CSJ - SC4100131030042006-00161-01

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil nueve (2009).

Ref: Exp. N° 4100131030042006-00161-01

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 31 de marzo de 2009, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Huila, dentro del proceso ordinario seguido por Jairo Manrique Paredes contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en liquidación. I.- EL LITIGIO 1.- Pide el actor se declare a la accionada responsable de haber embargado indebidamente bienes de su propiedad; en consecuencia, se le condene a pagarle a título de reparación todos los perjuicios causados con dicha medida así: morales, “la cantidad correspondiente al máximo reconocido por la jurisprudencia de la Honorable Corte República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Suprema de Justicia” y materiales, “estimados en la actualidad en más de seis mil millones de pesos ($6.000 000.000) pero se precisa que se pide la condena por el monto que realmente se establezca dentro del proceso”. 2.- La causa petendi admite el siguiente compendio: a.-) Durante varios años y hasta 1990, se celebraron negocios entre las partes que dieron origen a distintas obligaciones a favor de la demandada y a cargo del accionante, existiendo para la referida anualidad “las contenidas en los pagarés 5530056 por $8900.000, 5530309

por $3720.000, 5527705 por $1840.697 y 4567271 por $4 300.000”, las que estaban garantizadas con “la prenda general”, “pignoración de las cosechas”, estimadas “solamente sobre arroz” en “$43610.000” e hipoteca sobre dos inmuebles de propiedad de éste debidamente identificados. b.-) La acreedora inició el cobro de los mencionados cuatro títulos valores sin que fueran exigibles ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva respecto del deudor, a pesar de que tenía en su poder diez millones de pesos ($10 000.000) de los que podía disponer pero inexplicablemente no lo hizo, ejecución que finalizó con sentencia de segundo grado fechada el 30 de agosto de 1994 en la que se aceptó la excepción de compensación dictada por el “Tribunal de Pasto, que actuó” en Descongestión y condenó a la ejecutante en abstracto a reconocer los perjuicios causados con las medidas cautelares.

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil c.-) En el fallo se consignó que “siendo así, como realmente es, el demandado citado, para la época en que fue convocado a proceso ejecutivo, había cubierto las obligaciones que estaban por vencerse con el destino de los $10000.000 de pesos”, puesto que el abono de esa cantidad, “como se había convenido en el título escriturario número 3178 de 1° de octubre de 1990, dejaba sin soporte

legal la demanda ejecutiva, porque no existía en esa fecha obligación que cubrir a favor de la entidad demandante, y por lo mismo no era procedente declarar vencidas las demás obligaciones que el demandado había contraído con la Caja Agraria”. d.-) Mientras duró el trámite del proceso estuvieron embargados los dos aludidos predios de propiedad del ejecutado distinguidos con las matrículas 200-57755 y 20057754. e.-) El incidente de regulación de perjuicios resultó fallido, no obstante que para diciembre de 1994 se cuantificaron en tres mil ochenta y cuatro millones cuatrocientos setenta mil setecientos veinte pesos ($3.084’470.720), “que a valor presente supera los seis mil millones de pesos”. f.-) Como solo las providencias de fondo producen cosa juzgada y no los autos como el que resolvió desfavorablemente la reclamación resarcitoria “es legal buscar mediante proceso que termine con sentencia la R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 3 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil liquidación de perjuicios para obtener su pago y reparación del daño causado”. 3.- Notificada la contradictora se opuso a la prosperidad de los pedimentos y formuló las defensas que denominó “cosa juzgada”, “ausencia de causa y cobro de lo no debido”, “ausencia de reclamación” y “prescripción”. 4.- El Juzgado de conocimiento en sentencia de primera instancia negó las súplicas deprecadas y condenó en costas a la parte actora; decisión que recurrida en alzada fue

