lo más parecido al anterior».

CONSIDERACIONES

1. Criterios de valoración de la prueba pericial. 1.1. De la autoridad del perito al rigor del método.

En la práctica forense tradicional, la valoración de la prueba pericial tendía a quedar reducida a un ejercicio de verificación de autoridad: ¿contaba el perito con las credenciales académicas apropiadas? ¿tenía trayectoria reconocida en su campo? ¿gozaba de prestigio profesional? Satisfechos estos requisitos, sus conclusiones se presumían confiables. En gran medida, La arquitectura metodológica de su razonamiento permanecía ajena al control judicial, bajo la premisa –no siempre explícita– de que

presumían confiables. En gran medida, La arquitectura metodológica de su razonamiento permanecía ajena al control judicial, bajo la premisa –no siempre explícita– de que 11Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 los jueces carecían de herramientas suficientes para escrutar los fundamentos científicos o técnicos del dictamen. Ese modelo, sin embargo, resulta incompatible con el sistema de valoración racional que exige la sana crítica 1. El peso probatorio de un dictamen no puede depender únicamente de la autoridad del perito, sino que debe determinarse por la validez científica o técnica del método empleado, la corrección de los procedimientos aplicados y la coherencia lógica del razonamiento que vincula las premisas con las conclusiones. La idoneidad del experto es condición necesaria, pero no suficiente: el dictamen debe demostrar que produjo conocimiento confiable mediante un proceso metodológicamente válido y replicable. Como lo señala la doctrina especializada, «la calidad epistémica –y, por tanto, el valor probatorio– de los resultados de una prueba científica depende de varios factores que es necesario ponderar. En primer lugar, depende de la validez científica y/o metodológica de la misma. Muchas de estas pruebas pueden realizarse por métodos científicos diferentes y no todos ellos gozan del mismo crédito en la comunidad científica correspondiente, de manera que la validez científica del método

pueden realizarse por métodos científicos diferentes y no todos ellos gozan del mismo crédito en la comunidad científica correspondiente, de manera que la validez científica del método 1 Cfr. CSJ SC2376-2020: «Según lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala (CSJ, SC7817-2016; CSJ, SC9193-2017; CSJ, SC3255-2021; CSJ, SC3460-2021; CSJ, SC5040-2021, entre otras), el ordenamiento procesal civil colombiano está marcadamente alineado con una concepción racional de la valoración probatoria. (...). Lo anterior implica abandonar cualquier método valorativo subjetivo, basado en la persuasión o la íntima convicción, para dar paso a un sistema caracterizado por (i) un enfoque científico y racional para evaluar la veracidad de hipótesis a través de la evidencia disponible; (ii) una exigencia justificativa fuerte, concretada en el deber de motivación de la sentencia; y (iii) la posibilidad de debatir esas inferencias probatorias a través de recursos procesales. Una postura racional de la labor de valoración de la evidencia implica reconocer que las inferencias probatorias sobre las que se construyen las decisiones judiciales no pueden ser el resultado de un insondable análisis individual, menos aún de la arbitrariedad. Las garantías de imparcialidad y objetividad de la jurisdicción demandan que cualquier determinación que adopte un funcionario tenga respaldo en el análisis riguroso y fundamentado de la prueba, elaborado a partir de criterios y métodos objetivos, claros y compartibles por la comunidad, de todo lo cual debe dar cuenta la motivación de la sentencia».

análisis riguroso y fundamentado de la prueba, elaborado a partir de criterios y métodos objetivos, claros y compartibles por la comunidad, de todo lo cual debe dar cuenta la motivación de la sentencia». 12Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 usado, y con ello la calidad de los resultados alcanzados, pudiera ser objeto de discusión. En segundo lugar, la fiabilidad atribuible a una prueba científica depende también de su calidad técnica. Cabe hablar a este respecto de corrección técnico-procedimental, en referencia a todo el proceso que conduce desde el descubrimiento o registro del vestigio o de la muestra hasta su análisis en el laboratorio (...). Pero cabe hablar también de corrección técnico-científica, en referencia a su correcta realización en laboratorio: por personal cualificado y siguiendo los protocolos apropiados. La regla aquí debería ser: “cuanto mayor es la expectativa de valor probatorio depositada en una prueba, más rigurosos deben ser los controles de realización de la misma”. Y, por último, en tercer lugar, no hay que olvidar que las pruebas las realizan personas de carne y hueso, y que por tanto pueden cometer errores (...). En conclusión, la validez de la prueba científica (y por consiguiente la fiabilidad de sus resultados) no es algo que haya que dar por descontado, sino que depende de la validez científica del método usado, de que se haya utilizado la tecnología apropiada y de que se hayan seguido rigurosos controles de calidad»2. 1.2. El artículo 226 del Código General del Proceso: arquitectura normativa y tensiones internas. Para garantizar el tránsito hacia un modelo de

seguido rigurosos controles de calidad»2. 1.2. El artículo 226 del Código General del Proceso: arquitectura normativa y tensiones internas. Para garantizar el tránsito hacia un modelo de valoración racional de la prueba pericial, el legislador estableció en el artículo 226 del Código General del Proceso un catálogo de requisitos que cumplen una doble función: por una parte, orientan al perito sobre la estructura y contenido mínimo que debe tener su experticia; por otra, señalan al juez los elementos que debe considerar al momento de asignarle valor probatorio. 2 GASCÓN-ABELLÁN, Marina. Prueba científica: un mapa de retos. En: VÁSQUEZ, Carmen (ed.). Estándares de prueba y prueba científica. Marcial Pons, Barcelona. 2013, pp. 184-185 13Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 Inicialmente, la norma delimita el ámbito de la prueba pericial: «verificar hechos que requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos ». Exige, además, que todo dictamen sea rendido por un perito o experto en la materia, quien debe declarar bajo juramento que «su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional», así como aportar tanto « los documentos que le sirven de fundamento », como los que acrediten su idoneidad y experiencia. En lo que respecta al contenido del dictamen, el mismo precepto dispone que debe ser «claro, preciso, exhaustivo y

