CSJ - Sentencia 33144(17-10-2012)

n a7 CEA Reyán 3314 - - — — Jorge Elías Manzur Jattin Ea A - — : s CGNO 7 —a 3 aa i

CORTE SUPREMADE JUSTICIA

J EFA

SALA DE CASACIÓN PENAL

e C OHISIE

Magistrado Ponente.., .. £ Eaj Py JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ Aprobado acta número 382 Bogotaá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil doce. Se decide sobre la admisión de la demanda de revisión presentada por el apoderado judicial del ciudadano Jorge Elias Manzur Jattin, contra la sentencia de única instancia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 22 de octubre de 2006, con la cual lo condenó a la pena principal de 48 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas l Revisión 33144 Jorge Elias Manzur Jattin | | a por el término de 24 meses, en su condición de autor del delito de concusión.

ANTECEDENTES

1. Los hechos que dieron origen a la actuación los resumió esta Corporación en la sentencia materia de revisión de la siguiente manera: “En noviembre de 1992 el gerente de la Lotería de Córdoba, previamente autorizado por la Junta Directiva presidida por el Gobernador del Departamento, abrió licitación pública orientada a contratar, mediante el mecanismo de la concesión, el monopolio para la explotación de las apuestas conocidas con el nombre de 'chance'. Según el denunciante PEDRO GHISAYS CHADID, representante legal de la

sociedad HERMANOS GHISAYS LTDA, a su vez socia de APUESTAS DE CORDOBA LTDA., el CGobernador del Departamento Dr. JORGE MANZUR JATTIN le exigió el pago de una fuerte suma de dinero como condición para adjudicar la licitación a la última de las sociedades nombradas. Como la petición de dinero fue rechazada, la licitación se declaró desierta, no obstante que APUESTAS DE CORDOBA LTDA presentó la mejor propuesta, respaldada por una amplia Revisión 33144 £ . Jorge Elías Manzur Jattin u experiencia por tratarse de la sociedad concesionaria en ese momento. En enero de 1993 se abrió la segunda licitación con el mismo objeto de la anterior y simultáneamente se incrementaron las exigencias de dinero por parte del Gobernador al denunciante, hasta la suma de cien millones de pesos. Ante la posibilidad de que la licitación fuese adjudicada a un tercero el denunciante accedió a entablar diálogo, inicialmente sin acuerdo por la cuantía de la exigencia. Finalmente luego de que el Dr. MANZUR rebajara la cuantía, el denunciante de acuerdo con algunos de sus socios decidieron poner en conocimiento de las autoridades el hecho y para ello optó el denunciante por citar al Gobernador a su residencia para cerrar el negocio y a la vez grabar la conversación que quedó recogida en una cinta magnetofónica. La exigencia finalmente se concretó a la entrega de setenta millones de pesos, representados en tres cheques, uno por veinte millones y dos por veinticinco cada uno, el primero de

los cuales fue consignado en la cuenta No. 521-06575-5 del Banco Ganadero de Lorica. De los dos restantes el denunciante dio orden de no pago. Adicionalmente el Gobernador exigió treinta y cinco millones de pesos más, por un año de prórroga del contrato”. Revisión 33144 Jorge Elias Manzur Jattin

2. Con motivo de la condena y en virtud del poder conferido, el apoderado del accionante interpuso demanda de revisión con fundamento en la “APARICIÓN DE NUEVAS PRUEBAS QUE NO SE CONOCIERON AL MOMENTO DEL DEBATE”, hipótesis contenida en la causa tercera del articulo 220 de la Ley 600 de 2000, de conformidad con la cual la acción resulta procedente cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos muevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad.