confirmada en su integridad por el superior. II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO Admiten la siguiente síntesis: 1.- De entrada el Tribunal cita doctrina y jurisprudencia relativa al abuso del derecho, entre cuyos aspectos destaca que la teoría respectiva nació de la colisión de dos máximas “qui jure suso situ, nominen laedit, según la cual quien usa de su derecho, a nadie lesiona; y neque malitiis indulgendum, por la cual se postula que no hay que ser indulgente con la maldad o el dolo”. 2.- El proceso ordinario y el incidente de regulación de perjuicios, reglamentado en los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, como lo anotó el a quo, apoyado en lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 4 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil son las dos alternativas que tiene a su disposición la persona que ha obtenido el reconocimiento mediante la prosperidad de las excepciones de que trata el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. 3.- En consonancia con las sentencias del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria de 2 de agosto de 1995 y 14 de diciembre de 2000, expedientes 4159 y 5738, respectivamente, la decisión final del trámite de regulación de daños es definitiva “y en consecuencia el ejecutado carece de acción ordinaria para replantear controversias sobre perjuicios no alegados o comprobados en esa ocasión”. 4.- El reclamante en este litigio afirma que promovió en

tiempo hábil, con fundamento en el artículo 307 ídem incidente dirigido a concretar la condena en perjuicios impuesta a la ejecutante en el fallo pronunciado con respaldo en el artículo 510 del mismo estatuto, el que fracasó “por motivos que no son objeto de discusión en esta oportunidad”. 5.- La decisión del “incidente” así propuesto es definitiva porque “la cosa juzgada no puede quedar en abstracto porque la concreción es necesaria para su ejecución, de manera que el trámite incidental está destinado a determinar la extensión de la cosa juzgada, es decir, a cuantificar sus efectos en lo relacionado con la condena en perjuicios, y por tal motivo, como lo explica la Honorable Corte Suprema de Justicia, la decisión que resuelve el incidente tiene carácter definitivo, de manera que no hay lugar a averiguar los demás motivos de inconformidad del apelante, tales como la R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 5 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil interpretación de la confesión de abandono de los inmuebles, etc.”. III.- LA DEMANDA DE CASACIÓN CARGO ÚNICO Con apoyo en la causal primera de casación, se acusa la sentencia de quebrantar indirectamente por “falta de aplicación” los artículos 1494, 1613, 1614, 2341, y 2342 del Código Civil; 8° de la Ley 153 de 1887, 29, 83 y 229 de la Constitución Política; “por aplicación indebida” el 332 del

Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de errores de derecho y de hecho en la apreciación probatoria y con violación medio de los artículos 174, 180 y 187 del mencionado estatuto procesal. Se sustenta el ataque de la forma que pasa a resumirse: 1.- La razón fundamental que tuvo el juzgador para confirmar la providencia desestimatoria dictada por el a quo consistió en que promovido el incidente de regulación de perjuicios y decidido desfavorablemente, el pronunciamiento en ese sentido es definitivo hasta el punto de impedir su discusión por la vía ordinaria. 2.- El juzgador cometió, al concluir de la manera que acaba de resaltarse, los siguientes yerros; “de derecho por no R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 6 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil haber decretado de oficio, la incorporación de copia auténtica de las pruebas documentales visibles a folios 19 a 31 del cuaderno 4” y “de hecho en la interpretación de la demanda”. 3.- Para demostrar la inicial crítica expone el casacionista las razones que seguidamente se compendian: a.-) Desde los albores del proceso, el impugnante “puso en conocimiento del juez la existencia de un fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Huila dentro de una acción de tutela promovida por el accionante (…) En efecto, a folio 138 del cuaderno 1, el apoderado del actor manifestó que tal Tribunal `negó una tutela por la decisión de negativa del incidente por estimar que existía esta vía judicial que ahora

tramitó; al interponer el recurso de apelación, uno de los motivos de inconformidad con el fallo del juez a quo fue precisamente el silencio ante tal decisión dictada en la jurisdicción constitucional (ver fl, 186 cdno 1, primer párrafo); por último al sustentar el recurso de apelación el demandante allegó copia simple de tal fallo (fls. 19 a 31 cdno 4)”. b.-) La sentencia dictada por la jurisdicción constitucional al decidir el amparo deprecado, es importante para resolver el proceso ordinario porque en ella se estimó que a pesar de haberse promovido el incidente de regulación de perjuicios por Manrique Paredes “tenía otro medio judicial a su alcance, concretamente, el proceso que promovió contra la Caja Agraria y que concluyó con el fallo impugnado en este recurso extraordinario”.

