CSJ - Sentencia 27551(30-05-2007)

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Jeisson Eduardo Tocora Martínez República de Colombia KI.-! J¿ 1P Corte Suprema de J'usticia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta N 083

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007). VISTOS La Corte resuelve la colisión negativa de competencias surgida entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué y el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, en el proceso que se adelanta contra JEISSON EDUARDO TOCORA MARTÍNEZ, por el delito de extorsión en grado de tentativa. HECHOS En el mes de octubre de 2004, la señora Rubi Mape Buitrago, quien reside en la ciudad de Ibagué, empezó a recibir diversas llamadas telefónicas, a través de las cuales personas extrañas la compelían a entregar una gruesa suma de dinero ($30.000.000%) so pena de "hacerle la vuelta”. Como consecuencia de las primeras indagaciones, se obtuvo la captura de Jeisson Eduardo Tocora Martínez.

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ANTECEDENTES

1. Iniciada, adelantada y clausurada la investigación, la Fiscalía Tercere Especializada de Ibagué, el 19 de julio de 2005, calificó el mérito de sumario con resolución de acusación en contra de Jeisson Eduard Tocora Martínez, por el delito de extorsión en grado de tentativa.

Ejecutoriado el pliego acusatorio, el proceso se remitió al reparto de lot juzgados penales del circuito especializados.

2. Correspondió adelantar el juicio al Juzgado Primero Penal del Circuit Especializado de Ibagué, despacho judicial que, el 13 de diciembre de 2005, llevó a cabo la audiencia preparatoria, dentro de la cual decretó l práctica de unas pruebas, y el 20 de septiembre de 2006 culminó la diligencia de audiencia pública, encontrándose en la actualidad el procese pendiente para dictar la correspondiente sentencia.

3. No obstante, el mencionado Juzgado Primero Penal del Circuitt Especializado, mediante auto del 1 de febrero de 2007, manifestó no se competente para seguir conociendo del asunto, toda vez que, en su criterio el artículo 23 de la Ley 1121 del 30 de diciembre de 2006 modificó lo numerales 6 y 7 del artículo 5 transitorio de la Ley 600 de 2000, norma que determinó que, entre otros delitos, la extorsión es de conocimiento de los juzgados penales del circuito especializados cuando su cuantía supera los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siendo evidente qu en este caso dicha cuantía es inferior.

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Jeisson Eduardo Tocora Martínez República de Colombia Corte Suprema de Justicia Agrega que el artículo 28 de la citada Ley 1121 de 2006 en forma expresa no solo deroga las normas que allí se modificaron, sino todas aquellas que le sean contrarias, como es el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, sin olvidar

que las disposiciones que atañen a la competencia son de inmediato cumplimiento, razón por la cual remitió el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Ibagué, despacho al cual le propuso colisión negativa de competencias.

4. Por su parte, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, apartándose de aquél criterio, considera que la competencia radica en aquél despacho judicial, por cuanto que “la voluntad del legislador fue la de oforgar la competencia a los jueces penales del circuito especializados de los delitos contenidos en la ley 1121 de 2006, aunado a los que ya tenía y en ningún momento suprimió competencias".

En consecuencia, aceptando la colisión propuesta, el expediente fue remitido a esta Corporación.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. No obstante que la colisión negativa de competencias se suscitó entre los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado y Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, ambos pertenecientes al mismo Distrito Judicial, resulta claro que corresponde a esta Colegiatura resolverlo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 18 transitorio del Código de

Procedimiento Penal. Rad. 27551 cous¡óní Jeisson Eduardo Tocora Martínez República de Colombia Corte Suprema de Justicia

2. Es claro que el motivo de discrepancia en este caso se centra en la común negativa de los jueces trabados en confiicto en dictar sentencia por razón del delito de extorsión en grado de tentativa por el cual se profirió resolución de acusación en contra Jeisson Eduardo Tocora Martínez,

pues el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué estima que de la interpretación de la Ley 1121 de 2006 se concluye que el competente para conocer de la actuación es la Juez Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, dado que el conocimiento de la extorsión está sujeta a la cuantía; mientras que para esta última funcionaria no es atendible el planteamiento de su homólogo, por cuanto que, en su criterio, Ley 1121 de 2006 no modificó la Ley 733 de 2002 que le atribuía a esa autoridad el conocimiento del delito de extorsión.

3. Frente a tales consideraciones, se hace necesario indicar que con la entrada en vigencia de la Ley 1121 de 2006, se introdujeron a|gunás modificaciones a la competencia de los juzgados penales del circuito especializados, como así se desprende del contenido de su artículo 23, pues, entre otros, modificó los numeral 6 y 7” del artículo 5 transitorio de la Ley 600 de 2000.

En efecto, la nueva normativa textualmente contempla: “ARTÍCULO 23. Modificanse los numerales 6 y 7 del artículo 5 transitorio de la Ley 600 de 2000 los cuales quedarán así: “Los jueces penales de circuito especializados conocen, en primera instancia: 4 7

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Jeisson Eduardo Tocora Martínez República de Colombia “6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (artículo 341 y 342 del Código Penal), de terrorismo, financiación del terrorismo, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (artículos 343, 344 y 345

del Código Penal), de la instigación a delinquir con fines terroristas (artículo 348 ínciso 2"%), del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (artículo 359 inciso segundo), de la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (artículo 372 inciso 4) y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (artículo 185 numeral 1). “7. Del concierto para cometer delitos de terrorismo y de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades ferroristas, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupo de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control (artículo 340 del Código Penal), testaferrato (artículo 326 del Código Penal); extorsión en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales vigentes”. Así, entonces, de la hermenéutica del precepto transcrito, debe inferirse que, contrario a lo afirmado por la Juez Séptima Penal del Circuito de Ibague, la Ley 1121 de 2006 sí modificó el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, el cual atribuía a los Juzgados Penales del Circuito Especializados la competencia para conocer del delito de extorsión sin sujeción a la cuantía, — retornándole ahora la competencia por dicha conducta punible “en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales” tal como, en “ un principio, se le había asignado en el numeral 7% del artículo 5 transitorio de la Ley 600 de 2000.

:Por ello, como recientemente lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala, Surge claro colegir que /a competencia para el conocimiento del delito de extorsión, en primera instancia, en cuantía inferior a 150 salarios mínimos 5

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Jeisson Eduardo Tocora Martínez República de Colombia Corte Suprema de Justicia legales mensuales vigentes, por tratarse de un delito ubicado dentro de aquellos que atentan contra el patrimonio económico, corresponde al Juzgado Penal del Circuito de conformidad con la cláusula general de competencia contenida en el literal b del numeral 1 del artículo 77 de la Ley 600 de 2000".' En consecuencia, la controversia suscitada entre los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué y Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, sería resuelta asignándole la competencia al último de los despachos judiciales mencionados, ya que para la fecha de ocurrencia de los hechos (octubre de 2004) el salario mínimo legal mensual estaba fijado en $358.000%, y de acuerdo con la cuantía de lo ilícitamente solicitado ($30%000.000), surge evidente que la misma no supera los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, debe concluirse que, en principio, la competencia para conocer de este asunto corresponde al Juzgado Séptimo Penal de Circuito de Ibagué. No obstante, como quiera que el proceso actualmente se encuentra para dictar sentencia que agote la primera instancia, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual prevé que “Las leyes concemnientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero lo términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, se ' Ver colisión 27059 del 9 de mayo de 2007.

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Jeisson Eduardo Tocora Martinez República de Colombia Corte Suprema de Justicia impone concluir que, en este caso, la competencia se prorroga y, por lo mismo, es el Juzgado Primero Penal de Circuito Especializado el llamado a conocer del diligenciamiento. En un caso similar a este y frente a la prórroga de competencia, la jurisprudencia de la Corte indicó: “Así las cosas, sin dificultad advierte la Sala que al armonizar el citado artículo 40 de la Ley 153 de 1887 con los referidos principios que gobiernan la administración de justicia, se impone concluir que con el propósito de evitar la migración de expedientes de un despacho judicial a otro con ocasión de los frecuentes cambios legislativos, en seguro desmedro de la celeridad y eficiencia debidas tanto al usuario de la administración de justicia como a la sociedad, se tiene que, en situaciones como la que aquí ocupa la atención de la Sala, esto es, cuando empieza a correr el término dispuesto en la ley para proferir fallo luego de culminada la audiencia pública o de recibido el diligenciamiento después de realizarse la diligencia de formulación y aceptación de cargos, no hay lugar a variar la competencia por el advenimiento de una ley procesal que la

modifique, pues “los términos que hubieren empezado a correr (...) se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. “Lo anterior es así, dado que el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 dispone que una vez realizada la diligencia de formulación y aceptación de cargos, 'las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia' (subrayas fuera de texto). Por su parte, el artículo 410 del mismo ordenamiento establece que finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la audiencia, el juez decidirá dentro de los quince (15) días siguientes” (subrayas fuera de texto). “Se exceptúan del planteamiento anterior aquellos casos en los que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto en virtud de sus facultades, regladas en los artículos 257 de la Carta Política, 19, 63 y 85 de la Ley 270 de 1996, así como 528 de la Ley 906 de 2004, entre otros, que funcionarios diversos a los que tramitaron el juicio procedan a proferir la respectiva sentencia”. ? Colisión 27131 del 3 de mayo de 2007. Ver también colisión 27130 del 16 de mayo de 2007. Rad. 27551. cous¡óruá Jeisson Eduardo Tocora Martínez República de Colombia Corte Suprema de Justicia Teniendo en cuenta lo anterior, debe reiterarse que no obstante tratarse este proceso de un delito de extorsión en grado de tentativa cuya cuantia es inferior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, su conocimiento se asignará al Juzgado Primero Penal del Circuito

Especializado de Ibagué, pues agotados todos los trámites propios del juicio, en la actualidad corren los términos para dictar la correspondiente sentencia. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE

CASACIÓN PENAL,

RESUELVE

1. DECLARAR que la competencia para conocer del proceso que se adelantada contra JEISSON EDUARDO TOCORA MARTÍNEZ, por el delito de extorsión en grado de tentativa, corresponde al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué. Por lo tanto, remitasele el expediente.

2. Por Secretaría de la Sala, informese lo decidido al Juzgado Séptimo

Penal del Circuito de Ibagué. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

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Jeisson Eduardo Tocora Martínez República de Colombia . Corte Suprema de Justicia Comuníquese y cúmplase., NN

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO/ — Y =r __

ÁLVARO OZLANDO PÉREZ PINZÓN

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PULIDO DE BARÓN

MAURO SOLARTE PORTIA

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