CSJ - SC25-06-1937 -[026]

Sentencia C – SC – 026 de 1937 ACTAS DE ORIGEN ECLESIÁSTICO/ Presunción de validez. “En la formación y expedición de las actas de origen eclesiástico, referentes al estado civil de las personas, se presume que el acto a que ellas se refieren, especialmente al matrimonio, se han celebrado con las formalidades para la validez del acto”. ACTAS DE ORIGEN PROBATORIO/ Similitud actas de origen civil/ Contradicción.. “No quiere decir lo anterior que los jueces tengan que cerrar los ojos ante una partida de origen eclesiástico y atenerse irrestrictamente a lo que en ella se expresa, porque esas partidas, como las actas del origen civil, del estado civil de las personas, están en el mismo pie de igualdad, no sólo desde el punto de vista probatorio, sino también desde el extremo en que puedan ser atacadas, redargüidas de falsas o suplidas, art 22 de la ley 57 de 1887”. ESTADO CIVIL/ Prueba supletoria. “La ley admite la prueba supletoria para probar el estado civil de las personas artículos 395, 396, 397, 398, 399 del C.C; pero esa prueba no es ab limitum, como lo dijo la Corte en sentencia de 20 de septiembre de 1935, sino que es indispensable que se compruebe la falta de las respectivas partidas civiles o eclesiásticas en el registro del estado civil”. POSESIÓN NOTORIA DEL ESTADO CIVIL/ Concepto/ Prueba. “La posesión notoria del estado civil de que trata el art 395 del C.C. se establece en lo que se refiere a quien invoca su carácter de hijo legitimo con la demostración de ciertos hechos consistentes en lo que

los padres hayan tratado al hijo como tal, hayan proveído su educación y establecimiento, lo hayan presentado a sus deudos y amigos con el carácter de hijo y estos y el vecindario de su domicilio en general lo hayan reputado y reconocido como hijo legitimo.Para que la posesión notoria de ese estado civil se reciba como prueba debe haber durado diez años continuos por lo menos y tal posesión se probará por un conjunto de testimonios fidedignos”. SIMULACIÓN/ Contenido. “En efecto, la teoría antes prevalente deducía directamente de la simulación la nulidad, llegando, por decirlo así, a identificarlas; la teoría acogida por la Corte actualmente, ve en una simulación dos contratos: el aparente, que es el fingido y el disimulado y oculto bajo él, que es el efectivo y sostiene que, en tal estado el juzgador debe estudiar en sí mismo éste último contrato para saber de su validez”. ACCIÓN DE SIMULACIÓN/ Protección a terceros e buena fe. “Si en virtud de una sentencia que decreta la simulación queda destruido el vínculo ostensible que liga a las partes, las consecuencias del fallo no pueden repercutir sobre terceros cuya buena fe se presume y que no tiene por qué sufrir las consecuencias de la invalidación de un pacto anterior en el cual no intervinieron. Pero, se repite, esto no implica que cese la responsabilidad del comprador que adquirió simuladamente puesto que no pudiendo devolver los bienes que adquirió existen contra él otras acciones, como la de perjuicios, por ejemplo, sin que esto signifique que no haya acción contra terceros, si no los ampara esa buena fe que se

les presume, si sus contratos no son efectivos, etc”.

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 1925

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

OCAÑA

PETICIONARIO:

Francisco Sanjuán

MAGISTRADO PONENTE:

LIBORIO ESCALLÓN

DEMANDA DE NULIDAD POR SIMULACION.- ACCION DE

SIMULACIONESTADO CIVIL DE MATRIMONIOPRUEBA

LEGAL DE ESTE ESTADO CIVIL –PARTIDAS DE ESTADO CIVIL

DE ORIGEN ECLESIASTICOPRUEBAS SUPLETORIAS DEL

ESTADO CIVIL-APRECIACION DE PRUEBAS POR EL TRIBUNAL

SENTENCIADORAPERTURA DE SA SUCESIÓN Y DEL JUICIO

DE SICESIÓN – TERCEROS ADQUIRIENTES DE BIENES

VENDIDOS SIMULADAMENTE.

