CSJ - Sentencia 37823(01-02-2012)

92 9tetaa aa Wodon4G EXTRaA kóNj . 37823 ORLANDO ÓM PINZÓN 9", Wo-t4 „.tema t^^áJCsatlL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 21 Bogotá, D. C., primero (1°) de febrero de dos mil doce (2012). VISTOS Procede la Sala a rendir el concepto respecto de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, presentada a través de vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ANTECEDENTES

1. Mediante Nota Verbal 2122 de 23 de agosto de 2011, la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, solicitó la detención provisional del señor ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, la cual fue ordenada por la señora Fiscal General de la Nación el día 29 de dicho mes. 91041+ .4 Woini4z

EXTRADICIÓN N 37823

ORLANDO GÓMEZ INZÓN soso c-9994-tema e‘faitcateiz Materializada la aprehensión el 1° de septiembre del presente año por efectivos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en este Distrito Capital, le pusieron de presente sus derechos y le realizaron cotejo dactiloscópico.

2. A ,través de la Nota Verbal 2700 de 27 de octubre del año en curso, la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, para que comparezca

a juitio por delitos federales de narcóticos, por ser el sujeto de la acusación número 11-20500-CR-MOORE, dictada el 26 de julio de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida. Se énexó a la petición, la declaración rendida por Andrea G. HoffrInan, Fiscal Auxiliar Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, quien sostuvo que en ejercicio de sus deberes se familiarizó con los cargos y las pruebas del caso No. 1120500-CR-MOORE adelantado contra ORLANDO GÓMEZ PINZÓN y otros, por hechos que tuvieron lugar desde el mes de marzo de 2019, hasta el 26 de julio de 2011. Desáués de acreditarse como testigo y señalar el procedimiento que se debe seguir para proferir una acusación, manifiesta que en este casó, el 26 de julio de 2011, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida emitió la acusación 11-20500-CRMOORE contra el requerido y otros, por un cargo de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia controlada enumerada en la Lista II (cocaína), con el propósito de 3 ggfr4,40a4 Wod„,%, ExwfórNNi. 37823 ORLANDO OMEZ PINZÓN ttre 9,12tenace adferale»oiz que dicha sustancia se importara ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención del artículo 959 (a) (2), y los artículos 963 y 960 (b) (1) (B) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos;

acusación que incluye pretensiones de extinción de dominio en virtud del artículo 853 del Título 21 de la referida codificación penal. Expone que según las leyes de los Estados Unidos, una conspiración es sencillamente un acuerdo para violar otra ley penal que no necesita ser formal y puede ser tan sólo verbal o implícito, incluso sin tener conocimiento pleno de todos los detalles, ni de los nombres o la identidad de los otros partícipes. Por lo tanto, si un acusado entiende la índole ilícita de un designio y voluntariamente se une por lo menos en una ocasión, eso es suficiente para condenarlo por concierto para delinquir, aunque no haya participado antes o desempeñe un papel secundario. Afirma que para condenar a ORLANDO GÓMEZ PINZON del delito imputado en la acusación formal, los Estados Unidos debe probar en juicio, que el acusado llegó a un acuerdo con una o más personas para lograr un plan ilícito en común de fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de importarla a los Estados Unidos. Indica que la mayor pena que corresponde al cargo objeto de la acusación es de "(...) cadena perpetua más un plazo vitalicio de libertad vigilada tras cumplir la condena de prisión, una multa de 4.000.000 de dólares y un recargo especial de 100 dólares (...)". 4

EXTRADICI No. 37 23

ORLANDO GÓMEZ PIN ÓN .t 9,94-terna alfeedisaia En re ación con los hechos del caso, hace referencia a lo declarado por e Agente Especial Jeremy Eric Jones de la Administración de

Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). SO acompañó copia de la acusación No. 11-20500-CR-MOORE, profeida por La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida el 26 de julio de 2011, contra ORLANDO GÓMEZ PINZjN alias "Lato" y otros, como también de la orden de arresto expedida a su nombre. So aportó la declaración rendida por Jeremy Eric Jones, Agente Especial de la Administración de Control de Drogas (DEA), quien expuso que en el desempeño de sus funciones se familiarizó con los cargOs y las pruebas en la causa de "Estados Unidos de América contrie Jaime García y otros, número causa penal 11-20500-CRMOORE, la cual surgió de la investigación de una organización narcótraficante que ha conspirado para importar una gran cantidad de Oupefacientes a los Estados Unidos." Señaló que desde el mes de mayo de 2010, funcionarios colotbianos del orden público realizaron intervenciones telefónicas lícital y judicialmente autorizadas, de las conversaciones de los acusados César Augusto Lozano García, ORLANDO GÓMEZ PINZÓN y Fernando Sandoval Vásquez, cuando hablaban de la compra, planificación y coordinación de aeronaves que se utilizaron para transportar múltiples cantidades de cocaína. 5 t9Pefria., Woznz,

4 EXTRA IÓN No 823

ORLANDO G MEZPINZÓN Wes4 1-9,944-tensesJ Indicó que ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, es ciudadano colombiano, nacido el 14 de junio de 1956 en Bucaramanga y se identifica con la

cédula de ciudadanía No. 13.845.357. Se acompañó la transcripción de las disposiciones normativas del país requirente, supuestamente vulneradas por el solicitado en extradición. El Ministerio de Justicia y de Derecho consideró completo el expediente y lo remitió a esta Sala mediante oficio de 2 de noviembre de 2011, transcribiendo el concepto emitido por su homólogo de Relaciones Exteriores a través de oficio No. DIAJI.E.2573 del día 28 de octubre, en el cual señala que por no mediar convenio aplicable al caso, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano. A través de escrito radicado en la Secretaría de la Sala el 11 de noviembre de 2011, ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, solicitó a esta Corporación se diera trámite a la extradición simplificada, informando que se había dirigido a la Procuraduría General de la Nación con el propósito de que coadyuvara su pretensión. Mediante oficio PSDDCP No. 000452 de 21 de noviembre del mismo año, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal coadyuva la petición elevada por ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, y remite el acta de verificación de garantías fundamentales, en la que éste, asistido por su apoderada y debidamente informado de las consecuencias de la renuncia al trámite ordinario previsto en el artículo 500 del Código de 6

EXTRAD 6N No( 823

ORLANDO G MEZ PI ÓN t 9/ ko ,14 "4~ Protimiento Penal, de manera libre, espontánea y voluntaria, sin

aprerhio o vicio del consentimiento la ratificó' CONSIDERACIONES Cbn fundamento en los artículos 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997 y 18 de la Ley 599 de 20001 la extradición se puede conceder u ofrecer de acuerdo con los tratadlos públicos y, en su defecto, a la ley. La Ley 1453 de 2011, dispuso que el artículo 500 del Código de Procikimiento Penal (Ley 906 de 2004), tendrá un quinto inciso cuyo contenido es del siguiente tenor: "Parágrafo 1°. Extradición Simplificada. La persona requerida en extradición, con la coayuvancia de su defensor y del Ministerio Público podrá renunciar al procedimiento previsto en este artículo y solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de plano el correspondiente concepto, a lo cual procederá dentro de los veinte (20) días siguientes si se cumplen los presupuestos para hacerlo. "Parágrafo 2°. Esta misma facultad opera respecto al trámite de extradición previsto en la Ley 600 de 2000". En Ipso de dicha facultad, ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, solicitó a esta Corporación que se procediera a la extradición simplificada, petición que por reunir los presupuestos allí exigidos, hacen viable su análisis. Ver folio 15. 7 MeAaaa WoZnia

ExTRAD: ÓN No 37823

ORLANDO G MEZ P ÓN 9:,244.455•7241tac:~ Según lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,

en virtud a que no existe convenio de extradición aplicable entre los Estados Unidos de América y Colombia, es adecuado obrar de conformidad con la Ley 906 de 2004. El artículo 502 ibídem dispone que la Corte Suprema de Justicia fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el exterior y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos. Todos estos elementos convergen en el expediente. 4.1. Validez formal de la documentación. De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), para conceder u ofrecer la extradición de una persona, la petición debe presentarse por vía diplomática o, en casos excepcionales, por la consular, o de gobierno a gobierno, anexando copia de la transcripción auténtica de la sentencia o de la resolución de acusación o su equivalente, indicando con exactitud los actos que determinan la reclamación, así como el lugar y la fecha de su ejecución, aportando la información que posea y que sirva para acreditar la plena identidad de la persona requerida y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, la cual debe ser expedida con arreglo a las 8

EXTRA'' • N No7823

ORLANDO GÓMEZ P ÓN ti .9eryttanzoirtalaisia formalidades de la legislación del Estado requirente y traducida al castel ano de ser ello preciso.

