CSJ - Sentencia 38441(07-03-2012)

(7t)(51)áiiira de(a94nlia, Página I de 23 Casación No.38441

MARINO ALBERTO ORTIZ PA LACIO011

((977,>,,7

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 74. Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil doce. VISTOS Decide la Corte sobre la admisibilidad de las demandas de casación presentadas por los apoderados del acusado MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS y de los terceros civilmente responsables, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo (Valle del Cauca), el 15 de noviembre de 2011, que revocó el fallo absolutorio emitido el 26 de abril de 2011, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zarzal (Valle del Cauca), y en su lugar condenó a ORTIZ PALACIOS a la pena principal de 16 meses de prisión y multa en cuantía de 6.666 salarios mínimos legales mensuales; además, como sanción accesoria se dispuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y la privación para la conducción de vehículos automotores y motocicletas, por lapso igual al de la pena privativa de la libertad; se ordenó el pago, a título de perjuicios materiales, de la suma de $73.236.868, y el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, por MreAdilka, cleco/6-rnAict

Página 2 de 23 Casación No.3844 ! MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS" ''.71 ane' Op rr ena a(0 frit/21/42concepto del daño extrapatrimonial. Por último, se concedió al acusádo el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. HECHOS n el fallo atacado se narró lo ocurrido de la siguiente forma: "mediante informe de accidente de tránsito N° 1185 fechado el diecisiete (17) de mayo del año dos mil cuatro (2004), suscrito por el agente de policía JOSÉ ALFREDO ESCOBAR TANGARIFE, se da cuenta del accidente de tránsito registrado en la variante que atraviesa el municipio de Zarzal; donde el vehículo tipo tractomula individualizado con la placa N° WWA-093, conducido por el señor MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS, ocasionó graves lesiones a la menor MÓNICA ALEXANDRA CASTAÑO GALEANO quien caminaba por la misma vía con su abuela y hermana. (...) Como consecuencia del accidente de tránsito la menor MÓNICA ALEXANDRA CASTAÑO GALEANO fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, determinándose que presentaba: i.-incapacidad definitiva de setenta (70) días; h.-deformidad física; iii.- pérdida funcional del órgano de la locomoción; iv.- pérdida anatómica del miembro inferior izquierdo, lesiones que fueron catalogadas como de carácter permanente. El área de psiquiatría forense se (sic) concluyó que presentaba también

una perturbación psíquica de carácter permanente que afecta su self (imagen psíquica) corporal." DECURSO PROCESAL Una vez llegado el informe de accidente de tránsito acompañado de sus anexos y diligencias, con fecha del 17 de tySéea, de Eadevidiet Página 3 de 23{ Casación No.38441 MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIO g. ./1; det,11/621,40: mayo de 2004, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Zarzal, La Victoria y Obando, abrió investigación preliminar. Luego de practicar algunas pruebas, el 27 de mayo de 2005, se dispuso la formal apertura de la instrucción, ordenándose vincular mediante indagatoria a MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS. La diligencia se cumplió el 28 de septiembre de 2005. El 4 de agosto de 2006, fue cerrada la investigación. Consecuentemente, el 20 de febrero de 2007 se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS, como autor del delito de lesiones personales culposas, conforme en lo dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley 599 de 2000. Ejecutoriada la resolución de acusación, el asunto le fue repartido, para adelantar la fase del juicio, al Juzgado Promiscuo Municipal de Zarzal, despacho que celebró la audiencia preparatoria el 25 de julio de 2007. El día 28 de octubre de 2010, fue realizada la audiencia

pública de juzgamiento. El fallo absolutorio de primer grado fue proferido el 26 de abril de 2011. En su contra interpuso recurso de apelación el apoderado de la parte civil. gliect de a, Página 4 de 23 Casación No 38441 MARINO ALBERTO ORTIZ PALACI0k.,, ave tfinna, aé. El 15 de noviembre de 2011, se profirió la sentencia de segundo grado en la cual el Tribunal revocó, como ya se dijo, lo dispUesto por el A quo. Oportunamente el defensor del procesado y a la vez apoderado de uno de los terceros civilmente responsables, así colmó el apoderado del otro tercero civilmente responsable, preséntaron las demandas de casación que ahora se revisan en su fUndamentación.