como aportar tanto « los documentos que le sirven de fundamento », como los que acrediten su idoneidad y experiencia. En lo que respecta al contenido del dictamen, el mismo precepto dispone que debe ser «claro, preciso, exhaustivo y detallado». Asimismo, prescribe que el perito está obligado a explicitar « los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones». Por último, relaciona diez «declaraciones e informaciones» que debe contener todo dictamen. Sin embargo, ese listado carece de correspondencia directa con los requerimientos cualitativos previamente señalados. En efecto, siete de esas diez «declaraciones e informaciones» conciernen a aspectos biográficos del perito: identidad (num. 1), datos de contacto (num. 2), credenciales académicas (num. 3), publicaciones (num. 4), experiencia forense (num. 5), relaciones previas con las partes (num. 6) e impedimentos (num. 7). Los numerales 8 y 9, aunque sí aluden a cuestiones metodológicas, lo hacen de manera superficial: únicamente indagan si el perito empleó métodos distintos de los habituales en su práctica forense o profesional. Por su parte, el numeral 10 exige relacionar los documentos consultados, pero sin especificar qué papel cumplieron en el análisis. 14Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01

El resultado es paradójico: un dictamen podría cumplir escrupulosamente con las diez « declaraciones e informaciones »

pero sin especificar qué papel cumplieron en el análisis. 14Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01

El resultado es paradójico: un dictamen podría cumplir escrupulosamente con las diez « declaraciones e informaciones » del artículo 226 y, sin embargo, carecer de aptitud para fundar racionalmente una decisión judicial. De nada vale identificar cabalmente al perito, acreditar sus títulos, relacionar los documentos consultados y declarar que no varió sus métodos habituales, pero omitir explicar qué datos empleó como base del análisis, por qué el método empleado es apropiado para el problema, o cómo las conclusiones se derivan de las premisas –es decir, todo aquello que permite verificar la confiabilidad del razonamiento experto–.

Queda claro, por tanto, que el juez no puede limitarse a verificar el cumplimiento formal de los requisitos del artículo 226; su deber es examinar la calidad epistémica de la prueba. De ahí la necesidad de desarrollar criterios interpretativos que permitan aplicar de manera efectiva las exigencias que la propia norma establece: especiales conocimientos, claridad, precisión, exhaustividad, detalle, explicación del método y fundamentación técnica.

2. Criterios para la valoración judicial de la prueba pericial (reiteración y desarrollo del precedente).

La jurisprudencia de esta Corporación ha resaltado la necesidad de evaluar la prueba pericial examinando la solidez del razonamiento experto, no solo sus credenciales

(Cfr. CSJ SC5186-2020).

15Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 En desarrollo de ese precedente, se proponen cinco dimensiones de análisis que permiten evaluar la calidad

(Cfr. CSJ SC5186-2020).

15Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 En desarrollo de ese precedente, se proponen cinco dimensiones de análisis que permiten evaluar la calidad epistémica del dictamen pericial: la idoneidad del perito , entendida como su competencia específica para el caso concreto; la transparencia de las premisas fácticas , que exige claridad sobre el origen y naturaleza de los datos empleados; la validez metodológica, que comprende tanto la aceptación científica del método como el rigor en su aplicación; la coherencia del razonamiento, que demanda una derivación lógica de las conclusiones desde las premisas; y la inteligibilidad, que implica que el dictamen pericial sea expuesto de forma clara y accesible, empleando un lenguaje comprensible para el juez. Estos criterios no constituyen una nueva lista de chequeo formal. Por el contrario, operan como facetas interrelacionadas de un mismo fenómeno: la producción de conocimiento experto fiable para resolver una controversia judicial. El peso probatorio del dictamen no resulta de verificar mecánicamente el cumplimiento de cada criterio, sino de la valoración integral y contextual de estas dimensiones, conforme a las reglas de la sana crítica. 2.1. Idoneidad del perito. La primera dimensión a evaluar es la idoneidad del perito, presupuesto lógico de cualquier dictamen. La pregunta relevante no es si el perito está calificado en algún campo

2.1. Idoneidad del perito. La primera dimensión a evaluar es la idoneidad del perito, presupuesto lógico de cualquier dictamen. La pregunta relevante no es si el perito está calificado en algún campo genérico del conocimiento, sino si posee la competencia específica requerida para responder las cuestiones concretas 16Radicación n.º 11001-31-99-001-2005-37663-01 del litigio. El juez debe examinar críticamente esta correspondencia entre el perfil del perito y la naturaleza del problema técnico o científico a resolver, analizando factores como los siguientes: (i) Especificidad de la competencia acreditada. No basta con que el perito pertenezca formalmente a la profesión pertinente; su área de especialización debe coincidir con el problema concreto que debe resolver. Esta exigencia responde a una realidad incontestable: las profesiones modernas –especialmente aquellas con alto componente técnico o científico– se han diversificado internamente en múltiples áreas de conocimien