El articulo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artícu o 1°, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, prescribe que los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deben ser presentados y autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República o en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsitl o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaoiones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consitlares de un país amigo, se autenticará previamente por el funciánario competente del mismo y los de éste con el Cónsul colorhbiano. En eéte caso, tales exigencias fueron observadas por el Gobierno de kis Estados Unidos de América al presentar la petición de extraflición por vía diplomática, esto es, por medio de su Embajada en ntestro país, a la que se acompañó copia de la Acusación No. 11210500, CR MOORE dictada el 26 de julio de 2011 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le atribuye a ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, el siguiénte cargo: "Comenzando en marzo de 2010 o alrededor de ese entonces, siendo la fecha exacta desconocida por el Jurado de Acusación, y siguiendo realizando lo aducido hasta la fecha de emisión de la

• 9 e‘ Wodmia EXTRA ¿XII N 37823

ORLANDO MEZ INZÓN

Z3.492,4terma

presente, en el país de Colombia, América del Sur y en otras partes, los acusados `AUGUSTO LOZANO GARCÍA, alias "Cris'; alias "Cesar", alias "Iván'; alias "Carlos" alias "Cristo'; alias "Santamaría", "ORLANDO GÓMEZ PINZÓN alias talo" y "FERNANDO SANDOVAL VÁSQUEZ alias "El Viejo" "a sabiendas e intencionalmente se unieron, conspiraron, se confederaron y acordaron entre sí y con personas conocidas y desconocidas por el Jurado de Acusación, para fabricar y distribuir una sustancia controlada enumerada en la Lista II, a sabiendas de que dicha sustancia se importaría ilícitamente a los Estados Unidos en violación del artículo 959 (a)(2) del Título 21 del Código Federal de ese país; todo lo cual está en violación del artículo 963 del mismo título y Código. "De acuerdo con el artículo 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína." Además, en la nota diplomática a través de la cual se formalizó la reclamación y las declaraciones rendidas por Andrea G. Hoffman, Fiscal Federal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida y Jeremy Eric Jones, Agente Especial de la 10 afria Wodsw4s

ExTRAÓIÓIÓN No. 37823

ORLANDO GÓMEZ PI ZÓN cá arealaviel Adm nistración de Control de Drogas, ante un Juez Magistrado de los astados Unidos se determinan las circunstancias de modo,

tiempo y lugar que rodearon la comisión de las conductas punibles que soportan la solicitud de extradición. Los anexos contienen los datos necesarios para comprobar la identidad del requerido, como se expondrá posteriormente, igual que la reproducción de las disposiciones penales probablemente contravenidas. Y, por estar autenticados acorde a las previsiones del ¡rtículo 259 del Código de Procedimiento Civil, deben ser considerados otorgados con arreglo al ordenamiento jurídico del país solicitante. Así, la Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal del Departamento de Justcia, Magdalena A. Boynton, certificó que copias fieles de las decl$raciones rendidas por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida y el Agente Especial ante un juez Magistrado de los Estados Unidos, se mantienen en los archlvos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en Washington D.C. El Procurador estadounidense, Eric H. Holder, Jr., hizo constar que, para ese entonces, Magdalena A. Boynton desempeñaba el cargo de Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de esa Nación; quien con ese fin hizo estampar el sello 11 ‘9,;Adidea4 We4:24. EXTRA. N No. 7823 ORLANDOG+MEZPI i ÓN Wat4 e_.9ePrhoenct a‘ ditredt4araf del Departamento de Justicia y solicitó al Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales que diera fe de su firma. La Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, certificó que al

