CSJ - Sentencia 36859(16-04-2012)

CASACIÓ No 36859

EDUARDO WILFRED IBE MARÍN

Proceso No 36859

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

Aprobado: Acta No. 135Bogotá. D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil doce (2012) MOTIVO DE LA DECISIÓN La Sala decide si es procedente admitir la demanda de casación presentada por el defensor de Eduardo Wilfred Uribe Marín, contra la sentencia dictada el 3 de marzo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que confirmó la adoptada por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad el 28 de mayo de 2010.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. El Tribunal resumió la cuestión fáctica así: "Se presentaron a finales del año 2003 y principios del 2004, lapso durante el cual, Eduardo Wilfred Uribe Marín, quien para ese entonces se desempeñaba como cajero auxiliar de la oficina, CaliCentro, de la firma Cambios y Capitales S.A, realizó 150 operaciones, consistentes en "presuntos pagos" de giros hechos a través de

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EDUARDO WILFRED URI MARÍN operadores ubicados en la ciudad de Nueva York - Estados Unidos y Madrid - España, las cuales ascendieron a un total de US $133.555, estableciéndose, que en la mayoría de los casos el propio empleado suplantó a los supuestos beneficiarios, para lo cual se valió de documentos originales de identidad, fotocopias, declaraciones de

♦ ambio, sin el lleno de los requisitos legales, con firma y huella Apócrifas etc, conducta que fue reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero UlAF, así como a la Fiscalía General de la Nación, estableciéndose por el ente acusador que se estaría ante una conducta constitutiva del punible de lavado de activos'." Con resolución del 3 de mayo de 2004, la Fiscalía 16 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cali ordenó la apertura de la instrucción 2 y la vinculación de Uribe Marín mediante diligencia de indagatoria por lo que al dOconocerse su paradero, y previa orden de captura el 8 de noviembre siguiente se le vinculó como persona ausente3. lausurada la fase instructiva el 21 de octubre de 20054, la iscalía calificó el mérito del sumario con resolución de acu ación en contra de Eduardo Wilfred Uribe Marín, como pre3unto autor del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 323 modificado por el artículo 8 de la Ley 747 de 200k decisión que al haber sido apelada fue confirmada el 17 de abril de 20065, por la Fiscalía 2 Delegada ante el Tribunal Superior de Cali. 1 Folio 63 cuaderno 3 2 Folio O cuaderno 1 3 4 Folio 36 Ibídem. Folio 01 Ibídem. 5 Folio 83 Ibídem. 2

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EDUARDO WILFRED URI MARÍN La etapa de la causa correspondió al Juzgado 4 Penal del

Circuito Especializado de Cali, que adelantó el juicio; sin embargo en cumplimiento de las medidas de descongestión el proceso fue asignado para fallo al Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Descongestión de la misma ciudad, autoridad que el 28 de mayo de 2010 profirió sentencia condenatoria en contra de Eduardo Wilfred Uribe Marín, como autor del delito de lavado de activos, le impuso una pena principal de 80 meses de prisión, multa de 4.166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilitación de derechos y funciones públicas por igual período al de la pena principal. Le negó el sustituto de la suspensión condicional de la pena y le negó la prisión domiciliaria6. La decisión fue recurrida y confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 3 de marzo de 2011 y contra ella, la defensa 7 interpuso el recurso de casación.

LA DEMANDA Cargo único: nulidad Con apoyo en la causal tercera de casación, el defensor del procesado acusa la sentencia del Tribunal por haberse dictado en un juicio viciado de nulidad. 6 Folio 206 y ss cuaderno 3 7 Folio 262 y ss cuaderno 3

