CSJ - SC31-08-2004 [7175]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente:

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil cuatro (2004).

Ref.: Exp. No. 7175

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de marzo de 1998, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario iniciado por

ARISTÓBULO VALENCIA LONDOÑO y MARY PATRICIA

ALDANA RUIZ contra ARTURO JOSÉ VELÁSQUEZ MARIN y

JOSÉ EMILIO VELÁSQUEZ CARDENAS.

ANTECEDENTES 1.- Solicitó la parte actora, frente a los demandados, que se ordenase el cumplimiento de la promesa de permuta celebrada por ellos el 17 de noviembre de 1994, respecto de dos inmuebles, situados en Filandia y Dosquebradas y alinderados conforme lo determina el hecho primero de la demanda. Además pidió que se les condenara al pago de los perjuicios derivados del incumplimiento, o, en subsidio, en proporción a lo cumplido por el actor o al pago de los frutos del inmueble recibido por los demandados. 1.- Los hechos afirmados por el demandante se compendian así: Según documento del 17 de noviembre de 1994, Aristóbulo Valencia Londoño prometió transferir, a título de permuta, el dominio del predio “Palmichal”, situado en Filandia y alinderado conforme allí consta, en favor de Arturo José Velásquez Marín, quien, a su vez, prometió transferir en favor de

aquél, a igual título, el dominio del lote No. 2, situado en Dosquebradas e identificado por sus respectivos linderos. Dicho negocio fue ratificado por los propietarios de tales bienes, Mary Patricia Aldana Ruiz, quien lo hizo de manera expresa, por escrito, y José Emilio Velásquez Cárdenas, quien así lo manifestó tácitamente, al participar en las discusiones que condujeron a perfilarlo y por haber recibido el inmueble junto con $14.500.000 como parte del precio. Al inmueble prometido por Velásquez Marín se le asignó un precio de $150.000.000 y al prometido por Valencia Londoño la suma de $130.000.000, por lo que éste canceló la diferencia de $20.000.000 en tres contados, del modo que explica la demanda. En el contrato también se acordó que, además de “las ciento cincuenta cuotas o derechos que corresponderían a Valencia Londoño en la futura sociedad por el aporte del lote del terreno que adquiriría en permuta, tendría éste cincuenta cuotas o derechos más en virtud de hacerle entrega al señor Velásquez Marín, como en efecto ocurrió, de dos automotores. El demandante entregó además el inmueble prometido a José Emilio Velásquez Cárdenas, ante solicitud expresa de Arturo José Velásquez Marín, pero de éstos ninguno cumplió lo de su parte, pese a lo dicho en contrario en la mencionada cláusula.

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Las partes, de consuno, no concurrieron al otorgamiento de la escritura pública que solemnizara la permuta,

para lo cual habían fijado el 2 de diciembre de 1994 y la Notaría de Dosquebradas. La parte actora cumplió y se allanó a cumplir, lo que no se puede predicar de la conducta desplegada por Arturo José Velásquez Marín. Los demandados recibieron los vehículos, el dinero y el inmueble, actos que muestran la intención de las partes de ejecutar el contrato. Empero, “todo dio al traste” a raíz del “desacuerdo” surgido entre los contratantes, por cuanto el actor Valencia Londoño, considerando que tendría 150 cuotas en la futura sociedad por aportar a ella el terreno, según la cláusula octava, y que, por “acuerdo”, la participación de Velásquez Cárdenas estaría representada en dinero para la adecuación y urbanización del lote, “no podía aceptar la exigencia” de constituir una sociedad donde se indicara “como único aporte el precitado lote”, porque esto lo “haría partícipe de un activo ajeno a su sacrificio económico”. Además, los demandados son de mala fe, por cuanto, estando vigente dicha promesa de permuta, celebraron otra, con un tercero, respecto del mismo bien. 3.- El demandado José Emilio Velásquez Cárdenas guardó silencio durante el término de traslado de la demanda. Arturo José Velásquez Marín se opuso a las pretensiones, aceptó algunos hechos, negó otros y afirmó que el incumplido era Aristóbulo Valencia. Como excepciones de mérito adujo el incumplimiento del contrato por parte del demandante, falta de legitimación en causa activa de Mary Patricia Aldana Ruiz,