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil c.-) Si bien es cierto que los jueces deben basar sus providencias en las pruebas regular y oportunamente allegadas al expediente, no lo es menos que la Corte Suprema ha doctrinado que este principio no es hermético y que en ocasiones es preciso analizar el comportamiento desplegado por las partes en la instrucción del plenario (sentencia de 27 de marzo de 1998, CCLII pág. 627). Igualmente ha reconocido que el juzgador “incurre en error de derecho cuando a pesar de tener, frente de sus ojos, una prueba documental que carece de eficacia probatoria o que

inclusive ha sido allegada de manera irregular al proceso, no hace uso de sus poderes oficiosos y ordena que tal probanza sea incorporada en forma debida a la actuación, cuando aquélla tiene importancia decisiva para los resultados del litigio” (G.J. CCXXXI Tomo I, págs. 393 y 494). d.-) La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila es de importancia superlativa para el reclamante porque fue con sustento en ella, aunque le haya sido adversa, que tuvo la íntima convicción y la confianza legítima de que disponía y tenía a su alcance la vía “ordinaria” para exigir el reconocimiento y pago de los perjuicios que se le irrogaron por la entidad de crédito dentro del referido ejecutivo. e.-) El ad quem con la decisión desestimatoria de las pretensiones bajo el razonamiento de que agotado el incidente de regulación de perjuicios carecía de acción ordinaria “desconoció la confianza legítima que le fue infundida al recurrente con el fallo de tutela”, principio R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 8 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil desarrollado ampliamente por la Sala de Casación Civil en la sentencia de 25 de junio de 2009, y de contera violó los artículos 28, 83 y 229 de la Constitución Política. f.-) Por lo tanto, “si la sentencia dictada por el Tribunal de Neiva, infiltró a mi mandante la expectativa legítima, seria y fundada de poder promover un proceso ordinario para obtener el pago de los perjuicios que le fueron causados, era

indispensable para el Tribunal de Neiva, dispensar al recurrente la protección a la confianza que él, de buena fe, depositó en el juez constitucional y de manera oficiosa, allegar copia auténtica de la sentencia de tutela que en copia simple obraba en el plenario, lo que, ciertamente no fue hecho por el ad quem”. 4.- Dirigidos a acreditar el último reproche consigna los argumentos que se reseñan: a.-) Cuando el Tribunal afirmó que el “incidente de regulación de perjuicios” cerraba la procedencia del “proceso ordinario”, no se percató que en este litigio se pedía también la condena al pago de los daños morales que no habían sido solicitados en aquel trámite, situación que no imponía el fracaso de la “acción” planteada, específicamente respecto de ellos. b.-) Aparece en el texto del libelo promotor de la presente controversia que en la segunda de las pretensiones se pidió condenar a la demandada por concepto de perjuicios morales concretados a “la cantidad correspondiente al R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 9 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil máximo reconocido por la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia”, pedimento que no fue formulado dentro de la articulación prevista en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, como consta en el escrito visible del folio 2 al 45 del cuaderno 6 que da cuenta “que la condena gravitaba exclusivamente sobre perjuicios materiales”. c.-) Debido a que en el “incidente de perjuicios” aludido

no se pidió condena por el rubro de los “daños morales”, con respaldo en lo doctrinado por la Sala en la sentencia de 2 de diciembre de 1993, es palmario que no existía obstáculo para exigirlos a través del presente proceso, motivo por el cual la tesis del sentenciador que se critica “en gracia de discusión, seria aceptable solo en relación con lo decidido en tal proveído, pero no respecto de los perjuicios morales”. 5.- Los yerros cometidos por el juzgador fueron trascendentes porque lo llevaron, sin razón alguna, a confirmar la providencia absolutoria, motivo por el cual la Corte debe casar el fallo, y en sede de instancia, “previa ponderación y valoración de la totalidad de los medios de convicción que obran en el proceso, revoque el fallo apelado y, en su lugar, dicte uno estimatorio de las súplicas de la demanda”. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.- El demandante pretende que se declare a la entidad bancaria accionada responsable de los perjuicios materiales y R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil morales padecidos por él como secuela del embargo de dos inmuebles de su propiedad decretados y perfeccionados dentro del ejecutivo hipotecario promovido por ésta en su contra y que concluyó con sentencia que acogió la excepción de compensación; se abstuvo de seguir adelante el cobro compulsivo, e impuso condena en abstracto a reconocerle y a pagarle el daño padecido.