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EDUARDO WILFRED IBE MARÍN Enunció como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política y 20 del Código de Procedimiento Penal, que consagran el debido proceso y el principio de investigación integral, respectivamente. Argumenta que el jt.ez de la causa omitió la práctica de una prueba favorable

a su representado, que hubiese contribuido al total esclarecimiento de los hechos. S trata de una inspección judicial en la sede de Cambios y C pitales S.A., invocada por el representante del Ministerio P blico en el traslado del artículo 400 de la Ley 600, con la q se perseguía establecer, previo cotejo grafológico y da tiloscópico de muestras manuscriturales del procesado, la pniprocedencia de múltiples documentos que acreditan las tránsacciones cuestionadas en esa casa de cambios y que fue ordenada dentro de la misma audiencia. Infórma que luego de practicadas algunas pruebas en la audiencia pública y ante la no comparecencia de los demás testigos convocados, se ordenó la intervención de los sujetos prOcesales, omitiéndose la incorporación de tales medios prcibatorios. Indica que "la trascendencia no es de la prueba en si misma considerada, sinei la que deviene de su oposición a la lógica del fallo, pues, sólo si lo desquicia imponiendo una orientación distinta de la que el mismo contiene, toda vez que, el cotejo el cargo podría prosperar8", 8 FoliO 308 cuaderno 3. 4

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EDUARDO WILFRED U E MARÍN dactiloscópico, permitía establecer la uniprocedencia de los documentos adjuntos respecto de las transacciones fraudulentas supuestamente efectuadas por su representado, las que a su turno "se oponen en un todo al fallo de condena confirmatorio, toda vez (sic) la denuncia es presentada por una persona en nombre de CAMBIOS Y CAPITALES cuyo cargo era el de "OFICIAL

DE CUMPLIMIENT0"9".

El censor muestra su desacuerdo con la tesis que manejó el Tribunal al considerar que frente a tal situación, su actuar fue convalidatorio; por el contrario, dentro de sus alegatos finales claramente mostró su inconformidad con el hecho de que los documentos en los que se acreditan las supuestas transacciones fraudulentas fueran fotocopiados, luego, ante su omisión "se entronizó en el campo conjeturalm." Sostiene que "la prueba solicitada por el Ministerio Público en etapa del artículo 400 del C.P.P. era conducente, pertinente y útil para URIBE MARÍN, por cuanto de su realización deprecaría su grado de responsabilidad y participación en el asunto, establecer si hubo falsedad en documentos y, además que, fotocopias por lo avanzado de nuestra tecnología, pueden o podrían haber sido alteradas y desdibujar la verdad verdadera"". Adicional a ello, este medio probatorio podría haber acreditado el grado de participación del procesado que diera lugar a diminuentes punitivas. Folio 308 cuaderno 3. 10 Folio 310 ibídem. 11 Folio 312 Ibídem. 5

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EDUARDO WILFRE IBE MARÍN Coi) fundamento en lo anterior, solicita se case la sentencia reclurrida y se decrete la nulidad parcial del proceso a partir de la audiencia pública, inclusive, y sus posteriores actuaciones para que se fije fecha y hora para la diligencia de inspección judicial decretada en la audiencia preparatoria. El traslado El eñor Procurador 63 judicial II en uso del traslado de los

no recurrentes, recomienda se declare improcedente la pre ensión del casacionista, pues al presentar la demanda en sed de la causal tercera, mezcló dos ataques con nat raleza argumentativa diversa, ya que luego de invocar la nul dad por no haberse practicado la inspección judicial, a ren lón seguido alega vulnerado el artículo 29 de la Carta Poli ica por infringir el principio de "integralidad de la acción"", pre ensión que debió invocar por vía de la causal primera del artículo 207, en el sentido de violación directa de la ley sustancial.

CONSIDERACIONES

1. La inadmisión de la demanda De conformidad con el artículo 213 del Código de Prociedimiento Penal del 2000, la Sala inadmitirá el libelo

12 Folió 327 cuaderno 3 6

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EDUARDO WILFRED IBE MARÍN porque no reúne los presupuestos, ni cumple las exigencias mínimas previstas en el artículo 212 del mismo Estatuto.

2. Único cargo: nulidad. 2.1. La jurisprudencia de la Sala tiene establecido que aun cuando se admite cierta flexibilidad en su proposición y desarrollo, la nulidad no es de libre alegación porque la naturaleza y especialidad de la impugnación extraordinaria torna obligatorio la observancia de las exigencias técnicas y jurídicas que gobiernan a este recurso.

