CSJ - Sentencia 28482(01-11-2007)

Segunda Instahdia 28482 Néstan Suárez Torres _ D - U á¿¿'¿ L7t/yá¿arr¿(¿ PA %—w/¿¿¿&

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No.215 Bogotá D.C., primero (19) de noviembre de dos mil siete (2007). MOTIVO DE LA DECISIÓN Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Tribunal Superior de Distrito de Villavicencio (Meta), por cuyo medio negó la petición elevada por el acusado, doctor NÉSTOR SUÁREZ TORRES, y su defensor, en el sentido de aplicar el artículo 39 de la Ley 600 de 2000. ANTECEDENTES PROCESALES 1, Historían las diligencias que "Gerardo Cárdenas Castro” envió a la Fiscalia General de la Nación nota denunciando que el doctor NESTOR SUÁREZ TORRES, Juez Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare, recibió del abogado Jorge Mora Clavijo cuatro millones de pesos, entregados “por estar contento” éste con el auto de 6 de febrero de 2004 por cuyo medio aquel decidió faverablemente el control de legalidad de la medida de 2 Segunda wsta 28482 Nástor Puám Torres X %afa r_%fá%??¿(& PA , ÁJ(¿¿(¿& aseguramiento que por el delito de rebelión afectaba a su representado Braulio Figueroa Castro, actuación en la que también estuvo involucrado Camilo Mora Ciavijo, Fiscal Seccional

del mismo municipio, hermano del abogado litigante.

2. La indagación preliminar iniciada con base en esa misiva terminó con resolución inhibitoria de 29 de junio de 2005, dictada a favor de los funcionarios y el abogado por el Fiscal Segundo de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Villavicencio (Meta), por cuanto no fue posible recopilar pruebas que demoestraran las imputaciones, ní la identidad real del denunciante, o su ubicación, para que aportara mayor información al respecto, además que, en criterio del investigador, los hechos, tal y como estaban expuestos en la queja, no estructuraban las conductas punibles de concusión o cohecho.

En la misma resolución compulsó copias de lo actuado ante la Oficina de asignaciones, para investigar al doctor NÉSTOR SUÁREZ TORRES por la probable comisión del delito de prevaricato por acción respecto del auto del 6 de febrero de 2004.

3. Las copias correspondieron por asignación, nuevamente, al Fiscal Segundo de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Villavicencio (Meta), funcionario que el 4 de agosto de 2005 abrió la investigación y ordenó escuchar en indagatoria al doctor NÉSTOR SUÁREZ TORRES, como en efecto ocurrió el 4 de octubre siguiente, a través de comisionado.

4. Luego de clausurada la etapa instructiva, el fiscal calificó el mérito prebatorio del sumario el 26 de diciembre de 2005, con “;£;,4¿, y2 A %í¿m/“¡ 3 Seg:.tha 284572

Ná.3f:i>r Suarez Torres ! U 1r - %í£-!&> L9%;é-¿¿rrm EA ! jíd¿'¿¿v?& resolución de acusación contra el doctor SUÁREZ TORRES por el delito de prevaricato por acción, agravado, de conformidad con los artículos 413 y 415 de la Ley 599 de 2000, pues encontró que el juez para resolver el control de legalidad, se basó en una falsa o simulada motivación acerca de aspectos que nada tenían que ver con lo que era objeto de ese mecanismo, desatendiendo el cúmulo de pruebas que de manera lógica y jurídica obligaban a mantener vigente la medida de aseguramiento impuesta a Figueroa Castro, pliego de cargos que, apelado por el acusado, el 1 de Junio de 2006 recibió confirmación por parte de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.

5. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio asumió el juzgamiento, y tras ceiebrarse la audiencia preparatoria, el acusado presentó escrito en orden a que "...se reconozca y deciare al tenor del Art. 39 del Código de Procedimiento Panal... la improseguibilidad de la acción penal...” toda vez que el fiscal que lo acusó ...no debió adelantar la presente ínstrucción, por cuanto si pensamiento estaba contaminado por la información previa que sobre los mismos hechos tenía cuando conoció.,. las diligencias prefiminares por el presunto delito de cohecho..”, aspecto que según el procesado reguería una decisión de fondo antes del debate cral y público ya que "...de flegarse a

realizar la audiencia sin ser resuelto éste vicio de nulidad por faita sustancia! al debido proceso, la misma será nula”.