2.- El Tribunal confirmó la decisión absolutoria del a quo, declarando la prosperidad de la cosa juzgada sustentada en que al haberse propuesto y resuelto el incidente de liquidación de éstos a continuación de la “ejecución”, el pronunciamiento allí emitido tenía alcances y efectos definitivos que neutralizaban e impedían acudir después, como aquí se hizo, a su reclamación por la vía del “proceso ordinario”. 3.- El impugnante desarrolla la presente censura extraordinaria indicando que en la providencia combatida se cometieron dos errores manifiestos y trascendentes en cuanto a la estimativa probatoria: el inicial, de derecho por no haber ordenado pruebas de oficio encaminadas a establecer que ciertamente, a pesar de haberse intentado sin éxito el incidente de regulación de perjuicios, estaba facultado para promover el “proceso ordinario” por así haberlo autorizado y habilitado el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila al resolver, aunque de manera negativa, la acción de tutela propuesta por él contra los autos adversos proferidos en ambas instancias; y el final, de hecho, por indebida interpretación de la demanda, puesto que no tuvo en cuenta R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil que en ella estaba reclamando perjuicios morales que no fueron pedidos dentro del trámite de la articulación mencionada pero que sí hicieron parte de la obligación impuesta en la sentencia de excepciones en su beneficio. 4.- En el plenario se encuentran acreditados los siguientes hechos que tienen relevancia y trascendencia en

relación con el pronunciamiento que se está adoptando: I.- Respecto del proceso ejecutivo: a.-) Que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, Huila, el 25 de enero de 1991, dentro de la compulsión hipotecaria de mayor cuantía promovida por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, libró mandamiento de pago por varias sumas de dinero en contra de Jairo Manrique Paredes; decretó “el embargo y secuestro previos” de los predios La Arabia e Iguazal 3 y 4 de propiedad del deudor; cautela que se perfeccionó únicamente respecto de los últimos, según consta en los folios inmobliarios 200-0057754 y 200-0057755, según anotaciones del 29 de esos mes y año (34 a 48 del cuaderno de copias). b.-) Que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, Huila, el 16 de abril de 1991, comunicó al Despacho referido que en el “ejecutivo de la Caja Agraria contra Jairo Paredes” ordenó “el embargo y secuestro previos de los bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del remanente del producto de los embargados” en el juicio R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 12 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil anteriormente referido (folio 56), de lo cual se tomó la nota pertinente (folio 57). c.-) El ejecutado, auspiciado por abogado, descorrió el traslado y formuló las excepciones que denominó

“compensación”, “carencia de exigibilidad del título valor”, “nulidad absoluta de la cláusula 14ª de las escrituras nos. 271 y 272 de 5 de febrero de 1987 de la Notaría Primera del Círculo Notarial de Neiva” e “ineficacia de los títulos ejecutivos” (folios 1 a 11 del cuaderno copias de las excepciones). d.-) El Juzgado de conocimiento finalizó la primera instancia mediante sentencia que desestimó las “excepciones” de mérito propuestas; decretó la venta en pública subasta de los inmuebles Iguazal 3 y 4; ordenó el avalúo y condenó en costas al accionado (folios 45 a 53). e.-) Que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto, nomenclatura de la época, en Descongestión, al desatar el recuso de alzada, el 30 de agosto de 1994, revocó el fallo revisado, y en su lugar declaró “probada la excepción de compensación hasta la cantidad de diez millones de pesos ($10000.000)”; dio por terminada “la presente ejecución”; decretó el levantamiento de las medidas cautelares; condenó “al pago de costas y perjuicios a la parte actora, a favor del demandado. Se excluirán las agencias en derecho como lo previene el inciso 1° del numeral 1° del art. 392 del C. de P. C.” (folios 11 a 22 del cuaderno 5 de las copias).