Es así como el impugnante en una propuesta de tal naturaleza debe identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad que afecta la estructura del proceso (defectos de estructura) o desconoce las garantías

fundamentales de los sujetos procesales (irregularidades de garantía), proponerlo de acuerdo con su alcance y autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en cargos separados cuando son varios (principios de autonomía y trascendencia), señalar sus fundamentos y las normas constitucionales o legales que estima lesionadas y demostrar de qué manera la irregularidad repercute en el trámite y cómo ella trasciende al fallo impugnado conduciendo a su anulación. También es necesario indicar la etapa procesal a partir de la cual se debe invalidar la actuación y demostrar que no existe 7

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EDUARDO WILFRED U E MARÍN otro medio para subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su reconocimiento, de acuerdo con los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su colnvalidación. D 1 mismo modo, la principialística que gobierna las n lidades en el proceso penal, impone a quien las propone e unciar la causal específica (principio de taxatividad ar umentar de manera clara y precisa en dónde se origina el d fecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad para la q e estaba previsto (principio de instrumentalidad de las fotmas), demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases fu damentales de la instrucción y el juzgamiento (principio d trascendencia), acreditar que el sujeto procesal no haya co dyuvado con su conducta a la configuración del acto guiar (principio de protección) o lo haya convalidado con ir su consentimiento (principio de convalidación), siempre que

se observen las garantías fundamentales.

24. Cuando se trata de postular en casación una censura por vickación al principio de investigación integral -como lo hace el libelista al comienzo de la fundamentación del reparo-, no le bastaba con indicar el medio de prueba que se dice o itido, sino que resultaba necesario establecer su fuente, rr conducencia, pertinencia y utilidad, además de su beneficio a los intereses del procesado respecto de las conclusiones de fallo cuestionado.

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EDUARDO WILFRED U E MARÍN Y ello es así porque de la omisión en la práctica de determinada prueba no comporta por si sola una violación a la garantía de la investigación integral, correspondiéndole al funcionario judicial en uso de sus facultades de director de la investigación penal, procurar el recaudo de las pruebas que considere necesarias en desarrollo de los criterios de economía, celeridad y racionalidad. En estas condiciones es posible afirmar que la omisión en la práctica de aquellas diligencias que razonablemente considere inocuas, superfluas o intrascendentes a los fines de la investigación, o de las que a pesar de haber sido decretadas no pudieron ser realizadas por circunstancias ajenas a los administradores de justicia, no pueden originar menoscabo de los derechos de quien ha solicitado su práctica, ni mucho menos de quienes en su condición de sujetos procesales nada hicieron por invocarla. Además, se debe acreditar que la prueba o pruebas echadas de menos al ser confrontadas con aquellas que sirvieron de fundamento para construir el fallo atacado, tienen aptitud para modificar las conclusiones de la decisión y por tanto, la

única forma de subsanar el yerro advertido es a través de la invalidación de la actuación surtida, desde el momento procesal que permita la aducción del medio o medios omitidos y su posterior valoración. 9

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2. Ninguna de estas exigencias establecidas para la a ecuada postulación del cargo por violación al principio de in estigación integral cumplió el libelista, pues se limitó a c nsiderar que al no practicarse una inspección judicial y u os cotejos dactiloscópicos "se entronizó en el campo conjetural"; embargo, no indicó, cuales son las conjeturas que si at-ibuye al Tribunal, ni por qué los aspectos que pretendía a reditar, en caso de ser relevantes, no fueron establecidos por otros medios de conocimiento. 2. . En el caso concreto del censor, resulta evidente su falta d interés para invocar la práctica de pruebas que hoy ex raña. Nótese como observó una actitud totalmente pasiva en el curso del juzgamiento frente a aquellos medios de co ocimiento, pues según se advierte de su demanda, no fue qu en las solicitó, ni tampoco realizó ningún ejercicio de im•ugnación cuando se omitió su práctica, lo que si bien re ulta válido, le quitó legitimación en la causa por la que ab•ga, de donde surge que mal puede pretender que por una vi extraordinaria se corrija lo que nunca le interesó en el j uício.