SÍNTESIS DE LAS DEMANDAS

1. A FAVOR DEL ACUSADO MARINO ALBERTO ORTIZ

PAHACIOS Y DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

CARLOS JULIO ACHURY ANDRADE (PROPIETARIO DEL TRACTOCAMIÓN) Primer cargo (principal) 'Lo inscribe el demandante en el camino indirecto del error de hecho por falso raciocinio, atribuido al Juzgado del Circuito "al valorar en contra de la sana crítica, los testimonios en que se funda el fallo de condena". Para desarrollar el cargo, el recurrente significa que los testigos de cargo no solo tienen interés en el asunto, sino que desconocen las circunstancias en que ocurrió el accidente. «palma, cle`adinniv», Página 5 de 23 Casación No.38441„?

MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIGO, &n'e 95.4rana at??. frdieéia Así mismo, advierte que el Ad quem se equivocó al verificar el exceso de velocidad por el camino testimonial, a pesar de aceptar imposible recaudar prueba científica. Mucho más, agrega, si tergiversó lo dicho por el acusado en la indagatoria, pues, este no sostuvo que fuese a 40 kilómetros por hora, sino "como a 40 km de velocidad'. Con ello, sostiene, el Juez del Circuito "violó las normas de la sana crítica" Seguidamente, aborda lo dicho por los testigos de cargos, para calificarlos como mendaces, ora porque no estaban en posibilidad de presenciar lo ocurrido —lo que, según su sentir, constituye violación al principio lógico de razón suficiente-, ya en atención a que lo referido por ellos es desvirtuado con los testigos de descargos. Basado en que la víctima no estaba al cuidado de sus padres y trayendo a colación información de prensa respecto a un asunto decidido por la Corte, el impugnante concluye que la causa eficiente de lo sucedido corresponde al actuar de la afectada y la omisión de cuidado de sus parientes, derivando esto en una situación fortuita para el acusado, conforme lo dedujo el fallador de primera instancia. Consecuentemente con lo planteado, solicita el demandante que se case el fallo atacado y en su lugar se emita sentencia absolutoria a favor del procesado y, por ende, del tercero civilmente responsable, propietario del automotor. gryxílt 6/61a/ora

Página 6 de 231 Casación No.38441,„( MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIO&' z. te»?,47, A título de aclaración final, el recurrente cita apartados juri,rudenciales atinentes a la casación discrecional, para después anotar que en su caso "es claro que interponemos el recurso de casación excepcional, con el fin que la Honorable Corté Suprema de Justicia se pronuncie en el caso que ocupa nuesitro estudio, con el fin que se le (sic) garanticen los derechos funOmentales de mis representados". Esto, por cuanto entiende el impugnante que el falso raciocinio atribuido al Ad quem, deriva necesariamente en la violación del debido proceso. Segundo cargo (accesorio) Solo lo rotula el casacionista como "suposición de prueba sobe los ingresos mensuales de la víctima". Se sustenta el cargo en que "El tallador dio por demostrado que la menor de 9 años de edad generaba para la época del accidente un ingreso económico, que fuera de no ser cierto, tampoco resulta probado en el proceso". 1Ya luego añade que por favorabilidad el Ad quem debió apliÓar lo consignado en el artículo 97 de la Ley 599 de 2000, que exige probar los perjuicios materiales, en lugar del artículo 107 del Dedreto Ley 100 de 1980, que no establecía esa demostración. Nbtaiéert. ralométa. Página 7 de 23 Casación Na 3894 MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS'' )A s arm &yema cá frava En consecuencia, depreca el impugnante que se case el fallo

a efectos de eliminar del pago de perjuicios el lucro cesante, dado que no fue probado.