3. Las nuevas pruebas, dice el actor en el libelo, “... dan cuenta de cómo nadie, hasta el día de hoy, ha podido dar razón de esa supuesta orden judicial que autorizó que se intervinieran las líneas telefónicas, y si esta prueba ilegal fue la que dio origen al proceso de mi representado éste debe ser declarado nulo porque así lo manda [el] u1t1mo inciso del artiículo 29 de la Constitución Poht1ca de Colomb1a . r_=5“ T| 1a

4. Alude el actor en este punto a la grabación obtenida L | por el denunc1ante y a las interceptaciones telefónicas .(_ dispuestas por 1a F1scal1a en el trámite de la instrucción,

las cuales permitieron acreditar en la sentencia la materialidad de¡_xla_ congi_1_10ta. ? "af 509 Revisión 33144 Jorge Elias Manzur Jattin m EZ 1Ú HIUT A DOO Respecto de la primera prueba spst%e_ne_que la grabación E El 3 ¡..[_ — se obtuvo con posterioridad a la adjudicación del contrato y con la intención de “chantajear” al doctor Manzur Jattin, La para evitar los controles í__gst.º…=1blecidos por su N administración frente a los negocios del chance y de licores e iniciar una nueva concesión que beneficiara al denunciante”. Los registros de esa conversación, agrega el TE actor, fueron modificados. vadi B $£ En relación con las interceptaciones telefónicas afirma, cómo, a pesar de que en la sentencia se estableció su legalidad “... lo cierto es que existía MANIFESTACIÓN EXPRESA

DE AUTORIDAD COMPETENTE QUE CERTIFICABA DE MANERA

OFICIAL QUE NO SE ENCONTRABA EN LOS ARCHIVOS NI EN

LOS ANTECEDENTES NINGUNA SOLICITUD DE LA FISCALÍA

REGIONAL ANTE LAS UNIDADES INVESTIGATIVAS DE POLICÍA

JUDICIAL, PARA INTERCEPTACIÓN O EL RASTREO DE LA

LÍNEA TELEFÓNICA DEL GOBERNADOR MANZUR, ES DECIR,

QUE LA INTERCEPTACIÓN DE ESTA LÍNEA SIEMPRE FUE

ILEGAL.”

5. Frete a esta circunstancia, agrega, el sentenciado, mediante derecho de petición, solicitó al Director General de la Policía Nacional, le informará “... qué autoridad . ordenó a la Policia Judicial (SIJIN) que se me intervinieran

sus teléfonos (sic) y se grabaran sus conversaciones...” Revisión 33144 Jorge Elias Manzur Jattin La solicitud, continúa, se fundamentó en lo siguiente: i) la Sijin, supuestamente en cumplimiento de lo dispuesto por una juez de orden público, interceptó los teléfonos del señor Manzur Jattin; 1i) la orden era ilegítima, no la podía emitir un juez de esa categoría ya que el afectado tenia la condición de Gobernardor; iii) la Sijin solicitó la interceptación de los números 824308 y 821987, por tener conocimiento que a través de esas lineas telefónicas se desarrollan actividades relacionadas con narcotráfico; 1v) el 4 de diciembre de 1993, en respuesta a otro derecho de petición elevado por el Gobernador Manzur Jattin, el Jefe de la Sección de Policía Judicial e Inteligencia de Córdoba, certificó que en la Sijin de esa seccional “no existía esa orden”.

O. La Policia Nacional, añade el actor, en respuesta del 19 de agosto de 2009, le informó al sentenciado que [+3 funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, para la fecha del 2004-1993, solicitaron a la Fiscalía Regional la interceptación de los abonados...”? Además, le sugirió remitirse a la Corte Suprema de Justicia en procura de más información.

Ante esta respuesta cont1nua el señor Manzur Jattin el "1 .. 26 de agosto 1n81st10 en su solicitud y la Dirección de -É .. Revisión 33144

b Jorge Elías Manzur Jattin EAO E Investigación Criminal, le precisó que los documentos - AE enunciados en la respuesta inicial, son los únicos que — .- -IL—1 J)—¡.¡L1. AN obran en los archivos de la entidad, en los cuales, acota el NEEC A demandante, “... mno obran oficios de solicitud de — SSS UTAEL interceptación de abonados telefónicos por parte de la Policía X ADO TY Nacional.” eo adl Sin embargo, en ese m13m¿10f51010 la Dirección de Investigación Criminal le man1fesftio aí sé:ntenciado que el 20 de abril de 1994 los archivos de la Seccional del Departamento de Córdoba fueron incinerados, según acta sin número del 11 de febrero de 2000, incluyendo documentos de los años 1993 y 1994.