6. No obstante, el 18 de septiembre del año en curso se instató la audiencia pública de juzgamiento, y al inicio de ésta el juez colegiado requirió ai acusado para que “sustentara” su pretensión, ocasión que aquél aprovechó para puntualizar que si bien invocaba la “improseguibilidad de la acción penaf prevista en el artículo 39 de la Ley E00 de 2000, no era la “muerte total” del , 4 …9%;á¿¿á?£m a6 (/;íé7máa 4 Seg:%%:'r£ác;í& 28482

r Suárez Torres 7 T proceso lo que perseguía, sino que “se le brinde la oportunidad como derecho y garantía del debido proceso” a que la instrucción se rehaga por otro funcionario que no tenga afectada su imparcialidad.

7. Procedió, entonces, el a-quo a correr traslado de la solicitud a los demás sujetos procesales, empezando por el defensor del acusado, quien avaló la pretensión de éste, prácticamente con los mismos argumentos, agregando que la imparcialidad del instructor resultó viciada, no por dolo o mala fe, sino porque conoció de unos hechos respecto de los cuales se formó una opinión previa acerca de que configuraban el delito de prevaricato “restándole por realizar las diligencias orientadas a la culpabilidad del señor juez"; además que la “improseguibilidad” solicitada con base en el artículo 39 de la

Ley 600 de 2000 "...está referida a la necesidad de que existan los requisitos válidos para el ejercicio de la acción penal .. en este caso concreto el de imparcialidad... (y) si se observa que la instrucción fue realizada con viclación a la imparcialidad porque el funcionario tenía preconceptos con respecto al hecho que estaba investigando, la acción penal presenta una iregulandad sustancial que le resta validez y el proceso se habrá adelantado con violación al debido proceso..”.

8. Una vez escuchados el fiscal y el agente del Ministerio Público, quienes se opusieron a la pretensión del acusado y su defensor, tras un receso, en la misma audiencia pública, el juez plural se pronunció adversamente acerca de la solicitud de los últimos, con base en que: en primer lugar, la petición de aplicar el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, resultaba errada puesto que dicha norma lo que regula es la terminación anticipada del proceso; en segundo término, porque la supuesta violación al principio de imparcialidad no se formuló oportunamente ni por medio de las normas legales que disciplinan los impedimentos y Í - 5 Seguna fahú'a 25482

Neéster Suá "z Torres e G ' 7 ed =_t7.áf&t¿m de Lfaslecca recusaciones; y, finalmente, porque la nulidad implícita en la susodicha pretensión, no sólo era extemporánea, sino que la iregularidad sustento de la exigencia de retrotraer la actuación para que un funcionario imparcial adelantara nuevamente la instrucción, carecía de demostración.

9. Contra la referida decisión el acusado y su defensor

interpusieron y sustentaron el recurso de apelación que ahora ocupa la atención de esta Sala, con fundamento en las siguientes razones. El acusado insiste en que se “rehaga la instrucción por un funcionario totalmente desconocedar de los hechos”, Con base en la norma por él invocada, ya que las nulidades deben decretarse en cualquier estado de la actuación en el que se observe violación de las garantías fundamentales, como ocurre en este asunto, en el cual fue vulnerada la de imparcialidad. La defensa técnica del encausado, a su tumo, sostiene que no fue equivocado recurrir al artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, ya que la figura de la "improcedibilidad de la acción no sélo puede ser para pedir y decfarar la cesación de procedimiento, sino para examinar los presupuestos de un específico acto o pára revisar los presupuestos procesales del ejercicio válido de la acción penal...”, y dado que en el presente eventa "...la acción penal fue ejercida por la fiscalla con vulneración de uno de los pilares del debido proceso, cual es el principio de imparcialidad... el proceso no puede continuar en esas condiciones, es decir, es improseguible y como quiera gque la acción penal no se ha extinguido, entonces puede continuar pero excluyendo todo lo que se procedió cuanda no era proseguible.. ”. Bunastillca de Calemtis 6 sºg…d%';áiaa 26462 Nestor Suáfez Torres l ¡'r-. g£á'» Lggé—wr;zaae jíd/(€zr¿& Por último, se muestra inconforme con la decisión del Tribuna! en cuanto no hailó razón para decretar la nulidad, pues, entiende el

