CSJ - Sentencia 25236(01-11-2007)

(cid:9) (cid:9) República de Colombia . (cid:9) CASACIÓN 25236

JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Aprobado acta N° 215.

Bogotá, D. C., noviembre primero (1') de dos mil siete (2007). VISTOS Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación ()Ruz interpuesto por los defensores de JAIME ENRIQUE FRANCO, JAIME DAGOBERTO SÁNCHEZ VARGAS, MARIO CÉSAR PÁEZ VELASCO y LUIS OSWALDO PEDREROS ROJAS contra la sentencia proferida el 8 de junio de 2005 por el Tribunal Superior de Tunja, mediante la cual, al revocar el fallo absolutorio adoptado el 8 de marzo de 2002 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá, condenó a los mencionados procesados a las penas principales de 132 meses de prisión y $8.822.800 de multa, para cada uno, como coautores responsables de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en (cid:9) documento público. Q11-fr 2 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROSCorte Suprema de Justicia Descorrido el traslado de rigor, la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal solicitó desestimar la demanda y casar de oficio la sentencia impugnada.

HECHOS En 1996 el Concejo Municipal de Chiquinquirá aprobó el Acuerdo de presupuesto adicional, en uno de cuyos apartes se incluyó una partida para "acueductos veredales y restauración de cuencas hidrográficas Vereda Hato de Susa", con sustento en la cual el alcalde de la referida población celebró aparentemente con la ingeniera Sonia Esperanza García Norato un contrato de consultoría por la suma de $11.140.000, persona a quien le falsificaron las firmas en el proceso de contratación, resultando como real beneficiario del negocio jurídico Wilson Vicente Rojas García. Una vez MARIO CÉSAR PÁEZ VELASCO, quien actuó como interventor de la obra, certificó, sin ser cierto, la iniciación y entrega parcial de los trabajos, el alcalde, el secretario de Hacienda, LUIS OSWALDO PEDREROS ROJAS y el tesorero, JAIME DAGOBERTO SÁNCHEZ VARGAS, ordenaron el pago directamente a Rojas García de la suma de $8.822.800.

ACTUACIÓN PROCESAL

1. La investigación la inició el 2 de septiembre de 1997

3 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS Corte Suprema de Justicia la Fiscalía 23 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Chiquinquirá, despacho judicial que, tras escuchar en declaración de indagatoria a JAIME ENRIQUE ORTIZ

FRANCO, JAIME DAGOBERM SÁNCHEZ VARGAS, MARIO

CÉSAR PÁEZ VELASCO, LUIS OSWALDO PEDREROS ROJAS

y Wilson Vicente Rojas García, les resolvió situación jurídica mediante providencia del 16 de julio de 1998, profiriendo en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva por los punibles de peculado, celebración indebida de contratos, prevaricato y falsedad en documentos.

2. Apelada la aludida decisión, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de T'unja le impartió confirmación con algunas modificaciones, según providencia del 19 de enero de 1999.

3. Inicialmente, el instructor clausuró la investigación y calificó el mérito del sumario con resolución de acusación, pero esas actuaciones fueron anuladas, mediante proveído del 4 de febrero de 2000, por la Fiscalía de segunda instancia al desatar la apelación interpuesta por la defensora de uno de los procesados contra el pliego acusatorio.

4. Luego de que Wilson Vicente Rojas García se acogiera al mecanismo de sentencia anticipada, el Fiscal 23,

4 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS Corte Suprema de Justicia en decisión del 10 de abril de 2001, cerró de nuevo la investigación y el 16 de julio siguiente calificó el mérito del sumario, profiriendo una vez más resolución de acusación

contra JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO, JAIME

DAGOBERTO SÁNCHEZ VARGAS, MARIO CÉSAR PÁEZ VELASCO y LUIS OSWALDO PEDREROS ROJAS, a quienes atribuyó los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros.