7. De lo anterior concluye el actor que “... a mi poderdante se le interceptó ilegalmente los teléfonos, sin orden judicial y, en caso de haber existido, tampoco hubiese sido legal por tener el Gobernador fuero constitucional. Sin duda, si la Corte Suprema de la época hubiese contado con este nuevo elemento, se hubiera

(sic) podido fácilmente concluir que no podía condenar a mi representado.”

8. Con la demanda aporta la copia de la sentencia objeto de revisión con constancia de ejecutoria, como prueba nueva los oficios de la Dirección de Investigación Criminal 0810/MD-ASJUD-DIJIN22 (19-08-09) y 0848/MDRevisión 33144

Jorge Elias Manzur Jattin

F ASJUD-DIJIN-22 (03-09-09), contentivos de las respuestas a los solicitudes de información elevadas por el señor Manzur Jattin, además de diversas referencias periodisticas relacionadas con interceptaciones telefónicas ilegales de reciente ocurrencia en el pais. Al final de la demanda, solicita a la Corte revisar la sentencia dictada en contra de Jorge Elias Manzur Jattin por el delito de concusión “... por haber sido víctima de un 'montaje” entre delincuentes y organismos de seguridad del Estado, que trajo como resultado la producción de pruebas ilegales que permitieron (en su momento) engañar a la Sala Penal.” Como consecuencia de lo amnterior, que “... se profiera sentencia absolutoria, de conformidad con el numeral 2 del articulo 227 de la Ley 600 de 2000.” , CONSIDERACIONES Reiteradamente la Sala ha precisado que la acción de revisión no constituye una prolongación del juicio, ni corresponde a un.instrumento ordinario que permita dar cabida a particulares . consideraciones destinadas a ERP IP 8 , o U e A Revisión 33144 — Jorge Elías Manzur Jattin a Í:i'-p . gL_'LL T EEO 1E cuestionar declaraciones de _1u¡s£101a que han hecho Tr e. lia tránsito a cosa juzgada y que adquieren el carácter de 1I¡LJ :5:.-. definitivas e inmutables.

AULAISEL y4

LE B6 3 Su fundamento estriba en la pos1b1hdad real de lograr un .:]_ºll Ne !.4,le' fallo rescindente en orden a remediar 1a injusticia material

; i! A 5…3¡ PAO E en que haya podido incurrir 1a Jud1catura cuando quiera XCE que se presente alguno de , ];?Lsi pre01sos motivos establecidos en la ley cuya demostración corre a cargo del demandante, en quien recae, también, la carga de presentar la demanda acorde con los requisitos legalmente establecidos. El articulo 222 del Código de Procedimiento Penal señala esos presupuestos de admisibilidad de la demanda, entre los cuales se destacan la obligación de. concretar la causal “que invoca el demandante, los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan su acción y la relación de las pruebas que conducirían a demostrar los hechos básicos de la petición. Es exigencia normativa, igualmente, que con la demanda se allegue copia o fotocopia de la decisión de primera y segunda instancia con la respectiva constancia de Revisión 33144 Jorge Elías Manzur Jattin | ejecutoria, proferidas dentro del proceso cuya revisión se persigue. Si la acción se apoya en la causal tercera de las previstas en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, como aquí lo propone el actor, tiene dicho la Corte, resulta necesario aportar con la demanda elementos de juicio mínimos que denoten las mnovedades fácticas o el aparecimiento de pruebas no conocidas al momento de los debates, pero también acreditar la trascendencia de los mismos en el sentido de explicar qué se infiere de ellos y de qué manera esas nuevas conclusiones inciden en el fallo que busca revisarse, para demostrar así que la