2. A FAVOR DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

(EMPRESA TRANSPORTADORA) El recurrente omite delimitar algún tipo de cargo en la demanda y apenas se limita en el hecho quinto del escrito, a referir que, si bien, el vehículo con el cual se causó el accidente se hallaba afiliado a la empresa por él representada "en el proceso no se probó, que este automotor estuviera prestando un servicio o estuviera despachado por la misma". Para el recurrente, como "toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario", el fallador debió acudir a lo contemplado en el parágrafo del artículo 22 del Decreto Reglamentario 173 de 2001, referido a que las empresas de transporte y los propietarios de los vehículos "podrán vincular los equipos transitoriamente para la movilización de carga, bajo la responsabilidad de la empresa que expide el manifiesto de carga". Sin otras precisiones, el demandante cambia el rumbo de la crítica para sostener, en los ordinales sexto, séptimo y octavo, que "la sentencia se separa considerablemente de la realidad procesal', aspecto al que sólo dedica unas líneas en las cuales cita lo dicho por la víctima, afirmando que se compadece con lo que manifestó el acusado y el testigo presencial de lo ocurrido, grepil,44e2( (4) l¿Idaynéla Página 8 de 23 Casación No.3844V MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS_,, 11;(a-M 9(frema a<e- ("a

conclúyendo que, entonces, la decisión del Juez Penal del Circu to desconoce el "caudal probatorio" y le da "una interPretación diferente a lo que realmente corresponde" En seguimiento de lo anotado, el recurrente dice vulnerado el debido proceso, dado que se desconoció lo testimoniado por el testigp de descargos y en su lugar se dio plena credibilidad a las declal-aciones de los familiares de la víctima "no obstante estar completamente amañadas por el parentesco de consanguinidad, con 10 menor". Por último, al parecer entendiendo que en el trámite tendrá otra oportunidad para el efecto, el casacionista advierte que procLrará dar cumplimiento a las exigencias argumentales en torno de la casación discrecional "exponiendo, así sea de manera sucinta pero clara, qué es lo que pretendo con la impugnación excepcional, señalando, el derecho fundamental cuya garantía persigo o el tema jurídico sobre el cual considero, se hace indisPensable un pronunciamiento de autoridad por parte de esa Corporación." Ninguna solicitud hace, por último, el demandante. CONSIDERACIONES Estima necesario la Sala destacar, en primer lugar, que en aten4ión a la pena dispuesta por la ley para el delito atribuido al decadondic& Página 9 de 24 Casación No.38444 MARINO ALBERTO ORTIZ PALAuots artr 9,79-en ffrd,~ procesado y la intervención en segunda instancia del Juez Penal del Circuito, la posibilidad de recurrir al mecanismo extraordinario de la casación opera por la vía discrecional, como así lo dispone

el inciso tercero del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, normatividad aplicable al asunto examinado. Entonces, era menester que los demandantes especificasen la necesidad de intervención de la Corte, ya para garantizar derechos fundamentales, ora en el cometido de desarrollar la jurisprudencia, como así lo impone el artículo 205 arriba reseñado. Empero, nada dijeron los recurrentes y eso por sí mismo es suficiente para inadmitir la demanda, pues, si ya la casación, con el cumplimiento de los requisitos de legitimidad que la habilitan, demanda de una carga argumental profunda, como quiera que los fallos de instancia arriban a la Corte prevalidos de una doble connotación de acierto y legalidad, esa exigencia se superlativiza respecto de asuntos que normalmente no permiten acceder al recurso, en postulación excepcionalísima que por esa misma condición reclama de justificación amplia y suficiente. Desde luego, si, como aquí sucede, uno de los impugnantes asevera que el sustento de su solicitud radica en el cargo principal postulado y allí se afirma la violación de garantías fundamentales del procesado, siempre será posible aducir que ello por sí mismo permite acudir al camino discrecional. Motig .ext4 r&cloink«, Página 10 de 23 Casación No.38441 MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS Pero, se repite, ello no exonera de la carga procesal de explibar la necesidad de esa intervención discrecional de la Corte, como quiera que se trata de dos exigencias y niveles de arguentación diferentes, de manera que en primer lugar se justifiqquuee ese requerimiento para que la Sala aborde el

conoicimiento del asunto, y en segundo término, se sustente adecuada y suficientemente la existencia del vicio o yerro tras ndente que obliga modificar o revocar la decisión a favor del recu rente. Como es evidente que los demandantes se abstuvieron expresamente de dar a conocer esas motivaciones especiales, por 41 misma la omisión reclama de la inadmisión de sus libelos. Ahora, si en gracia de discusión se dijera que en las demi:-idas examinadas la sola postulación de los cargos reemplaza la necesidad de justificar haber recurrido a la vía disctecional, un segundo obstáculo se aprecia infranqueable y remite específicamente a la ausencia de adecuada funtmentación que soporte las pretensiones de los recurrentes, comp a continuación se expondrá, abordando uno a uno los cargos propuestos.

