CSJ - SC26-11-1935 - [061]

Sentencia C – SC - 061 de 1935

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nº 1907 y 1908

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

CALI

PETICIONARIO:

Ezequiel Hoyos

MAGISTRADO PONENTE:

MIGUEL MORENO

JARAMILLO

INDICIOS. CANCELACIÓN DE HIPOTECA. CUANDO

QUEDAN SIN EFECTO LOS CONTRATOS. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN Y DE LA CESACIÓN. PAGO CON SUBROGACIÓN La ponderación que hace el tribunal de los indicios, para juzgarlos graves y conexos, entra en el juicio ponderativo que es de su resorte. Debe diferenciarse, el fenómeno de la cancelación de las demás declaraciones que puedan hacerse en el mismo instrumento en que se cancela un gravamen hipotecario. Un contrato válidamente celebrado puede quedar sin efecto por distintas causas que no se identifican ni con la declaración de nulidad propiamente tal, o nulidad absoluta, ni con la de rescisión, o nulidad relativa. Estas causas pueden consistir, si son voluntarias, en el querer de una parte, o en el de varias partes, o en el de todas las partes, o en el dé un tercero ajeno del contrato, o en el de una parte y un tercero.— Diferencia entre resolución y cesación.—Contratos de tracto sucesivo.—La ficción jurídica en virtud de la cual se admite algo que no es cierto y se niega existencia a algo que realmente vivió, no puede aplicarse rigurosamente cuando durante el contrato resuelto nacieron para terceros derechos de los que la ley respeta o cuando el fallo resolutorio se refiere

a convenciones complejas.—Legal o convencional, la SUBROGACIÓN se opera juntamente con el pago. No antes ni después. Corte suprema de justicia. —Sala de casación en lo civil. Bogotá, veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y cinco. Por escritura número 1767, de 2 de agosto de 1919, otorgada en la notaría primera del circuito de Medellín, José Vicente Restrepo E. y Antonio J. López se constituyeron deudores solidarios de Ruperto Uribe S., por la cantidad de $ 2,000.00 en oro inglés amonedado, que de éste recibieron en mutuo a interés, al tipo del uno y cuarto por ciento mensual. El capital sería restituido al vencimiento de un año contado desde la fecha del contrato y los intereses serían satisfechos por mensualidades vencidas. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, los deudores constituyeron en favor del acreedor derecho de prenda sobre varios inmuebles, entre los cuales figura el que se determina así: "Una casa de tapias y tejas, con sus mejoras y anexidades, situada en esta ciudad (Medellín), y que linda: por el frente, con la carrera de Abejorral; por el norte, con propiedad de Ricardo Zapata, hoy de Mercedes Robledo; por el sur, con propiedad de Emilia Villa, hoy de Julio Correa y la Casa de Asilo; y por el oriente, con predio de Esmaragdo Rodríguez, hoy de Castor Arango" (cuaderno N° 2, folio 4). Por escritura número 2661, de 2 de noviembre de 1920,

otorgada en la notaría primera del circuito de Medellín, el acreedor Ruperto Uribe S. hizo esta declaración: "Que por escritura número mil setecientos sesenta y siete (1767), otorgada en esta notaría el dos (2) de agosto de .mil novecientos diez y nueve (1919), los señores José Vicente Restrepo E. y Antonio J. López se constituyeron sus deudores solidarios por la cantidad de dos mil pesos ($ 2,000.00) oro inglés amonedado, a interés del uno y cuarto por ciento mensual, con plazo de un año y garantizando el crédito con hipoteca de un inmueble y en los remanentes de otro, situados en esta ciudad; y que habiendo cumplido los deudores con las obligaciones consignadas en dicha escritura, el otorgante la declara sin fuerza y cancelada" (cuaderno N' 2, folio 6). En la copia de la escritura últimamente citada aparece esta certificación: "Certifico: Que el dinero con que 'hice esta cancelación lo recibí del señor Jesús A. Monsalve porque, según operación verificada entre éste y el señor José Vicente Restrepo E., el primero se comprometió a hacer la cancelación. Medellín, marzo 16 de

1925. Ruperto Uribe S." (cuaderno No 2, folio 6 vuelta).

Por escritura número 1769, de 4 de junio de 1926, otorgada en la notaría 2» del circuito de Medellín, Ruperto Uribe S. hizo esta declaración: "Que el crédito hipotecario constante en la escritura número mil setecientos sesenta y siete (1767), de dos (2) de agosto de mil

novecientos diez y nueve (1919), de la notaría primera de este circuito, por la cual los señores José Vicente Restrepo E. y Antonio

J. López se constituyeron sus deudores solidarios por la cantidad de dos mil pesos oro ($ 2,000.00) y sus intereses, al uno y cuarto por ciento mensual (1.5%), le fue pagado a nombre del codeudor señor Restrepo E., por el señor Jesús A. Monsalve, el dos (2) de noviembre de mil novecientos veinte (1920), con los intereses corridos de junio a octubre de mil novecientos veinte (1920), según ya lo hizo constar en nota que puso al pie de la escritura de cancelación número dos mil seiscientos sesenta y uno (2661), de dos de noviembre de mil novecientos veinte (1920), de la notaría primera de este circuito, advirtiendo que los intereses anteriores a junio de mil novecientos veinte (1920) le habían sido pagados por Restrepo E. y López. Que en virtud de tal pago, Jesús A. Monsalve debió quedar subrogado en los derechos en el expresado crédito hipotecario; pero que el otorgante Uribe S. no responde de la solvencia presente ni futura de los deudores y salva toda responsabilidad".

El pago hecho por Jesús A. Monsalve a Ruperto Uribe S., de que tratan una escritura y una certificación ya conocidas, obedeció a lo siguiente: Por escritura número 2515, de 4 de octubre de 1919, otorgada en la notaría 1» del circuito de Medellín, Antonio J. López

y Jesús A. Monsalve vendieron a José V. Restrepo E. un inmueble en la cantidad de $ 9,000.00. El comprador Restrepo E. pagó a uno de los vendedores, Monsalve, la cantidad de $ 3,000.00 imputables al precio total, transmitiéndole el inmueble situado en Medellín, en la calle de Abejorral, que se ha delimitado ya. Y como dicho inmueble estaba gravado con hipoteca a favor de Uribe S., para garantizar el pago de $ 2,000.00, Monsalve se obligó a obtener con dinero suyo la cancelación de tal gravamen. Compréndese, por tanto, que las partes estimaron en $ 5,000.00 el inmueble objeto de la dación (cuaderno No 1º, folio 11). Por libelo fechado el 29 de noviembre de 1930, muerto ya Restrepo E., Monsalve demandó en juicio ordinario a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida qué constituyó el finado con su cónyuge Celsa Julia Palacio de Restrepo, y a la sucesión, también ilíquida, del primero, para que se hiciesen las declaraciones que en seguida se extractan: Primera. —La de que la sociedad conyugal de Restrepo E. y Palacio y la sucesión de Restrepo E, deben pagar al demandante la cantidad de $ 2,000.00; Segunda. —La de que las mismas sociedad y sucesión deben pagar al mismo demandante los intereses devengados por la cantidad a que se refiere la anterior declaración, desde el día 4 de junio de 1920 hasta aquel en que se efectúe el pago, y a los tipos

pactados en la escritura número 1767, de 2 de agosto de 1919, otorgada en la notaría primera del circuito de Medellín, por la cual José Vicente Restrepo E. y Antonio J. López se constituyeron deudores solidarios de Ruperto Uribe S., y Tercera. —La sobre condenación en costas (cuaderno No 1º, folio 1). Entre los hechos fundamentales de la demanda conviene destacar, en resumen también, los siguientes: a).—El de que Monsalve obtuvo de Uribe S. la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el inmueble recibido en pago, entregando a este acreedor la cantidad de $ 2,000.00 con sus intereses pendientes el 2 de noviembre de 1920; b).—El de que por demanda fechada el 31 de junio de 1921, Restrepo E. pidió la resolución del contrato de compraventa celebrado por dicho señor, como comprador, y por López y Monsalve como vendedores, contrato perfeccionado por medio de la escritura número 2515, de 4 de octubre de 1919, y c).—El de que el juicio promovido por Restrepo E. terminó por sentencia sobre resolución del contrato de compraventa, proferida el 18 de septiembre de,1923 por el tribunal de Medellín. Efectivamente, como lo afirma Monsalve, el tribunal declaró resuelta la compraventa; dispuso que las cosas volvieran al estado en que se hallaban al tiempo de celebrarse el contrato, y, entre otras cosas, que en el presente negocio no interesa conocer, ordenó que Monsalve entregara a Restrepo E. el inmueble situado

en Medellín, en la carrera de Abejorral, objeto de la dación a que se refiere la escritura en que consta el contrato resuelto. Monsalve dice que restituyó a Restrepo E. el inmueble recibido de éste y que el pago ejecutivo sobre cobro de perjuicios, a que también fue condenado, cursa ante algún juez de Medellín. Uno de los demandados (cuaderno I9, folio 6 vuelta) negó que Monsalve hubiera cumplido sus obligaciones, y otros siete demandados (cuaderno No 1º, folio 13) eludieron la respuesta a las afirmaciones que sobre este punto hizo Monsalve. Cinco razones aduce Monsalve como fundamento de su demanda: el fallo del Tribunal que ordenó volver las cosas al estado en que se hallaban en el momento de celebrarse la compraventa; el derecho que asiste al( poseedor vencido para que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, entre las cuales deben contarse, según el demandante, las que se hagan en orden a obtener que éste quede libre de hipoteca; la transmisión de los derechos del acreedor al tercero que habiendo comprada un inmueble, es obligado a pagar a quien el inmueble está hipotecado; la acción del que paga una deuda ajena a un acreedor que ha suprimido o cancelado su título, pura intentar contra el deudor las acciones del acreedor, y, finalmente, "la equidad, la moral y la razón, que, con prescindencia de toda ley escrita, me reconocen el derecho que reclamo". Por sentencia fechada el 28 de noviembre de 1932, el juzgado

1º, en lo civil, del circuito de Medellín, condenó a la sociedad conyugal disuelta de Restrepo E, y Palacio, y a la sucesión de aquél, a pagar a Monsalve la cantidad de $ 2,000.00 con sus intereses liquidados desde el 4 de junio de 1920 hasta el día en que se efectúe el pago, a razón del uno y cuarto por ciento mensual (cuaderno Nº 1, folio 15). El tribunal de Medellín, por sentencia fechada el 7 de junio de 1934, confirmó el fallo de primera instancia (cuaderno Nº 1, folio 40 vuelta). El mandatario de los demandados interpuso recurso de casación contra la sentencia del tribunal (cuaderno Nº 1, folio 46). El recurrente alegó estas causales: 1º—Violación del artículo 665 del código judicial, "por aplicación indebida y por interpretación errónea, pues el tribunal consideró como plena prueba circunstancias que no son indicios, o que si lo son, no son graves, precisos y conexos entre sí de modo que concurran todos a demostrar, sin lugar a duda, la verdad del hecho controvertido". 2º-Violación del artículo 1759 del código civil, porque el tribunal, al apreciar la escritura número 2661, de 2 de noviembre de 1920, otorgada en la notaría 1º del circuito de Medellín, por la cual Ruperto Uribe S. declaró cancelada la hipoteca por haber cumplido los deudores con sus obligaciones, el tribunal, se repite, "despreció la prueba directa de que Restrepo hizo el pago..." 3º—Violación del artículo 1760 del código civil, concordado

con el artículo 2457 de la misma obra, porque debiendo en este caso constar la cancelación de la hipoteca por escritura pública, "para saberse quién hizo el pago, debe atenerse a la escritura, porque es en ella, y sólo en ella, 'donde se debe contar quién hizo el pago de una hipoteca., El tribunal no podía contar con otra prueba que la escritura de cancelación respectiva, porque para la cancelación y demás pormenores de ella la ley exige escritura pública... Aquí, para cancelar la hipoteca, la ley exige la solemnidad de la escritura; luego si no existía esta escritura —donde consta naturalmente quién hizo el pago— no podía recurrir el tribunal a prueba indicial para averiguar quién lo hizo... Una de dos: o el tribunal da por existente la escritura de cancelación, o no. Si lo primero, a ella debe atenerse rigurosamente para saber quién lo hizo (los deudores, o sea José Vicente Restrepo y otro, que no es Monsalve). Y entonces, viene la primera causal alegada (la segunda en el orden que lleva este resumen). Si lo segundo, no pudo recurrir a indicios para reemplazar una escritura que debe existir por mandato legal. Y surge la causal alegada actualmente". 4º—Violación de los artículos 91, 92 y 98 de la ley 153 de 1887 y del artículo 1764 del código civil, porque el tribunal, luego de confesar que no existe prueba directa de que el demandante Monsalve hiciera el pago, aceptó que con prueba no escrita se demuestra una deuda mayor de quinientos pesos, por lo cual, al hacer esfuerzos imposibles de lógica para formar indicios, creó

una prueba de su propia apreciación para establecer la de una obligación mayor de la cantidad expresada. 5º—Violación del artículo 1617 del código civil, por varios conceptos: a).—Porque en el fallo se supone la existencia de una tasa convencional aplicable a la condenación de intereses, cuando los intereses a que podría haber lugar en este caso, suponiendo el pago del principal, no estarían sometidos a una convención sino a la ley, lo cual significa que "esta infracción es por aplicación directa, por aplicación indebida y por interpretación errónea"; b).— Por haberse aplicado una tasa de interés convencional, no habiendo convención aplicable al caso, y c). Porque se condenó al pago de intereses en que no hubo ni pudo haber mora, pues, "se condenó al pago de intereses en relación con un tiempo anterior a la sentencia de resolución y anterior a la restitución que el señor Monsalve ha debido hacer del inmueble". 6º—Violación del-artículo 965 del código civil, porque "aplicando dicha disposición en armonía con el artículo 1617 del código civil se ve que no puede haber mora en el pago de las expensas necesarias sino después de dictada la sentencia de resolución y después de que se haya hecho la restitución del inmueble en que se invirtieron las expensas". 7º—Violación de los artículos 1667 y 1668 del código civil, por aplicación directa, por aplicación indebida y por interpretación errónea, a causa de que el tribunal supone la existencia de una subrogación que no ha existido ni existió en ningún momento. 8º—Violación del artículo 1608 del código civil, porque la

sentencia condenó al pago de intereses desde el 4 de junio de 1920 en adelante, porque "consideró que desde esa fecha había mora". La obligación de reembolso, dice el recurrente, no pudo tener origen sino en la sentencia de resolución, confirmada por la corte el 22 de septiembre de 1924. Por tanto, agrega, no pudo haber mora antes de que tal sentencia quedara ejecutoriada. Y concluye así: "Pero ni siquiera la mora empezó desde la sentencia. Es obvio que fa obligación del reembolso no pudo ser exigible sino desde la restitución del inmueble en que se invirtieron las expensas necesarias, de cuyo reembolso se trata. De modo que la mora no puede haber ocurrido sino cuando la obligación fue exigible y no fue satisfecha. Es decir, desde que Monsalve haya restituido el inmueble en que según su afirmación invirtió expensas necesarias de conservación". Estas ocho causales aparecen ampliamente expuestas así: unas, en el memorial sobre interposición del recurso, que lleva fecha 18 de junio de 1934, y otras, en la demanda de casación presentada el 25 de abril de 1935. De las causales alegadas, las cuatro primeras se refieren a la condenación por capital y las cuatro últimas al tipo de intereses sobre ese capital. Primera causal Violación del artículo 665 del código judicial. El tribunal echó menos una prueba directa de que fuese Jesús A. Monsalve quien pagó a Ruperto Uribe S. lo debido por José V. Restrepo E. Pero estimó que sobre este punto, fundamental en el litigio, si existía una fuerte prueba indirecta. Al efecto analizó varios indicios

