CSJ - Sentencia 36376(17-10-2012)

2a Casación Número 36376. José Lubín Urueña v otros. U y

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente:

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

Aprobado Acta No.382 Bogotá D. C., diecisiete de octubre de dos mil doce. Se pronuncia la Corte sobre la admisión de las demandas de casación presentadas por los defensores de JOSÉ LUBÍN URUEÑA RAMÍREZ, ALFONSO ARAGÓN GONZÁLEZ, AURA HMARÍA ARAGÓN GONZÁLEZ y ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 13 de enero de 2011, mediante la cual confirmó con modificaciones la proferida por el Juzgado 38 Penal del Circuito el 8 de octubre de 2009, que absolvió al primero y condenó a los restantes por el delito de fraude procesal. Hechos Con ocasión de la muerte de la señora MARÍA INÉS BAQUERO PABÓN, ocurrida el 24 de diciembre de 1991 en Florencia (Caquetá), se inicio proceso de sucesión en el €? Casación Número 36376. José Lubin Urueña y otros. Juzgado Primero Promiscuo de Familia de esa ciudad, en el que el menor JOSÉ HERNANDO BAQUERO PABÓN fue reconocido como heredero con mejor derecho, en condición de hijo adoptivo de la causante, hahiéndole sido adjudicada toda la masa herencial. En calidad de curador ad litem,

actuó en representación suya el abogado ALFONSO

ARAGÓN GONZÁLEZ.

En el mes de mayo de 1992, en el curso del referido proceso, el juzgado decretó el embargo y secuestro de los bienes de la sucesión, entre los que figuraba el inmueble Uubicado en la calle 22E No.42-B-29 y/o calle 22 A Bis No.42-19 del barrio Quinta Paredes de Bogota, pero al llevarse a cabo la diligencia de secuestro del referido predio, la señora MARÍA INÉS GUTIÉRREZ DE ALBARRACÍN se opuso alegando posesión de más de 20 años, pretensión que buscó hacer realidad a través de un proceso de pertenencia, planteándose desde entonces una disputa legal sobre la posesión y pertenencia del inmueble. Con fecha 14 de diciembre de 1996 aparece otorgada en la Notaria Primera de la ciudad de Florencia la escritura pública 4673, mediante la cual JOSÉ HERNANDO BAQUERO PABÓN, en condición de heredero adjudicatario del inmueble ubicado en la calle 22E Número 42-B-29 de Bogotá, transfiere el dominio del bien a la señora

ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA (hermana de ALFONSO ARAGÓN

GONZÁLEZ).

N[ í Casación. Número 36376. José Lubin Urueña y otros. El 23 de enero de 2001 se registro este acto de disposición en el folio de matrícula inmobiliaria y el 1% de octubre del

mismo año AURA MARÍA ARAGÓN GONZALEZ (hermana de - ALFONSO y de ELIZABETH), a través del abogado JOSE LUBÍN URUEÑA RAMÍREZ, promovió proceso ejecutivo en contra de su hermana ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA, con fundamento en dos letras de cambio, cada una por valor 30 millones de pesos, giradas supuestamente para respaldar una deuda. El asunto correspondió el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, que libró mandamiento de pago y ordenó el embargo y secuestro del inmueble, decisión que determinó que la señora MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DE NOVOA, quien continuó con la posesión del bien a la muerte de su hermana de MARÍA INÉS GUTIÉRREZ DE ALBARRACÍN, denunciara penalmente a JOSÉ LUBÍN URUEÑA RAMÍREZ, ALFONSO ARAGÓN GONZÁLEZ, AURA MARÍA ARAGÓN GONZÁLEZ y ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA, por considerar que tanto la venta del bien como la deuda eran ficticias y que lo único que se buscaba era despojarla fraudulentamente de la posesión que venía ejerciendo sobre el bien. Actuación procesal relevante

1. La Fiscalía inicio investigación formal por estos hechos, vinculó al proceso mediante indagatoria a ALFONSO y

Casación Número 36376. José Lubin Urueña y otros.