1. A FAVOR DEL ACUSADO MARINO ALBERTO ORTIZ

PALACIOS Y DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

CARLOS JULIO ACHURY ANDRADE (PROPIETARIO DEL

TR4CTOCAMIÓN)

PAraca Página I I de 23 Casación No.3844 V

MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS: ‘ -eme/eráfir9,4i.vi7/ Primer cargo (principal) Se ha anotado pacíficamente por la Corte, y ahora se reitera, cómo la demanda de casación ha de comportar un mínimo rigor lógico jurídico y argumenta!, pues, no se trata de hacer valer una especie de tercera instancia que sirva de escenario adecuado a la controversia ya superada por los falladores de primero y segundo grados, en la cual se pretende anteponer el particular criterio o

valoración probatoria, a aquel que sirvió de soporte a la decisión de los jueces A quo y Ad quem, entre otras razones, porque a esta sede arriba la decisión judicial con una doble connotación de acierto y legalidad. Se faculta, por ello, que la dicha presunción sea quebrada a través de criterios claros, lógicos, coherentes y fundados, derivados del compromiso de demostrar la violación en la cual incurrió el fallador, suficiente para echar abajo el contenido de verdad de la sentencia, en el entendido que, de no haberse materializado el yerro, otra hubiese sido la decisión y precisamente así se ofrece trascendente recurrir al mecanismo extraordinario de impugnación. Como del desarrollo del cargo se hace patente que el recurrente desconoce la forma de fundamentar la existencia de los errores de hecho, con criterio pedagógico la Sala recordará las pautas que gobiernan el tópico': Mef'rizikac Calorn4a, Página 12 de 231 Casación No.384441 .1" MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOV 65 areefr rana A?ia "Los errores probatorios de hecho, a diferencia de los de derecho, obligan a quien los invoca a aceptar que la prueba respecto de la que los alega fue reconocida por el funcionario como legal, regular y oportunamente allegada al proceso, toda vez que lo discutido constituye vicios fácticos que se desarrollan en tres modalidades: falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio. Incurre en falso juicio de existencia el fallador que omite

apreciar el contenido de una prueba legalmente aportada al proceso (falso juicio de existencia por omisión), o cuando, por el contrario, hace precisiones fácticas a partir de un medio de convicción que no forma parte del proceso, o que no pertenecen a ninguno de los allegados (falso juicio de existencia por suposición). El falso juicio de identidad se diferencia del anterior en que el juzgador sí tiene en cuenta el medio probatorio legal y oportunamente practicado, pero, al aprehender su contenido, le recorta o suprime aspectos fácticos trascendentes (falso juicio de identidad por cercenamiento), o le agrega circunstancias o aspectos igualmente relevantes que no corresponden a su texto (falso juicio de identidad por adición), o le cambia el significado a su expresión literal (falso juicio de identidad por distorsión o tergiversación). La acreditación de un falso juicio de existencia o de un falso juicio de identidad, por tratarse de vicios objetivo contemplativos, es en extremo elemental. En el primer caso basta con identificar el contenido de la prueba omitida y el lugar en el que ésta se halla adosada a la actuación, o con señalar la precisión fáctica que corresponde a un medio de prueba extraño a la actuación o que no pertenece a alguno de los legalmente aportados; y en el segundo, es suficiente con la comparación de lo que de manera fidedigna revela la prueba, con la síntesis o aprehensión que su contenido hizo el funcionario, en aras de evidenciar el cercenamiento, la adición o la tergiversación de su texto. Finalmente, el falso raciocinio difiere de los anteriores en que

