CSJ - Sentencia 24030(25-04-2007)

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CASÁCION 24030

JORGE ELIÉCER RERNÁNDEZ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No.58 Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil siete (2007). VISTOS Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de debida argumentación de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado JORGE ELIÉCER 'FERNÁNDEZ, contra el fallo de segundo grado de 11 de abril de 2005 mediante el cual el Tribunal Superior de Cali confirmó el emitido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial, .por cuyo medio lo condenó como autor penalmente responsable de dos delitos de homicidio agravado, en concurso con hurto calificado y agravado, lesiones personales y porte ¡legal de armas de fuego de defensa personal.

CASALCIÓN124030

JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL Hacia las 8:30 de la mañana del 25 de septiembre de 2000, en la estación de servicio ubicada en la carrera 17 con calle 55 de la ciudad de Cali, varios individuos provistos de armas de fuego abordaron a Emilio Lozada Silva y Carlos Giraldo Jara, ocupantes de una camioneta y a Fabián Aliriro Guevara Castro, quien los escoltaba a bordo de una motocicleta, para exigirles la entrega del dinero que portaban producto de las ventas realizadas en el

almacén “Mercatodo” de esa ciudad. No obstante, al oponer éstos resistencia se originó un cruce de disparos en el cual resultaron muertos Guevara Castro así como Luz Stella Henao ocasional transeúnte del lugar, en tanto que Giraldo Jara quedó herido. Los asaltantes lograron Hhuir con ocho m:illones de pesos ($8.000.000,00) y despojaron del arma al escolta. Al recibir información relacionada con que uno de los agresores fue herido y que había ingresado una persona herida a un apartamento de la urbanización “Los Alcázares”, unidades de Policía ubicaron el inmueble, y una mujer residente en el mismo informó que el lesionado, quien no se encontraba allí, era un familiar identificado como JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ. Luego, permitió la entrada al lugar en el cual se hallaron prendas de vestir impregnadas de sangre y un revólver calibre 38 largo marca smith wesson.

CASACIÓN24030

JORGE ELIÉCER PERNÁNDEZ Vinculado JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ mediante declaración de persona ausente a la investigación penal que inició la Fiscalía General de la 'Nación, se le designó un defensor de oficio para que lo representara en el trámite judicial, y mediante proveido de 3 de abril de 2001 se resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, sin el beneficio de la libertad provisional, como presunto responsable a título de coautor de dos delitos de homicidio agravado, en concurso con lesiones personales, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de

fuego de defensa personal, previstos en los artículos 323,324-2; 331; 349-350-1, 351-10 y 201 en su orden, del anterior Código Penal (Decreto Ley 100 de 1980). Clausurado el ciclo instructivo, el mérito probatorio del sumario se calificó el 17 de julio de 2002 con resolución de acusación por los mismos ilícitos, incluyendo la circunstancia de agravación por la cuantía para el ilícito de carácter patrimonial, decisión que adquirió firmeza el 16 de septiembre de la anualidad en cita al no ser objeto de impugnación. La fase del juicio la adelantó el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali, despacho que luego de llevar a cabo el acto público de juzgamiento en el cual escuchó al procesado JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ al hacerse efectiva la orden de captura previamente — impartida en su contra, a través de fallo de 31 de agosto de 2004 lo condenó como coautor del concurso delictual objeto de acusación, desechando la circunstancia de agravación por razón

CASAEI 4030

JORGE ELIÉCER KERNÁNDEZ de la cuantía predicada para el ilícito patrimonía! y acogiendo por favorabilidad la pena prevista en el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000) para los delitos contra el bien jurídico de la vida, en tánto que mantuvo para los otros comportamientos la punibilidad consagrada en el anterior ordenamiento, a las penas principales de treinta y ocho (38) años de prisión, así como a la accesoria de

interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término. Impugnado el fallo por el defensor, el Tribuna! Superior de Cali mediante proveído del 11 de abril de 2005 lo confirmó en su integridad, por lo que insiste el mismo sujeto procesal a través de la impugnación extraordinaria. LA DEMANDA Un cargo formula el defensor al amparo de la causal primera de casación, por violación del artículo 29 de la Constitución Política que consagra el respeto al debido proceso. En criterio del libelista, el Tribunal incurrió en un error de hecho al desconocer los postulados de la sana crítica por no valorar en conjunto la deciaración de Carlos Alberto Giraido Jara, quien enfrentó directamente al delincuente que le quitó la vida a las víctimas y no reconoció la foto del enjuiciado cuando se le puso CA: 4030 JORGE ELIÉCER NÁNDEZ de presente en la diligencia practicada para tal efecto, máxime que dicho testigo precisa que la foto que obra en el expediente no es la misma que se le exhibió para dicho reconocimiento, y que agrega en su atestación que la ojiva o proyectil aportado no corresponde al que le fuera extraído de su cuerpo pues hacia parte de un número de ojivas que guardaba su familiar Victor Paya, como recuerdos ingratos de cuando fue policía, tal y como lo corroboró este último al ser escuchado también en declaración. De la misma manera, censura “a decisión de condena por violación directa de la ley por falso juicio de identidad en la forma de suposición de prueba” en relación con el dictamen balístico

sobre la ojiva extraída del cuerpo de Giraldo Jara, por su cuestionamiento en la aducción procesal dada la incertidumbre del elemento aportado. Funda también un falso juicio de identidad porque el juzgador omitió “apreciar con verdadero valor de pruebas legalmente aportadas al proceso” las declaraciones de descargo, al punto que ordenó la compulsación de copias para su respectiva investigación, cuando simplemente narraron la verdad de los hechos. | Por último, señala que el Tribunal de no incurrir en los yerros mencionados habría arribado a un fallo diferente, pues el dicho de su defendido no fúe desvirtuado, además, él sólo aceptó haber infringido la ley penal por adquirir de manera ilegal el arma de 6 .

CÁGÁ IÓN 24030

JORGE ELIÉCER RERNÁNDEZ

Berallaa de Colmlar IT S fuego que fue encontrada en el apartamento que ocupaba, circunstancia que lo haría responsable sclamente por su tenencia, ya que no fue hallada en su poder. En su parecer, es preocupante que sólo se mencionen las exculpaciones del procesado para negar su verdadero valor probatorio y por esa vía demeritar la prueba de descargo, máxime cuando su dicho es verosímil y aparece corroborado plenamente, además, “sobre la mala justificación, esto no es consistente ya que no concuerda con ningún hecho concreto y demostrado. Sobre que no ocurrió —sica una entidad de salud para curarse, se desest¡mu¡o —sicel cargo tanto con lo dicho por el procesado, como con que su herida nada tiene que ver con lo afirmado por

Carlos Giraldo quien afirmó haber herido al atracador con tres impactos de bala, incluido uno en la cabeza, se demostró que mi defendido no fue quien recibió tales impactos ni tales hérídas; además cada quien es libre de escoger cuando y adonde acude a que lo curen de una herida que era lo que tenía mi defendido” También critica que la Magistrada ponente de la decisión en el Tribunal mostró un total desinterés por reconocer y aplicar los principios ín dubio pro reo y favorabilidad respecto de una interpretación más benigna para su representado, ya que en el expediente campea una situación de duda razonable al estar ante una doble alternativa de pruebas que demuestran la responsabilidad, las cuales en su criterio no obran el proceso, o 7 4

CASACION 24030

JORGE ELIÉCER FÉRNAÁNDEZ las que demuestran la inocencia, no pudiendo encontrar elementos de juicio válidos que permitan salir de tal incertidumbre. En consecuencia, solicita a la Sala casar la sentencia y en su lugar absolver al procesado. ALEGATOS DE LOS NO RECURRENTES Unicamente el representante del Ministerio Público, Procurador Judicial ¡i adscrito ante el Tribunal Superior de Cali, se opone a la pretensión del casacionista y solicita a la Corte no casar el fallo impugnado. Estima que si bien la demanda se ajusta a las formalidades legales, no debe prosperar por cuanto la valoración probatoria se ajustó al examen reflexivo razonable y lógico que imponen los principios de la ciencia y las máximas de la experiencia. En su criterio, no se advierten los errores probatorios a que alude

el censor, pues las inferencias del Tribunal no fueron erróneas y las dudas se despejaron probatoriamente, ya que ante el hecho del homicidio, en el cua!l también resultó herido un agresor, como el procesado fue lesionado mediante un arma de fuego, no acudió a un centro asistencial para su curación, además en su habitación se hallaron prendas de vestir ensangrentadas y un arma, cuyo