5. Por vía de apelación, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja confirmó la providencia calificatoria, según determinación del 12 de septiembre de

2001.

6. Correspondió tramitar la fase del juzgamiento al Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá, cuyo titular realizó las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento, tras lo cual puso fin a la instancia con la sentencia absolutoria del 8 de marzo de 2002, que fue revocada por el Tribunal Superior de 'l'unja al desatar la apelación interpuesta por la fiscalía, para proferir, en su lugar, el fallo condenatorio del 8 de junio de 2005.

7. Contra la decisión de segunda instancia los defensores de los cuatro procesados interpusieron el recurso de casación, presentando oportunamente las kitr

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_ Corte Suprema de Justicia respectivas demandas, las cuales se declararon ajustadas mediante auto del 23 de marzo de 2006, por cuya razón se ordenó correr traslado al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor. LAS DEMANDAS 1) Demanda presentada a nombre de JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO: Dos cargos, ambos al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, formula el actor contra la sentencia del Tribunal. En el primero denuncia la violación indirecta del artículo 133 del Código Penal de 1980, modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, en la modalidad de aplicación indebida, como consecuencia de incurrir en falsos juicios de identidad y falsos juicios de

existencia. En el segundo reproche predica la violación indirecta de los artículos 219 y 23 del citado estatuto penal, por aplicación indebida, derivada de errores de hecho por falso raciocinio y falso juicio de existencia. Para el censor, los errores cometidos llevaron al tallador a concluir que las conductas punibles de peculado 4(' 6 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236

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_ Corte Suprema de Justicia por apropiación y falsedad ideológica en documento público atribuidas al procesado son típicas, a pesar de estar demostrado lo contrario en el expediente. A continuación se resumen los fundamentos de las dos censuras: Primer cargo: Postula varios falsos juicios de identidad y algunos falsos juicios de existencia, así: a) Falsos juicios de identidad: (i) Según el demandante, el ad quem distorsionó el sentido de la queja verbal elevada por el señor Agustín Hernández Quiroga ante la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá, pues, con base en esa prueba y otras que se aportaron al proceso, dio por establecido que el contrato de consultoría celebrado por el alcalde ORTIZ FRANCO es ficticio, cuando dicho declarante, por el contrario, hizo afirmaciones que permiten concluir la existencia del convenio para la realización de un estudio relacionado con el acueducto de la vereda Hato de Susa, y si bien testificó que se adelantó "en el escritorio", esa situación fue correcta, pues se trató de un contrato de consultoría. QM 7 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236

JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROSCorte Suprema de Justicia (ii) Se tergiversó el contenido del documento que redujo el contrato de consultoría a escrito, sostiene el libelista, porque pasando por alto que en el mismo constan los elementos esenciales del convenio celebrado por la administración, en cuanto allí se identifica a los contratistas, el objeto, el precio de la labor, las condiciones de su prestación, etc., el sentenciador predica su inexistencia por ausencia del acuerdo de voluntades. En su criterio, el consentimiento sí existió, sólo que provino de un tercero, quien asaltó en su buena fe a los funcionarios de la administración y les hizo creer que Sonia Esperanza García Norato había manifestado su voluntad para celebrarlo. Por eso, añadió, el problema no se presenta sobre la existencia del contrato sino acerca de su validez, pues el alcalde municipal fue engañado respecto de la persona que desarrollaría el objeto contractual, lo cual vicia el consentimiento, mas no saca del mundo jurídico la existencia del acuerdo de voluntades, menos cuando los trabajos contratados fueron efectivamente realizados, aun cuando por el tercero que suplantó a quien figura documentalmente como contratista. En esas condiciones, considera que el convenio se celebró de acuerdo con las normas pertinentes, de manera 8 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236

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• _ Corte Suprema de Justicia que al pagarse los honorarios pactados no se produjo acto de apropiación ilícita de recursos públicos.