letrado que el hecho de no proponer antes la falta de imparcialidad del instructor a través de los impedimentos y _ recusaciones, no implica que existiendo ésta como viciación del debido proceso no pueda decretarse de oficio, y agrega que, contrario a lo puntualizado por el a-quo, tal iregularidad si fue demostrada con base en la resolución inhibitoria por cohecho, el oficio con el que las copias de lo actuado se remiten a la Oficina de Asignaciones con indicación de adjudicarlas al mismo fiscal, y la Resolución N 79 de mayo de 2000, de la Directora Seccional de Fiscalias de Villavicencio, en la cual dispone que en aquellos eventos de compulsa de copias para adelantar investigaciones, las mismas sean asignadas a la respectiva oficina de origen.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Acreditado como se encuentra gue el sujeto de la acción penal es el Juez Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75, numerai 3%, del Cádigo de Procedimiento Penal de 2000, es competente la Corte para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 18 de septiembre del año en curso, mediante el cual el Tribunal Superior de Villavicencio, Sata Penal, denegó la aplicación del artículo 39 de la citada codificación adjetiva, así como la nulidad con base en el desconocimiento del principio de imparcialidad como integrante del debido proceso.

Hapatilaa A Colemdi 7 Segundalinstafipia 28462 AM Néich>r Suájez Torres 7 = - val

%)/¿ e 725¡4.-¿¿?)7.—(1 A %¿J/(:¿'E¿Z No sobra precisar que la labor de la Sala estará circunscrita a examinar los aspectos de la decisión de primera instancia frente a los cuales los impugnantes expresaron inconformidad y a los tópicos inescindiblemente vinculados al objeto de la alzada, según lo tiene definido ej artículo 204 de la Ley 600 de 2000. En consecuencia, la Corte se pronunciará únicamente acerca de los cuestionamientos relacionados con la improcedencia de aplicar el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal para remediar una presunta ausencia de imparcialidad, y la improsperidad de la solicitud de nulidad que veladamente lleva implícita esa pretensión.

2. El artículo 39 de la Ley 600 de 2000, estatuto procesal penal que, por la fecha en que ocurrieron los hechos (6 de febrero de 2004) y el lugar de los mismos (San José del Guaviare), es el llamado a regular el presente asunto, consagra la preclusión de la investigación y la cesación de procedimiento, como instituciones jurídicas que conllevan la terminación definitiva y anticipada del proceso penal, es decir, sin el cumplimiento de de la ritualidad integral o agotamiento de todas sus etapas.

Constituyen pronunciamientos judiciales de fondo que adquieren, una vez ejecutoriados, fuerza vinculante de cosa juzgada (Ley 600 de 2000, artículo 19), para cuya adopción es competente, en la etapa instructiva, el fiscal (mediante resolución interlocutoria), caso en el cual

se denomina preclusión de la investigación, y en la del juicio el juez (mediante auto interlocutorio), evento en el que recibe el nombre de cesación de procedimiento. 8 Segunda¡'u 5tq/ cia 28487 Néstay Suárez Tores AR %¿(¿ ._gfajézawma /.a_f:í£f(m

El precepto en cuestión señala: “ARTÍCULO 39. PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. En cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es alipica, o que está demostrada una causal exciuyente de responsabilidad, o que la actuación no pediía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal General de la Nación o su delegado declarará preciuida la investigación penal mediante providencia interiocutoría.” “El juez, considerando las mismas causales, deciarará la cesación de procedimiento cuando se venifiquen durante la etapa del juicio.” De la norma transcrita se desprende que la precluáión de la investigación v la cesación de procedimiento únicamente pueden declararse con base en las causales genéricas o específicas taxativamente señaladas en la iey. Son genéricas la muerte del procesado, el desistimiento, la amnistía propia, la prescripción, la oblación, la conciliación, la indemnización integral, y la retractación y el pago en los casos previstos en la ley (articulo 82