2. Fue tal su desatención al desarrollar el cargo, que pasó por alto demostrar la aptitud probatoria de las pruebas que e4raña, objetivo que solo se cumple mediante una

aproximación de su contenido material, cuya valoración coijunta con los demás elementos recaudados en la 10

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EDUARDO WILFRED IBE MARÍN actuación, conduzca a establecer la incidencia favorable en la situación del procesado. 2.6. La única observación que realiza sobre tales medios de prueba es que "se oponen en un todo al fallo de condena confirmatorio, toda vez (sic) la denuncia es presentada por una persona en nombre de CAMBIOS Y CAPITALES cuyo cargo era el de "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"; sin embargo, con esa afirmación no justifica la importancia de recopilar estos medios de convicción y menos aún, su capacidad demostrativa y favorable a los intereses de su representado, frente al conjunto probatorio que sirvió de fundamento a la decisión condenatoria. 2.7. De igual manera, se echa de menos la trascendencia de aquellos medios de conocimiento dentro del conjunto probatorio, pues, para sustentar su importancia especula a partir de situaciones carentes de comprobación, como cuando asegura que las pruebas podrían haber acreditado el grado de participación del procesado que diera lugar a diminuentes punitivas. 2.8. Ahora bien, si la inspección judicial y el cotejo dactiloscópico solicitado a instancias del representante del Ministerio Público fue ordenado en audiencia preparatoria, significa que estuvo abierta la posibilidad de la defensa para demandar su práctica dentro de la audiencia pública, previo a los alegatos finales de los sujetos procesales, pero desafortunadamente, el demandante ni siquiera informa

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EDUARDO WILFRED IBE MARÍN cu fue su actitud en dicha oportunidad 13, actuación que en ca bio, no pasó por atto el Tribunal cuando dentro del fallo destacó: ' En punto a que no se practicaron las pruebas ordenadas por el Juez, I,ales como la Inspección Judicial -solicitada por el Ministerio Publico la etapa del traslado del articulo 400 C.P.P., decretada en la li.idiencia preparatoriay que se allegaran los originales de las ransacciones efectuadas por Uribe Marín, encuentra la Sala que el ogado de la defensa incurre en contrariedad en sus afirmaciones, oda vez que, de una parte se duele en el sentido que dichas pruebas se efectuaron, argumentando que "el señor Juez las había dejado el limbo" pero de otra, es claro en señalar que no tenía por qué la efensa recabar sobre una prueba que si bien es importante, no había olicitado, derivándose de dichas argumentaciones, que de una u otra orma, tanto el Ministerio Publico, que nada dijo al respecto, como la efensa, convalidaron con su consentimiento dicha anomalía"." 2. . Adicional a ello, el petente desatendió una limitación ad cional prevista en el artículo 310 numeral 3 del Código de Pr cedimiento Penal, según el cual no podría invocar la nulidad el sujeto procesal que haya contribuido con su conducta a la ejecución del acto (principio de protección), p$tura imputable a la defensa. Corno la Corte no puede suplir las deficiencias ni corregir las imprecisiones de la demanda, compartiendo la solicitud que 13 Se n lo expone en la demanda su intervención al finalizar la fase probatoria y comenzar la etapa

de a egaciones fue pedir una suspensión para preparar sus alegatos. 14 io 273 cuaderno 3. 12

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EDUARDO WILFRED U IBE MARÍN en este sentido elevó el sujeto no recurrente, por falta de proposición en forma y demostración idónea, se inadmitirá. Finalmente, como la revisión del expediente permite inferir que no se ha incurrido en notorias causales de nulidad ni en flagrantes violaciones de derechos fundamentales, la Corporación no puede penetrar de oficio el fondo del asunto. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, RESUELVE: Primero: Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor de Eduardo Wilfred Uribe Marín.

Segundo: Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Notifíqu e y cúmpl e

JOSÉ LEONID USTOS MARTÍNEZ

JOSÉ LUIS BA ELÓ CAMACHO ASTRO CABALLERO

C.ASACIó No 36859

EDUARDO WILFRED IBE MARÍN

MA DEL ROS ONZ EZ MUÑOZ

LUIS LAZAR OTERO

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 14 zo-c4-12