CSJ - Sentencia 26582(01-02-2007)

Radicado 26.582. Colisión de Competencia Cesar Alejandro Martínez Herrera

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

.. MAGISTRADO PONENTE

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Aprobado: Acta No.009

Bogotá, D. C., primero (1) de febrero de dos mil siete (2007). PROBLEMA JURÍDICO Resuelve la Sala el conflicto negativo de competencia surgido entre la sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, respecto del conocimiento que uno de ellos deberá avocar, como instancia de segundo grado, sobre una decisión de revocatoria de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, proferida por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, según se aplique sobre. el particular la ley 600 de 2000 o la ley 906 de 2004. Rad zado 26.582. Colisión de Competenfti y César Alejandro Martinez Herrera ANTECEDENTES El ciudadano CÉSAR ALEJANDRO MARTÍNEZ HERRERA fue condenado como ator responsable del delito de Abuso de Confianza calificado y agravado, en sentencia ¡5roferída por el Juzgado Primero Pe al del Circuito de Neiva, modificada por el Tribunal Superior de Distrito judicial de Neiva y casada en forma parcial por la Zorte Suprema de Justicia, en sentencia de veintisiete de abril de 2005, a las penas principales de cuarenta y dos meses de prisión y multa por valor de treinta y cinco salarios mínimos riensuales, así como a la accesoria de

inhabilitación para e. ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Se le concedió la prisión domiciliaria como sustitutiva de l3 pena de prisión. Por incumplimiente de la obligación de permanecer en el lugar de residencia, en a.to de veinticuatro de julio de 2006, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá revocó la »risión domiciliaria.

El. condenado inte: puso recurso de apelación contra esta decisión, el cual se concedió para ante el Tribunal Superior de Radicado 26.582. Colisión de CompetentiaCesar Alejandro Martínez Herreta Bogotá, autoridad que mediante auto del 4 de octubre de 2006 declaró su incompetencia con base en lo prescrito en el artículo 478 de la ley 906 de 2004, norma que conforme a su interpretación maodificó el fictor funcional de competencia para los asuntos como el que es objeto de debate y decisión.

Remitió entonces la actuación al Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva y en el mismo auto propuso colisión negativa de competencia si sus argumentos no eran aceptados. En auto de dieciséis de noviembre de 2006 el Juzgado de conocimiento aceptó el conflicto negativo de competencia propuesto y refutó que el asunto se gobierne con el artículo 478 de la ley 906 de 2004, en sentido contratio indicó que la norma que debe aplicarse es el artículo 80 de la ley 600 de 2000 que fija la segunda instancia de las decisiones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en la Sala Penal de los Tribunales de Distrito a que pertenezca el Juez.

El asunto fue remitido a la Corte. CONSIDERACIONES Rad zado 26.582. Colislón de Competc¡á?¡ Casar Alejandro Martínez Herrera La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resclver la controversia desatada de conformidad con el artículo 75.4 de la ley 600 de 2000: ...4. De las colisiones de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción penal entre las salas de un mismo tribunal, entre tribunales o entre éstos y ¡uzgados de otro distrito judicial: o entre juzgados de diferentes distritos. ...

Para resolver se aten: derán los siguientes presupuestos: e La actuación sobr2 la cual gravita el conflicto se adelantó y terminó con el régimen procedimental de la ley 600 de 2000. e la relación jurídic:1 trabada entre las dos autoridades judiciales es la .c:o¡í5íór) nege::iva de competencia, institución del sistema procesal de la Ley 500 de 2000, procedimiento sustituido en el artículo 54 de l: ley 906 de 2004 por el de la defínición de compéfenc¡á.

Radicado 26.582. Colisión de Competencia Cesar Alejandro Martinez Herrera e La controversia no trefiere a una dialéctica sobre favorabilidad, por cuanto el supuesto de hecho, abordado hipotéticamente por uno u otro sistema procésa| Cley 600 0 ley 906) ostenta las mismas garantías, incluso la de la doble ín5;cancia. En relación con la ritualidad, el régimen de ejecución y vigilancia de la pena, en uno y otro

procedimiento agota trámites escriturales símiles. De los argumentos que construyen la polémica: .1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá interpretó que el artículo 478 de la ley 906 de 2004 modificó el Aactor funcional de competencia para los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que consagra el artículo 80 de la ley 600 de 2000, de manera que, para las decisiones que adopta el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos 5usfífutívos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, el competente es el juez que profirió la condena en primeta o única instancia. Soporta su conclusión indicando que aun cuando la ley 906 de 2004 no está destinada a ser aplicada a delitos cometidos antes Rad rado 26.582. Colisión de Competencj César Alejandro Martínez Herreradel 1 de enero de: 2005, ni a maodificar o derogar otras normas, ha sustituico algunos temas como los términos de caducidad y prescripción <artículo 5311 ejusdem). En respaldo de su tesis el Tribunal citó a la Corte! cuando se pronunció sobre la competencia para la ejecución y vigilancia de las sanciones penales de los procesados o condenadocson fuero constitucional o legal, situación en la que declaró que el parágrafo 1 del artízulo 38 de la ley 906 de 2004 derogó tácitamente el penál-ima inciso del artículo 79 de la ley 600 de 2000, por lo que li competencia se habría fijado, para estos concretos temas, en os Jueces de Ejecución de Penas y Medidas