1Las partidas de origen eclesiástico, extendidas en la forma prescrita por la ley canónica son documentos legalmente aptos para demostrar el estado civil de las personas, ya en virtud de los Art. 22 de la ley 57 de 1887 y 79 de la 153 del mismo año, ya en virtud de un pacto bilateral con la Santa Sede. Tales documentos deben ser expedidos con las formalidades requeridas para que sirvan como prueba y están sujetos a ser rechazados o redargüidos en los mismos casos y términos en que lo estaría las actas del estado civil procedentes de funcionarios civiles. En la formación y expedición de las actas de origen eclesiástico, referentes al estado civil, se presume que el acto a que ellas se refieren, especialmente el matrimonio, se ha celebrado con las

formalidades canónicas indispensables para la validez del acto. Los funcionarios judiciales no pueden inmiscuirse en lo relativo a si una partida de origen eclesiástico ha sido o no extendida de acuerdo con la ley canónica, lo cual no quiere decir que tengan que cerrar los ojos frente a una partida de ese origen y atenerse irrestrictamente a lo que en ella se expresa, porque esas partidas están en el mismo pie de igualdad de las civiles y pueden ser redargüidas de falsas o suplida. La ley admite la prueba supletoria para probar el estado civil de las personas, pero esa prueba no es AD LIBITUM, sino que es indispensable que se compruebe la falta de las respectivas partidas civiles o eclesiásticas en el registro del estado civil. 2Cuando la convicción del Tribunal surge del estudio y análisis de pruebas no afecta a ningún manifiesto error de hecho ni de derecho, entonces esa convicción debe prevalecer y es intocable en casación. 3La teoría antes prevalente deducía directamente de la simulación la nulidad llegando, por decirlo así, a identificarlas; la teoría acogida por la Corte actualmente, ve en una simulación dos contratos: el aparente, que es el fingido, y el disimulado y oculto bajo el, que es el efectivo y sostiene que, en tal estado, el juzgado debe estudiar en si mismo este ultimo contrato para saber de su validez. 4Una cosa es la apertura de la sucesión a que se refiere el art 1012 del C.C. y otra muy distinta la apertura del juicio de sucesión. 5Si en virtud de una sentencia que decreta la simulación

queda destruido el vinculo ostensible que liga a las partes, las consecuencias del fallo no pueden repercutir sobre terceros, cuya buena fe se presume y que no tienen por que sufrir las consecuencias de la invalidación de un acto anteriores en el cual no intervinieron. Pero esto no implica que cese la responsabilidad del comprador que adquirió simuladamente, puesto que no pudiendo devolver los bienes que adquirió existen contra el otras tantas acciones, como la de perjuicios, por ejemplo, sin que esto signifique que no haya acción contra los terceros si no los ampara esa buena fe que se les presume, si sus contratos no son efectivos, etc. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Bogotá, junio veinticinco de mil novecientos treinta y siete.

HECHOS

1Por escritura pública número 433 de 31 de diciembre de 1930, Francisco Sanjuán aparece vendiendo a Fernando Sanjuán, por la suma de cinco mil cien pesos, los siguientes inmuebles: La mitad del predio La Laguneta; el predio llamado el Cerro de la Virgen y tres casas del barrio de El Carretero, en la ciudad de Ocaña. El vendedor se reservó el usufructo de lo vendido por el resto de sus días. 2Por escritura pública número 435, también de 31 de Diciembre de 1930, Francisco Sanjuán aparece cediendo a Fernando Sanjuán por seis mil pesos, los créditos personales e hipotecarios a favor del cedente y en contra de Marcelo Vergel, Jesús A. Sanjuán, Gratiniano Contreras y Francisco Patiño. 3Tres días después de estas Ventas, o sea el 3 de enero de

