CSJ - SC26-05-1936

RESPONSABILIDAD COMÚN/ Reparación e indemnización. “Después que el código civil ha tratado cuanto concierne a contratos y a cuasicontratos, dedica un título a la responsabilidad común por los delitos y las culpas. Interesa para el caso en estudio destacar esta norma que surge de los artículos 2341 y 2356: todo daño imputable a culpa de una persona, debe ser reparado. Norma objetiva que equivale a esta subjetiva: todo el que ha sufrido un daño por culpa de otro tiene derecho a ser indemnizado”. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO/ Imprevisto que no es posible resistir. DAÑO/ Diligencia/ Daño evitable. “Prever, que en el lenguaje usual significa ver con anticipación, tiene en tecnología culposa la acepción de conocer lo que vendrá y precaverse de sus consecuencias, o sea prevenir el riesgo, daño o peligro, guardarse de él y evitarlo. De ahí que cuando una persona, jurídica o natural, no evita el daño evitable, se dice que no lo previó ni lo previno, lo cual la inhibe para alegarlo como causa de liberación, pues entonces la culpa precede y contribuye a su advenimiento. La persona no ha empleado toda la inteligencia y pericia necesarias para evitar los efectos de la fuerza irresistible”. RESPONSABILIDAD/ Daño / Pago de perjuicios. “Ya observó la corte, en sentencia de fecha 20 de agosto de 1935, que en tales casos, de acuerdo con la teoría llamada de la causalidad ocasional, para que el demandado responda de perjuicios basta que entre las diversas causas, cuya concurrencia produjo el daño, existiera alguna que le sea imputable, salvo que

también haya responsabilidad de la víctima, caso en el cual reparan demandante y demandado, reos ambos de culpa”.

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nº 1909 y 1910

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ

PETICIONARIO:

Distrito de Bogotá

MAGISTRADO PONENTE:

MIGUEL MORENO

JARAMILLO RESPONSABILIDAD POR CULPA El artículo 64 del código civil definía la fuerza mayor o caso fortuito diciendo que es el imprevisto O que no es posible resistir. Con la conjunción O, que en esta vez no separa sino que denota equivalencia, se identificaba en cierto modo la imprevisibilidad con la irresistibilidad. Más científico el legislador de 1890, en el artículo 1o. de la ley 95 de ese año cambió la conjunción O, en donde se leía «es lo mismo», por la preposición A, que denota el complemento de la acción del verbo. Así, en lugar de «el imprevisto o que no se posible resistir», dijo «el imprevisto A que no es posible resistir». - PREVER, que en el lenguaje usual significa ver con anticipación, tiene en tecnología culposa la acepción de conocer lo que vendrá y precaverse de sus consecuencias, o sea prevenir el riesgo, daño o peligro, guardarse de él y evitarlo. Corte suprema de justicia. —Sala de casación en lo civil Bogotá, mayo veintiséis de mil novecientos treinta y seis. El 5 de diciembre de 1932 demandó Evaristo Herrera al

distrito de Bogotá, para que éste fuera condenado a pagarle las siguientes cantidades: a)—La de $ 1,300.00, que dejó de producir la casa número 300, situada en la calle 101 de Bogotá, en el lapso de tiempo comprendido entre el 22 de noviembre de 1931 y el 19 de noviembre de 1932, lapso en que aquélla permaneció desocupada debido a los daños que le causó una inundación del río San Francisco. b) —La de $ 24,000.00, a que ascienden los beneficios de que se privó el propietario de la mencionada casa, por la destrucción total de ésta, ocurrida el 19 de noviembre de 1932 como consecuencia de una nueva inundación del mismo río. c) —La de $ 5,000.00, como valor del edificio totalmente destruido por las inundaciones. Son hechos fundamentales de la demanda: 1°—Herrera compró la casa N° 300, por la cantidad de $ 6,000.00, y luego de hacerle reparaciones la dio en arrendamiento al canon mensual de $ 120.00. 2°—Poco tiempo después de arrendada la casa, Martínez R. & Co., mandatarios de Herrera, empezaron a recibir quejas de los inquilinos por frecuentes inundaciones ocurridas a consecuencia de las aguas que brotaban por sifones y cañerías. 3°—Hubo necesidad de terminar extraordinariamente los contratos de arrendamiento, por causa de la inundación ocurrida el 22 de noviembre de 1931. 4°—El 2 de noviembre de 1931 dirigió el señor Herrera un

memorial al señor alcalde de Bogotá, en el cual le da cuenta de los daños que le causan las aguas provenientes del colector del río San Francisco, lo que fue parte para que ese funcionario diese traslado de tal escrito a la secretaría de obras públicas, de donde contestaron los ingenieros que los daños anotados sí tienen como causas las aguas del colector del San Francisco que brotaron por los sifones del patio en cuestión. 5°—Herrera solicitó la práctica judicial de una inspección ocular, que se llevó a cabo el 17 de abril de 1932. 6°—En esta inspección ocular, los peritos conceptuaron que las aguas del colector inundaron la casa, y que las inundaciones procedieron de una de estas dos causas fundamentales: o caudal creciente mayor que el previsto o represa de las aguas dentro del colector y reducción de la sección de desagüe del mismo. 7°—El 15 de octubre se efectuó una nueva inspección ocular, en la cual concluyeron los peritos diciendo que el colector es deficiente, porque, son términos de la demanda, está calculado solamente para una capacidad de 28,000 metros cúbicos por segundo, cuando según el cálculo de estos dos distinguidos ingenieros, el caudal de agua que conduce hoy el colector es de 31,392 metros cúbicos por segundo, es decir, una diferencia de 2,892 metros cúbicos por segundo, que tienen necesariamente que represarse en las fincas, comprometiendo así la más sólida estabilidad de cualesquiera de las casas riberanas. 8°—El 19 de noviembre de 1932 se cumplieron las

previsiones de que se ha hecho mérito. Cayó un fuerte aguacero. Las aguas del colector entraron en la casa por los sifones y las cañerías. De ahí que las aguas lluvias no tuvieran salida, porque “el colector está a una superficie superior a la del primer piso de la finca, lo que hizo que lejos de desaguar en él, se produjera un flujo inverso, y además sencillamente por la deficiencia del mismo colector comprobada por los peritos. Como los muros de la casa ya estaban reblandecidos con las inundaciones pasadas, la edificación se encontraba naturalmente muy débil en su base, y al producirse esta nueva inundación tuvo necesariamente que desplomarse como en efecto sucedió, quedando completamente destruida”. 9°—La casa tenía siete piezas en su parte baja. En su parte alta tenía cuatro locales hacia la carrera, dos hacia la calle y dos piezas interiores. Según dictamen pericial debía durar ordinariamente no menos de veinticinco años. La construcción era sólida y se le hacían serias reparaciones cada vez que se inundaba. 10°—En el año de 1928, cuando el colector no estaba aún construido en la calle 10 con la Avenida Jiménez de Quesada, no se producía ninguna inundación. En 1929, cuando el colector llegaba a un poco más abajo de la casa, empezaron a notarse ligeras inundaciones, casi imperceptibles. En 1930 se les notó mayor fuerza. En 1931, cuando la obra había avanzado, se agravaron las inundaciones. En el año de 30 los vecinos pidieron a los constructores de la obra que ésta no se continuara o se

destruyera, pues ninguno de los anotados trastornos había ocurrido en más de cuarenta años; pero el distrito no hizo caso de tales reclamaciones. 11°—Mientras el río San Francisco estuvo sin canalizar, no hubo inundación que perjudicara a predios riberanos. Estos empezaron “a sufrir daños graves con las inundaciones provenientes del colector después de construido en esa parte”. 12°—El colector es obra nueva, deficiente y construida con descuido, negligencia o imprudencia. El señor personero municipal de Bogotá, por escrito fechado el 7 de febrero de 1933, dio contestación a la demanda oponiéndose de manera formal, en nombre del distrito, a las pretensiones del actor, y solicitando, como consecuencia de su oposición, que esta entidad fuera absuelta de todos los cargos formulados. Por sentencia fechada el 3 de noviembre de 1933, el juzgado 5° en lo civil, del circuito de Bogotá, hizo estas declaraciones: Primera.—Condenó al distrito de Bogotá a pagar a Herrera “el valor del lucro cesante, como indemnización de los perjuicios que éste le demanda, y que el municipio le causó por la inundación que se produjo en su casa N° 300 de la calle 10 de esta ciudad, el día 22 de noviembre de 1931”. Segunda.—Condenó al mismo distrito “a indemnizar al propio señor Herrera el valor de los daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente, producidos en la finca, por efecto de la inundación que en ella se produjo el 19 de noviembre de 1932, y que

ocasionó la destrucción total del edificio”. Tercera. —Dispuso que las indemnizaciones fueran fijadas mediante el procedimiento que la ley determina para la ejecución de las resoluciones, y al efecto dio ciertas bases con arreglo a las cuales debería hacerse la liquidación. El señor personero municipal apeló de la sentencia proferida por el juzgado, la cual fue confirmada por el tribunal de Bogotá, en fallo de fecha 30 de octubre de 1934. Contra la sentencia del tribunal interpuso recurso de casación el representante del distrito. El señor procurador general de la nación formuló la demanda de casación el día 23 de septiembre de 1935. Sostiene el señor procurador que la sentencia recurrida incidió en triple error: a) —Por infracción directa, ya que omitió aplicar el artículo 640 del código civil, destinado a fijar la especial responsabilidad de las entidades jurídicas, concepto que comprende a los distritos, entre ellos al de Bogotá. b) —Por aplicación indebida de los artículos 2341 y 2356, ya que ellos no podían aplicarse directamente al distrito, como si se tratara de una persona física, sino atemperándolos a la especial disposición del citado artículo 640. c) —Por error de interpretación, por cuanto habiendo reconocido falta en los empleados del distrito, si ésta se cumplió fuera de sus funciones debió declararlos exclusivamente responsables, y si se cumplió dentro del servicio debió repartir la responsabilidad entre ellos y la entidad. Se destacan algunos párrafos del estudio hecho por el señor procurador: “Apreció mal las pruebas el tribunal al deducir culpa o descuido

en la construcción de una obra perfecta. Es extravagante el concepto de que los descuidos produzcan obras bien construidas y científicamente planeadas o diseñadas”. Los peritos afirman que “las aguas que produjeron la inundación, provinieron del colector del río San Francisco”. De esta afirmación deduce la sentencia la responsabilidad del municipio porque entiende mal el pensamiento de los peritos. Claro y evidente resulta que ellos, al afirmar la bondad del colector y declarar que la inundación provino de las aguas del colector, quisieron dar a entender que las aguas, por causa de la lluvia torrencial, sobrepasaron la capacidad de la canalización o que determinaron en ésta circunstancias extrañas, determinantes de su derramamiento. De estas afirmaciones de los peritos el tribunal no podía deducir la existencia de una culpa, de un descuido o de otro acto malicioso sino en virtud de un error de apreciación que vosotros debéis corregir. “Incurre la sentencia en error de derecho al aplicar el artículo 2341, imputando descuido o negligencia en el municipio al prospectar, construir y dar al servicio el colector, por cuanto ésta es una obra perfecta para el fin a que está destinada”. “E incurre en igual error de derecho al aplicar el artículo 2356 suponiendo que pueda imputarse descuido o negligencia al contratar el estudio y construcción del colector, ya que el resultado de tales contratos no fue una obra imperfecta sino una científicamente planeada y realizada, de la cual no se puede afirmar que, normalmente y dentro del servicio a que se destina de ordinario, dé lugar a inundaciones”. “El tribunal erró al apreciar como descuido imputable al

municipio el hecho, mal probado, de que el contrato para el estudio de la canalización fuera “muy vago en cuanto a estipulaciones respecto a las condiciones generales del colector y los desagües correspondientes”, como lo afirma la dirección municipal de obras públicas, en su nota de 13 de agosto de 1926. Es que no podía ser de otra manera. “Aprecia mal el tribunal esta prueba, cuando piensa que hay vaguedad culpable al omitir especificaciones o condiciones que no se conocen, y que, por lo mismo, no pueden darse, y que aún conociéndolas, es prudente no darse para obtener una mayor exactitud en los estudios contratados”. “Hay error de hecho al invertir el significado de la prueba tomándola como demostrativa de negligencia, cuando es demostrativa de vigilante cuidado...” “Pagó el señor Herrera la cuota proporcional que le correspondía no sólo en razón de los desagües de su casa sino en el colector que los prolonga hasta afuera de la ciudad? ¿O se obligó formalmente a ese pago? No hay prueba de ello. Por lo mismo el señor Herrera, que dejó de presentarla, no ha adquirido en este juicio el derecho a que se reconozca obligación en el municipio para construirle los desagües. “El tribunal incurre en error de hecho y de derecho al deducir para el municipio la obligación de construir los desagües de la casa del señor Herrera, deduciéndola de pruebas que no existe en el proceso…” Afirma el señor procurador que en la apreciación de las pruebas incurre el tribunal en triple error, a saber: a)—En error de hecho y de derecho, al admitir que los desagües contratados por el distrito originaron la inundación por

estar mal dispuestos, pues no hay prueba de que la mala disposición hubiera sido de tales desagües, o de los internos de la casa, o de todos. b) —En error por mala interpretación del artículo 17 de la ley 99 de 1922, al deducir de ese precepto que el municipio estaba obligado a construir los desagües de la casa del señor Herrera, cuando no está probado que éste hubiera satisfecho la contribución correspondiente o se hubiese obligado formalmente a pagarla. c) —En error al no dar aplicación al artículo 2345 del código civil, declarando la responsabilidad del dueño si sostiene que por la mala disposición de todos los desagües se originó la inundación. Agrega el señor procurador que si el demandante tenía la obligación de reparar sus desagües y si la secretaría de obras públicas se ofreció a ayudarle con las indicaciones técnicas para que cumpliera su obligación, debió demostrar que hizo la reparación, que recibió las indicaciones y que se acomodó a ellas, para librarse de la participación que por su imprudente renuencia le acarrea el artículo 2357 ya citado, que por este aspecto dejó de aplicar el tribunal.

Termina así el señor procurador: “Se reúnen, pues, las cuatro condiciones exigidas para que el caso fortuito tenga fuerza liberatoria: la inundación provino de un aguacero con granizo: 1) —Que no puede ser imputable al municipio; 2) —Que ocurrió sin su culpa; 3) —Que le fue absolutamente irresistible, y 4) —Que razonablemente no previó porque se sucedió

en contra de las previsiones técnicas que determinaron las capacidades de la obra”. “La sentencia recurrida viola la ley por haber omitido la aplicación del artículo 1 de la ley 95 de 1890, que libra de toda responsabilidad al demandado inculpable”. El señor Herrera, por medio de escrito fechado el 19 de noviembre de 1935, formuló su oposición a la demanda del señor procurador.

La corte considera: 1. —Según el artículo 640 del código civil, los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos límites sólo obligan personalmente al representante. Esta disposición legal, invocada por el recurrente, nada tiene qué ver con los distritos ni con la culpa extracontractual. Se refiere exclusivamente a las corporaciones, especie de personas jurídicas distinta de la a que pertenecen los municipios. Los artículos 633 del código civil y 80 de la ley 153 de 1887 no dejan duda alguna sobre el particular, aparte de que los municipios son siempre personas de derecho público, al paso que las corporaciones lo son siempre de derecho privado. Y exclusivamente mira a actos y contratos, para repetir el principio, varias veces consignado en el código, de que el representado contrae obligaciones por voluntad del representante en cuanto el ejercicio de la representación no rebase las facultades anexas a ésta. Por tanto, al admitir el tribunal la tesis de que el distrito de Bogotá se hizo reo de culpa extracontractual, no infringió el artículo 640 del código civil, como lo sostiene el

recurrente. Véase la sentencia de la corte sobre perjuicios morales, de 21 de julio de 1922. 2. —El artículo 1494 del código civil señala como fuente de obligaciones “un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona”, y trae el delito como ejemplo de esta fuente. Sin embargo, suele ser la omisión el más rico origen de obligaciones que la acción misma, y es la culpa en este campo un principio de mayor fecundidad que el delito. Sin duda alguna por cada malicioso detrimento de personas o de cosas habrá millares de daños que obedecen a descuido e imprevisión, y entre estas culpas predominan las que consisten en defecto por negligencia u olvido; por falta, en fin, de cuidar, prever y prevenir. Después que el código civil ha tratado cuanto concierne a contratos y a cuasicontratos, dedica un título a la responsabilidad común por los delitos y las culpas. Interesa para el caso en estudio destacar esta norma que surge de los artículos 2341 y 2356: todo daño imputable a culpa de una persona, debe ser reparado. Norma objetiva que equivale a esta subjetiva: todo el que ha sufrido un daño por culpa de otro tiene derecho a ser indemnizado. Cuando al reo de culpa se le demanda en juicio para que indemnice el daño que causó con su conducta imputable aunque no maliciosa, suele defenderse excepcionando de fuerza mayor o caso fortuito. Es ésta en multitud de casos su reacción natural. Apenas habrá concepto jurídico de que se abuse tanto como se abusa del que consiste en el accidente imprevisto e irresistible.

Menudea su alegación así para desviar el efecto de los contratos como para eximirse de cumplir las obligaciones que tienen por fuente una conducta culpada. El artículo 64 del código civil definía la fuerza mayor o caso fortuito diciendo que es el imprevisto o que no es posible resistir. Con la conjunción o, que en esta vez no separa sino que denota equivalencia, se identificaba en cierto modo la imprevisibilidad con la irresistibilidad. Más científico el legislador de 1890, en el artículo 1° de la ley 95 de ese año cambió la conjunción o, en donde se leía “es lo mismo”, por la preposición a, que denota el complemento de la acción del verbo. Así, en lugar de “el imprevisto o que no es posible resistir”, dijo “el imprevisto a que no es posible resistir”. Cambiada la conjunción por la preposición surgieron con toda nitidez los dos caracteres de la fuerza mayor o caso fortuito, a saber: imprevisto e irresistible. Prever, que en el lenguaje usual significa ver con anticipación, tiene en tecnología culposa la acepción de conocer lo que vendrá y precaverse de sus consecuencias, o sea prevenir el riesgo, daño o peligro, guardarse de él y evitarlo. De ahí que cuando una persona, jurídica o natural, no evita el daño evitable, se dice que no lo previó ni lo previno, lo cual la inhibe para alegarlo como causa de liberación, pues entonces la culpa precede y contribuye a su advenimiento. La persona no ha empleado toda la inteligencia y pericia necesarias para evitar los efectos de la fuerza irresistible. Si no se previó el accidente pero se le puede resistir, no

habrá caso fortuito. Ejemplo: cualquiera fuerza física o moral sin suficiente violencia para ser irresistible, aunque no se haya pensado en ella. Si el accidente es irresistible pero debió preverse, tampoco habrá caso fortuito: Ejemplo: cualquiera fuerza física o moral, a que no pueda resistirse pero que pudo evitarse en sus consecuencias. El anterior código judicial, en sus artículos 479 y 480, exige que el accidente sea inopinado e invencible y que el caso fortuito se deba a una causa desconocida e imprevista que no fue posible evitar. Si el tribunal de Bogotá, al apreciar las pruebas directas e indirectas que campean en el juicio, estimó que el distrito no puso los medios necesarios para evitar o impedir el riesgo de las inundaciones, obró jurídicamente al aplicarse los artículos 2341 y 2356 del código civil, preceptos que no tenía por qué atemperar, como lo pretende el recurrente, al especialísimo del 640. En sentir del tribunal hubo relación de causalidad entre la conducta del distrito y los perjuicios sufridos por el actor. Su sentencia puede traducirse así: fue una avenida del río San Francisco lo que inundando la casa de Herrera produjo su ruina; el distrito no pudo impedir la avenida porque la creciente impetuosa del río fue el resultado de un fuerte aguacero, pero sí pudo impedir la inundación de la casa ejecutando obra u obras que conjuraran la contingencia del daño. Si no las ejecutó, hallándose en capacidad de hacerlo, sería por falta de cautela, pues las anteriores inundaciones, los advertimientos del propietario y el dictamen de