8CASA 4030

JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ cotejo balístico con el proyectil aportado por la víctima resultó positivo, eran todas estas situaciones que a la luz de las leyes de causalidad, así como la dialéctica y ante las circunstancias modales, temporales y espaciales en que se desarrollaron los hechos, denotan la concordancia y concatenación lógica para permitir el convencimiento de que el procesado desempeñó un papel determinante en los hechos. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Sala encuentra que el demandante incurre en graves deficiencias en lo que tiene que ver con los fundamentos lógicos y de debida argumentación que se deben observar cuando de atacar la legalidad del fallo de segundo grado se trata, ya que hace toda suerte de críticas sin escindirlas de manera metódica y coherente. La Corte ha insistido en que la demanda de casación difiere ostensiblemente de un alegato de instancia, porque requiere una presentación lógica adecuada a cada una de las causales legalmente establecidas, con el respectivo desarrolio de los cargos que por vicios in procedendo o in iudicando se denuncien y la demostración de su trascendencia en la parte dispositiva del

fallo impugnado. - ' CASAGIÓN ba030 JORGE ELIÉCER F NDEZ D Tic Butcas Si se acude a la causal primera de casación es deber ineludible del censor clarificar la vía o concepto de violación de la ley sustantiva, pues tal yerro de juicio del juzgador puede darse de manera directa, bien al momento de seleccionar la norma al versar sobre la existencia del precepto (falta de aplicación o exclusión evidente), por una equívoca adecuación de los hechos probados a los supuestos que contempla la norma (aplicación indebida), o bien, al momento de interpretarla por darle un sentido que no tiene o errar en su significado (interpretación errónea). O también la violación de la ley de carácter sustantivo puede darse de manera indirecta a través de yerros en el proceso de aprehensión y valoración probatorios, caso en el cual compete al demandante, además de individualizar el elemento de convicción en el cual recae el vicio, identificar su clase, sea error de hecho en sus diversas modalidades: falso juicio de existencia por omisión o invención del medio probatorio; falso juicio de identidad por distorsión o tergiversación de su contenido fáctico, o falso raciocinio al infringir los postulados de la sana crítica y derivar conclusiones que contravienen los principios lógicos, las leyes de la ciencia o las máximas de la experiencia. O, si se trata de un error de derecho, debe el impugnante explicar si el yerrb consistió en un falso juicio de convicción por negarle a la prueba el valor conferido por la ley u otorgarle un mérito diverso del que le es

atribuido legalmente, o por un falso ¿uicio de legalidad por valorar el juzgador alguna probanza con defectos formativos en su incorporación o aducción procesal. 10 r

CASACIÓN 24030

JORGE ELIÉCER YERNÁNDEZ Berallend e Elemlín %M"¿ f%áfr.¿m e, b cssiecarae En este caso, el impugnante acude a la causal primera de casación, pero de manera contradictoria postula la violación directa e indirecta de la ley, sin conformar siquiera la proposición jurídica con lasnormas penales de carácter sustantivo infringidas, aspecto que es de imperativo acatamiento como referente y determinante en una adecuada demostración del vicio de juicio que se formula, pues simplemente cita el artículo 29 de la Constitución Política relacionado con el debido proceso, sin detallar si su queja apunta a vicios de estructura o de garantia. De igual forma, si bien denuncia un error de hecho por. pretermisión de los postulados de la sana crítica respecto de la declaración de Carlos Alberto Giraldo Jara, quien lesionó al delincuente pero no ubicó al procesado en la diligencia de reconocimiento fotográfico, no detalla el censor el error en el proceso intelectivo del Tribunal para advertir que la decisión judicial no corresponde con una argumentación estructurada coherentemente como enseña la lógica, a la forma como se aplican los principios en un espacio teórico específico propio de la observación científica o a los juicios que se forman a partir de comportamientos sometidos a una identidad circunstancial que arrojan las reglas de la vida. Así mismo, contradictoriamente finca un falso juicio de identidad