que en su concepto bastan para probar que fue Monsalve quien hizo ese pago, y, en consecuencia, para deducir la obligación en que se considera está la parte demandada de rembolsar a Monsalve el capital que éste satisfizo a Uribe S. El recurrente no ha establecido que las alegadas "aplicación indebida" e "interpretación errónea" hayan realmente ocurrido, pues no ha demostrado que en la apreciación de las pruebas cayera el tribunal en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos, como lo exige el artículo 520 del código judicial. En multitud de ocasiones ha dicho la corte, y se confirma en ello, que los tribunales tienen gran libertad para apreciar el valor de la prueba indirecta en su especie de prueba indicial. Los hechos que el tribunal tuvo por indicios, lo son efectivamente, Varios. Precisos. La ponderación que hizo el tribunal de ellos, para juzgarlos graves y conexos, entró en el juicio ponderativo que es de su resorte. Se desecha. Segunda causal No violó el tribunal, como lo sostiene la parte recurrente, el artículo 1759 del código civil, en la apreciación de la escritura nú- mero 2661 de 2 de noviembre de 1920, otorgada en la notaría primera del circuito de Medellín, por cuanto "despreció la prueba indirecta de que Restrepo hizo el pago", pues aparte de que en la escritura citada no aparece tal prueba, aquella corporación, acogiendo la teoría del juez de primera instancia, no se redujo a tomar aisladamente la escritura de cancelación sino que relacionó ésta

con otra posterior emanada también de Uribe S. y con la certificación expedida por el mismo, y asociando los datos que arrojan las declaraciones contenidas en dichos documentos con algunos medios indirectos, concluyó diciendo que por acumulación existía la prueba de haber Monsalve pagado a Uribe S. Dice la corte que en la escritura número 2661 no aparece la prueba de que Restrepo E. hiciera el pago a Uribe S., porque este acreedor apenas afirma que los deudores cumplieron con sus obligaciones. No declara que fueran ellos quienes personalmente le hicieran el pago. Restrepo E., como deudor solidario, quiso cumplir totalmente con la obligación en favor de Uribe S., diputando a Monsalve para que pagara, como se desprende de la escritura número 2515, en donde se lee que "en cuanto a gravámenes hipotecarios sólo carga con uno a favor del señor Ruperto Uribe S., junto con otro inmueble, por la cantidad de dos mil pesos oro ($ 2,000.00), gravamen de que se hace cargo el señor Monsalve...". Además, diputado Monsalve para pagar, según la escritura número 2515, y provisto de lo necesario para cumplir su comisión, perfectamente pudo quedar él comprendido en el concepto de "deudores", expresado por el acreedor, aunque no hubiera novación, que no la hubo. Se desecha. Tercera causal No violó el tribunal los artículos 1760 y 2457 del código civil. La hipoteca se extingue, entre otros medios, por la cancelación que el acreedor acordare por escritura pública; de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva. En este caso la escritura se

requiere como solemnidad y no puede suplirse por otra prueba. Debe diferenciarse el fenómeno de la cancelación de las demás declaraciones que puedan hacerse en el mismo instrumento en que se cancela un gravamen hipotecario. Para que aquel fenómeno sea válido no hay necesidad de que el acreedor exprese en la misma escritura cuál fue la persona que le hizo el pago. Este punto puede establecerse por cualesquiera medios probatorios. Se desecha. Cuarta causal No violó el tribunal la ley 153 de 1887, en sus artículos 91, 92 y 93, ni tampoco el artículo 1764 del código civil, porque él no aceptó que no deban constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de quinientos pesos; ni admitió la prueba de testigos para adicionar o alterar de modo alguno lo expresado en el contrato de compraventa o en el acto de cancelación, en lo que respecta al fondo de aquel contrato o al fondo de este acto; ni, finalmente, reconoció contra el deudor valor probatorio a alguna nota escrita o firmada por el acreedor. Con la escritura número 1767, de 2 de agosto de 1919, se prueba que Restrepo E. y López contrajeron una deuda por dos mil pesos ($ 2,000.00) en favor de Uribe S. Con la escritura número 2515, de 4 de octubre de 1919, se prueba que Monsalve se obligó a pagar a Uribe S. los $ 2,000.00 que a éste debían Restrepo E. y López. Con la escritura número 2661, de 2 de noviembre de 1920, se prueba que los $ 2,000.00 le fueron pagados a Uribe S. Por lo

expuesto se comprende que el nacimiento de la deuda, la obligación que un tercero contrajo de solucionarla y la extinción de ella, son hechos plenamente establecidos con sendas escrituras públicas. Para lo único que el tribunal ha tomado en cuenta la prueba de indicios ha sido para admitir que fue Monsalve la persona que pagó a Uribe S. Y este hecho, que no genera nuevas obligaciones por cantidad mayor de $ 2,000.00 sino que se refiere a indicar la persona pagadora, es un hecho comprobable con indicios. Aunque de él se deduzca cuál es el acreedor. Se desecha. Causales quinta, sexta, séptima y octava Se estudian conjuntamente porque todas ellas se enderezan a obtener la casación de la sentencia recurrida únicamente en cuanto ésta confirma el punto tercero del fallo de primera instancia, referente al modo como deben liquidarse los intereses y al tiempo durante el cual se devengan. En estas cuatro causales señala el recurrente como violados los artículos 965, 1608, 1617 y 1668 del código civil.