ARAGÓN GONZÁLEZ, ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA,

AURA MARÍA ARAGÓN GONZÁLEZ y JOSÉ LUBÍN

URUEÑA RAMÍREZ, y el 14 de febrero de 2006 calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en su contra por el delito «e fraude procesal. Esta decisión fue apelada y confirmada por la Unidad Delegada ante el Tribunal el 4 de febrero de 2008.:

2. Rituado el juicio, el Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 8 de octubre de 2009,

condenó a ALFONSO ARAGÓN GONZÁLEZ, AURA MARÍA ARAGÓN GONZÁLEZ y ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA a la pena principal de 4 años de prisión, multa equivalente a 200 s.m.I.m.v., e inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años, como autores responsables del delito de fraude procesal, y absolvió de los cargos a

JOSÉ LUBÍN URUEÑA RAMÍREZ

3. Apelado este fallo por la defensa de los condenados para pedir su absolución, y por la parte civil para solicitar la condena del absuelto y demandar otras decisiones, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante el suyo de 13 de enero de 2011, ratificó la condena de los primeros y revocó la absolución de JOSÉ LUBÍN URUEÑA RAMÍREZ, a quien condenó a la misma pena de los coprocesados, y tomó otras decisiones.3 Inconforme con esta decisión, los defensores recurren en casación. Folios 191-192 del cuaderno de instrucción No.l; folios 21, 36, 83, 128, 209-217 del cuaderno de

instrucción No.2, y 8-10 vuelto del cuaderno de la Delegada ante el Tribunal. Folios 1-23 del cuaderno No.2 de juicio. Folios 7-50 del cuaderno del tribunal, Casación Número 36376. José Lubiín Urueña y otros. Demanda a nombre de José Lubín Urueña Ramírez Con fundamento en la causal prevista en Lel numeral primero del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, cuerpo primero, plantea un cargo contra la senten¿:ia, por violación directa de la ley sustancial, debido al desconocimiento de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, lo cual condujo a la aplicación indebida del artículo 453 del Código Penal, que define el delito de fraude procesal. Afirma, después de transcribir las normas presumiblemente violadas y de reproducir doctrina y jurisprudencia sobre el principio de presunción de inocencia, y su vinculación o conexión con el de in dubio pro reo, que los hechos que dieron origen a la condenación de JOSÉ LUBÍN URUEÑA RAMÍREZ se hicieron consistir en que el implicado actuó en otros procesos en los que estaba involucrado el mismo inmueble, situación que lo hacía conocedor de su verdadera situación, lo cual le permitió colegir al tribunal, de manera equivocada, que había mediado con el fin de despojar de la posesión a la quejosa. Sin embargo, hay un detalle que llama poderosamente la atención en el fallo, en cuanto admite, sin ambigúedades, que para la corporación no existía duda alguna “que el señor

ARAGÓN GONZÁLEZ fue el auspiciador del juicio ejecutivo cuyas reales finalidades o motivaciones no eran otras que las de embargar, secuestrar y rematar el bien no solo porque en ello podría sustraerse el bien del poder de la poseedora sino porque querían un remate para que adquirieran el bien inmueble en esta ciudad”, queriendo decir con esto que la persona determinadora de y Casación Número 36376. José Lubín Urueña y otros. la conducta punibile no era mnatdiie más que ARAGÓN

GONZÁLEZ.

Pero sin ningún argumento poderoso de indole probatoria, colige que como URUEÑA RAMÍREZ era amigo de los hermanos ARAGÓN, también tenía participación en la conducta, existiendo “escasez probatoria que demuestre certeza de la participación o no desplegada por el abogado JOSE LUBÍN en la conducta de fraude procesal”, pues si bien es cierto actuó en los procesos de restitución y pertenencia, también lo es que en el litigio se pueden presentar confusiones y que esto fue lo que sucedió con su representado. S1 éste hubiese estado detrás del andamiaje delictivo, no habria incurrido en dicha confusión, pues esto lo que denota es su buena fe, como siempre ha sido su vida profesional, “desconociendo que era un instrumento de los hermanos ARAGÓN GONZÁLEZ, pues la misma amistad lo mantuvo velado de las situaciones que se presentaron en el proceso ejecutivo ya que siempre presumió la buena fe del señor ARAGÓN GONZÁLEZ al enviarle éste a Bogotá los titulos valores letras de cambio para su cobro judicial pues