el medio de prueba existe legalmente y su tenor o expresión fáctica es aprehendida por el funcionado con total fidelidad, sin embargo, al valorarla,a l sopesada, le asigna un poder suasorio que contraviene los postulados de la sana crítica, es decir, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o sentido común, o las leyes de las ciencias, y en tales eventos Auto <lel 10 de octubre de 2007, radicado 22597 ,e_nbtíÁfiea. ca4ifiéta, Página 13 de 23 Casación No.38444; , MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOr ?:)ibt/e &freeinte ~la el demandante corre con la carga de demostrar cuál postulado científico, o cuál principio de la lógica, o cuál máxima de la experiencia fue desconocido por el juez, e igualmente tiene el deber de indicar cuál era el aporte científico correcto, o cuál el raciocinio lógico, o cuál la deducción por experiencia que debió aplicarse para esclarecer el asunto. No sobra destacar que, adicionalmente, como es sabido, bien se trate de errores de derecho o ya de hecho, tras demostrar objetivamente el dislate, es perentorio acreditar su trascendencia o, lo que es lo mismo, que de no haberse incurrido en él, la declaración de justicia hecha en sentencia habría sido distinta y favorable a la parte que alega el respectivo desaguisado." Acorde con lo transcrito, ostensible surge que el recurrente en lugar de demostrar materializado el falso raciocinio que en primer lugar postula, busca apenas entronizar su particular visión

de lo que las pruebas arrojan, realizando un del todo inaceptable juicio de valor acerca de la credibilidad que los testimonios de cargos arroja, con lo cual, en estricto sentido, se halla lejos de controvertir las razones que sustentaron el fallo de segunda instancia. Es que, sobraría anotar, si claro se tiene que la fundamentación del cargo necesariamente pasa por controvertir la forma en que, para el caso, el Juez Penal del Circuito examinó la prueba, mal puede dirigirse la crítica a la prueba misma. Entonces, si lo atacado es el raciocinio del Ad quem, necesario como insumo para argumentar adecuadamente el cargo, se ofrece el cuerpo motivacional en el cual el funcionario plasmó la credibilidad dada a unos testigos y la razón por la cual «Oldifra de íC&C(MilIVCP Página 14 de 231 Casación No.384411 MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIO; el conjunto probatorio lo llevó a condenar al procesado, en tanto, la vulneración a los rigorismos de la sana crítica en su triple arista de ciéncia, lógica y experiencia, sólo puede encontrarse allí. Porque, se repite, lo que se examina no es el dicho del testio o sus equívocos o aciertos, sino la forma como el fallador asumió esos dichos, equívocos y aciertos. Desde luego, bien poco sirve para determinar el vicio, acudir a conceptos generales y carentes de sustentación como aquellos refer dos a que no se probó con certeza el exceso de velocidad del t actocamión, o que los declarantes de cargo mienten por su

cerc nía con la víctima, o que ni siquiera pudieron percibir lo ocurrido, dado que ello representa una auténtica petición de prin ipio —yerro lógico que estriba en dar por demostrado prec samente lo que tiene que demostrarsey cuando más con ituye apenas un típico alegato de instancia, completamente ajen' a la casación, en el cual busca anteponerse al criterio más autorizado de la segunda instancia, el propio e interesado del recurrente. En el amplio apartado transcrito arriba, se expone cómo debe alegarse el yerro de raciocinio, que demanda delimitar en concreto cuál de las reglas de la experiencia, principio lógico o postulado científico fue el equivocadamente utilizado por el fall4lor, señalar cuál entonces es el correcto, realizar la adeCluación correspondiente en el plexo probatorio y, por último, demCstrar con un nuevo análisis suasorio conjunto, ya expurgado cée Página 15 de 23 Casación No.38441, 3 » MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS'`:.:' , 71,74: s'O/lie/2W 2(9 11 1(117.20 el vicio, que sin este, la decisión habría cambiado sustancialmente. Incontrastable surge que este no fue un ejercicio abordado así fuese de soslayo por el casacionista, quien, apenas como asomo de lo que debe ser una adecuada sustentación del cargo, planteó de forma genérica e inconexa un presunto yerro lógico referido al principio lógico de razón suficiente, referido a que "las declaraciones no logran explicarse por sí mismas". De esta forma manifestada la violación, inconcuso surge que