Ley 599 de 2000, y 38 Ley 600 de 2000), y especificas, la inexistencia o atipicidad de la conducta punible, la demostración de alguna

causal excluyente de responsabilidad, o la acreditación de que el procesado no fue quien realizó el comportamiento delictivo objeto de la actuación penal (artículo 39 Ley 600 de 2000). Oportuno se ofrece agregar que la doctrina y Ja jurisprudencia han distinguido entre causales objetivas y subjetivas de preclusión de la investigación e cesación de procedimiento. Por las primeras se entienden, la muerte del procesado, la prescripción, etc., denominadas, comúnmente, de improseguibilidad de la acción, pues impiden a la administración de justicia continuar adelantando el proceso y debe declararlas el funcionario en el momento en que se manifiesten a la vida jurídica, sin condicionamientos valorativos = “=£ g;é¿¿¿?wde [C lP 9 Segundalnstahcia. 28482 Néstor Sijgroz Torres V %?Z?)—!(5 <_C/—/gí'ée!aw¿¿z ae 4Í€d!x¿a! de ninguna naturaleza. Las subjetivas, en cambic, se relacionan con fenómenos de tipicidad, ausencia de responsabilidad (justificación e inculpabilidad), etc., y se erigen como motivo de fmprosegu¡bñídád selamente cuando se haltan plenamente demostradas en el proceso. Desde la apertura de la investigación y hasta el momento de calificar el mérite probatorio del sumario, el fisca! puede declarar cualquier causal de preclusión de la instrucción que se encuentre debidamente acreditada, con la excepción de que cuando el cierre de la investigación se produce por vencimiento del términa instructivo e por imposibilidad de recaudar prueba, la situación del

investigado debe resolverse con aplicación del principio de ín dubío pro reo (artículo 399 Ley 600 de 2000). Una vez dictada la resolución de acusación, en el periodo de la causa, el juez puede cesar procedimiento únicamente por causales objetivas, ya que las subjetivas son precisamente el ¿ema de debate en el juicio y su estructuración se define al dictar sentencia. Ahora bien, al indicarse en el citado precepto que la preclusión de la investigación c la cesación de procedimiento son susceptibies de declarar en cualquier momento en que aparezca que la actuación pena! no puede "proseguirse', obviamente hace referencia a la cristalización, ocurrencia o manifestación de los mencionados fenómenos jurídicos que inhiben la potestad punitiva del Estado, es decir, que impiden la prosecución del tramite procesal, el cual debe darse por terminado, sin posibilidad de reiniciarlo o continuarlo en otro momento y ante ctro funcionario, precisamente por el efecto de cosa juzgada inherente al respectivo pronunciamiento. | , Prallia £ Colembla 10 Segundalístartía 20462 Néstor Euáérbz Tomes g?€£¿! -_9¿?Á-¿a??¿fz &:¿á/©/m Entre esas causales de pérdida o terminación de la potestad punitiva del Estado, es evidente que nc tiene cabida, como circunstancia de improseguibilidad de la acción para los efectos del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, la violación a desconocimiento de garantías fundamentales, pues situaciones de ese talante se encuentran vinculadas, más bien, con la eficacia

o validez de los actos procesales, las cuales pueden llegar a aparejar, dependiendo de la naturaleza del agravio, bien la hulidad de pleno derecho de la respectiva actuación, como ccurre con la prueba obtenida con violación del debido proceso (artículo 29, inciso fina! de la Carta Política), ya la inexistencia de las diligencias practicadas con la asistencia e intervención del procesado sin la de su defensor (artículo 305 Ley 600 de 2000), ora la nulidad de todo O una parte del proceso, según el momento y trascendencia del vicio, de conformidad con las causales taxativas y criterios orientadores de la declaración de nulidades, señalados en el ordenamiento penal adjetivo (artículos 306 y 310 Ley 600 de 2000). En el asunto estudiado, procesado y defensor, al unísono, aseveran el desconocimiento o vulneración del debido proceso, por inobservancia del principic de imparcialidad de parte del fiscal que instruyó y dictó contra el primero el pliego de cargos por el delito de prevaricato por acción, aspecto que de acuerdo con lo atrás precisado, no es casual que enerve la potestad punitiva del Estado, como paladinamente lo terminan por reconocer los propios interesados, y, además, tampoco constituye motivo de inexistencia o nulidad de la actuación cumplida por el funcionario judicial, como veladamente lo demandan aquellos, según pasa a explicarse a continuación. Enradlia le Cabmbi 1 Segundh ihstaficia 28462 ME Néstos Suátez Tomes