los empleados municipales, eran elementos de juicio conjetural, suficientes para que persona avisada se precaviera y guardara de daños que podían sobrevenir. En resumen, juzgó el tribunal que el daño no se hubiera causado sin la culpa del distrito. Mazeaud define la culpa diciendo que es el error de conducta en que no hubiera incurrido una persona avisada, hallándose en las mismas circunstancias externas en que estuvo el autor del daño. Ya observó la corte, en sentencia de fecha 20 de agosto de 1935, que en tales casos, de acuerdo con la teoría llamada de la causalidad ocasional, para que el demandado responda de perjuicios basta que entre las diversas causas, cuya concurrencia produjo el daño, existiera alguna que le sea imputable, salvo que también haya responsabilidad de la víctima, caso en el cual reparan demandante y demandado, reos ambos de culpa. 4.—El señor procurador no ha demostrado haberse incurrido por el tribunal en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en el autos, al hacer la apreciación de las pruebas. La operación de crítica probatoria, llevada a cabo por el tribunal, escapa a la casación, porque no se ha demostrado que fuese manifiestamente errónea la conclusión de hecho a que le llevó esa crítica. 5. —Que el colector sea una obra perfecta no es punto tan indiscutible como lo cree el recurrente. Al contrario, Hernando Parra Lleras, perito que dictamina a foja 24 del cuaderno número 1°, dice que la cantidad de agua que puede llegar al colector por causa de los aguaceros es mayor que la hallada como capacidad de

dicho colector en las mejores condiciones de limpieza y conservación. Agrega, eso sí, que en la época en que se calculó la obra no se disponía de los datos de que hoy se dispone para un cálculo científico de su capacidad. El perito Norberto Díaz C., a foja 26 del mismo cuaderno, acepta el resultado de los cálculos hechos por u colega, que dan para el caudal tributario por la hoya del río San Francisco un gasto de 31,932 metros cúbicos, para concluir que es deficiente la sección del colector de que nos venimos ocupando y cuyas características, halladas en los planos del proyecto, permiten un gasto máximo apenas de 28,500 metros cúbicos. 6. —Sea o no perfecto el colector, téngase en cuenta que, a juicio del perito Parra Lleras, la inundación no se produjo por mala construcción de esa obra, que ningún daño ha sufrido, sino porque los desagües están mal construidos y colocados, y por otras causas que el mismo perito anota. En concepto del perito Díaz C. no tuvo influencia obstrucción alguna del colector, puesto que su sección transversal y su perfil longitudinal se conservan en buenas condiciones. 7. —La sentencia condenatoria no se fundó exactamente en que el colector fuese imperfecto, sino en que a juicio del tribunal las inundaciones se produjeron por el agua de ese colector, que brotaba por las cañerías y sifones de la casa de Evaristo Herrera. El tribunal se fundó en declaraciones de testigos, en dictámenes periciales y en el oficio emanado de la secretaría de obras públicas,

con fecha 22 de diciembre de 1931. También tuvo en cuenta las inspecciones oculares practicadas por el juez primero municipal de Bogotá en los días 17 de marzo y 15 de octubre de 1932. 8. —Han venido al juicio cuatro dictámenes periciales, a saber: El de Parra Lleras, a foja del cuaderno N°1, quien dice en lo sustancial: a) —Que pudo no ser por la mala construcción del colector por lo que se produjo la inundación, sino por la mala construcción y colocación de los desagües de la casa, que pueden ir a la alcantarilla de la calle 10 o al colector del río, y además por las malas condiciones en que están los muros y piso de los sótanos, sin defensa contra la humedad e infiltraciones de las aguas lluvias; b) —Que mientras las paredes de base de la casa no se reformen, haciéndolas impermeables, sin duda alguna seguirán deteriorándose por causa de la humedad; c) —Que la cantidad de agua que pueden los aguaceros llevar al colector excede a la capacidad de éste, aún suponiéndolo en las mejores condiciones de limpieza y conservación; ch)—Que la sección municipal de alcantarillado limpia con frecuencia la extremidad del colector y el cauce del río aún no canalizado, pero que no puede el perito conceptuar sobre represa de las aguas por obstrucción de la boca terminal del colector o de su interior, como consecuencia de la mala construcción de la obra, porque en la inspección ocular no se practicó visita a ese interior ni a esa boca, y d) —Que el agua pudo provenir: “o del colector del río San