de seguridad. Infiere entonces que en tanto el artículo 478 de la ley 906 de 2004 no hace parte de la normatividad que regula la investigación, la fase intermedia y el juzgamiento del sistema acusatorio, el factor funcional de competencia fue modificado en lo que tiene que ver con la instancia de segundo grado de las decisiones del j:lez de ejecución de penas y medidas de seguridad relativas : les mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la liberta 4 y la rehabilitación. ! Auto del 16 de marzo de 2006. N do 2459, Radicado 26.582, Colisión de Competenci César Alejandro Martínez Herrera

2. En el extremo de la refutación, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva sostiene que el ciudadano condenado es un particular, por lo que la remisión a las normas de competencia para aforados es improcedente; que la normatividad que gobernó la acción penal contra el condenado fue la ley 600 de 2000, la que deberá aplicarse sin importar el lugar donde aquél resida y al margen de que la ley 906 de 2004 tenga vigencia en su domicilio.

Apoya sus argumentos en el inciso ?" del artículo 530 de la ley 906 de 2004 que prescribe que el nuevo procedimiento penal entrará a regir el próximo T de enero de 2007, en los distritos fudiciales — de...Neiva... p' ara los delitos cometidos con posterioridad a esta fecha; que en consecuencia no son aplicables a ese distrito Cpara la fecha de la colisión negativa de competencia) las normas del nuevo sistema procesal y tampoco las situaciones surgidas con anterioridad a su vigencia.

Concluye entonces que la norma aplicable es el artículo 80 de la ley 600 de 2000, la que no contempla ningún tipo de excepciones. Rad zado 26.582. Colisión de Competencia Cesar Alefandro Martínez Herrera Á

3. La Sala debe reolver si las disposiciones de la ley 906 de 2004, en marzria de competencia para la ejecución y vigilancia de li pena y la medida de seguridad, son derogatorias de sus normas pares en la ley 600 de 2000.

La respuesta es negativa de conformidad con los siguientes razonamientos: Desde el acto legislitivo 03 de 2002, mediante el cual se reformó la Carta Política para instituir el sistema procesal de tendencia acusatoriy en Colombia, el constituyente se preocupó por la vige ncia e implementación del nuevo sistema, sometiéndolo a la cradualidad que determinara la ley y sólo para los delitos com :tidos con posterioridad a su vigencia, art. 5” ejusdem. La categoría de la. gradualidad tiene efectos directos en la vigencia de las normas, se trata de un Juicio de eficacia jurídica para establecer desd: cuándo una norma tiene aptitud para generar consecuenciz:s en derecho?. ? Corte Consticional Sentencia C173 de 2003. Radicado 26.582. Colisión de Competenci y César Alejandro Martínez Herrera En cumplimiento del acto legislativo, la ley 906 de 2004, desarrolló en el Libro VIL el Reégimen de Implementación; en su artículo 533, sobre la derogatoria y vigencia preceptuó tres situaciones: Que regiría para los delitos cometidos con

posterioridad a 1 de enero del año 2005; que los casos del artículo 235.3 de la Carta Política continuarían su trámite por la ley 600 de 2000, y que las únicas disposiciones que entrarían en vigencia a partir de su publicación serían los artículos 531 y 532. Efectuando una lectura negativa de la última sttuacion, navra que concluitse, por disposición expresa del legislador, que las únicas disposiciones que no fueron sometidas a una vigencia gradual, son los artículos 531 y 532 citados, los que rigen desde su publicación. Los principios de gradualidad y aplicación limitada que se revelan en las normas citadas, se lan con la implantación de las instituciones propias del sistema de tendencia acusatoria, que se verifican en los distintos meomentos pro-cesales de la investigación y el ¡uzgamiento. Por el contrario, las normas sobre el régimen de ejecución de las penas y las medidas de Racicado 26.582. Colisión de Cornp<=:tenc(&iX Ceésar Alejandro Martíhez Herrera seguridad en la ley <'06 de 2004, como ya lo dijo la Sala3, al pronunciarse sobre el parágrafo 1" del artículo 38 de esta normatividad, no muestran la construcción de una institución propia del nuevo modelo procesal: ”...dicho precepto, »or integrar el proceso de ejecución de la pena, no hace pan.' 2 del nuevo modelo de investigación y juzgamiento establecido en dicho Estatuto, e involucta tan sólo un asunto de vompetenda con posterioridad a la normativamente — «stablecida para la — investigación y