3. En efecto, uno de los valores de mayor importancia en el cumplimiento de los fines del Estado social y democrático de

derecho, es garantizar que la función de administrar justicia se ileve a cabo de manera transparente e imparcial, pues lo que se espera de quienes encarnan esa labor es que sus actuaciones no se encuentren afectadas por circunstancias objetivas o subjetivas, con capacidad de reducir la serenidad y ecuanimidad de los juicios plasmados en sus decisiones, las cuales deben estar libres de cualquier injerencia, y únicamente sometidas al imperio de la Constitución y la Ley (artículos 228 y 230 de la Carta Política). Vesde esa perspectiva, resulta incuestionable que al concepto de debido proceso, se integran, entre otras exigencias, la rectitud e imparcialidad de las personas que detentan la función de administrar justicia o están vinculadas funcionalmente a esa labor; pero, al contrario de lo que entienden el acusado y su defensor, en aras de preservar la indemnidad de aquellas exigencias, la normatividad procesal pena! tiene reservado un capítulo en el que se indican les metivos, que a juicio del legislador, son lo suficientemente trascendentes como para provocar la separación de un funcionario del conocimiento de un asunto determinado a fin de garaniizar la imparcialidad en su desarrollo (Ley 600 de 2000, Libro Primero, Título II, Capítulo VIIN, artículos 99 a 111). En relación con este tema ha dicho la Sala que nc ebstante la previsión normativa acerca de la manifestación de impedimentos y de la recusación, como mecanismos de protección de la imparcialidad de la administración de justicia, éstos no pueden surtirse én forma caprichosa, sino que se encuentran sujetos a

principios como el de la taxatividad de sus causales, es decir, que L Fapatilia de Eolemdi 12 Segunda 'rista£ la 28462 o Nestdy Suárez Torres CL 2 ' 7 Z-£ufe e%2-¿¿?)¿&5 2a /€4(f2¿¿'a excluye la analogía o la extensión de los metivos señalados; de igual manera, debe tenerse en cuenta que la declaración del impedimento es un acto personal, voluntario, de carácter oficioso e imperativo cuando se advierta la concurrencia de la causai, sujeto al cumplimiento estricto de las circunstancias Invocadas, con el propósito de que no sea utilzado como un medio para negarse indebidamente a conocer de un determinado asunto. Siguiendo iguales orientaciones la proposición de recusaciones debe ceñirse expresamente a las causales establecidas por el legislador, correspondiendo al proponente realizar un examen serio y objetivo de los metivos que aduzca, de modo tal que no se propicien con su solicitud trámites inoportunes, dilatorios o que entorpezcan la buena marcha de la administración de justicia cuando se advierte carencia de sustento objetivo en su formulación, pues a su vez, los sujetos procesales tienen deberes para con ella, traducidos en la lealtad procesai, el trato respetuoso y el correcto uso de los derechos y acciones que les otorga la ley, entre otros (artículo 145 Ley 600 de 2000).

4. Ahora bien, en este caso, la alegada falta de imparcialidad del funcionario que tramitó la etapa instructiva, la entienden configurada el procesado y su defensor, con base en que aquél