realmente lo que estaba haciendo era su trabajo como abogado litigante ajeno a la posible conducta punible que se podría estar desplegando con su actuar”. Insiste que el tribunal desconoció el alcance del principio de presunción de inocencia y se equivocó al sostener en la sentencia que si el procesado ofrecia unos descargos, le L Casación Número 36376. José Lubín Urueña y otros, corréspondía la iniciativa de probar lo alega¿ío, carga que ni siquiera cumplió la fiscalía, la que, al no tener elementos probatorios contundentes para solicitar condena, pidió su absolución, y el juzgado, ante la falta del requisito necesario de la certeza, no tuvo otro camino que dictar sentencia absolutoria, luego, no se entiende “de dónde sacó el tribunal para sustentar su tesis de la participación activa del señor abogado JOSE LUBÍN URUEÑA de la conducta punible de fraude procesal máxime que solo hace conjeturas con simples presunciones por las actuaciones llevadas a cavo (sic) en los diferentes procesos por mi representado.” Reitera que en el proceso “no existe certeza sobre la existencia de la conducta configurante del tipo objetivo de fraude procesal, y afirma que, cuando esto ocurre, . necesariamente se abre paso la incertidumbre, y la incertidumbre da lugar a la duda, y la duda implica un llamado a la aplicación del principio in dubio pro reo, que debe traducirse en la absolución del procesado. Afirma que URUEÑA RAMÍREZ no podía ser condenado

porque no se desvirtuó la pfesuncíón de inocencia, toda vez que los titulos valores objeto del proceso ejecutivo cumplian las exigencias que la ley comercial demanda para su validez, no siendo del resorte del abogado verificar si las obligaciones crediticias contenidas en los referidos titulos eran o no ciertas, ya que partió del principio constitucional de buena fe, y no era el llamado a probar lo contrario, toda vez que su trabajo como litigante simplemente se reducia al Y Casación Número 36376, José Lubin Urueña y otros. cobro jurídico, y de ntro lado, era totalmente ajeno a los intereses que podian tener los hermanos ARAGÓN. Cita como mnormas violadas los articulos 29 de la Constitución Nacional, 7% del Código de Procedimiento Penal, 7”, 35, 43, 44 y 453 del Código Penal, y pide a la Corte casar la sentencia impugnada y en su lugar absolver al procesado, en aplicación del principio in dubio pro reo. Demanda a nombre de Alfonso Aragón Gonzalez, Aura María Aragón González y Elizabeth Aragón de Peña Plantea un cargo de mnulidad contra la sentencia, con fundamento en la causal prevista en el numeral 3% del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, por violación del debido proceso y el derecho de defensa, originadas en el desconocimiento del principio de investigación integral. Asegura que en el proceso está prabado que ALFONSO ARAGÓN GONZÁLEZ celebró con la señora LUZ MARINA LONDOÑO y su hijo carnal JOSÉ HERNANDO LONDOÑO (hoy HERNANDO BAQUERO PABÓN), un contrato de

mandato a cuota litis, en el que se pactó que al mandatario le correspondería el 50% del valor total de los bienes que se adjudicaran en la sucesión de MARÍA INÉZ BAQUERO PABÓN, madre adoptante de HERNANDO BAQUERO PABÓN. y Casación Número 36376. José Lubín Urueña y otros. Está - igualmente acreditado que el abogado ALFONSO ARAGÓN GONZÁLEZ en desarrollo del contrato de mandato, tramitó y llevó a feliz término la sucesión intestada de MARÍA INÉS BAQUERO PABÓN, que terminó con sentencia de 23 de febrero de 1996, mediante la cual se aprobó el trabajo de partición adjudicándole al heredero único todo el acervo herencial, el cual fue estimado en $158119.000. Se demostró también que dentro de los hbienes de la sucesión figuraba la casa de habitación ubicada en la calle 22 E No42-B-29 barrio Quinta Paredes de Bogotá, inmueble que a la muerte de su propietaria MARÍA INÉES BAQUERO PABÓN se encontraba arrendado o en tenencia precaria de MARÍA INES GUTIÉRREZ DE ALBARRACÍN, pariente de la propietaria, la cual lo administraba por intermedio del abogado JAIME RODRÍGUEZ ALFONSO. Está probado también que el referido inmueble fue vendido por HERNANDO BAQUERO PABÓN a la señora ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA, según escritura pública No.4673 de 14 de diciembre de 1996, negociación que se registró en la