juzgamiento, que nc compromete para nada garantías fundamentales del sentenciado aforado constitucional o legal, y si, por el contrario, como ha visto en los precedentes aguí mencionados, le rep.»rta mayores ventajas, es de concluirse que resulta de aplicación inmediata por haber detogado tácitamente la disposición sobre dicha temática contenida en el artículo 79 de la ley 600 de 20(:0...” Sin embargo, aun cuando en esta instancia del sistema penal no se asomen proced mientos o instituciones de naturaleza acusatoria, ello no conduce a que la vigencia de las normas que se encuentran en el nismo estatuto (prevista de manera expresa 3 Auto de 16 de marzo de 2006. R.1c. 2459 10 N Radicado 26.582. Colisión de Compctcfé ;“ Cesar Alejandro Martínez Herrera y especial) se gobiernen con otras categorías de eficacia normativa extrañas al marco legislativo en el que fueron expedidas. Con fines explicativos, obsérvese que mientras la ley 906 introduce para la vigencia de sus normas la categoría de la gradua[¡dad¡a que se ha hecho mención, la ley 600 de 2000 expresamente señala en su artículo 6 que 9 ley procesal tiene efecto general e inmediato. Si éste hubiese sido el querer del legislador del nuevo procedimiento penal, así lo habría replicado, al tratar el mismo principio, el de legalidad, pero lo. omitió por mandato constitucional CActo legislativo O3 de 2002). En otra arista del mismo análisis, nótese due en una y otra ley' se prevé una excepción al principio de Legalidad, idénticamente

consagrado eñ el inciso 2" del artículo 6, tanto en la ley 600 de 2000 como en la ley 906 de 2004, que dispone: "la ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior 3 la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o destavorable." li U Rad =ado 26.582. Colisión de cOmpetenc¡akºik César Alejandro Martínez Herrera Del texto debe enterderse que lo que permite afirmar que una ley procesal es suslantiva, son sus efectos y en punto de retroactividad se concretan a que éstos sean favorables o permisivos. El asunto por resolver de manera alguna entraña una discusión sobre cuál notma es más favorable para resolver o tramitar los asuntos relativos a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y por tanto, si no subyace esa condición, no se puede hacer ur.a aplicación retroactiva de la ley. A dilucidar el tema 2>uritó también la Sala cuando precisó: "[lJas normas que e dictaron para la dinámica del sistema acusatorio colombiino, son susceptibles de aplicarse por favorabilidad a cascs que se encuentren gobernados por el Código de Procedin.iento Penal de 2000, a condición de que no se refieran a Instituciones propias del nuevo modelo procesal y de que los referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos, > CSIJ.Cas. Penal. Sent. Oct.. 10/2702. Rad. 17815. 5 Auto de 4 de mayo de 2005. Rdt . 19094, citado en Auto de 28 de Julio de 2005, Rdo 19093.

12 Radicado 26.582. Colisión de Competencia Cesar Alejandro Martínez Herrera Si la pena y su régimen de ejecución y vigilancia no son ajenos al principio de legalidad, el cual abarca, también, al Juez natural de estos asuntos, con fundamento en la preceptiva superior (art. 29. Inc.3"), entonces, a menos que se trate dé un supuestó de hecho que oblique a aplicar la excepción de legalidad del artículo 6, estatuido en las dos leyes de procedimiento penal, no podrá invocarse ley procesal distinta a la vigente al tiempo de la actuación procesal. La preguntan que prosigue es si la fase de la ejecución de la pena y su vigilancia está comprendida en la genérica expresión de "la actuación procesal. Sí, pues el principio de legalidad se reputa del delito, de la pena y de su ejecución. No se trata del supuesto que indica aplicar la excepción al principio. No existe un solo argumento de favorabilidad o mejores garantías procesales que fuerce 4 recurrir a la excepción de legalidad indicada CInciso 2”, artículo 6, ley 600 de 2000 igual en ley 906 de 2004), por lo tanto, lo que se decidirá es que corresponde aplicar el principio de legalidad en lo que hace al Juez natural para la vigilancia de la pena en segunda instancia. Contra el razonamiento anterior se construye el siguiente silogismo y es que si la competencia tiene la entidad de ser una 13 r