conació la denuncia de unos hechos presuntamente constitutivos del delito de cohecho, en relación con la cual emitió resolución inhibitoria, pero a la vez ordenó las copias que generaron el presente proceso, razón por la que su conocimiento estaría “viciado con un preconcepto” acerca de la estructuración del delito de prevaricato por acción atribuido al acusado. g¿£/m¿/¿fm 000 13 Segunda Mstanga 28482 “Sa Nesiór Suárez Torres T — 17 rí :¡¡¿/y¿wr7m PA Ázá¿'r¿r;&& Tal y como lo destaca el Tribunal en la decisión apelada, dicho supuesto fáctico debió ser propuesto por el doctor SUÁREZ TORRES, o por su defensor, durante la etapa instructiva, con sujeción a lo normado en los artículos 99 y 105 de la Ley 600 de 2000, a efectos de que el funcionario investigador manifestara si aceplaba la recusación, o en su defecto para que las diligencias fueran enviadas al competente para resolver de plano acerca de la configuración o no del motivo de recusación. Sin embargo, indistintamente de que el acusado, o su defensor, no propusieran oportunamente la recusación de acuerdo con las normas pertinentes, lo verdaderamente trascendente y relevante en el asunto examinado es que, así hubiese concurrido en el fiscal instructor la circunstancia constitutiva de impedimento precisada por aquellos, u otra diferente, ese hecho, por sí mismo, no vicia la actuación con el efecto invalidante al que éstos aspiran. El tema ha sido tratado en varias decisiones de la Sala, las cuales

se erigen como una sólida linea jurisprudencial, que en este preciso particular debe ser reiterada con el fin de evidenciar la improsperidad de los fundamentos de los apelantes. Así, en sentencia de casación de 1 de agosto de 2002 se señaló lo siguiente: “Como la teleciogía esencial del instituto de los impedimentos es la de garantizar la imparcialidad del funcionario judicial, cabe preguntar si el funcionario respecto de quien se configura una causal de impedimento y no lo deciara, desconoce alguno de los factores que determinan la competencia. “Si se miran con atención los motivos por los cuales un servidor judicial debe deciararse impedido (artículo 99 de la Ley 600 de 2000), pedrá advertirse que no hay ninguno que los altere, porque el <%7¿u¿'¿ºw L Calomn kz 14 Segund% insfancia 28482 Néstor Siárez Torres a E g“íz¿& 9áéwm a> fmr¡¿.:¿zéz impedimento es un fenómeno que no transforma a ninguno de los extremos que deferminan la competencia, vale decir, su configuración no altera la cuantia del hecho, no muta el territorio donde sucedió, no le quifa o le da el carácter de aforado al justiciable. “Se trata de un aspecto por compieto intimo del funcionario, que lo liga de una manera u otra no a la naturaleza del proceso, sino a las partes. Aquél deberá sopesar sí el concreto y evidente motivo de impedimento que respecto suyo se configura, puede poner en riesgo su ánimo y, por tanto, un ponderado y sereno buen juicio. Si lo

reconoce, no significa que el asunto ya no sea de su competencía, sino que en acatamiento de principios superiores, que tocan con el derecho de acceso a la justicia y la obligación de los funcionanos de hacer efectivos los derechos, garantías, obligaciones y libertades (artículo 1, Ley 270 de 1966), permita que otro juez lo releve en el conocimiento de la actuación. “En todo caso, si decide proseguir con la dirección del proceso, queda latente el instrumento de la recusación, para que se le ordene que no siga a su cargo, es decir, existe un medio expedito y Oportuno para corregir el desaguisado. “Ahora, Si no se aparta del conocímiento de la actuación, ni los sujetos procesales lo recusan, no obstante la evídente presencía de la causal, ¿qué ocurre?, pues que la deficiencia se convalida, sin peruicio de que se pueda demostrar en otra etapa del proceso los efectos dañosos de las garantías o de los cimientos procesales, onginados en posibles actos arbitranños del funcionario. Además, eventualmente el silencio del servidor judicial sobre ese aspecto, puede generar responsabilidades disciplinarias y aún penales” Este criterio acerca de la improcedencia de la nulidad, cuando un funcionario obligado a declararse impedido no lo hace, ni las partes lo recusan, ya había sido sentado por la Corte: “El que los Magistrados no hubieran deciarado su impedimento (art.535 C.P.P.), no lleva a caracterizar su actuación de inválida. El sistema imperante (hoy parcialmente modificado por el Decreto 1861/89), mira como desaconsejable (preconceptos, rutina, etc.) el