POMC. EXP. 7175 3 “Plazo condicional” y enriquecimiento sin causa de Aristóbulo Valencia L. Además, a éste último lo reconvino en escrito donde lo calificó de incumplido y pidió resolver el contrato de promesa de permuta. El inicial actor se opuso a lo pretendido en la reconvención y excepcionó por carencia de legitimación. 4.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira despachó la instancia con sentencia desestimatoria de las peticiones de la demanda y de la contrademanda. 5.- La parte demandante apeló dicha sentencia, la cual fue confirmada por el superior, aun cuando la adicionó para declarar la nulidad de la promesa de permuta y condenar a los demandados a pagarle al demandante $16.000.000, más $13.245.450 por concepto de depreciación. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Tras evocar los extremos del litigio y el trámite del asunto, el juzgador expuso que habiéndose demandado el cumplimiento de una promesa de permuta tenía que demostrarse su existencia, su validez, el incumplimiento del demandado y el cumplimiento del actor o su allanamiento a hacerlo. En la promesa encontró que Aristóbulo Valencia prometió permutar el predio “El Palmichal”, perteneciente a Mary Patricia Aldana, en favor de Arturo José Velásquez Marín, quien POMC. EXP. 7175 4 prometió, a su vez, permutar un bien inmueble de propiedad de José Emilio Velásquez Cárdenas, “vinculado como aporte a una

sociedad representando 150 acciones de las 700 que corresponden al capital social”; concluyó el fallador, refiriéndose al documento que contiene la promesa, que “aislando una de las cláusulas allí plasmadas es plenamente eficaz para producir efectos jurídicos”. En ese acuerdo, según el Tribunal, se determinaron perfectamente los inmuebles y se identificó a sus propietarios, quienes la ratificaron: Mary Patricia Aldana por escrito, y José Emilio Velásquez Cárdenas de manera tácita, porque recibió el inmueble, los vehículos y el dinero en efectivo que le entregaron, al tenor de lo admitido “en la audiencia de conciliación y en el interrogatorio que no permiten deducir otra cosa que su aquiescencia a la realización del contrato prometido”. El plazo fijado allí fue incumplido por ambas partes, “según lo aceptan en sus libelos de demandas, respuestas y en los interrogatorios, modificaron el contrato de una manera verbal en orden a cumplir con otros convenios que introdujeron no de una manera solemne a la negociación ...”. Si las partes convinieron “no cumplir el contrato en la fecha acordada”, cualesquiera que hubieran sido las razones, no podían pedir su cumplimiento o su resolución, porque la opción del artículo 1546 del C. Civil está instituida en favor del contratante cumplido y si ambos incumplieron ella no opera; de ahí que halló preciso escudriñar si el acordado incumplimiento del convenio perseguía “darle terminación al contrato o si el mismo obedece a una modificación en sus reglas pero persistiendo en el

acto esencial”. En tal dirección advirtió que las partes continuaron POMC. EXP. 7175 5 “ejecutando actos en orden a adelantar la contratación según aparece demostrado con las respuestas a las respectivas demandas y los interrogatorios en donde el señor Velásquez acepta haber recibido dieciséis o diecisiete millones de pesos de parte del señor Aristóbulo y los recibos de abono aportados al libelo”, de los que algunos se produjeron en noviembre y diciembre de 1994 y otros en febrero y marzo de 1995, los últimos por fuera del término pactado para hacerlo. Una vez constatado que “el permutante 1”, Aristóbulo Valencia Londoño, había reconocido en la promesa la existencia de una hipoteca sobre el inmueble por él prometido, gravamen que allí mismo se comprometió a cancelar en los noventa días siguientes al contrato, y que el “permutante 2”, Arturo José Velásquez Marín, se había obligado a pagar los intereses que causara la suma debida en ese plazo, el Tribunal encontró que las partes aceptaron en el proceso que, por el no pago, el acreedor adelantó la acción hipotecaria y el bien fue objeto de cautelas, por un lado, y que, por otro, en el recibo de abono del folio 20 consta la declaración de “que al demandado Velásquez Cárdenas se le entregó la suma de un millón de pesos por cancelación de obligación hipotecaria de la finca con la Caja Agraria y en este predio según el certificado de registro existen dos gravámenes hipotecarios”. De tales hechos dedujo el fallador que las partes modificaron la voluntad manifestada al contratar e