(iii) Para el casacionista, el fallo tergiversó el Acuerdo

municipal 006 de 1996 en el cual se estableció la partida presupuestal con cuyo fundamento el alcalde de Chiquinquirá celebró el contrato de consultoría, porque aunque el gasto se denominó "acueductos veredales y restauración cuencas hidrográficas Vereda Hato de Susa (N)", se trató ese de un enunciado genérico que, en ningún momento, impedía invertir la partida en contratos de consultoría, como lo concluyó equivocadamente el Tribunal. Es más, precisó el actor, por simple lógica y por exigencia legal, la construcción de una obra de la referida naturaleza requería la realización previa de estudios necesarios para determinar su viabilidad, estudios que se denominan de consultoría, pues de esa manera el experto contratado responderá las consultas que al respecto tiene la administración, como ubicación, características técnicas, población beneficiada, opciones más adecuadas, etc. (iv) Consideró que el ad quern distorsionó también los testimonios rendidos por los señores Jaime Alfonso Murcia Gamboa y José Agustín Hernández Quiroga ante la Procuraduría Provincial, cuando declaró probado que los 9 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS tk-,) Corte Suprema de Justicia estudios previos del acueducto habían sido realizados en

1985. En criterio del impugnante, el segundo de esos declarantes nunca efectuó afirmación de esa naturaleza y, en cuanto al primero, si bien testificó que en 1985 se elaboró un croquis de la vereda Hato de Susa para efectos

del censo de población nacional, de esa manifestación se infiere que el plano no se levantó con ocasión de los estudios previos a la construcción del acueducto de dicha región, sino dentro del censo nacional de población. En su concepto, de la afirmación de Murcia Gam.boa puede concluirse, incluso, que el croquis observado por él en 1997 no es el mismo elaborado en 1985 por los empadronadores, si se tiene en cuenta que el propio declarante aseveró que el primero de esos planos "tiene algunas prolongaciones y debido a eso se encuentran desubicadas tanto las vivienda como las escuelas existentes". Consideró que esa última circunstancia a lo sumo sólo podría servir de fundamento para concluir que, el plano de 1997 fue elaborado sobre el croquis levantado en 1985, aunque ello, estima, tampoco está demostrado en el proceso. Al actor le parece, de todas maneras, dudosa la identidad referida por el testigo, dado que entre 1985 y 1997 transcurrieron 12 años, sin que éste hubiese 10 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS I iCorte Suprema de Justicia mencionado que analizó el croquis durante ese amplio lapso. b) Falsos juicios de existencia: En opinión del libelista, el Tribunal ignoró los informes técnicos rendidos por un investigador del C.T.I. los días 11 de diciembre de 2001 y 20 de febrero de 2002, pruebas de las cuales se concluye que el contrato de consultoría tuvo

real existencia y se cumplió en, por lo menos, el 60 %. Aunque reconoce que los referidos informes dan cuenta de que los estudios presentaron deficiencias e, incluso, que el contratista no fue el más idóneo, esas situaciones, en su sentir, conducirían a declarar la caducidad del contrato, pero no a la inexistencia del mismo. A manera de conclusión frente al primer cargo, señaló el casacionista que la violación indirecta a la norma de derecho sustancial aparece cuando el Tribunal dio por demostrada la inexistencia del contrato, pese a obrar prueba acerca de lo contrario y, por consiguiente, de que existía base legítima para el pago efectuado, lo cual torna atípica la conducta de peculado por apropiación imputada, pues "cuando el desplazamiento patrimonial tiene una causa lícita -el contrato lo es-, no puede predicarse un acto de 11 (cid:9) República de Colombia CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS Corte Suprema de Justicia apoderamiento de los previstos en la disposición que se acusa corno violada indirectamente". Solicitó, en consecuencia, casar la sentencia impugnada y dictar el fallo de reemplazo de carácter absolutorio en relación con el atentado contra la administración pública en mención.