que un funcionario actuante en la etapa sumaria de algunos procesos, repita su intervención en la causa. Pero incumplida esta previsión, por desatención de sus autores, y también por las demás partes, quienes deban proceder a su recusación, el juicio no puede correr los mismos avatares de una falta de competencia objetiva (aspectos temiforiales, funcionales, elc). ! Radicación N 14.501 15 Segundafinstaficia 20487 Néstór Suáraz Torres %%¿¿Ze J7'íajéwm¿z PA jí¿.4£:¿&¿z “En el evento de Talta de compeltencia subjetiva, el legisiador advierte motivos no convenientes para mantener su juzgamiento en cabeza de un determinado funcionarnio y propicia su separación. FPero no dándose ésta, por circunstancias que no -envuelven un comportamiento delicíuoso, debe manienerse la eficacia de la actuación cumplida. La situación comentada no difiere, en su razón de ser, del institulo de los impedimentos y recusaciones y por tanto en ésie y en aquel otro aspecto debe asumirse una misma solución, Hay correctivos diferentes al de la invalidación del proceso rituado en contravención de estos preceptos y effos se refieren, cuando hay causa fundada, al ámbito disciplinar Y ha sido reiterado por la Sala en las siguientes decisiones: "El silencio en relación con un impedimento existente, no vicia de nulidad la actuación del funcionario judicial en quien concurre la causal, puesto que el desconocimiento de esta obligación puede ser suplida por los sujetos procesales acudiendo al instiftuto de la

recusación, además de que fa ley procesal establece correctivos propios (art 114 C. P. P.), distintos de la rescisión de la actuación, de carácter disciplinano e inclusive penal, según el caso”. “El silencio del funcionario a declararse impedido estando en la obligación de hacerlo, no vicia de nulidad la actuación a pesar de que pueda eventualmente constiluir falta disciplinaria y en algunos casos conducta punible, ya que, como lo recuerda el Delegado, el correctivo apropiado para ellos está a disposición de las partes por medio de la recusación y en la sanción prevista en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penat”. Si en materia de nulidades rige el principio de convalidación (artículo 308 del Código de Procedimiento Penal), resulta inconsistente que el actor pretenda censurar una actuación que se registró con anuencia de la defensa, sin que en aqueila oportunidad se procediera, por ejemplo, a recusar a los funcionarios con los argumentos que ahora han sido planteados en su demanda. Como es evidente que la defensa —ejercida en aquella época por oto profesionat— estuvo de acuerdo con la actuación censurada, a ello debe alenerse y por tanto no le es posible de manera tardia reprochar lo que an su momento no reprobó. Motivo adicional para desestimar el cargo, aparte de que lo relacionado con un impedimento no decilarado no repercute como motivo anulatorio por cuanto la propia fey establece las consecuencias de la omisión, tal como se observa en el articulo 114 del C. de P.P., que prevé como

sanción una mula, sin penuicio de la eventual responsabilidad penal. Es ciaro, así, que si hubiera concurido en el asunto concreto Sentencia de 23 de noviembre de 1989, Radicación N" 3.600, y en el mismo sentido auto de segunda instancia de 14 de abril de 1994 Radicación N? 9.169, Sentencia de 8 de agosto de 1996, Radicación N i0.632 Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Radicación N" 13.268. 16 Segunda instantta 28482 Néstor puáraz Torres causal de impedimento, el no hacerlo no acarrearía anulación sino los resultados acabados de mencionar La rememoración jurisprudencial anteriormente consignada permite afirmar, con claridad y sin lugar a dudas, que el hecho consistente en no expresar el funcionario alguna causal de impedimento que en él concurra, no determina la invalidez de lo actuado, aun en el evento de que efectivamente esté acreditada su ocurrencia, y que el mecanismo a disposición de los sujetos procesales para contrarrestar el incumplimiento de aquella obligación de los administradores de justicia de separarse del conocimiento del asunto, tal y como quedó puntualizado, es el de la recusación, además que si —come ocurre en el asunto estudiado— ho fue empleado por el acusado o la defensa en su momento, mal hacen en reciamar ahora por una situación procesal que consintieron y que nc repercute, por lo tanto, en la validez de la actuación. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA DE CASACIÓN PENAL, RESUELVE CONFIRMAR el auto del pasado 18 de septiembre, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, desestimá las pretensiones expuestas por el acusado, doctor Sentencia de 8 de noviembre de 2000. Radicación N 14.078. Sentencia de 19 de enero de 2006, Radicación N? 20.769, y en el mismo sentido auto de 25 de abril de 2007 Radic