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil f.-) Que Jairo Manrique Paredes formuló incidente a continuación en contra de la contradictora en el que solicitó que la declarara responsable de los perjuicios sufridos en cuantía de dos mil ciento un millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos ($2.101163.460), “o el mayor o menor valor que se determine”; los intereses moratorios de no cancelarse la suma de dinero a que se condene “al día siguiente de quedar debidamente ejecutoriada la providencia” respectiva; se libre oficio a todas la entidades de crédito existentes en el país y vigiladas por la Superintendencia Bancaria “informando que queda sin efectos jurídicos el reporte” que se hizo de su nombre por la Caja Agraria “como cliente clase E, de mala moralidad comercial”; se declare que la mencionada entidad le “deberá otorgar créditos…en los términos y para los fines que este requiera”, previo el lleno de los requisitos legales y reglamentarios “en la misma forma que lo venía haciendo antes del trámite del proceso ejecutivo que dio origen a la condena” que se busca concretar (folios 2 a 45 del cuaderno 5 de copias). g.-) Que el accionante no solicitó el reconocimiento de perjuicios morales. h.-) Que la incidentada, una vez notificada, se opuso a la prosperidad de la reclamación (folios 48 a 51). i.-) Que la primera instancia negó “las súplicas de la parte incidentalista” (folios 80 a 94).

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil j.-) Que la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior de Neiva, Huila, el 2 de junio de 1998, al despachar la apelación interpuesta contra el anterior proveído confirmó en su integridad la decisión desestimatoria y condenó en costas al demandante (folios 79 a 86 del cuaderno 9 de las copias). k.-) Que entre los fundamentos que tuvo en cuenta el superior para ratificar la providencia del a quo y abstenerse de condenar al pago concreto de los daños exigidos por el demandante, se encuentra el hecho de que si bien los predios fueron embargados éstos nunca se secuestraron, razón por la que no existiendo relación directa entre el perjuicio y la medida cautelar, queda excluida “la condena en concreto en contra de la parte que solicitó la medida cautelar que a la postre fue levantada, y que tenga esta parte que responder por las eventuales ventajas económicas no obtenidas de los predios embargados y no explotados por el abandono del titular del dominio, unido a su calificación por parte de la Asobancaria de deudor moroso clase E, por la existencia de más de un proceso ejecutivo en su contra” (folio 85). II.- En lo que atañe con este proceso: a.-) Que el actor, ante el fracaso del incidente acude a este mecanismo ordinario en el que expresamente solicita: “Primera: Declare a la Caja Agraria responsable de haber efectuado indebidamente el embargo de bienes de Jairo Manrique Paredes.

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil “Segunda: Condene a la Caja Agraria al pago o reparación de todos los perjuicios causados, por el citado embargo como deudor moroso, a Jairo Manrique Paredes, consistentes en A) Morales: la cantidad correspondiente al máximo reconocido por la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia. B) Materiales: son estimados en la actualidad en más de seis mil millones de pesos ($6.000 000.000) pero se precisa que se pide la condena por el monto que realmente se establezca dentro del proceso. “Tercera: Los valores se pagarán, en todo caso conforme a los ajustes por inflación” (folios 100 a 104 del cuaderno principal) b.-) Que la demandada resistió las súplicas y formuló varias defensas, entre las cuales se halla la de “cosa juzgada” que sustentó de la manera que pasa a reproducirse: “La obligación a que se hace referencia en la demanda ya fue objeto de decisión judicial proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, actuando como Tribunal de Descongestión, mediante el fallo que hace tránsito a cosa juzgada en el cual se condenó a la ejecutada, demanda en este proceso al pago de perjuicios. “Mi procurada judicial debió afrontar la correspondiente liquidación de perjuicios la cual se encuentra ya decidida por este mismo despacho judicial dentro del ejecutivo promovido R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 16 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero contra Jairo

Manrique Paredes. “No puede volverse a tramitar liquidación por la misma causa, es decir con fundamento en la decisión judicial proferida en el citado proceso judicial” (folios 129 a 132). c.-) Que el accionante descorrió el traslado de las excepciones, manifestando concretamente respecto de una de ellas que “los efectos de cosa juzgada, por regla general, se predican con respecto a sentencias o ciertas providencias que ponen fin al proceso. En este caso la sentencia que puso fin al proceso, con efectos de cosa juzgada es la proferida por el Tribunal de Pasto y fue la razón por la cual el Tribunal Administrativo del Huila negó una tutela por la decisión negativa del incidente por estimar que existía esta vía judicial que ahora tramitó. Esta sentencia del Contencioso Administrativo también tiene efectos de cosa juzgada para ambas partes. Entonces, no se ha producido ese efecto en la decisión del incidente” (folio 138 del cuaderno principal). d.-) Que instruido el litigio la primera instancia negó las pretensiones del demandante (folios 166 a 182). e.-) Que el actor presentó escrito impugnando el fallo consignando en él las razones de su descontento del que se destaca que “nada dice sobre el hecho de haber sostenido la jurisdicción contencioso administrativa que no se tutelaban los derechos fundamentales del accionante en tutela debido a R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 17 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil que no se había agotado el proceso ordinario y que el incidente no producía efectos de cosa juzgada” (folio 186).