Radi: ado 26.582. Colisión de Compdcnág ésar Alejandro Martínez Herrera institución de naturileza procesal, las leyes que la modifican son de aplicación in nediata. Bajo este entendido, el Tribunal

considera que la ley 206 de 2004 modificó el factor funcional de corñpetencía para conocer en segunda instancia de las decisiones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en materi:: de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la liberta:. Se equivoca el Tribunal en su razonamiento por dos razones fundamentales: Las normas sol-re competencia no son de aquellas de las que pueda predicarse que son de simple ritualidad o sustanciación, porque como se indicó supra, a esta institución es :ontingente la del Juez Natural y ya se explicó porqué debe interpretarse a través del principio de legalidad, que es inherente no sólo al delito sino a la pena y su fase de ejecución Aun cuando legislativamente la instancia de la vigilancia de la pena y su ejecucióón han tenido un desarrollo de matiz complementario o de simple agregación, los operadores judiciales deben acer:arse a las interpretaciones que reclamen las 14 Radicado 26,582. Colisión de Competcncia¿ r Cesar Alejandro Martfnez Herrera normas, a través de los principios que orientan la actuación penal, la que al margen de sus divisiones funcionales: investigación, juzgamiento, sanción y ejecución, es una sola. La tercera fase, o de la efecución de la sanción, es la consecuencia de toda la dinámica del proceso penal, y concluye cuando la pena se cumple o prescribe, no antes. Entonces, acudiendo a un principio general de interpretación de la ley, el artículo 40 de la ley 153 de 1887, se tiene que ...los términos que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y diligencias

que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. La situación que provocó el conflicto de competencia hegativo está lejos de ser entendida como una actuación reciente, por lo que toda ella, hasta que pueda afirmarse que ha concluido (porque se cumplió la pena, operó la prescripción de la misma, por muerte del condenado o situaciones legislativas singulares de descriminilización), debe regirse por la ley 600 de 2000. Tampoco sitve 4 los argumentos del Tribunal la mención que hace cuando sostiene que la [ey 906 de 2004 se ha ocupado de otras materias que no son propias de su naturáleza procesal, 15 _ Radizado 26.582. Colisión de Compe'cerQ_“$ ' <Ceésar Alejandro Martínez Hetrera como la modificación de los términos de caducidad y prescripción Cartícule 5311 ejusdem).

Este precepto no re: palda su tesis, pues sobre el particular la Corte Constituciona declaró la inexequibilidad de esa norma en sentencia C-1035 de 2006, por contrariar los principios de dignidad humana e iqualdad, el debido proceso de las víctimas de las conductas puribles, el acceso a la justicia y la obligación de la Fiscalía General de la Nación de adelantar la acción penal.

Finalmente, tampoc> seporta sus planteamientos la cita que hace de esta Corpor;¡cíónº, porque no se corresponde con el supuesto de hecho cue se resolvió en dicho auto. Se trató de un asunto en el qJuedó c]arow que razones evidentes de favorabilidad, comc lo es la consagración de la segunda

instancia para las decisiones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguiidad respecto de condenados con fuero constitucional o legal, indicaban la aplicación de la ley posterior. $ Auto del 16 de marzo de 2006. ] do 2459. 16 Radicado 26.582. Colisión de Competenci ) « César Alejandro Martínez Herrera La Sala de Cá5ación Penal dejó claro en auto de 30 de marzo de 20057 que por mandato del artículo 5" del Acto Legislativo No. 03 de 2002, temporalmente en Colombia rigen dos Códigos de Procedimiento Penal, la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, cada cual con el ámbito de aplicación que - contempla su normatividad, Como corolario, a la. tesis del Tribunal se opone: a).La aplicación del principio de legalidad Cartículo 6 de la ley 600 de 2000) y la improcedibilidad de invocar la excepción vde[ inciso 2do por ausencia del supuesto de hech; y b). Las previsiones del acto legislativo 03 de 2002 (artículo 5") y de la ley 906 de 2004 sobre la implementación del sistema, en donde la eficacia jurídica de sus normas, es decir sus efectos en el ordenamiento ¡urídico, se rigen por la categoría de la gradualidad y de vigencia limitada y progresiva. Asf las cosas, la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juez Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que revocó la prisión domiciliaria al ciudadano condenado, es la Sala Penal

7 Rdo 23353 17 Radiado 25.582. Colisión de Competené: N César Alejandro Martínez Hertera del Tribunal Superior de Bogotá, por mandato expreso del artículo 80 de la ey 600 de 2000, norma que rige la actuación. En mérito de lo expuresto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, RESVUELVE DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde a la Sal: Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al que se remitirá el asunte:. Informar esta decisión al Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva. Cóviese y Camplase N , i

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ALFREDO GÓMEZ QUINTERO 18 — - J Radicado 26.582. Colisión de Competencia 1 César Ale[andro Martfnez Herrera ,/.- -

ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN

REZ BASTIDAS

EXCUSA

JUSTIFICADA

MAURO SOLARTE PORTILLA

RVÍZ NÚÑEZ

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