en relación con el dictamen balístico sobre el proyectil recuperado en el cuerpo del lesionado, porque lejos de precisar la forma como el juzgador distorsionó su expresión fáctica, poniendo a decir lo 11 C 24030 JORGE ELIÉCER MERNAÁNDEZ que materialmente no revelaba, solamente anota que se dio por “suposición de prueba”, cuanto tal modalidad de error encaja en el denominado yerro fáctico por falso juicio de existencia, precisamente cuando el fallador supone o imagina un hecho al creer que la prueba obra en el proceso. Ratifica la improsperidad de la censura que el casacionista denuncia la falta de aplicación del principio de resolución de duda a favor del enjuiciado sin explicar su postura a fin de denotar si la incertidumbre apunta sobre la tipicidad del comportamiento, la autoría o participación predicada de su representado, y menos la entidad del vacío ¡probatorio que llevaría indefectiblemente a resolverlo en su beneficio. Igual falencia se advierte cuando echa en falta la aplicación del principio de favorabilidad, por cuanto no explica si ello aparejó un error de selección normativa, o -según su parecer-, qué sentido de interpretación se imponía para beneficiar la situación jurídica de su asistido. En este orden, en simple postura alegacional se resume el libeto porque se dedica a criticar indiscriminadamente aún la prueba circunstancial queltambién soportó el fallo de condena al refutar los hechos indicadores acerca de la mala justificación o de actitudes posteriores del procesado al no comparecer a un centro asistencial para curar su herida, pues si buscaba descalificar las

deducciones empleadas por el juzgador debió plantearlas a través 12 CAS 4030 JORGEF ELIÉCER FERNÁNDEZ de un falso raciocinio, o bien si anhelaba presentar un contraindicio debió especificar, además del medio probatorio que demuestra el hecho indicador y su validez jurídica, la valoración del mismo con el empleo de una adecuada inferencia lógica y su imbricación con los restantes indicios o elementos de convicción. La Corte ha insistido en que el adecuado ejercicio impugnatorio no se colma con ubicar el yerro, pues se ha de cotejar el fallo con el material probatorio a fin de evidenciar la incidencia que tuvo en la decisión judicial y denotar cómo una adecuada apreciación y valoración probatorias llevaría a un fallo sustancialmente distinto, deber que el censor incumple en este Caso, pues sólo muestra su disentimiento porque el Tribunal no le otorgó algún grado de credibilidad al dicho del procesado y las declaraciones que lo avalaron, posición que es insuficiente para motivar el análisis de la legalidad del fallo. Las mencionadas deficiencias llevan a la inadmisión del libelo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000. No obstante lo anterior, la Sala observa que como la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas le fue fijada a JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ en el mismo lapso de la pena de prisión, esto es, en treinta y ocho (38) años, dicho quantum podría eventualmente desbordar el

13CA IN 24030

JORGE ELIÉCER FÉRNANDEZ máximo previsto en la normatividad vigente para la época de comisión del comportamiento cbjeto de examen. Por lo tanto, se impone el traslado oficioso correspondient¡e al Ministerio Público a fin de que emita concepto por la posible vulneración de las garantías procesales del condenado, ya que podría ameritar el ejercicio de la facultad oficiosa que en virtud del artículo 216 del la: Ley 600 de 2000 le asiste a la Corte al respecto. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, RESUELVE 1. iNADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor de JORGE ELIECER FERNÁNDEZ, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

2. CORRER traslado de oficio al Ministerio Público para que emita concepto:de rigor sobre la posible vulneración de las garantías del procesado.

14 JORGE

ELIECC EA RS AFI

24030 Notífíquese y cúmplase,

COMISION

DE SERVICIO

ALFREDO GÓM EZ QUINTERO

5 —-:=-¡'—/ 15

CASACIÓN 24030

JORGE ELIÉCER BERNÁNDEZ Casación é 24.030

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

""SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO"”

(Casación 24.030) He salvado parcialmente el voto porque no estoy de acuerdo con el traslado que se hace del asunto al Ministerio Público para que emita concepto.

En otras oportunidades he expuesto los motivos de mi disentimiento, que ahora reitero. Decía:

1. Establecida la vulneración de un derecho o de una garantía, de inmediato el funcionario judicial tiene el deber de declararla, salvo en aquellos eventos en los cuales se admite la demanda de casación y se remite al Ministerio Público. Si la ruptura de los derechos es algo grave, y a plenitud la detecta el juez de casación, lo que debe hacer es decretar la lesión a ellos tan pronto recibe el proceso y se percata de ello.

2. No veo cómo pueda el Ministerio Público opinar frente a una demanda que no reúne los requisitos técnico-formales mínimos. No sé cómo podría hacerlo pues es la propia ley la que determina como reguisito de procedibilidad para esa entidad la declaración de "admitida” o “ajustada” de la demanda. Basta leer la disposición correspondiente.

3. Oía en Sala que se hacía “para mayores garantías". No veo por qué se hace con esa finalidad, si se tiene claro que ha existido SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO desconocimiento de derechos. Con el traslado lo que se hace es lo contrario: prolongar aún más, sin razón, la ruptura de esos derechos.

4. La mayor garantía ciudadana frente a un eventual desconocimiento de derechos fundamentales es que conozca el asunto la Corte Suprema de Justicia pues esta, se afirma, es el máximo Organismo de la jurisdicción Ordinaria. Y con esto no se menosprecia al Ministerio Público. No. Simplemente se hacen las cosas como se deben hacer: si la Corte, tras inadmitir la demanda, observa una nítida violación de

derechos y/o garantías, o una protuberante causal de nulidad, por el rango de su ejercicio, debe proceder de una vez a la declaración correspondiente.

5. Si la Corte inadmite la demanda y dispone el traslado al Ministerio Público, en estricto sentido ha perdido totalmente su competencia.

Por consiguiente, cuando retorne el expediente a su seno, carece de potestad para hacer cualquier tipo de pronunciamiento. -

6. Si la Corte inadmite la demanda, su decisión queda ejecutoriada con la firma de los integrantes de la Sala de Casación Penal. Si se envía el asunto al Ministerio Público y luego -mañana, dentro de un mes, dentro de un año, o cuando sea- éste retorna las diligencias con su opinión, la Corte, ante la flagrante lesión de una garantía básica o de un derecho fundamental, no puede ocuparse del expediente, pues, se repite, su auto de inadmisión ya está ejecutoriado. Y no me cabe en la Casación 4 24.030

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO cabeza que con el traslado a la Procuraduría surja otra figura jurídica: suspensión de la ejecutoria mientras conceptúa el Ministerio Público y mientras la Corte vuelve a pronunciarse.

7. Si la Corte remite el expediente para concepto a la Procuradutía, esta opina y regresa el expediente a la Corte ¿qué sigue? Ensayemos: 7.1. Un auto que modifique la sentencia. Por principio, con un auto no puede ser variado un fallo de segunda instancia que ya ha sido ratificado con la /nadmisión. 7.2. Que la Corte case la sentencia. Pero tiene que hacerlo por medio

de una sentencía de casación, que no es posible sin el “ajuste” previo de la demanda de casación y sin el —ahí sí- concepto anterior del Ministerio Público, en cualquier sentido. Ante este problema, pienso lo que siempre he pensado frente a los problemas: lo mejor es evitarlos.

8. La solución es muy sencilla: 8.1. El artículo 216 del Código de Procedimiento Penal establece el principio de limitación en casación: la Corte no puede tener en cuenta causales distintas de las expresamente formuladas por el demandante.

Casación % 24.030 Y, " v Sin embargo, agrega: Pero tratándose de nulidad o de violación ostensible de garantías sustanciales, debe casar de oficio. 8.2. La lectura del artículo permite ver dos hipótesis: Una. Dictar fallo de casación luego de admitida la demanda y de obtenido el concepto de la Procuraduría, siempre ceñida a lo esgrimido por el recurrente. Dos. Otra, por eso el pero, que permite a su vez dos hipótesis: Primera. Dictar sentencia de casación de oficio, después de la declaración de “ajustada” de la demanda y de la recepción del concepto del Ministerio Público, más allá de lo planteado por el casacionista, por violación de derechos y igarantías o por la percepción de una causal de nulidad. Segunda. Dictar sentencia de casación, de ofício, sin limitación alguna pues la demanda habrá de ser inadmitida, por las mismas razones anteriores. Por supuesto que esta interpretación puede ser discutible. Pero sin duda es la que más se ajusta al derecho sustancial, y es la que permite

resolver más rábido sobre los derechos agraviados. La Corte, entonces, en vez de aumentar el tiempo de lesión de los derechos Casac i2ó4.n03 0 SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO fundamentales, y de hacer gitos que la Constitución y la ley prohíben, tiene que ocuparse directamente, de una vez, del tema. - x/ Álvaro Or|an…rez inzón (07-05-07) Página 1 de 1 Casación N? 24.

JORGE ELIÉCER FERNÁN.

Aclaración de vo ACLARACIÓN DE VOTO Con el acostumbrado respeto que me merecen las decisiones de la Sala, en esta oportunidad me permito exponer los motivos por los cuales aclaro mi voto en el asunto de la referencia, en lo que atañe a la decisión de disponer en forma oficiosa la remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación para la emisión de concepto frente a la posible vulneración de garantía fundamental, pese a la inadmisión de la demanda de casación. Es cierto que con anterioridad me había opuesto de manera categórica al proceder aludido —inadmisión de la demanda y traslado en forma oficiosa a la Procuraduría-, lo que hacía en los siguientes términos: ... al inadmitir la demanda de casación presentada a nombre del procésado para a la vez disponer un trámite Kepiblica de Calombia Página 2 de 17 44 Casación N? 24 030£ JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ Actlaración de voto -

%w59 €áá& dáj¿2&'áf¿& que no está previsto en la ley con el fin de evaluar la posibilidad de casar de oficio la sentencia por una presunta vulneración de derechos fundamentales, rompe de tajo la estructura del proceso y desconoce los institutos que le están anejos. En efecto, la casación, tal y como quedó concebida en las disposiciones que por razón de la inexequibilidad de la ley 553 de 2000 y las pertinentes de la ley 600 del mismo año, recobraron vigencia -decreto 2700 de 1991-, es un medio extraordinario de impugnación llamado a cumplir las finalidades constitucionales de la prevalencia del Estado Social de Derecho, el imperio de la ley, la realización del derecho sustancial y la unificación de la jurispridencia nacional, según se desprende de lo preceptuado en el artículo 235-1 de la Carta Política, por lo que no puede confundírsele con los recursos de la vía ordinaria. Igualmente, la casación como un juicio de legalidad que se emite sobre la sentencia, tampoco puede entenderse como una instancia adicional, ní como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo. La pretensión impugnativa en casación siempre tiene un objeto preciso y diferente al de las instancias; regido por Página 3 de 17 Casación N" 24. 030 JORGE ELIÉCER FERNÁNDEZ= Aclaración de voto fºu " causales específicas señaladas por la ley, con cargos