oficina de instrumentos públicos el 23 de enero de 2001. Y que el abogado ALFONSO ARAGÓN GONZÁLEZ, mediante pagaré, se comprometió a cancelar a HERNANDO BAQUERO PABÓN la suma de 25 millones de pesos, cuando se lograra la entrega del inmueble, el cual se hallaba en poder de MARÍA INÉES GUTIERREZ ALBARRACÍN y MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DE NOVOA, quienes alegaban una supuesta posesión. Casación Número 36376. José Lubín Urueña y otros. Se acreditó asimismo que las señoras MARÍA INES GUTIÉRREZ DE ALBARRACÍN y MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DE NOVOA munca tuviceron la posesión legítima del bien, puesto que asií lo confirmó la Sala de Casación Civil de la Corte en sentencia de casación de 1 de diciembre de 2005, Se estableció también que el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia de 8 de octubre de 2001, libró mandamiento de pago contra ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA, teniendo como base de recaudo dos letras de cambio por valor de 30 millones de pesos cada una, giradas a favor de AURA MARÍA ARAGÓN GONZÁLEZ, decisión en la que además se dispuso el embargo del inmueble, asi como su secuestro, el cual no se pudo realizar por las argucias y marrullas desplegadas por sus ocupantes. Asegura a continuación que los juzgadores, en la parte motiva de las sentencias, “mediarite conjeturas y criterio

subjetivo, se limitan a demostrar que la venta de la casa de Quinta Paredes”, efectuada por HERNANDO BAQUERO PABÓN a ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA es ficticia, y que también son ficticias las letras que sirvieron como base de recaudo en el proceso ejecutivo, por lo que las hermanas ELIZZABETH y AURA MARÍA ARAGÓN incurrieron en el delito de fraude procesal, al igual que su hermano ALFONSO en condición de determinador. Sostiene que ni el juzgado ni el tribunal tuvieron en cuenta las pruebas visibles a folios 201 a 230 del cuaderno de la 10 Casación Número 36376. /4, José Lubín Urueña y otros. ¿ € causa, y que se limitaron a las meras confrontaciones de las indagatorias de los procesados, las que, como es apenas obvio, jamás pueden ser totalmente iguales o similares, con desconocimiento del principio rector de contradicción previsto en el artículo 13 de la Ley 600 de 2000, y de lo establecido en el artículo 170.4 ejusdem, en torno a la valoración probatoria. Argumenta que una sentencia que no analice todo el material probatorio, ni contenga con precisión los elementos de juicio que sirven de base para determinar el injusto punible, no está motivada, y por tanto, viola el debido proceso y el derecho de defensa, porque, en las referidas condiciones, como en el caso analizado, es imposible saber por qué los procesados resultan sancionados, cuando todo su actuar está ajustado a derecho. A esta irregularidad se agrega el haberse admitido la constitución de parte civil, por un delito en el que, dado el

objeto jurídico tutelado, “no es permisible la intervención de la acusación privada”, reservada úÚnica y exclusivamente para los delitos que afectan los bienes y derechos particulares”. También se violó el principio de investigación integral, al no haberse ordenado la práctica de los testimonios de LUZ MARINA LONDOÑO y AUGUSTO GUZMÁN RAMÍREZ, pruebas con las cuales se hubiera establecido la verdad del comportamiento profesional del doctor ALFONSO ARAGÓN u y Casación Número 306376. José Lubiín Urueña y otros. GONZÁLEZ y la venta real que hizo HERNANDO BAQUERO

PABÓN a la señora ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA.