incumplieron lo pactado, así como también que su vinculación no se agotaba en la permuta, porque “tal como lo expresa la cláusula quinta del documento su relación se llegaría la creación de la sociedad anunciada con el consiguiente aporte en la forma y POMC. EXP. 7175 6 proporción señalada e inclusive con adquisición de más acciones o cuotas según lo manifiesta el mismo demandante principal”. Todas las pruebas apuntan a sentar que la voluntad de los contratantes fue la de “intervenir en la creación y formación de una sociedad destinada a la explotación del predio del permutante 2 y en la cual el permutante 1 tendría una participación de 150 cuotas, valor atribuido a los bienes que debía entregar, no podía él hacerse dueño de todo el predio porque existía un proyecto de urbanización del cual harían parte terceras personas que según su propia versión llevó a participar en el proyecto..”. Así interpretada la relación contractual, el Tribunal la consideró ineficaz “porque su objeto no quedó claramente determinado en virtud que no se dieron las condiciones que señala la ley comercial en su artículo 119 para la promesa de contrato de sociedad que también es solemne”. El negocio prometido, agregó, “no tiene una clara definición de la relación jurídica convenida, su objeto no está claro y por ello no es eficaz para producir efectos jurídicos en cuyo caso corresponde (...) declarar su nulidad y consecuencialmente retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrar el contrato”, todo según lo establecido en los artículos 822 del C. de Comercio,

1740, 1741, 1743 y 1746 del C. Civil y 2° de la Ley 50 de 1936. Finalmente, apuntó el sentenciador que la demanda no prosperaría por la nulidad del contrato aducido, que por razón igual también fracasaría la contrademanda, y que, con diferente motivación, confirmaría lo decidido en el fallo de primera instancia, desde luego que adicionándolo con la anunciada declaración de nulidad, como en efecto lo concretó en la parte resolutiva, donde condenó a la parte demandada a devolver el POMC. EXP. 7175 7 dinero recibido y negó la orden de restituir el inmueble “Palmichal”, en virtud de que ese bien había sido rematado a la deudora hipotecaria. EL RECURSO DE CASACION De los cuatro cargos formulados en la demanda, los tres iniciales vienen trazados con sustento en la causal primera del artículo 368 del C. de P. Civil y el último en la causal tercera. El estudio de ellos se iniciará por el cargo cuarto, que denuncia un error in procedendo; luego serán decididos el primero y el segundo, que acusan el quebranto indirecto de norma sustancial por error de hecho en la apreciación probatoria; y por último se estudiará el tercero, de alcance parcial y en el que se enrostra la violación directa de norma sustancial por interpretación errónea. CARGO CUARTO El fallo contiene en su parte resolutiva, a juicio del censor, declaraciones abiertamente contradictorias, porque, siendo confirmatorio de la sentencia de primer grado, que negó lo

pretendido en la demanda y en la reconvención, le adicionó la declaración de nulidad del contrato de promesa discutido en el caso. Esta determinación no pasa de constituir una simple añadidura colocada en estado de inferioridad respecto de la confirmación, a pesar de tratarse de una definición de jerarquía superior. Además, mientras que en la motivación de la sentencia se dijo que aislando una de las cláusulas de la promesa POMC. EXP. 7175 8 ésta resultaba plenamente eficaz, en la resolutiva, sin aislarla, se extendió su efecto a “la totalidad del acto jurídico”. Ante un factor de nulidad del negocio, prosigue, no se compadece que el Tribunal se hubiera detenido a elucubrar sobre la aplicación de normas y la formulación de interpretaciones; si la promesa presentaba “motivos de ineficiencia”, no es ajustado “a derecho realizar reflexiones y conceptuaciones sobre resoluciones y/o cumplimientos ni mucho menos fungir en interpretaciones sobre su texto. Así se coloca al operador jurídico en funciones sobre cosas inanes, baldías, marchitas”. CONSIDERACIONES 1.- Es sabido que, según lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte, la contradicción entre las disposiciones de una misma sentencia se configura cuando la incompatibilidad entre ellas es tal que se torna imposible la ejecución o la efectividad simultánea de lo resuelto. Para que la causal se configure es menester, por tanto, que exista una pluralidad de ordenamientos notoriamente contradictorios, esto es, que uno excluya lo dispuesto por otro, como sucede, por ejemplo, cuando