decisión debía ser distinta a la que se adoptó. En ese juicio de trascendencia no debe perderse de vista que las pruebas novedosas que viabilizan el motivo de revisión examinado, serán sólo aquellas que cumplan el objeto de esa causal, es decir, establecer la inocencia del condenado o su inimputabilidad, no las destinadas simplemente a cuestionar la legalidad de los elementos de convicción o la valoración que de los mismo se realizó en el fallo. 10 TI 3 A 1[_]_¡! r _a Revisión 33144 .. Atadis 13: Jorge Elías Manzur Jattin 2:1.517 1 190 TEOO o En el asunto analizado, resulta ev1denter los argumentos 34007 AA Lºp del actor propenden por revivir un tema de orden -=' ¡_,!, L-PE'TI 4 -5—x.- probatorio que la Corte estudió en la sentencia materia de revisión, referido a la legahdad d|e las 1f1terceptacmnes de 31 7 SUNÉ los telefonos del sentenciado Manzur Jattin, de manera ¿. N 1 ¿ que las fotocopias de los 9ñcm£s a e1 d1r1g1dos por la : : g! J. l. Dirección de Investigación Cr1m1nal_ que aporta como $[l. 1.)>¡x pruebas mnuevas, o los reportes de prensa que anexa, r r!-—k. Q) 7 (... 1 ninguna diferencia fáctica o probatoria comportan frente al objetivo de establecer la inocencia del condenado en el

ilicito por el cual fue declarado culpable, es decir, no contienen la virtud de mutar la decisión amparada por los efectos de la cosa juzgada. En efecto, en la sentencia cuestionada la Corte puntualizó: “Tanto sindicado como defensor, en repetidas oportunidades y en orden a controvertir la prueba de las conversaciones sostenidas con el Secretario de la CGobernación, han cuestionado la legalidad de las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial, cuyas transcripciones y casetes obran en el expediente, referentes a lo ya mencionado y a la estrategia defensiva para afrontar los cargos objeto de este proceso, planteándose además, hacerle saber al denunciante que, en caso de no desistir de su propósito por poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, el Gobernador intervendría para declarar la caducidad de los contratos firmados con su administración. Debe destacarse, sin embargo, que estas grabaciones fueron ordenadas por autoridad judicial competente, en este caso la 11 í Revisión 3314 Jorge Elias Manzur Jatti Fiscalía Regional, mediante providencia escrita, la que fue incorporada al proceso en copia al carbón, emitida con fundamento legal y realizada de manera técnica con la debida identificación de los interlocutores (fls. 350-2 y 5252). Entonces, que no obre en el presente expediente la autorización de la Dirección Nacional de Fiscalías de que habla el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, que el defensor invoca, en nada compromete la legalidad de la prueba así obtenida, pues es lo cierto, que la orden de

interceptación telefónica fue emitida por el Fiscal Regional con base en solicitud presentada por la Unidad Investigativa de la Policíia Judicial, conforme a la competencia específica otorgada por el artículo 47 del Decreto 26099 de 1991, y para ello no es requerida la autorización que echa de menos la defensa, la cual es exigencia solo cuando el Fiscal de oficio dispone tal interceptación por considerarla necesaria y últil dentro de las investigaciones que adelanta, pero no cuando una tal solicitud proviene de la Policia Judicial y es ordenada por el Fiscal respectivo, según se desprende del tenor de las disposiciones citadas. Del estudio de la preceptiva en comento, se establece que lo perseguido por ella, en tratándose de intervención judicial en la intimidad de las personas, es que al menos dos funcionarios intervengan en la decisión a efectos de garantizar la debida utilización de tan extrema medida. Esto es que cuando la iniciativa surja de la Policia Judicial, sea el Fiscal a cargo del asunto quien lo autorice. Y, que cuando sea el propio Fiscal quien exponga en su decisión la necesidad de ,acudir a este mecanismo con miras a obtener pruebas que sirvan a los propósitos de los procesos que adelanta, sea laDirección Nacional de Fiscalias quien imparta tal aqt9_dzagíón. _ Conclúyese de lo dicho que ni desde el punto de vista legal, ni del técnico con que las grabaciones fueron recogidas, mucho menos del proceso de transcripción de las conversaciones telefónicas, se puede inferir irregularidad alguna en la aducción de la prueba mencionada que amerite su desconocimiento,”. ...