Sustentado en estas consideraciones, solicita a la Corte casar el fallo impugnado y decretar la nulidad de lo actuado a partir de la resolución mediante la cual se admitió la demanda de constitución de parte civil. Alegaciones de los no recurrentes El apoderado de la parte civíl solicita a la Corte inadmitir las demandas, mpor estimar que no cumplen los presupuestos minimosde fundamentación requeridos por la normatividad legal para su trámite, particularmente los previstos en el artículo 212.3 de la Ley 600 de 2000. Asegura que los juzgadores, contrario a las afirmaciones sin fundamento de las demandas, realizaron una valoración amplia de la prueba yY arribaron al convencimiento que los hermanos ARAGÓN GONZÁLEZ eran coautores de la conducta de fraude procesal y, por lo mismo, tuvieron la oportunidad de controvertir esa coparticipación criminal,

sin que se visualice menoscabo de derechos o garantías fundamentales.

SE CONSIDERA

Casación Número 36376. José Lubín Urtueña y otros. La Corte inadmitira las demandas objeto de estudio por no concurrir el presupuesto punitivo establecido en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000 para la procedencia de la casación común, que los demandantes proponen, y porque no cumplen los requerimientos mínimos de fundamentación exigidos para su admisión a trámite por la vía alternativa de la casación discrecional. Improcedencia de la casación común Este proceso se rituó por la Ley 600 de 2000, estatuto que en su articulo 205 exige para la procedencia del recurso de casación que el hecho punible por el que se procede tenga señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años. En el caso que se analiza este presupuesto no Sé cumple, porque la pena adscrita para el delito de fraude probésal cuando ocurrieron los hechos, que es la que debe servir de referente para la determinación de la procedencia del recurso, oscilaba entre cuatro (4) y ocho (8) años de prisión. Los demandantes contaban con la alternativa de acudir a la casación discrecional, de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del citado artículo 205, ajustando su fundamentación a las exigencias de esta norma, pero no lo hacen, y las demandas tampoco reúnen los presupuestos 13 Casación Número 36376. José Lubín Urueña y otros. mínimos, de orden formal y sustancial, requeridos para su admisión por esta vía.

Incumplimiento de los requisitos de la casación discrecional. La procedencia de esta modalidad casacional presupone el concurso de dos condiciones. Una, demostrar que la intervención de la Corte es necesaria para el desarrollo de la jurisprudencia o la protección de las garantias fundamentales. Y dos, presentar una demanda que reúna las exigencias minimas de claridad, concreción y debida fundamentación. La primera condición no se cumple, pues los demandantes no especifican si lo pretendido con el recurso es que la Corte desarrolle la jurisprudencia o proteja garantías fundamentales, y aun cuando en las demandas se plantean violaciones por desconocimiento de los principios in dubio pro reo, presunción de inocencia, debido proceso y derecho de defensa, lo que realmente contienen son ataques velados a la valoración de las pruebas. El segundo presupuesto, relacionado con la presentación de una demanda que cumpla los requisitos vinculados con la debida sustentación de los cargos propuestos, y la satisfacción de los presupuestos básicos de idoneidad 14 Casación Número 36376. José Lubin Urueña y otros. sustancial necesarios para la realización de los fines del recurso, tampoco concurren. En la demanda presentada a nombre de JOSÉ LUBÍN URUEÑA RAMÍREZ, donde se plantea un cargo por violación directa de la ley sustancial, por desconocimiento de los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, su desarrollo resulta totalmente divorciado de su enunciado, pues el demandante, al demostrar el cargo, se dedica a discutir las conclusiones probatorias de los Juzgadores de instancia, por considerar que no conducen a

la certeza del hecho punible ni la responsabilidad del procesado, en el marco de una argumentación que nada tiene que ver con el ataque propuesto. La dogmática casacional enseña que cuando se plantea en esta sede un cargo por violación directa de la ley sustancial, el demandante debe aceptar los hechos que los juzgadores declararon probados en los fallos y la valoración que hicieron de las pruebas, y demostrar, a partir de esta realidad fáctica, que la norma aplicada no era la llamada a regular el caso, o que siendo la correcta fue entendida en un alcance que no tiene, o que no se aplicó la que correspondiía invocar, argumentación que no es la que la demanda contiene. Estas directrices de técnica casacional han llevado a la Corte a sostener que la violación directa de la ley sustancial, por desconocimiento del principio in dubio pro reo, solo puede concurrir en dos casos, (i) cuando el 15 Casación Número 36376. José Lubín Urueña y otros. $ jJuzgador reconoce expresa o implícitamente en la sentencia que existe duda probatoria y sin embargo condena, en cuyo caso la violación se presenta por inaplicación del principio rector, y (1) cuando concluye que existe certeza sobre la materialidad de la conducta y la responsabilidad, y sin embargo absuelve por duda, caso en el cual la infracción se presenta por aplicación indebida del postulado, situaciones que no son las que el casacionista plantea. En los demás casos, cuando la aplicación o inaplicación del precepto rector se hace derivar de errores en la valoración