1931, falleció Francisco Sanjuán. 4A la muerte del vendedor fallecido no quedaron bienes en la sucesión de este. Sobre estos hechos básicos e indiscutidos Eloy Sanjuán apoyo su demanda por simulación, para que se declararan nulos, de nulidad absoluta, los contratos expresados en las escrituras 433 y 435 ya citadas. Pidió que se condenara al demandado Francisco Sanjuán representada por sus herederos, entre los cuales figura el suscrito, según dice este en la petición tercera de la demanda, las fincas y créditos a que se refiere las dos escrituras ya citadas. Subsidiariamente ejercito la acción de rescisión de lesión enorme, respecto del contrato a que se refiere la escritura 433 del 31 de diciembre de 1930. El juez de la instancia en sentencia de 12 de julio de 1934, decretó todas las peticiones de la acción principal y por recurso de casación, contra el fallo del Tribunal, recurso que fundó en la causal primera del art 520 del C.J CUESTION PREVIA La Corte con motivo de haber variado la doctrina sobre la simulación, cree del caso exponer una nueva teoría que esta consagrada en la sentencias de fecha 27 de julio de 1935, 29 de agosto de 1936, 24 de octubre de 1936 y 12 de diciembre de 1936, Gaceta Judicial números 1899, 1914, 1915, 1920, 1921, entre otros fallos, y nada mejor que transcribir en lo pertinente parte del estudio que sobre el particular hizo el magistrado Antonio Rocha y que corre publicado en los números 1911 y 1912 de la Gaceta

Judicial: “Concepto sobre la simulación. “Consiste ésta en celebrar públicamente un acto o contrato, pero al mismo tiempo celebrar con la misma persona un acto secreto que adicione, modifique, altere o descarte los efectos del acto público o aparente. Suele llamarse acto público o aparente u ostensible, y al acto secreto privado oculto o disimulado. Hay simulación, dicen Planiol y Ripert, tomo VI N33, cuando se hace conscientemente una declaración inexacta o cuando se hace una convención aparente cuyos efectos son modificados o descartados o suprimidos por otra convención, contemporánea de la primera y destinada a permanecer secreta. “Fines de la simulación. “Dentro de la misma noción de simular o disimular, se suelen obtener fines jurídicos por medios equivalentes, pero por distintos de los normales, es decir, por medios distintos de aquellos que ordinariamente sirven para realizar el fin que uno se propone alcanzar. Así sucede cuando, por ejemplo, el que da a otro en préstamo una suma de dinero a interés, para asegurarse mejor el reembolso (o de que, si el prestatario deudor no paga, le tenga de antemano cogido sus bienes), en vez de hacer constar el acto en la forma normal de un mutuo con hipoteca, se disfraza el mismo fenómeno bajo la forma de la venta con pacto de retroventa. Así si el deudor no paga oportunamente (el plazo del mutuo viene a ser el mismo que se le concede para que retrocompre), el acreedor se queda con la propiedad por el solo transcurso del plazo y se habrá

evitado el juicio de cobro con acción hipotecaria y el remate, etc., etc., (pero aquí la diferencia de los casos de verdadera simulación, no hay constancia del acto secreto). Entre la simulación y el uso de medios sustitutivos hay diferencia, pues por la primera no se quiere obtener el resultado que se aparenta, mientras que con el segundo medio si se quiere el fin declarado; de ahí que la simulación requiera la rectificación por acto privado, mientras que al usar del medio de tomar no hay necesidad de rectificar, ni por tanto de contra estipulaciones privadas. “Validez y licitud. “Ni la simulación ni el uso de medios jurídicos sustitutivos son, en si ilícitos. En efecto no hay razón para prohibir a las gentes el disimular por medio de estos actos jurídicos el verdadero fin que se proponen, o lograr ese fin con medios sustitutivos, mientras estos no sean ilícitos, pues siéndolos, si además no salen de la ley, no esta prohibido ocultar al publico los negocios. Y si el acto secreto reúne los elementos intrínsecos de validez de todo acto o contrato (consentimiento, capacidad, objeto y causa lícita), ese acto es valido entre las partes contratantes. La validez del acto privado resulta de la disposición del art 1776 del C.C., conforme al cual “las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en las escrituras públicas, no producirán efectos contra terceros”. Por escrituras privadas se entiende todo acto secreto que venga a descarta, o a modificar o a alterar el acto aparente. De modo que si bien contra terceros no producen efectos, si lo producen plenamente