documento anexo le fueron fijados los sellos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, autenticaciones del mismo en Washington, y que Patrick O. Hatchett. suscribió su nombre. La Cónsul de Colombia en Washington, Libia Mosquera Viveros autenticó la firma de Patrick O. Hatchett; la suya fue abonada por el Jefe de Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Reunidas las exigencias del artículo 495 de la Ley 906 de 2004, se da por satisfecho este presupuesto. 4.2. Plena identidad del requerido. De la valoración conjunta de la información suministrada por el país reclamante en las notas diplomáticas y en los testimonios rendidos en apoyo de la solicitud, con los datos conocidos por motivo de la captura del requerido, la Sala concluye que la persona aprehendida y que permanece privada de su libertad por razón de este trámite es la misma solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. En la nota diplomática No. 2122 de 23 de agosto de 2011, mediante la cual se solicitó la detención provisional con fines de extradición, 12 ExTRADI ORLANDO G Woh4 c9fm ana esetdosia fueron consignados como datos relativos a la identidad del reclaihiado, los siguientes: nombre, ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, nacido el 14 de junio de 1956 en Colombia, portador de la cédula colombiana No. 13.845.357 información que fue incluida en la resolúción de 29 de agosto de 2011 expedida por la señora Fiscal Genelral de la Nación a través de la cual dispuso su captura con

fines de extradición, ratificada por la Nota Diplomática número 2700 de 27 de octubre de 2011, con la que se formalizó la reclamación, y las declaraciones rendidas en su apoyo; datos corroborados al momento de notificarle al procesado los motivos de su aprehensión. Adenhás, la Policía Nacional efectuó cotejo dactiloscópico de la res que le hizo con las huellas que aparecen en la cartilla decadactilar que a nombre de ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, reposa 1 en la! Registraduría Nacional del Estado Civil, concluyendo que es la misma persona. 4.3. Principio de doble incriminación. A la luz de los condicionamientos del numeral 1° del artículo 493 de la Lis/ 906 de 2004, para que se pueda ofrecer o conceder la extrádición es necesario que el hecho que la motiva esté previsto como delito en Colombia y reprimido con sanción privativa de la libertád cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años. El comportamiento con base en el cual la autoridad judicial de los Estados Unidos llamó a ORLANDO GÓMEZ PINZÓN a responder 13 1 Me/Sáldala Zdkon‘a

ExTRAD ÓN No. 823

ORLANDO GO EZ P ON Z-t4 924tona fetaearia en juicio, es relatado en la Nota Verbal No. 2700 de 27 de octubre de 2011, cuando se formalizó el pedido de extradición, a los cuales ya se hizo alusión en el cuerpo de esta providencia y constituyen la razón de los cargos formulados en la Acusación Número 11-20500

CRMOORE dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Sur de la Florida, por violación de los artículos 959 (a)(2), 963 y 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código Federal de los Estados Unidos. Al confrontar las normas invocadas por el país requirente con la legislación colombiana, se advierte que la conducta de concierto para delinquir, agravada por la naturaleza de los actos, en cuanto está relacionado con lavado de activos, se encuentra penalizada en uno y otro Estado. Al confrontar las normas invocadas por el país requirente con la legislación colombiana, se advierte que la conducta de concierto para delinquir, agravada por la naturaleza de los actos, en cuanto está relacionado con el tráfico de narcóticos, se encuentra penalizada en uno y otro Estado. En Colombia, es sancionada bajo la denominación típica de concierto para delinquir en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 (modificado por el artículo 8° de la Ley 733 de 2002 y 19 de Ley 1121 de 2006), entendido como el acuerdo de voluntades entre varias personas con el fin de cometer delitos, y cuando la especie de estos se concreta al delito de narcotráfico la pena es de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales 14 afrd4a

Zlogni: o

EXTRADIQ1óN No 37823

ORLANDO GÓMEZ P ÓN esa 9;Itionica 4fatávis mensuales vigentes, acorde con las modificaciones introducidas por la L y 1121 de 2006, las cuales, antes de entrar a regir las Leyes

890 y 906 de 2004, eran de 6 a 12 años de prisión y multa de 2000 hastá 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así mismo, el artículo 376 del Código Penal, modificado por el artíctlalo 11 de la Ley 1453 de 2011, sanciona al que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saqué de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, vendé, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Cortnio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las conductas imputadas, entonces, además de ser típicas en nuestro país, están sancionadas con prisión no inferior a 4 años, agotándose en consecuencia este elemento. 4.4. equivalencia de la decisión proferida en el exterior. Con arreglo a lo estipulado en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004, es preciso que el Estado requirente haya proferido, en contra del solicitado, resolución de acusación o su equivalente. 3 15 4frisea4

EXTRA' . N.