Segundo cargo: Encaminado a demostrar la atipicidad del delito de falsedad ideológica en documento público, el actor empezó por precisar que el Tribunal no es claro en señalar los fundamentos base de esa imputación, pues primero considera que la falsedad se cometió sobre la firma del documento que redujo a escrito el contrato, pero después

da a entender que el reproche lo es por certificarse en las actas respectivas, sin ser cierto, la iniciación de trabajos y su posterior recibo parcial. Por lo anterior, decidió estructurar el cargo respecto de las dos situaciones antes referidas, para lo cual postuló los siguientes errores de hecho: a) Falso raciocinio: 12 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROSCorte Suprema de Justicia Lo predicó respecto de las declaraciones vertidas por Wilson Vicente Rojas, dado que por sus condiciones personales el Tribunal consideró inatendible la retractación que el testigo concretó en la audiencia pública, momento en que eximió de toda responsabilidad a los demás vinculados, sin reparar el tallador que esas condiciones particulares, justamente, llevan a otorgar credibilidad a lo dicho en la retractación. Estimó, en efecto, que (i) la relación familiar del declarante con Sonia Esperanza García, en cuanto era cuñado de ésta, (ii) "(e)1 conocimiento que como empleado tenía de las partidas que podían generar contratos ya aprobados por el Concejo" y (iii)«(s)u inmensa amistad con el Alcalde como con sus demás conmilitones de la Administración Municipal", demuestran que Rojas García conocía los hechos y circunstancias que le permitirían la elaboración del plan criminal, involucrando a los servidores públicos sin que éstos tuvieran conocimiento de sus propósitos. Mucho más absurda le pareció la postura del ad quem cuando la "poca ética o moralidad" que atribuye al testigo la

tuvo en cuenta para desestimar la retractación, mas no al momento de analizar la pretendida "confesión" vertida en la audiencia de aceptación de cargos y la supuesta acusación 1'1 13 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236

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_ Corte Suprema de Justicia que allí formuló en contra de los demás incriminados. Para el actor, las varias declaraciones de una persona deben ser analizadas en conjunto, de modo que así debió el sentenciador examinar las distintas versiones de Rojas García, máxime cuando no entró en contradicciones sobre lo esencial del dicho. En su criterio, por lo demás, constituye "otra impropiedad para desviar el razonamiento crítico de las manifestaciones del condenado" asignar la calidad de confesión a la aceptación de cargos, porque allí no se da un relato claro y detallado de los hechos que le perjudican; tampoco, añadió, resulta viable hacerse valer como prueba en contra de los demás procesados, pues respecto de la participación de éstos no fue juramentado, amén de que el acta de formulación de cargos contiene la tesis de la fiscalía, no las aseveraciones del procesado. El sentenciador, considera el censor, con ese modo de razonar viola la regla conocida como "petición de principio", en tanto da por demostrado lo que se pretende comprobar. En relación con lo anterior, precisó que "la aceptación de los cargos no se explica por el hecho de que éstos sean el trasunto de la verdad», pues muchas razones pueden llevar al acusado a proceder en ese sentido, entre ellas, obtener

ventajas punitivas, como muy probablemente ocurrió con q14.( 14 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS Corte Suprema de Justicia Rojas García, quien utilizó el mecanismo de sentencia anticipada para lograr la reducida pena que se le impuso en su condición de cómplice. Tras cuestionar al ad quem por considerar que las reglas de la experiencia y la técnica administrativa impiden otorgar credibilidad a la retractación de Wilson Rojas, porque en ningún momento precisa cuáles son las reglas infringidas, concluyó el libelista que las manifestaciones de dicho testigo no pueden tomarse como sustento de la coautoría, de manera que resulta erróneo inferir que el exalcalde conocía la falsedad de los documentos. Afirmar lo contrario, explicó, es tanto como sostener que éste dirigió todo el proceder criminal para no obtener rédito alguno, pero la verdad es que el procesado Ortiz Franco no tenía razones para la realización del delito. En su criterio, por tanto, el fallador incurrió en falso raciocinio cuando analizó las manifestaciones exculpatorias de Rojas García. b) Falso juicio de existencia: Lo postula en relación con los testimonios de Sonia Esperanza García Norato y Wilson Vicente Rojas García, dado que el Tribunal omitió apreciar una parte importante y trascendente de sus declaraciones, así como del oficio 15 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236

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" 1 1 Corte Suprema de Justicia

D.R.C. No. 481 expedido por la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. Según el impugnante, el sentenciador ignoró las aseveraciones de la testigo García Norato, conforme a las cuales los funcionarios de la alcaldía municipal desconocían el engaño de que habían sido víctimas, porque expresó que una vez surgieron dificultades con el cumplimiento del contrato fue requerida, por orden de ORTIZ FRANCO, para dar explicaciones, ante lo cual habló con el ingeniero Páez, quien quedó sumamente desconcertado al conocer la verdad de lo ocurrido. En concepto del censor, el hecho de que el exalcalde buscara que la situación se pusiera en conocimiento de las autoridades judiciales y, además, la sorpresa y conmoción que causó tanto a Páez como al mismo Ortiz Franco al enterarse de lo sucedido por boca de Sonia Esperanza García, revela que no hubo coparticipación criminal, de manera que cuando el Tribunal dio por establecido situación diversa "condicionó la aplicación de la norma en hechos supuestos y contrarios a los que las pruebas hacen evidentes". Respecto (cid:9) del (cid:9) testimonio (cid:9) de (cid:9) Wilson Rojas (cid:9) García, consideró que el ad quern omitió apreciar lo dicho por el 16 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS lj Corte Suprema de Justicia deponente, en el sentido de que fue quien decidió suplantar a su cuñada, falsificando su firma, sin connivencia con los

empleados de la alcaldía y sin su participación, a quienes entonces engañó, aprovechándose de sus múltiples ocupaciones, versión que "concuerda con las explicaciones dadas por el ex alcalde procesado, así corno con la lógica y las reglas de la experiencia...". Otro hecho surgido de la versión de Rojas García, pero no valorado por el sentenciador, según el casacionista, es la motivación que lo animó a acogerse al mecanismo de sentencia anticipada, pues lo hizo para obtener las condiciones más ventajosas para su propia situación procesal, de modo que la sindicación hecha por la fiscalía al momento de la formulación de los cargos no constituye prueba en contra de los aquí acusados, ni revela la verdad de lo ocurrido. Consideró, finalmente, que el juzgador ignoró el oficio expedido por la División de Registro y Control de la Procuraduría cuando concluyó que Wilson Vicente Rojas estaba inhabilitado para contratar con el municipio, lo cual llevó a la celebración del contrato con las irregularidades que se presentaron, pese a que esa prueba certifica todo lo contrario, es decir, que dicho ciudadano no estaba impedido 17 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAI= ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS Corte Suprema de Justicia para contratar con el Estado o con sus entidades territoriales. A manera de conclusión respecto del segundo cargo, el actor señaló que una correcta valoración de las pruebas lleva a declarar acreditado que el procesado JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO no participó en la falsedad de las firmas, ni existe prueba de la coautoría en el delito, en

cuanto las falsedades las cometió exclusivamente Rojas García, de manera que no resulta dable imputar a aquél autoría o responsabilidad alguna en el punible de falsedad ideológica en documento público, porque ni extendió los documentos que se afirman falsos ni determinó a otro a su realización. Por lo anterior, consideró concretada la violación indirecta de las normas invocadas como infringidas, por cuya razón pidió casar la sentencia impugnada y dictar, con.secuencialmente, la sentencia absolutoria de reemplazo. 2) Demandas presentadas a nombre de JADIE DAGOBERTO SÁNCHEZ VARGAS Y LUIS OSWALDO PEDREROS ROJAS: El defensor de estos procesados presentó demandas por (cid:9) separado, (cid:9) pero (cid:9) el (cid:9) contenido (cid:9) de (cid:9) las (cid:9) mismas (cid:9) es 18 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236

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(, Corte Suprema de Justicia sustancialmente idéntico, razón por la cual se resumen simultáneamente. Formuló tres cargos, todos bajo la égida de la causal primera de casación, apartado segundo.

Primer cargo: Predicó la violación indirecta, por falta de aplicación del artículo 40, numeral 4° del Código Penal de 1980 y correlativa aplicación indebida de los artículos 5° y 36 ibídem, como consecuencia de la estructuración de errores de hecho por falso raciocinio y por falso juicio de identidad

a) Falso raciocinio:

En ese yerro incurrió el fallador, según el actor, cuando desestimó las manifestaciones hechas por Wilson Rojas García en la audiencia pública, en el sentido de haber engañado a los funcionarios de la administración municipal. De esa forma, añadió, violó varias reglas de la experiencia, así: En primer lugar, cuando existen relaciones de amistad, como ocurría con el testigo y los procesados, no hay motivos para la desconfianza, máxime si el primero contaba con unas condiciones personales especiales, como 19 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS Corte Suprema de Justicia ser un profesional intachable y tener vínculos de amistad con la ingeniera Sonia Esperanza García. En segundo término, que precisamente por esas condiciones personales conocía acerca de las partidas presupuestales y tenía, por ende, "capacidad para realizar toda la serie de actividades que redundaron en el engaño a esos funcionarios de la administración...". En tercer lugar, que cuando alguien rompe relaciones con otra persona, como aconteció con Wilson Rojas con respecto a Sonia García, a aquél no le interesa proteger su buen nombre, lo cual le permitía suplantarla sin ningún impedimento moral. Y en cuarto lugar, que si una persona no se encuentra en determinado municipio, no es posible verificar el estado de sus relaciones personales o de sus nexos de familiaridad, de manera que habrá de estarse al conocimiento previo que se tenía al respecto, lo cual le impidió a los funcionarios de la administración establecer el rompimiento de las relaciones entre Rojas y García. b) Falso juicio de identidad:

En criterio del demandante, el sentenciador cercenó en su expresión fáctica el testimonio de la ingeniera Sonia Esperanza García cuando dejó de analizar la afirmación de 20 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JADIE ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS Corte Suprema de Justicia la declarante, conforme a la cual el ingeniero Páez no tenía conocimiento del engaño del que había sido objeto por parte de Wilson Rojas, pues se sorprendió cuando la deponente le manifestó que no había participado en la suscripción del contrato ni en la realización de su objeto. Esa manifestación de la testigo, así como la atinente a que con el ingeniero Páez procedieron a buscar sin éxito a Rojas García para que explicara lo sucedido, para el actor, deja entrever el desconocimiento por parte de dicho funcionario de las argucias desplegadas por Wilson Rojas y reafirma el engaño del que hizo víctima a los funcionarios de la administración. Fundamentó la trascendencia de este primer cargo, señalando que si el Tribunal no hubiese incurrido en los errores de hecho que atribuye a la sentencia habría declarado que los procesados actuaron al amparo de las previsiones del denominado error de tipo, en cuanto como resultado del engaño desplegado por Wilson Rojas desconocían que al entregar a éste el cheque estaban propiciando un apoderamiento indebido de dineros públicos y consignando una serie de afirmaciones contrarias a la verdad. 21 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236

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Corte Suprema de Justicia

En tal virtud, pidió casar la sentencia impugnada para que, mediante el consiguiente fallo de reemplazo, se absuelva a sus defendidos.