de las pruebas, que es donde radica la inconformidad del demandante, la técnica casacional exige que el ataque se oriente por la vía de la violación indirecta, y que quien lo intenta demuestre la clase de error cometido (si de hecho por falsos juicios de existencia, falsos juicios de identidad e falsos raciocinios, o de derecho por falsos juicios de legalidad o falsos juicios de convicción), Y acredite su transcendencia, trabajo que el libelista no efectúa. En la demanda que se presenta a nombre de los procesados ALFONSO ARAGÓN GONZÁLEZ, AURA MARÍA ARAGÓN GONZÁLEZ y ELIZABETH ARAGÓN DE PEÑA, el actor plantea un cargo por nulidad, por violación al principio de investigación integral, pero lo único que dice en relación con esta censura es que los funcionarios que conocieron del caso no ordenaron la práctica de los testimonios de LUZ MARINA LONDOÑO y AUGUSTO GUZMÁN RAMÍREZ, con los cuales se hubiera podido establecer la verdad sobre la conducta de ALFONSO ARAGÓN GONZÁLEZ y la venta que HERNANDO BAQUERO PABÓN le hizo a ELIZABETH. 16 Casación Número 36376. José Lubin Urueña y otros. La jurisprudencia de la Corte ha sido insistente en sostener que cuando se plantea en casación un ataque por violación del principio de investigación integral, no basta afirmar que se dejaron de practicar determinadas pruebas, sino que es necesario probar que las echadas de menos tenian la virtualidad de acreditar hechos trascendentes para la investigación, y que de haberse allegado, habrían propiciado

una visión distinta de los hechos, capaz de modificar el fallo impugnado, ejercicio demostrativo que en el presente caso ni siquiera se intenta. Simultáneamente, el demandante insinúa otros motivos de nulidad, uno por defectos de motivación, con el argumento que los juzgadores dejaron de valorar pruebas importantes para la definición del asunto, y otro por inobservancia del debido proceso porque, en su criterio, en asuntos por delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia no tiene cabida la admisión de la parte civil privada, pero en el primer caso, ni siquiera identifica las pruebas ignoradas, ni explica por qué esta falencia sería constitutiva de un error in procedendo, y en el segundo, nada dice sobre los fundamentos de su ataque. Visto, entonces, que no concurre el requisito punitivo para la procedencia de la casación común, y que las demandas no satisfacen las exigencias minimas de orden formal y sustancial requeridas para su estudio de fondo por la vía discrecional, se las inadmitirá y se ordenará devolver el proceso a la oficina de origen, no advirtiendo violaciones a 17 Casación Número 36376. José Lubín Urueña y otros. las garantias fundamentales que la Corte esté en la obligación de proteger de manera oficiosa. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, RESUELVEInadmitir las demandas de casación presentadas por los

defensores JOSÉ LUBÍN URUEÑA RAMÍREZ, ALFONSO

ARAGÓN GONZÁLEZ, AURA MARÍA ARAGÓN GONZÁLEZ

y ELIZABETH ARAGÓN LE PEÑA.

Contra esta decisión no procedegf recursos. Ya //r !

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL.;ÍSE.

JOSÉ LUIS BARCELÓ/CAMACHO” _x _ H7¿(Í€(/p / — P

MAREA úEÍ ROSA |0€>A LE MUÑOZ LUES GUILLERN SALAZAR OTERO

¿ N H 18 Casación Número 36376, Jasé Lubín Urueña y otros. Ireamciced Medica

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Nubia Yolanda Nova García Secretaria 19