entre las partes. Es la misma disposición del art 1321 del C.C. francés, cuyo texto es: Las contraletras no pueden tener efecto alguno sino entre las partes contratantes; en ellas no tienen absolutamente efecto contra terceros. “Si entre las partes produce efecto, es porque ese acto, el secreto, es valido. Y ellas pueden, las partes contratantes pueden invocarlo, la una con la otra, y hacerlo prevalecer sobre el acto publico; entre ellas es ese acto privado el que realmente rige sus relaciones de negocio de voluntad, en una palabra constituyen la norma y vinculo jurídico. No pueden, en cambio oponerlo a terceros, por que los terceros tienen derecho a atenerse al acto aparente, como es obvio. Pero nótese bien que si art 1766 del C.C dice que las escrituras privadas no producirán efecto contra terceros, no dicen que no lo producirán respecto a terceros, de modo que estos tienen derecho a invocar el contrato o escritura privada si en ello tienen interés (el interés necesario para toda acción y si pueden probar la existencia de ese acto secreto). La prueba del acto secreto es distinta, según que la acción de simulación la invoquen los terceros o las partes. “La simulación no afecta a terceros. “Es natural que el acto secreto, es decir, la contra estipulación privada, no exista sino para el que tenga conocimiento del tal acto. De ahí se deduce que a los terceros de buena fe no les es oponible el acto simulado. En otras palabras, la simulación no afecta a los terceros de buena fe, quienes desde luego, se han fiado del acto aparente o público; la ley, la doctrina protegen a los terceros que sin

negligencias se han confiado en la apariencia, única que podría guiarles, que podría ser norma de sus determinaciones, El art 1766 es claro; las escrituras privadas hechas para los contratantes para alterar lo pactado en la escritura pública, no producirán efectos contra terceros. Empero es muy importante anotar que, de que el acto secreto no pueda ser opuesto a terceros no pueda invocar su existencia, cuando tengan interés en invocarla (interés, acción que protege el derecho). “Quienes son los terceros en casos de simulación. “Para responder, es preciso distinguir según que se trate del derecho de hacer prevalecer el acto secreto sobre o contra el acto aparente de las personas a quienes la declaración de prevalencia (o sea de simulación) no puede perjudicarle. En otros términos, quien tiene la acción de simulación y a quienes perjudica. “a) Quien tiene la acción: ya hemos insistido en que el contrato privado en si es licito y válido entre las partes, aunque como todo contrato pueda adolecer de nulidades. Pues bien las partes contratantes, sus causahabientes a titulo universal o herederos y en general toda persona que tenga un interés protegido por la ley en que prime el acto secreto sobre el público, como son los acreedores de los contratantes, todos ellos tienen la acción de simulación: que se reconozca y declare que el bien no ha sido realmente enajenado, y que por tanto permanece aún en el patrimonio del contratante deudor, que prime la verdad real sobre la expresión solo aparentemente declarada. Pero en uno de los supuestos que hicimos en el de noción disfrazada de venta, si con ella menoscaba la

herencia de un legitimario (ahí si hay fraude, que afecta al heredero), este frente a los demás herederos, es tercero y puede desconocer y atacar el acto simulado de su causante que lo perjudica y que va contra la ley. “Prueba de la simulación. “Tratándose de ejercitar la acción de simulación, es decir de pedir prevalencia del acto oculto sobre el acto ostensible, ella puede ejercitarse sobre la misma persona que celebró el contrato simulado. Los herederos del que celebro el contrato pueden ejercitar la misma acción puesto que ocupan el mismo lugar de aquel. También pueden ejercitar la acción todo el que tenga interés jurídico en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible. Para el efecto, pues, de tener la acción y de poder invocar, no hay diferencia entre la parte misma y los terceros. El interés de distinguir entre la parte misma y los terceros no existe sino desde el punto de vista de la prueba o pruebas a que puedan acudir unos y otros. Cuando el acto ostensible no se celebró por escritos los herederos del que lo celebró, así como este mismo, pueden contraprobar, pueden demostrar el acto oculto que altera el ostensible, por todos los medios de prueba tal como hubiera podido hacer su causante si viviera. Pero cuando el acto ostensible consta por escrito sus herederos al ejercitar, es decir, para ejercer la acción heredada están obligado como este, a dar la prueba del acto oculto por escrito, o por la confesión de la otra parte; el principio de prueba es por escrito se puede completar por testigos y todo por medio probatorio. “Fraude a los derechos de un heredero.