que han de adecuarse a estas y que se deciden por una nueva ssnt“(-)r'n:¡&.í| Por lo tanto, es diferente y diversa en objeto y conten¡db de la que se profirió por los falladores de primero y segundo grados en el proceso respectivo. Ciertamente, es¿¡ configuración de la casación como recurso extraordfnario no es campo vedado para que, reconociéndose el influjo que el proceso penal recibe de los principios y valores que emanan de la Carta Política, que para fodos los efectos de la actividad estatal incluida la jun'sd¡fcc¡ona¡, estatuyó el modelo de Estado social y democtrático de derecho para Colombia, la Corte también propenda por la salvaguarda de los derechos esenciales de las personas, la tutela del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del $cceso a la administración de justicia, que tan caros Eresultaron en la decisión de cuyo contenido me aparto. Pero alcanzar esos loables propósitos no justifica el empleo de cualquier medio, porque aún dentro de ese contexto toda función está sometida a muy precisos límites y se desarrolla con arreglo a determinadas competencias. No cabe duda que el legislador y la jurisprudencia de esta Corte, de níodo paulatino, han venido flexibilizando Página 4 de 17 Casación N 24.03 JORGE ELIÉCER FERNÁND, Aclaración de voto A los rigores para acceder a la casación, ejemplo de lo cual es la introducción de institutos como la casación oficiosa y la excepcional, circunstancia que, sin embargo, no sustrae la naturaleza extraordinaria de este

medio de impugnación. También es cierto que la doctrina de la Corte venía entendiendo, hasta ahora, que para entrar a casar de oficio una sentencia debía mediar una demanda en forma, esto es, que hubiese superado el examen formal y, por ende, el trámite subsiguiente, el del traslado al Procurador Delegado, y que a pesar de desestimar sus fundamentos, por advertir la presencia evidente del quebranto a una garantía, se allanaba el camino al quiebre del fallo. Un ejemplo de esa tendencia lo constituye un reciente pronunciamiento de la Sala: La Corte adquiere competencia para conocer de la casación, sólo a partir de la presentación de una demanda en debida forma y de la existencia de un interés jurídico para recurrir -artículo 213 de la ley 600 de 2000-, siendo ilegítima cualquier intervención suya sin el cumplimiento de dichos presupuestos, los cuales no pueden ser obviados con los enunciados genéricos de disposiciones constitucionales que la harían procedente. 'Aceptar -sin másla tesis propuesta a partir de la prevalencia del derecho material, la vigencia de un orden justo como fin esencial del estado y del principio de preeminencia de las normas y valores constitucionales que irradian al universo jurídico interno, ni más ni menos sería desquiciar el ordenamiento jurídico cuya defensa se propugna, pues por esa vía cualquier sujeto procesal Página 5 de 17 T $ Casación N 24, 030-¿ JORGE ELIÉCER FERNAÁNDEZ ; Aciaración de voto entendería encontrarse frente a una violación de sus

garantías, que obligaría a la Corte a contrariar el orden que se quiere proteger y a desvirtuar la naturaleza de la casación que en nuestro medio es esencialmente un juicio de legalidad. Repárese en que la intervención oficiosa de la Corte, permitida por el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal para declarar nulidades requiere que la demanda, háyase o no invocado la causal tercera del artículo 207 no prospere, pero aún así se advierta la irregularidad sustancial a corregir, como quiera que la limita a tener en cuenta únicamente las causales 'expresamente alegadas por el demandante”. Pero asimismo, prevé la posibilidad de casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma afecta las garantías fundamentales.” (Sentencia del 8 de julio de 2004, radicación 20.323) Incluso, poco antes fue más allá y al constatar que respecto de un procesado que no había recurrido la sentencia de prfh19r& instancia ni tampoco interpuso casación, se le habían vulnerado sus garantías fundamentales, hizo uso de la potestad de casación oficiosa consag¡áda en el artículo 216, pero de todos modos, después; de haberse surtido la plenitud del trámite presupuesto de la sentencia de casación. (Cir. sentencia del 12 de mayo de 2004, radicación 20.114). Cabe decir que en tales ocasiones y en algunas otras en las cuales esta Corporación dio lugar a casar de oficio una sentencia, lo hizo con piena competencia, en ejercicio cabal de sus atribuciones que como Corte de Casación le confiere el artículo 235-1 de la Constitución

y la ley. Página 6 de 17 479 $ Casación N 24.039 Í JORGE ELIÉCER FERNÁNDENY Aclaración de votol Pero la singular solución que ahora se adoptó está por fuera del ámbito dentro del cual la Corte puede ejercer de manera legítima su atribución como Corte de Casación. El Capítulo 1X, del Título V del