lo atacado no es el razonamiento o raciocinio del Ad quem, sino lo revelado por los testigos de cargos, con lo cual se desconoce cómo fue abordado ello por el Juez del Circuito o de qué manera afrontó el conjunto probatorio, en tanto, debe recalcarse, la decisión se construye con todo lo que la prueba entrega, independientemente de los vacíos que en particular cada medio comporte. Pero, además, en tratándose del principio lógico de razón suficiente, es menester aclarar que no obedece el mismo, cabalmente, a los postulados aristotélicos de la lógica clásica, sino a un concepto más emparentado con la gnoseología introducido por Leibniz, que se justifica como que sólo se puede dar por conocido lo que se explica con un número suficiente de razones.

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Casación No.38441

MARINO ALBERTO ORTIZ PALACI" arie, 1.23.(dieVi7

Cuando el impugnante, conforme su particular y subjetiva visión, estima que lo probatoriamente recogido no es suficiente para pondenar, siempre podrá decir, entonces, que se viola el princi io de razón suficiente, con lo cual el argumento se vuelve circuí r, pues, a nada conduce. Por ello, no es posible plantear aisladamente el principio en cuest ón, dado que, se repite, más que un yerro lógico, su demostración opera como consecuencia de verificar que no exist n elementos de juicio suficientes para soportar la decisión, circu stancias que pueden obedecer a variados motivos y que impligan, en casación, demostrar esos vicios autónomos, vale

decir, determinar las causas y no la sola consecuencia. íSobra anotar que esa afirmación acerca del principio de razón suficiente operó, en el caso de la demanda que se analiza, apenas fruto de estimar el impugnante que la prueba recabada es insufkpiente para condenar. n suma, como el cargo lo aprovechó el casacionista para introdOcir su interesada visión de la credibilidad que debe darse a los t :stigos presentados por la Fiscalía y jamás aborda la demo tración del vicio de raciocinio propuesto, necesaria se alza su irOdmisión. Segundo cargo (accesorio) 76 1-52frífiiea. de 7Boicortifia Página 17 de 23 Casación No.38441 MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS,' :, 1-1,97/e ia,preywee 4.14átáz Ninguna postulación válida presentó en este cargo el demandante, pues, se limitó a decir que el fallador Ad quem no aplicó el principio de favorabilidad al momento de tasar los perjuicios materiales, en tanto, aplicó lo consignado en el Decreto Ley 100 de 1980 y no lo contemplado en la Ley 599 de 2000. Si lo que se quiere es advertir a la Corte acerca de la presunta violación de cualesquiera derechos, cuando menos el recurrente debe precisar cómo se presentó el yerro y en esa tarea asoma fundamental exponer la forma en que el fallador tasó los perjuicios, a efectos de verificar que, en efecto, se apartó de lo que la ley más favorable consigna. Sin embargo, por fuera de significar que se pasó por alto el contenido del artículo 97 de la Ley 599 de 2000, nada hizo el

recurrente para soportar su tesis, dejándola completamente huérfana de soporte y, cabe precisar, impidiendo de la Sala conocer los fundamentos del cargo, sin que sea posible remediar la omisión, so pena de violentar el principio de imparcialidad. Ahora, parece que el casacionista nada sustentó, precisamente porque lo dicho carece de soporte fáctico, o mejor, se aparta ostensiblemente de los fundamentos tomados en consideración por el Ad quem para tasar los perjuicios materiales. A este efecto, no es posible entender cómo el recurrente afirma que se pasó por alto lo establecido por el artículo 97 de la Ley 599 de 2000, cuando fue esta, precisamente, la norma que g rraliew domé& 2r Página 18 de Casación No.384411 MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOBW 5 ang, .44-esnal teé '4 vke. tuvo 4omo soporte básico el funcionario para fijar los perjuicios materiales, al punto de transcribirla en el texto del fallo, resaltando el apartado referido a que "los daños materiales deben probrse en el proceso"2. in ninguno de los varios espacios que dedica el Juez Penal del C rcuito a determinar el perjuicio material, se aprecia que de verdai, como lo anota el impugnante, "dio por demostrado que la meno r de 9 años de edad generaba para la época del accidente un ingreso económico, que fuera de no ser cierto, tampoco resulta probapo en el proceso". La definición del daño material, cabe reseñar, obedeció a