“Caso distinto es que los herederos quieran probar un fraude a sus derechos de la herencia, o mejor dicho que el acto aparente se celebró en fraude de sus propios derechos de la herencia, por que entonces ya no ejercitan la acción derivada de su causante sino otra en nombre propio, tal como el menoscabo de sus legitimas; entonces los herederos o el heredero viene a ser un tercero respecto del causante y del otro contratante, quien defraudo a su propio patrimonio heredado, o que tenia derecho a heredar en la misma forma que son terceros respecto del mismo acto los acreedores personales del contratante que aparentemente disminuya su patrimonio con una enajenación ficticia que los sustrae a la prenda común de todos los acreedores. La prueba que entonces los herederos defraudados pueden usar para demostrar la existencia del acto oculto, ya no se limita solamente a la contraprueba escrita (la del acto privado), ni a la confesión del otro contratante, sino al principio de prueba por escrito, complementada en este caso por todo otro medio probatorio; entonces pueden acudir también a la prueba inicial, y es lo mas corriente, testigos, presunciones, etc., etc. En fin, basta considerar que para demostrar el acto oculto, las reglas son las generales sobre pruebas, art 1757 y siguientes del C.C. y 91, 92, y 93 de la ley 153 de 1887”. La sentencia acusada Expuesto lo anterior y aun cuando la demanda esta inspirada en la antigua doctrina, como indudablemente se ejercito la acción de simulación, es procedente estudiar a la luz de la

demanda, tanto la sentencia recurrida, como los cargos contra ella en este recurso. La sentencia está basada en una serie de pruebas indiciales, testimoniales y presunciones, lo que cuadra con la última parte de la doctrina sostenida recientemente por la Corte. El actor acudió a esa clase de pruebas y el Tribunal, previo análisis y estudio de ellas llegó a la conclusión de que las escrituras 433 y 435 citadas, contenían contratos simulados y sobre esa base confirmó la sentencia del inferior. El recurso Puede dividirse en cuatro capítulos o partes de la acusación hecha por el recurrente a la sentencia, a saber.

I. Que Eloy Sanjuán no ha demostrado su carácter de heredero en calidad de hijo legitimo de Francisco Sanjuán, por cuanto el matrimonio de este con Ramona Gomes no esta debidamente acreditado que por lo tanto el Tribunal erró y violo la ley al dar por comprobado ese matrimonio.

II. Que el Tribunal erró y violo por tanto la ley sustantiva al estimar que con la prueba supletoria Eloy Sanjuán demostró a su cabalidad su calidad de hijo legítimo de Francisco Sanjuán. El recurrente estima que no era el caso de admitir la prueba supletoria.

III. Que el demandante Eloy Sanjuán no acredito que los bienes que aparecen vendidos en las escrituras 433 y 435 pertenecieran a la herencia o sucesión de don Francisco Sanjuán y que por lo tanto la acción derivada del artículo 950 del C.C no puede prosperar.

IV. Que el Tribunal erró en el examen de las pruebas, indicios, presunciones, testimonios, para concluir de ese examen

que eran simulados los contratos expresados en las escrituras 433 y 435 de 31 de diciembre de 1930. Estudio de los cargos En el primer cargo, y según la división que se ha hecho ya de los capítulos de la demanda de casación, acusa el recurrente la sentencia por violación de los art 22 de la ley 157 de 1887 y de la ley 57 del mismo año y 395 del C.C. La violación de esas normas, consiste en sentir del recurrente, en que el Tribunal dio por establecido el matrimonio celebrado entre Francisco Sanjuán y Ramona Gomes dándole a la partida de origen eclesiástico una fuerza o valor probatorio que no tiene en si.

La Corte considera: El demandante presentó copia expedida por el notario público de Ocaña (fojas 1 del cuaderno de pruebas de segunda instancia), en que consta matrimonio civil que contrajeron ante el juez de circuito de Ocaña, Francisco Sanjuán y Ramona Gomes, el 10 de junio de 1876, consta que tales diligencias fueron enviadas por el juez a la notaria para su protocolización y el notario da fe de que ellas se hallan insertas en el tomo 2 correspondiente al año precitado.

Esta prueba no fue tenida en cuenta por el Tribunal fallador, por que no fue presentada en la forma prescrita por el art 636 del C.J. y en concepto del Tribunal esa informalidad lo llevo a prescindir de aquella. Descartada ésta, el Tribunal se atuvo a la de origen eclesiástico que dice así: (fojas 1 del cuaderno 1)“El infrascrito cura párroco de Santa Ana de Ocaña, certifica: Que en el libro de

matrimonios de los años 1874 a 1882, fojas 68, se encuentra una partidas que dice : Francisco Sanjuán con Ramona Gomes. En la parroquia de Santa Ana de Ocaña a 7 de junio de 1878, yo el cura encargado de ella, certifico: que según los apuntamientos del presbítero José Antonio Acosta, mi inmediato antecesor, el presbítero Isidoro Sánchez Lemus, su teniente de cura, a 4 de mayo de 1875, previas todas las formalidades canónicas presenció el matrimonio que contrajo Francisco Sanjuán con Ramona Gomes. Les dio la bendición nupcial in facie eclesiae y se velaron el mismo día siendo testigos Leocadio Navarro, Ismenia Portillo y José Lobo, el sacristán de que doy fe. R. Amaya. Ocaña, Noviembre 27 de 1931. Firmado: Manuel B Pacheco. Pro”. Para el recurrente la partida que se acaba de transcribir no es tal, no llena los requisitos de los arts. 22 de la ley 57 y 79 de la ley 153 de 1887, sino que es un mero certificado por donde el Tribunal erró y violó estas normas al estimar que con tal partida estaba acreditando el matrimonio católico entre Francisco Sanjuán y Ramona Gomes. Las partidas de origen eclesiástico, entendidas en la forma prescrita por la ley canónica, son documentos legalmente aptos para demostrar el estado civil de las personas, ya en virtud de los art 22 y 79 citados, ya en virtud de un pacto bilateral firmado con la santa sede. Tales documentos deben ser expedidos con las formalidades requeridas para que sirvan como prueba y están

sujetos a ser rechazados o redargüidos en los mismos casos y términos en que lo estarían las actas del estado civil procedentes de los funcionarios civiles. En la formación y expedición de las actas de origen eclesiástico, referentes al estado civil de las personas, se presume que el acto a que ellas se refieren, especialmente al matrimonio, se han celebrado con las formalidades para la validez del acto. Por eso en sentencia del 8 de marzo de 1933 dijo la Corte: “no es permitido a los funcionarios del orden judicial, entrar a averiguar si una partida eclesiástica relativa al estado civil llena las formalidades de la ley canónica, por que eso seria invadir la jurisdicción ajena, ni menos si un matrimonio ha sido celebrado con el lleno de las formalidades canónicas, porque ambas legislaciones la civil y la eclesiástica, son independientes, constitucionalmente hablando, y la una no puede inmiscuirse en el circulo de la otra”. El art 22 de la ley 57 habla de las certificaciones que con las formalidades legales, expidan los respectivos párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. El párroco de Santa Ana de Ocaña sentó la partida de matrimonio celebrado entre Francisco Sanjuán con Ramona Gomes, de acuerdo con lo que el párroco antecesor dejo apuntado o relacionado. Sentada esa forma la partida del párroco Pacheco expidió el certificado de que habla el art 22 con inserción de la partida. Ante la legislación canónica, una partida expedida en esa forma demuestra el hecho del matrimonio.

Ante la legislación civil, una partida en esa forma, es también por imperio de los arts. 22 y 79 prueba principal de la celebración del matrimonio, por que los funcionarios del orden judicial, como lo dijo la Corte, no pueden inmiscuirse en lo relativo a si una partida de origen eclesiástico ha sido o no extendida de acuerdo con la ley canónica. No quiere decir lo anterior que los jueces tengan que cerrar los ojos ante una partida de origen eclesiástico y atenerse irrestrictamente a lo que en ella se expresa, porque esas partidas, como las actas del origen civil, del estado civil de las personas, están en el mismo pie de igualdad, no sólo desde el punto de vista probatorio, sino también desde el extremo en que puedan ser atacadas, redargüidas de falsas o suplidas, art 22 de la ley 57 de 1887. Para desvirtuar la partida eclesiástica del párroco de Ocaña hubiese sido necesario demostrar o que no se podía extender en la forma en que lo hizo el cura párroco que sustituyó a quien casó a Francisco Sanjuán y Ramona Gomes, por prohibirlo el Derecho Canónico, o que el matrimonio no se celebró, o que la partida estaba adulterada o falsificada. Ninguno de estos extremos fue siquiera materia de debate. Siendo así las cosas el Tribunal debía atenerse, como lo hizo, a la partida de origen eclesiástico de que se ha hecho mención, precisamente aplicando los art 22 y 79 de las leyes 57 y 153 de 1887, artículos que por lo tanto no han sido violados, como tampoco pudo serlo el art 395 del C.C., porque el demandante presentó una de las pruebas del estado civil de casados de