Segundo cargo: Denuncia la existencia de un error de derecho por falso juicio de legalidad que condujo a violar indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 23 del Código Penal de 1980. Al respecto, señala que el ad quem asignó valor probatorio al acta de aceptación de cargos efectuada por Wilson Rojas García, en punto a lo allí expresado por la fiscalía en el sentido de que éste obró "en abierta y radical connivencia con los servidores públicos encargados de la administración municipal de Chiquinquirá...", pese a que en el proceso de formación de esa prueba no se dio cumplimiento al requisito esencial de la previa amonestación del juramento.

El actor admite que, según jurisprudencia de la Corte, cuando un sindicado formula cargos a terceros en desarrollo de la indagatoria no es imprescindible tomarle juramento. Sin embargo, sostiene que en este caso si era indispensable cumplir ese requisito, por cuanto la aceptación de cargos no corresponde a una indagatoria, de modo que "su aceptación de responsabilidad, de la que se 22 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236

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,,- Corte Suprema de Justicia deriva su imputación conjunta para con los demás implicados, no se dio como resultado de su personal relato en torno de la real ocurrencia de los hechos, sino que... obedeció a su escueta aceptación de lo narrado por la propia Fiscalía...".

Consideró que de no haber incurrido en el mencionado error y, por el contrario, hubiese aplicado la cláusula de exclusión con relación a la prueba ilegal, el Tribunal no habría podido atribuir a los procesados coautoría en los punibles objeto de imputación, pues en el expediente no obran elementos de prueba diversos de los cuales se pueda establecer que los funcionarios de la administración actuaron en connivencia con Wilson Rojas García. Por lo anterior, pidió casar la sentencia objeto de censura y, en su lugar, absolver a sus representados.

Tercer cargo: Postula la violación indirecta de la ley por aplicación 0 indebida de los artículos 3 y 133 del Decreto Ley 100 de 1980, modificado este último por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, como consecuencia de incurrirse en errores de hecho por falsos juicios de identidad y de existencia por omisión.

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Corte Suprema de Justicia a) Falsos juicios de identidad: En su opinión, el ad quern distorsionó el contenido material del testimonio rendido por José Agustín Hernández Quiroga en dos oportunidades. En primer lugar, cuando concluyó en la sentencia que el contrato de consultoría se reporta ficticio o inexistente, pese a que de aquella prueba se establece la existencia de dicho negocio jurídico. Y, en segundo término, porque atribuyó al declarante la afirmación consistente en que con base en el croquis o plano elaborado con mucha antelación en la oficina de

Planeación se estaba haciendo el estudio correspondiente, no obstante que Hernández Quiroga, en momento alguno, hizo tal manifestación. Consideró que también tergiversó el Acuerdo municipal en el cual se estableció la partida presupuestal con fundamento en la cual se celebró el contrato de consultoría, por cuanto a pesar de que ese acto administrativo no destinó el rubro a la exclusiva realización de obras relacionadas con la construcción o mejoramiento del acueducto veredal, el Tribunal le impuso ese condicionamiento para concluir que no podía celebrarse el contrato de consultoría, cuyos estudios, por demás, se hacían indispensables "antes de proceder a la construcción °J4v 24 República de Colombia (cid:9) CASACIÓN 25236 JAIME ENRIQUE ORTIZ FRANCO y OTROS t Corte Suprema de Justicia misma del aludido acueducto, por elementales razones de índole técnico y de incuestionable exigencia legal". Finalmente, el fallador distorsionó, añade el actor, el contenido de la declaración de Jaime Alfonso Murcia Gamboa, por cuanto le hizo decir que los estudios previos habían sido realizados en el censo poblacional de 1985, cuando el testigo precisó que el croquis elaborado en ese entonces "tiene algunas prolongaciones y debido a eso se encuentran desubicadas tanto las viviendas como las escuelas existentes", lo cual lo torna diferente al plano entregado por el ingeniero Wilson Rojas. b) Falso juicio de existencia: Sostiene que el fallador omitió apreciar los informes técnicos elaborados por el C. T. I. de la Fiscalía General de

la Nación, lo cu