dar validez al dictamen pericial aportado por experta en la mater a, aunque del mismo entendió necesario el juez restar una alta s ma del acápite correspondiente al lucro cesante. Y, sobre lo que ocasiona cuestionamiento en el casa nista, únicamente se encuentra un párrafo, que en nada f se erriparenta con lo deducido por éste, del siguiente tenor3: "Así las cosas, al valor deducido como lucro cesante deberá restársele un valor aproximado del 30% relacionado con los gastos derivados de la congrua subsistencia de la menor víctima durante su vida productiva, quedando entonces en una cifra equivalente a $63.836.114 como lucro cesante" 2 Véase,tl4 efecto, el último párrafo de la página 27 del fallo de segundo grado 3 Párrafo de la página 28 del fallo de segundo grado gri»aea. cadónika Página 19 de 23 Casación No.3844 I ri MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS 4.4; t,> arte Gira a a :e Por lo demás, resta anotar, si efectivamente el fallador hubiese dado por demostrado que la afectada generaba ingresos económicos para la época en que ocurrió el accidente, ello ninguna relación tiene con el cargo que por violación al principio de favorabilidad intenta el impugnante, o con la exigencia puntual de que los perjuicios materiales deban ser demostrados. Dado que, finalmente, ningún yerro casacional terminó por proponer el recurrente y sus afirmaciones se verifican contrarias a los hechos, también el segundo cargo de la demanda debe inadmitirse.

A FAVOR DEL TERCERO CIVILMENTE

2. RESPONSABLE (EMPRESA TRANSPORTADORA) Si de la demanda anterior se advirtió ligereza y profundas limitaciones argumentales, de la presentada por el apoderado de la empresa transportadora ha de predicarse un absoluto desconocimiento no solo de la casación, sino de la forma de impugnar las decisiones judiciales. Sólo así puede explicarse la extrema ligereza de un escrito que jamás postula algún tipo de cargo y se limita a afirmaciones carentes de desarrollo o sustento, incluso inconsistentes entre sí. Bien poco puede examinar la Sala, al respecto, si en esa deshilvanada propuesta casacional el demandante cita una norma referida a la vinculación transitoria de vehículos para el transporte gr9fraáea, clec&o/onté& Página 20 de 23. Casación No.3844 MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIO arte Pert24 'JIM& de cárga y sin mayor despliegue argumental concluye que se prettó una bastante curiosa vulneración al principio de presunción de inocencia, producto de no allegarse prueba de que el tráctocamión, para el momento de los hechos, transportaba carg al servicio de la compañía afiliadora. Nunca, sin embargo, precisa cómo esa norma incide en la condena solidaria en perjuicios o por qué la empresa está cobijada por el principio eminentemente penal de presunción de inocencia y, desde luego, tampoco dice o prueba que efect vamente para el momento de presentarse el accidente no exist ese relación contractual o de afiliación entre el vehículo y la compañía que representa. Si no controvierte, el demandante, esa relación contractual

que torna a la empresa en obligada solidaria a pagar los perjOcios, las manifestaciones suyas apenas constituyen especulaciones abstractas que ni siquiera precisan el efecto de una liorma aislada que de ninguna manera se aprecia injerir en la decisión. Como en la demanda anterior se precisó ampliamente la forma en que debe discutirse el yerro de valoración probatoria, nada debe agregarse aquí respecto a la afirmación del casabionista encaminada a descalificar a los testigos de cargos y habiltar a los de descargos, evidente como se hace que la crítica no pasa de la simple postura personal, aunque aquí ni siquiera se señála cuál pudo haber sido el tipo de vulneración a los rigorismos iCtra eCrdecaVondia, m? Página 21 de 23 fir Casación No.38441 . A MARINO ALBERTO ORTIZ PALACIOS'i ‘i • .954 -ema cAt_fiZítke de la sana crítica, limitándose el recurrente a sostener que la víctima apoya lo dicho por el procesado y un tercero que observó lo sucedido, sin que ningún coment