se impone el pago de una obligación que al tiempo se declara cancelada, o si se ordena cumplir un contrato que simultáneamente es declarado ineficaz; por supuesto que semejantes determinaciones no pueden hacerse efectivas “por cuanto en tal caso se torna imposible la operancia simultánea de lo resuelto en sentidos opuestos en el mismo fallo y, en rigor, habría de decirse que en tal hipótesis no se cumple con la misión encomendada a la rama jurisdiccional, pues la inejecutabilidad de una sentencia que respecto al mismo litigio manda y no manda, POMC. EXP. 7175 9 condena y no condena, declara y no declara, vulnera en forma grave el derecho de los asociados a que se les administre justicia” (Sent. del 15 de marzo de 1994, del 22 de junio de 1995 y del 23 de mayo de 1996). 2.- Si bien la argumentación aducida en el fallo puede lucir deshilvanada, porque la exposición de reflexiones acerca del cumplimiento del contrato no resulta coherente con las que paralelamente pregonan su invalidez, y pese a ser innegable que ese inconexo discurso a lo único que conduce es a la perplejidad, en últimas lo cierto es que las determinaciones adoptadas por el juzgador no son contradictorias. La Corte no puede desconocer la incoherencia del Tribunal, cuya actitud en el punto es inexplicable, pero en todo caso tampoco puede dejar de ver que esa Corporación llegó a advertir que la absolución tenía por fundamento la nulidad del negocio jurídico, de manera que, a la postre, confirmó la denegación de las pretensiones pero no las

motivaciones del a-quo.

En efecto: si la sentencia estableció que el contrato de promesa era inválido por la indeterminación de su objeto, y que, por tanto, era del caso declararlo nulo, y si para hacerlo concluyó que la demanda principal estaba llamada a no prosperar “por nulidad del contrato aludido”, así como las pretensiones de la demanda de reconvención debían “fracasar por las mismas razones”, como también lo resolvió el juzgado, “aunque por razones totalmente diferentes en cuyo caso (su decisión) merece ser confirmada adicionándola en la forma ya analizada”, tiene que entenderse que la confirmación se apoya exclusivamente en la nulidad del contrato y no en otra consideración. Desde esa perspectiva no se ve dónde pudieran POMC. EXP. 7175 10 ser contrapuestas la confirmación y la nulidad, si ésta es tomada como fuente de aquélla y aducida como motivo para confirmar la negación de las pretensiones que había concretado el juzgador de instancia. 3.- En otros términos, si el juzgador, acatando lo dispuesto por el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, se pronunció sobre las pretensiones de la demanda, para denegarlas, tal desestimación no entra en contradicción con la determinación oficiosa que igualmente adoptó, consistente en decretar la nulidad del contrato de promesa, disponiendo las consecuencias pertinentes; por supuesto que ordenada la nulidad del negocio no podían prosperar, precisamente por esa misma razón, las peticiones del actor, orientadas a hacerlo cumplir, ni las de la demanda de

reconvención enderezadas a obtener su resolución, pues unas y otras tienen como punto de partida la validez del contrato, eficacia que la sentencia aquí recurrida le niega. 4.- La acusación, por consiguiente, no prospera. CARGO PRIMERO En él se acusa la sentencia de haber violado indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 4 y 230 de la Constitución, 6° del Decreto 2700 de 1991, 8 y 89 de la Ley 153 de 1887, 1494 1495, 1546, 1602, 1603, 1604, 1609, 1620, 1622 y 1623 del Código Civil, y por aplicación indebida los artículos 1618, 1740, 1741, 1743 y 1746 del Código Civil, 110, 119 y 822 del Código de Comercio, y el artículo 2° de la Ley 50 de 1936, todo a POMC. EXP. 7175 11 causa de error de hecho en la apreciación de las cláusulas del contrato de promesa de permuta. Afirma el impugnante que el contrato celebrado el 17 de noviembre de 1994, por las partes de este proceso, “incorpora un negocio jurídico principal de promesa de permuta”, ajustado a la ley, al que éstas le agregaron diversos deberes colaterales, entre los que descuella la obligación de Valencia Londoño de pagar a Velásquez la diferencia de $20’000.000 del valor asignado a los bienes, así como la de cancelar en 90 días el gravamen hipotecario que pesaba sobre el predio “Palmichal”; de