ORLANDO GÓMEZ PI

Zt4 S4 e: á drea,ilesic Este presupuesto fue acreditado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, ya que la Acusación No. 11-20500 CRMOORE dictada el 26 de julio de 2011, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de la Florida, es equiparable al escrito de acusación que el Fiscal presenta ante el juez competente para adelantar el juicio estatuido en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, por contener la individualización de la persona acusada, una relación circunstanciada de las conductas endilgadas junto con su calificación jurídica y la transcripción de las normas penales sustantivas supuestamente violadas; además de que constituye el inicio de la fase del juicio en donde el procesado tiene la oportunidad de defenderse de los cargos a él imputados y que culmina con la sentencia que pone fin al proceso. Conclusión. Reunidos como se encuentran los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), y acorde con lo solicitado por el señor Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, la Corte procederá a emitir concepto favorable a la solicitud de extradición de ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, exigiendo al Gobierno Nacional que de acoger esta opinión condicione su entrega a que no le sean impuestas penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, ni desaparición forzada por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Carta Política. 16

EXTRAD N N 37823

I ORLANDO GÓMEZ I ZÓN En igual forma, a que se le respeten —como a cualquier otro nacional en las mismas condicionestodas las garantías debidas a su colndición de justiciable, en particular, a que: 1) tenga acceso a un pr'9ceso público sin dilaciones injustificadas, 2) se presuma su inocencia, 3) cuente con un intérprete, 4) tenga un defensor desighi ado por él o por el Estado, 5) se le conceda el tiempo y los medi9s adecuados para que prepare la defensa, 6) a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, 7) su situa9ión de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignaá, 8) la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persta, 9) la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, 10) la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforrha y readaptación social (artículos 29 de la Constitución Políti9a; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6,7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5,9 de la Convención Amer cana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en aras de garatzar sus derechos fundamentales. Así rrtismo, a que el Gobierno de los Estados Unidos, conforme a sus i,olíticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades

racior$ales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, esto en cuanto la Constitución Política en su artículo 42, reconoce a la familia como núcle0 esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su hdnra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con el amparo adicidnal que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de DereOhos Civiles y Políticos (artículo 23). 17 Melfriedea4 Wodin‘a ÓN Ns.t7823

MEZ SZÓN

90

Z. 44~ e areateara En cumplimiento de su deber de protección a las garantías y derechos del nacional colombiano entregado en extradición, es misión del Estado, por medio del ámbito de competencias de los órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se respeten las mencionadas condiciones (artículo 9 y 226 de la Carta). Así, en primer orden, a través del cuerpo diplomático, en concreto, por las diferentes oficinas consulares, con apoyo de la Procuraduría General de la Nación (artículo 277 de la Constitución) y de la Defensoría del Pueblo (artículo 282 ibídem), con el fin de que todos los estamentos con injerencia en el tema tengan elementos de juicio que les permitan sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna.

Del mismo modo, el Gobierno Nacional, si lo considera pertinente, deberá exigir al Estado requirente que responda por la permanencia del extraditado en el país extranjero y el retorno al de origen, en

condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando aquél llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición y por los cuales ésta hubiese sido concedida. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, de condiciones civiles y personales conocidas en el expediente, identificado con la cédula colombiana N° 13.845.357 por el cargo que se le atribuye en la Acusación No. 18 a/W-4a 4 Waforn‘ia

EXTRADI

ORLANDO G fasemá. Wot4 Jr trinca ac 11-20500-CR-MOORE de 26 de julio de 2011, proferida en la Corte Distrtal de los Estados Unidos para el Distrito de la Florida. ComUnIquese por la Secretaría de la Sala esta determinación al requorido, a su defensor, al Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal y a la señora Fiscal General de la Nación, para lo de st cargo. Dev Ivase el expediente al Ministerio de Justicia y de Derecho para o de su competencia. Comuníqu mplase

JOSÉ LiE AS BUSTOS TÍNEZ

JOSÉ IS BARC CAMACHO FERNANDO ALB

SIGIF PÉREZ

19 .9Se4 Zd,nd..

EXTRADI& No< 7823

ORLANDO GÓMEZ PI ÓN

Wel-s4 3,14e-ma e4 gradeaia 40

ILLER ALAZAR OTERO

UBIA Y ANDA NOV GARCIA

Secretaria ggfracw Wadon40

EXTRADICIÓN RAD. No. 37823

ORLANDO GÓMEZ PINZÓN

Zas S cáfeararia ACLARACIÓN DE VOTO Al emitir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano ORLANDO GÓMEZ PINZÓN, requerido por el Gobierno de los Estados Unidos, la Sala sobre la preservación de sus derechos fundamentales, manifiesta: "En cumplimiento de su deber de protección a las garantías y derechos del nacional colombiano entregado en extradición, es misión del Estado, por medio del ámbito de competencias de los órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se respeten las mencionadas condiciones (artículos 9 y 226 de la Carta). Así, en primer orden, a través del cuerpo diplomático, en concreto, por las diferentes oficinas consulares, con apoyo de la Procuraduría General de la Nación(artículo 277 de la Constitución) y de la Defensoría del Pueblo (artículo 282 ibídem), con el fin de que todos los estamentos con injerencia en el tema tengan elementos de juicio que les permita sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna.1"(Subrayas fuera del texto original) Comparto la decisión en punto del concepto favorable a la solicitud de entrega; sin embargo, considero necesario resaltar que no corresponde a la Corte (estamento con injerencia en el tema) efectuar seguimiento a las actividades desplegadas por las autoridades foráneas en torno al cumplimiento de los condicionamientos realizados por el

1 Ver folio 17 del concepto de la Corte. Mefriaa Wadonia

2 EXTRADICIÓN RAD. No, 37823

ORLANDO GÓMEZ PINZÓN Presidente de la República al país requirente al momento de conceder la extradición. En efecto, en relación con los condicionamientos al Estado solicitante, la labor de la Corporación se circunscribe a indicar al Gobierno Nacional los derechos fundamentales que deben ser garantizados por la autoridad foránea respecto a la persona entregada en extradición. A modo de ejemplo, que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, por estar proscritos en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política. En ese contexto, advierto cómo la Sala excede su competencia reglada al asumir la tarea de supervisar el cumplimiento de las exigencias señaladas por el Gobierno Nacional a las autoridades foráneas, en tanto dicha labor no le compete por estar asignada al órgano ejecutivo del poder público. Ello en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, por cuanto es el Me/W/4w KÁrnia

3 EXTRADICIÓN RAD. No. 37823

ORLANDO GÓMEZ PINZÓN Gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las

relaciones internacionales, quien debe realizar el respectivo seguimiento a las condiciones expresadas al conceder la extradición y determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento. Esta ha sido la postura asumida de tiempo atrás por la Corporación, sin que se observe razón para modificarla y menos aún para señalar que el seguimiento a los condicionamientos permitiría a la Sala y demás estamentos con injerencia en el tema "sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna", cuando lo cierto es que el trámite de extradición, como mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra el delito, debe adelantarse conforme a los precisos criterios fijados en la Constitución y en la ley, sin ser viable suspenderlo por razones de "conveniencia", como se sugiere en el aparte transcrito. Obviamente, conforme a las previsiones de los artículos 509 y 510 de la Ley 600 de 2000 y 491 y 492 de la Ley 906 de 2004, la concesión de la extradición es facultativa del gobierno nacional; sin embargo, se requiere el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, de lo cual se colige cómo el trámite de extradición a/id/S Wolorn‘a

4 EXTRADICIÓN RAD. No. 37823

ORLANDO GÓMEZ PINZÓN • feedleala en ¡sus fases administrativa y judicial es obligatorio, de forma que sólo el Presidente de la República podría fundar su decisión en razones de "conveniencia". El punto de vista exp