f.-) Que con la sustentación de la apelación, el demandante allegó copia informal del texto de la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila mediante la cual negó la acción de tutela instaurada por él contra los Magistrados que resolvieron adversamente el incidente aludido y a la que fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, al no encontrar violación alguna de los derechos fundamentales aducidos como fueron al “debido proceso, intimidad e información, dignidad humana, respeto y buen nombre, dato económico personal, circulación indebida de información, perdón y olvido, igualdad y equidad ante la ley, patrimonio económico e incumplimiento de tutelas” (folios 19 a 31). g.-) Que entre las motivaciones consignadas por el citado juez constitucional importa destacar las siguientes: “(…) “Si el accionante considera que con las decisiones que le negaron la condena en concreto de los perjuicios reclamados se incurrió en error judicial, tiene eventualmente la opción de intentar demanda de reparación directa conforme a las voces de los artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 90 de la Carta Política y el 86 del Código Contencioso Administrativo.

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil “Igualmente, y a pesar de que el incidente de regulación de perjuicios era una oportunidad procesal para el establecimiento y condena en concreto de los perjuicios

(incluidos los morales que en el incidente no fueron peticionados) que al accionante se le pudieron causar con el reporte y clasificación como cliente clase E en el Centro de Información Financiera de la Asociación Bancaria CIFIN, puede también eventualmente demandar en proceso ordinario por la vía civil la reparación de dichos perjuicios, que si bien es cierto, son concomitantes y tienen estrecha relación con los que se le pudieron causar con las medidas previas decretadas y practicadas parcialmente en el proceso ejecutivo a que se ha hecho referencia, tienen su título u origen en la violación a sus derechos a la intimidad e información, dignidad humana, respeto y buen nombre, dato económico personal, circulación indebida de comunicación, etc., que ya fueron objeto de tutela en cuanto a su violación, no así en cuanto a la indemnización de los perjuicios que con esta se hubiesen podido causar” (folio 29). h.-) Que el ad quem confirmó la providencia desestimatoria de primer grado cuyo sustento basilar, respaldó en jurisprudencia de esta Corporación que pasa a reproducirse: “(…) respecto del tema específico de las vías o alternativas posibles para la concreción de la condena al ejecutante, la postura doctrinaria de la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha inclinado por considerar que la decisión final del trámite incidental es definitiva y en R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 19 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil consecuencia el ejecutado carece de acción ordinaria para replantear controversias sobre perjuicios no alegados o

comprobados o no alegados en esa ocasión. “(…) Como el mismo demandante lo manifiesta en los hechos de la demanda y tal como se ha probado con la prueba documental allegada, el otrora ejecutado en su oportunidad agotó la posibilidad que le otorga el artículo 510 del CPC en concordancia con el último inciso del artículo 307 ídem obteniendo decisión desfavorable en la decisión final del trámite incidental, por motivos que no son de discusión en esta oportunidad por cuanto tal decisión, como se dijo, es definitiva, y no hay lugar a discutirla nuevamente. “Se trata en tal evento de un trámite necesario para concretar los efectos de la cosa juzgada de la condena en abstracto, porque no hay duda sobre la inmutabilidad de la sentencia proferida en este caso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (…) por tal motivo, como lo explica la Honorable Corte Suprema de Justicia, la decisión que resuelve el incidente tiene carácter definitivo, de manera que no hay lugar a averiguar los demás motivos de inconformidad del apelante, tales como la interpretación de la confesión de abandono de los inmuebles, etc.” (folios 48 a 49). 5.- Nadie discute que el “patrimonio del deudor es prenda general de sus acreedores”, principio que consagra el artículo 2488 del Código Civil cuando dispone que “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del R.M.D.R. Exp. 4100131030042006-00161-01 20 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677”. Igualmente es indisputable que por mandato del artículo 2492 ibídem “Los acre