las obligaciones contraídas por Velásquez Marín recuerda la de sufragar los intereses durante ese plazo, dentro del cual cancelaría así mismo, una hipoteca que gravaba el predio situado en Dosquebradas a favor de Coopsibaté. Con igual propósito “de accidentalidad” las partes consignaron la cláusula quinta en la que declararon que “el lote recibido por Aristóbulo Valencia está VINCULADO como aporte y al compromiso de constitución de sociedad limitada cuyo nombre anticipadamente se enuncia ‘Constructora Velásquez y asociados Ltda.’, donde se recibirá como aporte y en compensación de ciento cincuenta cuotas o partes sociales de setecientas que conformarán la totalidad del capital social”, cláusula donde el Tribunal halló el “NÚCLEO ESENCIAL DEL CONTRATO”, cuyo tenor en verdad tiene “la perspectiva de programar con uno de los bienes comprometidos en la promesa de permuta la constitución de una sociedad comercial, de orden Limitada y de pronto diseña una tentativa de promesa de contrato de sociedad”, pero pactada en forma “simplemente accidental dentro del cuerpo de una contratación adherida a derecho”.

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De esa cláusula accidental, sigue el censor, “subjetivamente calificada de ineficaz”, el Tribunal extendió esa calificación a la totalidad del acto, en operación que condujo a la fractura del derecho por resultar comprometido con ella el principio de preservación del negocio jurídico, en razón de no haber realizado “una búsqueda con fines de conservar y mantener las cláusulas lícitas de la promesa”. Conviene el recurrente que a la conclusión reprochada se llegó por la aplicación del artículo 1618

del Código Civil, pero se duele porque el fallo encontró que la promesa, “aislando una de las cláusulas allí plasmadas es plenamente eficaz”, y porque sin aislarla declaró nulo el negocio, infringiendo el artículo 230 de la Constitución, el 6° del Decreto 2700 de 1991 y el 8° de la Ley 153 de 1887, textos que establecen que los jueces están sometidos a la ley y a los principios generales del derecho como “criterios auxiliares de la actividad judicial”. La parte viciada de un contrato contaminó el contenido total del mismo, concluye, en entorno que considera “error manifiesto y ostensible que demanda reparación”.

CONSIDERACIONES

1. Luego de asentar algunas reflexiones en torno a las acciones previstas en el artículo 1546 del Código Civil, puntualizó el Tribunal, con notable digresión, hay que admitirlo, que en el asunto de esta especie “la vinculación de las partes no se agotaba con la sola permuta de los bienes inmuebles sino que además tal como lo expresa la cláusula quinta del documento su relación se llegaría hasta la creación de la sociedad anunciada con el consiguiente aporte en la forma y proporción señalada e inclusive con adquisición de más acciones o cuotas según lo POMC. EXP. 7175 13 manifiesta el mismo demandante principal, por ello, la literalidad del contrato prometido queda en entredicho porque la voluntad contractual precisamente es la que de manera inequívoca se manifiesta en la cláusula que no es posible pasar desapercibida sino que constituye el núcleo esencial del contrato”.

Y agregó seguidamente: “... el título XIII del Código Civil consagra unas reglas de interpretación de los contratos que tienen plena aplicación al asunto porque todas las pruebas apuntan a determinar claramente que la voluntad de los contratantes era intervenir en la creación y formación de una sociedad destinada a la explotación del predio del permutante 2 y en la cual el permutante 1 tendría una participación de 150 cuotas valor atribuido a los bienes que debía entregar, no podía él hacerse dueño de todo el predio porque existía un proyecto de urbanización del cual harían parte terceras personas que según su propia versión llevó a participar en el proyecto y que por la misma razón los demandados recibieron unos vehículos no por cuenta de su aporte sino como participación propia de ellos”.