Francisco, o de la alcantarilla de la calle 10 o de servidumbre que pueda tener la mencionada casa, pues todos pueden haber sufrido un recargo de aguas lluvias, para el cual no estaban calculadas”. El de Daz C., a foja 25 del cuaderno N° 1, quien dice en lo sustancial: a)—Que la construcción del colector en las calles 10 y 11 debió merecer gran cuidado por la circunstancia de haber allí una depresión del terreno, lo que constituye circunstancia desfavorable para los desagües de los predios riberanos correspondientes, y quizá ha debido construirse un canal emisario o que tributara en el colector a un nivel suficientemente bajo; b) —Que es deficiente la sección del colector, en razón de resistir un gasto máximo de 28,500 metros cúbicos, cuando según cálculos para el caudal tributario por la hoya del río San Francisco se requiere un gasto de 31,392 metros cúbicos; c)—Que las aguas causantes de la inundación provinieron en su mayor parte del colector del río San Francisco, como resultado de la inversión del flujo por la cañería del desagüe de la casa, y, en menor proporción, por las aguas lluvias directamente caídas en ese predio, y ch)—Que el nivel inferior del piso de la casa está próximamente a 1,46 metros más bajo que el nivel del intradós del arco en la clave del colector. Los dos anteriores dictámenes se refieren a la segunda de las inundaciones. En cuanto a las causas de la primera inundación depusieron conjuntamente el mismo Díaz C. y los peritos Saulo V.

Medina y Jorge Paredes, a fojas 17 y siguientes del cuaderno N° 1.

En lo fundamental dicen: a) —Que dadas las diferencias de altura del patio de la casa y del colector, las aguas de éste pasarán a aquélla cuando la superficie libre del flujo de las aguas suba a una altura mayor de 1,80 metros, y esto en el supuesto de que los desagües entren al colector a la prolongación del lindero norte, pues si entran más abajo las condiciones de la casa mejoran; b)—Que el colector se diseñó y construyó para que desaguaran las crecientes resultantes de los aguaceros más fuertes registrados hasta entonces, quedando el margen de la bóveda como margen de seguridad; c) —Que la elevación de nivel de flujo en el colector podría provenir de caudal de creciente mayor que la prevista o de represa de las aguas del colector y reducción de la sección de desagüe del mismo, ocasionada por obstrucciones en su boca terminal o en su interior; ch)—Que la inundación no es prueba de que el colector esté mal construido y que los desagües deben sacarse algún trecho más abajo para que entrando al colector por la parte superior en ningún caso puedan experimentar flujo en sentido contrario; d) —Que cierta presión hidráulica dentro del colector, ocasionada por deficiencia en la sección de desagüe o por reducción accidental de ésta, debida a materiales de acarreo, puede producir un flujo del colector hacia los predios aún en el caso de que los desagües de éstos estén bien planeados, El defecto

sería entonces del colector. e)—Que no es posible afirmar que el colector esté mal diseñado o construido, por lo cual a esa obra se deban las inundaciones, pues más bien creen que el defecto ocasionado está, o en la disposición de los desagües de la casa con respecto al colector, o en obstrucciones de carácter temporal en la boca terminal de éste; f) —Que el peligro de las inundaciones desaparece por completo cuando los desagües de la casa estén debidamente ejecutados y el colector se mantenga despejado, todo en el supuesto de que éste sea capaz y apropiado. Resumidos los anteriores dictámenes, no puede deducirse, como lo afirma el recurrente, que el tribunal no entendió bien el pensamiento de los peritos. Si el colector no es perfecto, debido a que en la época en que fue diseñado no se disponía de ciertos datos meteorológicos que posiblemente hubieran movido a sus constructores a darle mayor capacidad, y si las inundaciones se produjeron por flujo inverso del agua atribuible a ciertas causas anotadas, como posible obstrucción de la boca del colector o mala co