Francisco Sanjuán y no la prueba supletoria. Se desecha pues el cargo. El Tribunal dio por establecida con la prueba supletoria, la calidad de hijo legitimo del demandado Eloy Sanjuán respecto de Francisco Sanjuán. El recurrente ataca esa apreciación y sostiene que con ella se violaron los art 395, 346, 348,383, 399 del C.C nacional. No esta demostrada, dice el recurrente como lo exige el art. 395 del C.C, la falta o inexistencia en los registros respectivos, de la prueba principal requerida en el presente caso; ya porque el certificado del presbítero doctor Pacheco sobre este particular es deficiente, ya porque no es posible afirmar que en el caso de don Eloy la prueba principal sea la de origen eclesiástico desde luego que nadie a demostrado que don Eloy hubiera sido bautizado en el seno de la iglesia Católica.

La Corte Observa: El cura párroco de Santa Ana de Ocaña certificó, folios 1 del cuaderno 1, que ha buscado en los libros de bautizo de los años 1870 a 1890 y no se ha encontrado la partida de bautizo de Eloy Sanjuán Gomes, lo que testifica para los fines siguientes. Este certificado fue expedido en 1931.

El demandante Sanjuán acudió entonces al tercer medio de pruebas supletorias de que trata el Art. 395 del C.C y el Tribunal se expresó así al respecto: “en los libros de la misma parroquia no se hallo la partida de nacimiento de Eloy, circunstancia probada con las certificaciones del respectivo párroco; y a falta de otros documentos auténticos o de declaraciones de testigos con quienes pudiera demostrarse directamente el hecho o hechos constitutivos

del estado civil de Sanjuán como legitimo hijo del matrimonio Sanjuán-Gomes, se ocurrió al tercer medio que reconoce el art 395 del C.C para acreditar dicho estado o sea el de su notoria posesión, que quedo demostrada con las declaraciones de los testigos Quintero, Portilla, Navarro y Rodríguez, en conformidad con lo dispuestos en los art 397,398 ,399 del citado código, a los cuales se ajusta en un todo la referida prueba testimonial”. Las declaraciones de los testigos expresados, o sea los señores José Ignacio Quintero, Juan Portilla, Francisco Navarro, y Heriberto Rodrigues las tuvo muy en cuenta el Tribunal y hasta transcribió lo esencial de ellas, que todas son idénticas. Los testigos mencionados declararon que conocieron de vista, trato y comunicación a los finados Ramona Gomes de Sanjuán y Francisco Sanjuán, naturales y vecinos que fueron de la ciudad de Ocaña y que conocen de la misma manera y desde niño a Eloy Sanjuán y por tal conocimiento saben y afirman a ciencia cierta que dichos esposos Sanjuán-Gomes trataron como hijo legitimo a Eloy Sanjuán Gomes, quien vive en la ciudad de Ocaña, que es el lugar de su nacimiento y de su domicilio permanente. Que los padres de Sanjuán, ya mencionados, proveyeron a la educación y establecimiento de su hijo Eloy de un modo competente y lo presentaron con ese carácter a sus deudos y amigos y que estos y el vecindario de Ocaña, en lo general reputaron y reputan a Eloy Sanjuán como hijo legitimo de tales padres la cual duro por mucho mas de diez años continuos.

Con estas declaraciones estimó el Tribunal comprobado el carácter de hijo legítimo de Eloy Sanjuán respecto de Francisco Sanjuán y Ramona Gomes de Sanjuán. El Tribunal hace además una observación que es muy oportuna que por su importancia se transcribe enseguida y que atañe al matrimonio de Francisco Sanjuán y Ramona Gomes, como al estado civil de hijo legitimo de Eloy Sanjuán: y “…prueba de dicho matrimonio la partida de defunción de Francisco Sanjuán, en la cual se afirma que este era viudo en primeras nupcias de Ramona Gomes; las partidas de bautizo de Gabriela, Rufino Eulogio, Fernando y Eva Sanjuán Gomes (fojas 88 a 89 del cuaderno numero 4 de pruebas del actor) en las cuales consta que estos son hijos legítimos de Francisco Sanjuán y Ramona Gomes, lo cual supone el h