La corte considera: Un contrato válidamente celebrado puede quedar sin efecto por distintas causas que no se identifican ni con la declaración de nulidad propiamente tal, o nulidad absoluta, ni con la de rescisión, o nulidad relativa.

Estas causas pueden consistir, si son voluntarias, en el querer de una parte, o en el de varias partes, o en el de todas las partes, o en el de un tercero ajeno del contrato, o en el de una parte y un tercero. Voluntad unilateral. — Puede dejar sin efecto ciertas convenciones. Ejemplos: la sociedad civil expira por renuncia de

uno de los socios, en los casos previstos por el código; el mandato termina por revocación del mandante o por renuncia del mandatario ; el arrendamiento, cuando no se ha fijado tiempo para su duración o cuando el tiempo no lo determinan ni el servicio especial de la cosa ni la costumbre, cesa por desahucio de cualquiera parte; la donación entre vivos puede revocarse por ingratitud; la compraventa se destruye, cuando hay retrovendendo, porque el vendedor ejercite la facultad de retraer; la fianza se extingue por relevo, la hipoteca por cancelación y la anticresis por reintegro. Voluntad de varias partes. — Hay contratos plurilaterales que finalizan extraordinariamente, aun contra el querer de alguna o de algunas partes. Ejemplo: si cualquiera de los socios falta, por su hecho o culpa, a su promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato de sociedad civil, los otros socios tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta. Voluntad total. — Fúndase en que el consentimiento, que dio vida al contrato, puede también destruir esa vida. Las cosas se deshacen del modo como se hicieron. Toda obligación puede extinguirse por un convenio en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo consientan en darla por nula. Esta nulidad convencional y putativa no tiene las mismas consecuencias que la nulidad o la rescisión, judicialmente pronunciadas, respecto de acto o contrato a que faltó alguno de los requisitos ordenados para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. Nada tiene

qué ver la derogación voluntaria de la ley contractual, hecha sobre la base de que ésta existía como fuente de obligaciones válidas, con la anulación de esa misma ley y de las obligaciones que pretendió engendrar y no engendró por objeto o causa ilícita, omisión de formalidades necesarias, incapacidad total, etc., etc.; ni tampoco tiene qué ver nada con la escisión por incapacidad no absoluta o por vicios en el consentimiento o por cualquier otro de los motivos que producen la nulidad relativa. Voluntad de tercero.—No obstante ser la convención un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, lo cual pudiera conducir al pensamiento de que en el vigor de aquélla no influye una voluntad extraña a las del concurso real, es innegable la posibilidad de ese influjo. Ejemplo: si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo persona que mejore la compra se resuelve el contrato, tendrá de cumplirse lo pactado, a menos que el comprador, o su causahabiente en la cosa, se allane a mejorar en los mismos términos la compra. Voluntad de una parte y de un tercero. Según el código civil, el matrimonio de la mujer mandataria, matrimonio que depende conjuntamente de la voluntad de ésta y de la voluntad de su esposo, causa la terminación del mandato. Todas estas ocurrencias de expiración, terminación, cesación, revocación, resolución, extinción, disolución y anulación — obra, según los casos, de la voluntad de una parte, de varias partes, de todas las partes, o de terceros— producen sus

peculiares efectos, muy diversos de los que ofrece el fenómeno de la resolución declarada judicialmente a solicitud de interesado. Pero antes de estudiar las consecuencias de la resolución judicial, conviene decir cuáles son las propias de la terminación judicial, pues que algunas personas confunden tan distintos fenómenos. Por la terminación (o cesación) judicial, pierde el contrato su fuerza para lo futuro, mas quedan en pie los efectos hasta entonces surtidos. Existió desde que fue concertado hasta que tuvo fin, y mientras existió nacieron de él obligaciones y derechos que se respetan. He aquí el sentido de la terminación, aplicable de preferencia a los contratos llamados de tracto sucesivo, "ejecutorios" por oposición a "ejecutados", cuyo cumplimiento se hace en prestaciones periódicas o paulatinas. No así la resolución judicial. Por ésta, el contrato cesa para lo futuro; se extingue retroactivamente desde su nacimiento; y — como anotaba el Magistrado Luís Eduardo Villegas, siguiendo a Rogron, Mourlont, Laurent y Baudry Lacantinerie— "se borra; se desatan todos los derechos y obligaciones que del contrato emanaron; se vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse; se tiene la convención por no celebrada... La resolución obra doblemente sobre el contrato: para lo futuro, quitándole su fuerza; para lo pasado, deshaciendo sus efectos. La cesación únicamente produce el primer resultado". Esta doctrina, enunciada por el Magistrado Villegas con apoyo en comentadores extranjeros, ha sido también la recibida en Colombia. No hay duda de que un contrato resuelto queda retroactivamente anonadado. Nació valido. Pero el incumplimiento

de una parte, alegado y comprobado por la que demuestra su cumplimiento, obliga al juez a eliminarlo. Autores modernos, Ripert y Josserand, sostienen: el primero, en desarrollo de su teoría sobre la justicia contractual, que el contrato fracasa; el segundo, en desarrollo de la suya sobre equilibrio contractual, que el contrato se desfonda y se vuelve tabla rasa. Dícese que por la sentencia resolutoria el contrato queda borrado, fracasado o desfondado, es decir, vuelto tabla rasa, porque juristas nacionales y extranjeros admiten que pronunciada la resolución ha de fingirse que el contrato resuelto no existió jamás. Seducido por esta ficción, el tribunal de Antioquia acogió el interesante fallo proferido por el juzgado de primera instancia, en que éste, luego de reconocer que en el orden natural de los hechos es imposible volver las cosas al estado que tenían antes de celebrarse el contrato, lo cual explica la ficción como medio de dar efecto retroactivo a la sentencia, estima que "al analizar hoy las relaciones de Monsalve con Restrepo, debe hacerse como si no existiera, cuando se hizo el pago, el convenio de que da cuenta la escritura 2515 de 4 de octubre de 1919". Y así el señor juez fluctúa entre el pago con subrogación, el pago sin causa y el pago de lo no debido, como puede verse en estos pasos de su sentencia prohijada por el tribunal: "Entre Monsalve y Uribe S. pudo haberse pactado la subrogación de conformidad con el artículo 1669 del código civil. Mas como no se hizo, quedó la legal al tenor del numeral 5º del

artículo 1668 de la misma obra. Sólo que en virtud del motivo y forma del pago, la subrogación carecía de objeto, porque Monsalve cumplía una obligación, sin que le quedara crédito contra Restrepo. Perseguía tan solo, después de cumplir lo convenido, obtener la cancelación de la hipoteca". Esto dijo el señor juez en un capítulo que tituló "El reintegro". Más adelante, en otro que llamó "Efectos de la sentencia", vierte estos conceptos: "En primer, lugar se tiene la falta de causa. No puede haber obligación sin una causa real y lícita. La causa suele dividirse en próxima y remota. La primera equivale al fin jurídico y la segunda se confunde con el fin económico". "No importa en este caso la causa remota. Procede la próxima. Al celebrarse el contrato de 1919, la causa para Monsalve era la entrega que se le hacía de la casa hipotecada, fuera de las otras ventajas que obtendría en el contrato. Desaparecida la existencia de este contrato, el pago quedó sin causa, y por consiguiente sin valor; ineficaz para Restrepo porque otro lo hacía por él, y claramente resulta que ni aún siquiera por mera liberalidad o beneficencia". "En segundo lugar se tiene el pago de lo no debido. Considerando las cosas con un criterio demasiado objetivo tal vez el hecho del pago no encaja precisamente en el artículo 2313 del código civil, porque el pago no se hizo por error de hecho. Pero mirando las cosas a la luz de la ficción que ordena la se