Dicho esto rememoró que, conforme a la prescripción contenida en el artículo 1618 del Código Civil, conocida claramente la intención de los contratantes, a ella debe estarse por encima del tenor de sus palabras, elucidación que desarrolló de la mano de jusrisprudencia de esta Corporación. Como puede verse, el sentenciador, alentado por el afán de determinar el verdadero designio de la voluntad de los contratantes escrutó “todas las pruebas” aportadas al proceso, incluyendo, por supuesto, la versión que estos ofrecieron de la negociación, para concluir que íntimamente ligado a los pactos POMC. EXP. 7175 14 propios de la promesa se encontraba aquél otro al que aludía la cláusula quinta de la misma, conforme al cual las partes estaban prioritariamente orientadas a crear una sociedad destinada a explotar económicamente uno de los predios objeto de la futura

permuta, intención a la que, valga la pena resaltarlo marginalmente, aluden repetidamente testigos y contratantes, para acotar seguidamente que “... es así como se interpreta la relación contractual que se debate en cuyo caso adolece de ineficacia porque su objeto no quedó claramente determinado en virtud que no se dieron las condiciones que señala la ley comercial en su artículo 119 para la promesa de contrato de sociedad que también es solemne. La permuta y la sociedad así convenidas se excluyen como actos instantáneos y concomitantes o se realiza una permuta o se constituye una sociedad determinándola en sus elementos esenciales conforme a la ley y señalando su fecha de creación”. En consecuencia, el juzgador, lejos de circunscribirse a escudriñar el documento que contiene el contrato cuestionado, con miras a desentrañar su sentido, abordó el examen de “todas las pruebas” allegadas al proceso, con el fin de auscultar el verdadero querer de los contratantes, habiendo encontrado cómo la formación de la sociedad encaminada a explotar económicamente uno de los predios era un designio fundamental de su voluntad negocial. Puestas de ese modo las cosas, reluce palmariamente el defecto técnico del cargo que se examina, habida cuenta que el censor depositó el centro de gravedad de su acusación en su particular percepción del documento que contiene la promesa y que lo condujo a asentar que la cláusula POMC. EXP. 7175 15 quinta era accidental e intrascendente al núcleo esencial del negocio, olvidándose empero que el Tribunal llegó a la conclusión

contraria luego de sopesar “todas las pruebas” del proceso, incluyendo, obviamente, la versión de los implicados, pruebas estas cuya estimación probatoria no cuestionó. De manera pues, que mientras que el sentenciador abandonó el tenor literal del contrato para ocuparse de descifrar, a partir del examen global de las pruebas, cuál fue el verdadero querer de los contratantes, el recurrente se circunscribió a asentar sus propias reflexiones en torno al contenido de dicho documento, sin detenerse, inclusive, a enrostrarle a aquél, con precisión, errores de hecho en su apreciación, pero con total prescindencia del examen de las demás pruebas allegadas al proceso, inadvertencia que resulta mayúscula en cuanto que, como ya se ha repetido insistentemente, a partir de esas pruebas el sentenciador coligió la importancia que para las partes tenía la estipulación concerniente con la formación de la referida sociedad. Surge diáfana, pues, la deficiencia de la censura, dado que es incompleta y está divorciada de los argumentos medulares del fallo, afirmación esta que se hace sin considerar que, adicionalmente, en todo caso, tanto los testimonios como las declaraciones de las partes aluden a ese negocio jurídico.

2. Al margen de lo que acaba de decirse, no sobra agregar que, examinadas por la Corte las pruebas, en ellas aflora reiteradamente la alusión que las partes y los testigos hicieron al designio que impulsaba a los contratantes a POMC. EXP. 7175 16 perfeccionar la sociedad encargada de ejecutar la obra de

urbanización a la que hace referencia el Tribunal, de manera pues que no es posible atribuirle desacierto a éste por haber inferido la existencia de dicho pacto; por supuesto que para hacerlo el juzgador escudriñó no sólo el documento que contiene el negocio jurídico ajustado por las partes, en especial su cláusula quinta, sino que también se valió de las testificaciones y de las declaraciones de las partes, pruebas todas que ciertamente ponen al descubierto justo aquello que encontró, esto es, que el negocio celebrado igualmente apuntaba a la común finalidad de explotar económicamente, mediante la constitución de una sociedad, el terreno que recibiría uno de los permutantes. Al quedar incólume la nulidad del negocio, el restante empeño resulta vano por estar encaminado a destacar la particular interpretación de la censura sobre los cumplimientos y los incumplimientos “de cada uno de los intereses comprometidos en el negocio”, a cuya suerte fue orientado el desarrollo del cargo. El cargo, por tanto, no es exitoso. CARGO SEGUNDO Se denuncia la vulneración indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 89 de la Ley 153 de 1887, 1494, 1495, 1518, 1546, 1592, 1599, 1600, 1602, 1603, 1604, 1609, 1625-2, 1729 y 1731 del Código Civil; y por aplicación indebida la de los artículos 2° de la Ley 50 de 1936, 1618, 1740, 1741, 1743 y 1746 del Código Civil, todo a causa de errores manifiestos de

hecho en la apreciación de las cláusulas del contrato de promesa POMC. EXP. 7175 17 de permuta; de los documentos privados en los cuales consta el giro de dineros entregados por Aristóbulo Valencia a favor de Arturo José y José Emilio Velásquez por razón de la promesa; de los testimonios de Jairo y Carmen Nelly Osorio; de la declaración de parte rendida por el demandado José Emilio Velásquez Cárdenas; de las afirmaciones de parte realizadas en la audiencia de conciliación celebrada el 29 de agosto de 1996, y, en fin, del paz y salvo del predio “Palmichal”. Con el propósito de demostrar la acusación asevera el recurrente que la promesa de permuta fue perfeccionada con arreglo a la ley y que ella produjo la obligación principal de hacer, precedida de otras intermedias, que relaciona seguidamente, señalando las que a su juicio correspondían a una y a otra parte del contrato; revisa luego “los cumplimientos, satisfacciones y/o allanamientos, incumplimientos, de cada uno de los intereses comprometidos en el negocio”, del modo que sigue: 1.- Los iniciales demandantes entregaron la finca “Palmichal” a sus demandados, quienes ejercitaron en la misma actos posesorios, porque así se confesó en interrogatorio de parte cuya acta obra a folios 29 a 30 del cuaderno No. 3. 2.- Aristóbulo Valencia Londoño pagó a los demandados la diferencia de $20.000.000 del precio de los inmuebles, que “era de $10.000.000 a la fecha del documento, y

el saldo al 10 de febrero de 1995”, con la entrega de $7.000.000 el 22 de noviembre de 1994, $5.000.000 el 25 de noviembre del mismo año, $1.000.000 el siguiente 20 de diciembre y $2.500.000 el 6 de febrero de 1995, conforme consta en los documentos que obran a los folios 22, 21, 17 y 20, en su orden, del cuaderno 1, de POMC. EXP. 7175 18 los cuales infiere que dicho saldo, de $10.000.000, fue cancelado cuatro días antes de su vencimiento. 3.- A Velásquez Marín y Velásquez Cárdenas les correspondía atender el costo de los intereses de la deuda con el señor Osorio, en un periodo de noventa días, pero como no cumplieron, llevaron a que Aristóbulo Valencia tampoco lo hiciera respecto de la obligación que debía cumplir al final de esos noventa días, esto es la de cancelar la hipoteca que pesaba sobre el predio “Palmichal”. La escritura No. 2729 del 13 de julio de 1994, por medio de la cual Mary Patricia Aldana Ruiz adquirió ese inmueble de manos de José Joaquín Osorio, reza que la compradora quedó debiendo $10.000.000 del precio y que en garantía de su pago constituyó hipoteca sobre el bien adquirido, lo cual explica el trámite del proceso civil donde se persiguió el fundo; “con posterioridad a la promesa”, sigue el recurrente, “las partes trasladaron la obligación de pagar” esa suma a cargo de Velásquez Marín y Velásquez Cárdenas.

En la audiencia de conciliación la juez hizo constar que el demandante Aristóbulo Valencia insistió en que entregó dos carros por cuen