—| 141 12 [ 7 - . Revisión 33144 IN TS as Jorge Elias Manzur Jattin BIOTMEN, ..) jarka 9 Y, respecto de la grabacwn ol3fe£1)1;í& )y aportada por el denunciante, la Corte precisó qu_c3e n un Estado social de D a derecho, fundado en el respetc; por laí dignidad del ser E JE = AA humano, la libertad y autonomía £ individuales, “... mal podría esgrimirse inpedimento alíg1'1%% ¿”)Fex1)g;1'(aut0nzac¡on judicial para que las personas graben su U]_orc'>:í:>l;ah ]5'oza O su imagen, O intercepten su linea telefónica, si estas actividades no se hallan expresamente prohibidas. Este aserto resulta avalado si se tiene en cuenta que quien así actúa es precisamente: el afectado con la conducta ilícita, y por ende, eventualmente vulneradora de sus derechos fundamentales, por lo que su proceder se constituye en un naturali reflejo defensivo... Los registros históricos así obtenidos, naturalísticamente tienen vocación probatoria, pues corresponden a medios de demostración de los hechos, según el reconocimiento que al efecto hace el legislador, a los cuales les da la categoría de documentos privados aptos para ser apreciados judicialmente, conforme lo precisa en los artículos 225 del C.P. y 251 del C. de P.C., cuyo valor depende de la autenticidad, la forma de aducción al proceso, la publicidad del medio y la controversia procesal del mismo, asi en él queden adicionalmente impresas voces o imágenes ajenas.”

Pero además, resolvió las inquietudes de la defensa alusivas a la autenticidad de esa grabación magnetofónica y a la posibilidad de que hubiere sido editada, soportando sus consideraciones en el resultado de la experticia que se ordenó al efecto, de conformidad con el cual se descartó 13 Revisión 33144 Jorge Elias Manzur Jattin cualquier posibílidad de manipulación de la prueba, según alegaba la defensa. Ademaás de lo anterior, el peticionario omite realizar el juicio de trascendencia de las pruebas que proclama novedosas, pues mno expuso, siquiera en un plano hipotético, que si se excluyeran por ilegales las interceptaciones telefónicas, afloraria como consecuencia ineludible la inocencia del sentenciado y la necesidad de rehacer el trámite procesal, dado que no demostró por qué razón sus argumentos resultan más contundentes que las consideraciones de la Corte, fundamentadas, como se lee en el texto de la sentencia, en otras pruebas diferentes a las interceptaciones que insiste en cuestionar, como son la declaración del denunciante, la grabación magnetofónica que aportó, los testimonios de Cristhian Cofrales Larralte, de Hugo Diaz Flórez, Gregorio Becerra Vera, y la versión de los hechos ofrecida por el señor Manzur Jattin, de manera que la propuesta del accionante deja a salvo la firmeza probatoria de la providencia objeto de revisión. En conciustón, como las pruebas aducidas por el actor no revelan datos desconocidos en las instancias, la demanda no puede ser admitida en tanto no satisface los

presupuestos de la casual de revisión en la que se apoya. — | 14 SPRENO P-1 O TG ALII..S 15- ……r……. oe SN AE u f Revisión 33144 =DeLdo.121t. Jorge Elias Manzur Jattin d E 0 CUO

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L F BOLSDLC 4 vTMS qS « En mérito de lo expuesto, la CorteJ Suprema de Justicia, .. =2 pn.-¡._… .¡!.¡_J?.tSala de Casación Penal, " l;—.—z;1;¡.(:¡¡;;:1;1 si ' . Ad eaj

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E = OO Inadmitir la demanda de revisión propuesta por Jorge Elias Manzur Jattin a través de a-.pron.d erado judicial. .;Í' IE¡ 4 A u …JT'I¿ SSO7 TE SNE VELL + Contra esta decisión procede el recurso de reposición. Notifiquese y cámplase.

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JULIO E UE SOCHA SALAMANCA

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria