CSJ - Sentencia 38469(18-04-2012)

CASACIÓ N. RADICACIÓN: 38469

FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ Aprobado acta No. 139

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil doce. Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación discrecional presentada por el defensor del procesado FELIPE LUCIANO TEDESCO OROZCO, contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, confirmatoria de la proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Adjunto de esa ciudad, mediante la cual lo condenó por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 1.- Aquellos fueron declarados por el juzgador de la

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO minera siguiente: "Génesis de la presente investigación, lo constituye la denuncia incoada por el doctor Uriel Ramírez Hincapié, abogado del Grupo Interno de Trabajo, Unidad Penal, División Jurídica de la Administración de Impuestos Nacionales DIAN, Seccional Cali, en desarrollo del proceso de cobro administrativo, en la cual pone en conocimiento la mora que presentara Felipe Luciano Tedesco Orozco, quien para la fecha de los hechos -ario 2004fungía como representante legal de la empresa

`INVERSIONES SAN DIEGO Ltda.', con NIT

890.307.743, ubicada en la Calle 20 No. 8a-18 de esta ciudad, en los pagos correspondientes a las declaraciones relacionadas con el aviso de cobro de deudas penalizables No. 23145 de 1105-2004, 10374 de 17-08-2004, 38361 de 1309-2004, por concepto de ventas, valor adeudado que asciende a la suma de $76.367.000, más los intereses por mora hasta la fecha de pago". 2.1Con base en los documentos aportados por el denunciante, el 2 de diciembre de 2004 la Fiscalía 76 Secciona' con sede en Cali dispuso la apertura de investigación', vinculó mediante indagatoria a FELIPE LUCIANO TEDESCO OROZCO y posteriormente, 2 pitevia clausura de la investigación por parte de la Fiscalía 98 Secciona]. a donde fueron reasignadas las díligencias , el 3 de julio de 2007 se calificó el mérito 3 probatorio del sumario con resolución de acusación FI. 24 y ss. cno. 1. 2 F. 36 y ss. cno. 1 2

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO en contra del procesado, como presunto autor responsable del delito de omisión del agente retenedor o recaudador, definido por el artículo 402 de la Ley 599 de 20004, mediante determinación que cobró ejecutoria en esa instancia al haberse declarado desierto el recurso de apelación propuesto por la defensas. 3.- El trámite del juicio inicialmente fue asumido por

el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Cali 6, autoridad que llevó a cabo la audiencia pública7, y posteriormente por el Séptimo Penal del Circuito Adjunto de Descongestión con sede en esa misma ciudad5, en donde el 25 de noviembre de 2009 se puso fin a la instancia condenando al procesado FELIPE LUCIANO TEDESCO OROZCO a las penas principales de 36 meses de prisión y multa en cuantía de $152.734.000.00, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la privación de la libertad, al tiempo que le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, entre otras decisiones, a consecuencia de hallarlo penalmente 3 FI. 225 cno. 1 45 Fls. 236 ss. cno. 1 Fls. 251 cno. 1 6 Fls. 263 cno. 1 67 Fls. 303 y ss. cno. 2 FI. 357 cno. 2. 3

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO re1ponsable del delito de omisión del agente retenedor o recaudador a él imputado en la resolución de aclf.isación9. Ap lado el fallo por la defensa'°, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, al conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta, mediante seiitencia proferida el 18 de octubre de 2011 resolvió impartirle íntegra confirmación". 4.- Contra el fallo de segunda instancia, en

opintunidad la defensa interpuso recurso extraordinario de casación 12, siendo concedido por el ad quemn, y dentro del término legal presentó la correspondiente demanda ra, sobre cuya admisibilidad se pronuncia la Corte. 2.- LA DEMANDA Coln apoyo en la causal primera de casación, un cargo follillula el demandante contra el fallo del Tribunal, en 9 Fls 358 y ss. cno. 2 10 FIS. 382 y ss. cno. 2 11 FIS. 375 y ss. cno. 2. 12 FI. 403 y ss. cno. 2. 13 FI . 404 y ss. cno. 2. 14 FI . 409 y ss. cno. 2 4

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO el que lo acusa de incurrir en violación indirecta de la ley sustancial, "cuando de frente a las siguientes pruebas que tuvieron marcada incidencia en el fallo atacado; el Tribunal a mi entender desfiguró la prueba porque se le hace expresar algo diferente a su verdadero contenido, configurándose así un error de hecho por falso juicio de identidad" (sic). Como pruebas indebidamente apreciadas alude a la denuncia penal y la indagatoria rendida por su representado, a copias de algunas resoluciones de preclusión expedidas por la Fiscalía y a los testimonios de Jhon Jairo Blandón y Adolfo Rodríguez, así como a las intervenciones del Ministerio Público y de la Defensa en la audiencia pública. Menciona que error de hecho "por falso juicio de existencia" que pretende acreditar, lo hace consistir

"en no dar por plenamente establecidos unos hechos que se hallan suficientemente probados, viéndose en esta forma afectado el entendimiento o comprensión de la prueba por error de hecho que origina una indebida aplicación de la ley sustancial". Con la pretensión de demostrar su aserto se dedica a reproducir apartes de las mencionadas piezas 5

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO prpcesales, después de lo cual sostiene que el yerro tulvo lugar por no darles "el valor suficiente, no obstante estar legalmente aportadas al proceso". ScIlicita, en consecuencia, casar el fallo objeto de irr1pugnación y dictar "en derecho el que corresponda".

SE CONSIDERA: El artículo 205 de la Ley 600 de 2000, norma 1.1aplicable al caso en estudio, exige para la procedencia del recurso de casación que la conducta punible por la que se procede tenga señalada una pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años. -s Dicho presupuesto no se satisface en el presente caso, ro si se toma en cuenta que la pena máxima para el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, plzr el cual fue condenado el procesado, se encontraba sáncionado para la época de los hechos con pena de tres (3) a seis (6) años de prisión 15, es decir con una sanción privativa de la libertad cuyo máximo no stfperaba el requisito punitivo normativamente exigido

El 15 Artículo 402 de la Ley 599 de 2000 6

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO para acceder a la casación común. Por lo tanto, sólo era viable la excepcional o discrecional prevista en el inciso 2° de la norma procesal. 2.- La Corte ha sido insistente en sostener que la casación discrecional exige para su admisibilidad el cumplimiento de varias condiciones: (i) que el caso no tenga casación común; (ii) que la intervención de la Corte sea necesaria para la protección de las garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia y; (iii) que se presente una demanda que cumpla las condiciones mínimas requeridas por la ley y la lógica casacional para su estudio, en sus aspectos formal y sustancial. 2.1.- El primer presupuesto implica demostrar que los requerimientos de procedencia de la casación común, previstos en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000, por razón de la naturaleza de la sentencia impugnada, su origen, o la pena prevista para el delito por el que se procede, no concurren integralmente, y que la vía de ataque es por tanto la casación discrecional. De este modo, conforme a dicha normativa, la casación discrecional procede contra las sentencias de segunda instancia, proferidas por los Tribunales 7

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO S periores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal M itar, en los procesos que se hubieren adelantado

por delitos que tengan señalada pena privativa de la li rtad cuyo máximo no exceda de 8 arios y, también, co tra sentencias de segunda instancia dictadas por lo Juzgados Penales del Circuito, independientemente de quantum punitivo establecido en la ley para el de ito por el que se profirió el fallo, siempre y cuando se estime necesario el desarrollo de la jurisprudencia, a partir del caso, o la garantía de los derechos fundamentales. 2.12.- El segundo, comporta acreditar, por tanto, que la sentencia impugnada desconoció un derecho fundamental específico que requiere la intervención d la Corte para su protección, o que se está frente a un tema que no ha tenido desarrollo jurisprudencial, o que teniéndolo es necesario replantear, o que -) alrededor suyo se presentan posturas interpretativas disonantes que es indispensable unificar. 2.2.1.- Si el motivo de inconformidad radica en aducir la violación de un derecho fundamental, el drandante debe desarrollar una argumentación lógica dirigida a patentizar el desacierto. En tal medida, le compete demostrar que el juicio se llevó a 8

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO cabo con desconocimiento de una garantía por el quebrantamiento de la estructura básica del proceso o la actividad del juzgador, según sea el caso, e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado y su concreto conculcamiento con la sentencia ameritada. En ese sentido, repetidamente la jurisprudencia ha precisado que cuando se aduce violación del debido proceso, se debe comprobar la existencia de la

irregularidad sustancial que afecte la estructura del sistema que lo inspira. Por ejemplo, falta de apertura de investigación, no vinculación del procesado, no definición de la situación jurídica cuando ella sea obligatoria, o ausencia de la decisión de cierre de la investigación; desconocimiento de la etapa de investigación o juzgamiento; dentro del juicio: de la fase probatoria o de debate oral; de formulación de cargos o sentencia, o la posibilidad de recurrir en segunda instancia, entre otras eventualidades que pudieran presentarse, pero sin dejar de precisar, en todo caso, la definitiva incidencia del yerro en la sentencia, por afectar negativamente los intereses de la parte correspondiente. En cuanto hace a la violación del derecho de defensa, 9

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO es Fle cargo de quien la alegue determinar la actuación qué estima lesiva de esta garantía fundamental, indicar las normas que fueron violadas, y dejar establecido cómo el vicio repercute negativamente en la Validez del rito llevado a cabo y por qué el reo fue privado de oportunidades que le permitieran sacar avante posturas favorables a su situación. 2.2.2.- Si lo que se pretende con la demanda es que la CO-te emita un pronunciamiento con criterio de autoridad en relación con determinado punto jurídico sobre el cual no exista suficiente ilustración y que por os uro deba ser clarificado por vía jurisprudencial, re ulta indispensable que ello se diga expresamente en el scrito respectivo, indicándose igualmente, si lo que se pide es la unificación de posiciones encontradas

sobre el particular con señalamiento de las pr9videncias de la Corte, y no de otra autoridad o autoridades, en las que se observan posturas di'9ergentes sobre una misma temática; la actualización de la doctrina hasta el momento imperante por razón de las nuevas realidades ju ídicas, políticas, económicas o sociales que compete precisar al censor; o el pronunciamiento sobre un tema aúp no desarrollado. Además, debe señalar de qué manera la decisión demandada de la Corte presta el 10

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO doble servicio de solucionar adecuadamente el caso y servir de guía como criterio auxiliar de la actividad judicial. 2.3.- La tercera exigencia, por su parte, impone cumplir los requerimientos mínimos de forma y contenido señalados para la casación común por el artículo 212 del estatuto procesal penal, a saber: (1) identificación de los sujetos procesales y de la sentencia impugnada, (2) resumen de los hechos y de la actuación procesal, y (3) señalamiento de la causal invocada y exposición de sus fundamentos, en la forma requerida por los principios que rigen la casación y la lógica de la causal planteada. En todo caso, la jurisprudencia de modo reiterado ha indicado que es competencia exclusiva de la Corte, en ejercicio de su discrecionalidad, ponderar la fundamentación expuesta por la parte que acude a dicho instrumento, y decidir si admite o rechaza el trámite de la casación excepcional. Si se toma en consideración que en el presente

evento la sentencia de segunda instancia fue proferida por un Tribunal Superior, al procederse por un delito que tiene fijada pena privativa de la libertad no 11

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO superior a seis arios, es claro que contra ella no procede la casación común, sino la discrecional. NO obstante, el casacionista nada dice sobre la precedencia de la casación excepcional. Es más, ni siquiera menciona esta vía de ataque para demostrar la necesidad de intervención de la Corte para la pttección de las garantías fundamentales o el desarrollo de la jurisprudencia. De manera que no invoca esta vía, ni la justifica, como para que la Corte se ocupara de estudiar la admisibilidad al trámite por la vía excepcional, lo cual de entrada da al traste con sus aspiraciones desquiciatorias del fallo de segunda in‘tancia. 5.1 Pero aun si la Corte llegase a suponer que la deMandante cumplió el deber de fundamentar la pttensión relacionada con la procedencia de admitir al trámite casacional por la vía discrecional el prPsente asunto, es claro que tampoco el cargo foltmulado cumple los presupuestos de admisibilidad, toda vez que la falta de claridad, precisión y cuando ncl de idoneidad sustancial, son su rasgo sobresaliente, todo lo cual amerita tener que inadmitir el ibelo. 12

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO Obsérvese que el demandante ni siquiera precisa el tipo de error probatorio cometido por el Tribunal, ni

por supuesto, su trascendencia, pues respecto de los mismos medios indistintamente menciona que se incurrió en falsos juicios de existencia por omisión, falsos juicios de identidad, y da a entender que no se les confirió el mérito correspondiente pese a haber sido legalmente aportados, generando con ello absoluta incertidumbre sobre el verdadero sentido y alcance que pretende darle a su propuesta. Resulta de tal magnitud la inseguridad de la propuesta presentada por el libelista, que así como sostiene que el juzgador incurrió en falso juicio de existencia en la apreciación probatoria, lo que supondría tener que demostrar que el Tribunal dejó de apreciar algunas pruebas válidamente practicadas y que ello determinó la violación indirecta de la ley sustancial por aplicación indebida del precepto que define el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, de manera contradictoria a renglón seguido afirma que en el fallo "no se debió haber tenido en cuenta cada una de ellas aisladamente, ni darle el alcance ni el sentido que verdaderamente le corresponde; se debió fue haberlas tomado en conjunto como una masa de pruebas resultante de múltiples 13

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO el mentos probatorios reunidos en el proceso", dando en sugerir que las pruebas a que alude en su escrito en realidad sí fueron consideradas, sólo que no se les confirió el mérito o el alcance que particularmente rectlama, con lo cual el presunto yerro de existencia po omisión cae en el más absoluto vacío.

Para que la censura tuviera alguna coherencia, el demandante tenía por carga demostrar que los medios de carácter testimonial y documental a que se alude en la demanda objetivamente fueron ignorados en la seifitencia, pese a haber sido válidamente recaudados, Y ue de haber sido apreciados, siguiendo las reglas de la sana crítica, tanto de manera individual como de ctunto, la solución habría sido ostensiblemente di tinta a la adoptada, nada de lo cual siquiera en aya. Se limita a sostener que los aludidos elementos prtbatorios dejan sin fundamento la declaración de copdena, tan sólo porque considera que con ellos se acredita que la sociedad Inversiones San Diego Ltda. fue admitida a liquidación obligatoria por parte de la Superintendencia de Sociedades el 21 de octubre de 20pD5, y que un evento de esta índole resultaba suficiente para decretar la absolución de su asistido. 14

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO No obstante, nada informa sobre la reseña que de dichas pruebas realizó el Juzgado de conocimiento en la sentencia de primera instancia 16 (que para efectos de casación se integra al de segunda en los aspectos que no hubieren sido ni en materia de modificación con ocasión de la apelación interpuesta), relación con el análisis que sobre el particular se efectuó en el mencionado fallo en el cual concluyó: "Esta instancia en momento alguno discute los argumentos esbozados por la representante del Ministerio Público Doctora ANA MARIA

LENGUA BUSTAMANTE y el Doctor DIEGO RIVERA BUENO, en su calidad de defensa técnica del procesado, pues evidentemente, el señor FELIPE LUCIANO TEDESCO OROZCO, en su calidad de representante de la sociedad INVERSIONES SAN DIEGO Ltda. fue admitida a Liquidación Obligatoria por parte de la Superintendencia de Sociedades, citando para tal evento las disposiciones contenidas en la sentencia C-009 de 2003 de la Corte Constitucional en el parágrafo del artículo 665 del Estatuto Tributario, así como los planteamientos de la Fiscalía Delegada ante el Honorable Tribunal Superior de Cali, la primera de las mencionadas, y por su parte, la defensa, menciona como normas legales que amparan a su prohijado, la ley 550 de 1999, en donde se habla del Acuerdo de reestructuración Económica; así consta dentro de la documentación aportada inclusive, por el mismo procesado al momento de rendir su diligencia de descargos, como antes se dijera, dentro de la documentación aportada se aprecia a folios 42 a 70 del cuaderno original el Acuerdo de reestructuración suscrito por la Sociedad INVERSIONES SAN DIEGO Ltda. y sus E 16 Ver folios 21 a 24 del cuaderno del Tribunal. 15

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO acreedores, entre ellos figura la DIAN, y que como también se sabe y así data en el citado documento, su objeto, sus condiciones de pago, las causas para terminación del contrato o

acuerdo, y que como quedó señalado, se terminó por el incumplimiento del no pago (sic) de las obligaciones que suscribió con la DIAN, siendo claros y destacando, que las obligaciones generadas en el ario 2004, y las que se reclaman en esta denuncia , no fueron objeto de acuerdo de reestructuración, pues, vale decir, este acuerdo se suscribió el día 1° de agosto de 2003, y sólo entraban en este acuerdo las obligaciones que hasta ese momento se habían generado, mas no se dice, en ese documento, que las obligaciones que se generaban con posterioridad a esa fecha, entraban dentro de este acuerdo, se insiste, es este mismo acuerdo visible a folio 43, en el acápite OBJETO, reza: ' y bienestar social para la región y ponerla en capacidad de cumplir con el pago de sus obligaciones pasadas...'. "Obsérvese entonces que no se vislumbra en su contenido 'Acuerdo de reestructuración' que se mencione que las obligaciones contraídas posteriores o futuras a este acuerdo, ingresaran como parte del mismo, son obligaciones pasadas, las que hacían parte del acuerdo, no futuras, como las que se reclaman en este proceso por parte de la DIAN -períodos 01, 03 y 05 del ario 2004» (sic). acabado de señalar pone en evidencia que, al Lq cdntrario de lo expuesto en la demanda, el Tribunal sí analizó a detalle no solamente los medios de cdnvicción que el libelista echa de menos, sino lo relativo al acuerdo de pago celebrado con la entidad 16

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO acreedora, así como su posterior incumplimiento, sin dejar de precisar que el mismo comprendía obligaciones que no eran materia de imputación en la sentencia, situación que tornaba inaplicable el motivo de terminación del proceso invocado por la defensa y, que, en este caso, deja sin piso fáctico y jurídico la causal de casación que ahora aduce. Cabe resaltar, de todos modos, que también si se llegase a suponer que el fundamento de la pretensión dice relación con la necesidad de desarrollar la jurisprudencia con respecto a los motivos de preclusión de la investigación o de cesación de procedimiento a que aludía el parágrafo del artículo 402 de la Ley 599 de 2000, la Corte ya se ha ocupado sobre dicho particular, sin que observe necesario variar su criterio entonces expuesto17. En todo caso, la Corte no puede dejar de precisar que aun si por vía de hipótesis se llegase a inferir que la pretensión del demandante es acudir a la discrecionalidad para denunciar el desconocimiento de alguna garantía fundamental, derivado de la presunta incursión por parte del juzgador en violación indirecta de la ley debido a errores de apreciación E 17 Cfr. Auto de Casación de 16 de septiembre de 2009. Rad. 32061 17

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO probatoria, también la inadmisión resulta obligada, pues a este respecto no cabe menos que reiterar la ptura jurisprudencial de la Sala, en el sentido que

por la senda de la casación discrecional no es posible denunciar errores de apreciación de los medios de c+vicción, a menos que éstos constituyan defectos protuberantes que incidan en la debida motivación de la sentencia. E efecto, la Corte se ha orientado por sostener que e " las posibilidades reconocidas en la jurisprudencia pa a acceder a la casación discrecional no se extienden a las hi ótesis planteadas en la demanda, es decir, a discutir la va oración judicial de los elementos de convicción, porque en esa labor los jueces cuentan con la relativa libertad que se dsapsrende de la sana crítica, a no ser que se proponga que s deducciones son producto de una motivación arente, falsa o ausente, supuesto que determinaría, eri caso de que se demuestre y aparezca concretado, la consolidación de un quebranto a las garantías, en cuanto obedecerían tales deducciones a la arbitrariedad -ajena a un estado democrático y constitucionaly no a (se destaca), pero es claro lt: razón y a la justicici' 18 cylie en este caso el casacionista no plantea la nulidad cl• la sentencia por defectos de motivación, sino lo que véladamente sugiere es la incursión por el juzgador en presuntos yerros de apreciación probatoria, con lo 18

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO cual se evidencia que la pretensión no es acudir a la casación discrecional para denunciar la violación de garantías fundamentales o poner de presente la

necesidad de desarrollar la jurisprudencia, sino a la común, improcedente por razón de la pena señalada en el delito por el que se dictó la sentencia. Esto demuestra, que el demandante apenas exterioriza unos particulares puntos de vista para tratar de mostrar su inconformidad con el fallo del ad quem, pero deja de fundamentar la necesaria intervención de la Corte en un asunto para el cual la casación común no resulta procedente, ofreciéndose, por ende, obligada la inadmisión de la demanda. Por el lado que se observe, sea que se entienda que la postulación del recurso obedece a la necesidad de garantizar derechos fundamentales del procesado presuntamente conculcados en las instancias, o de desarrollar la jurisprudencia, es claro que la demandante no cumplió con el deber de indicarle a la Corte, con la claridad y precisión requeridas, la razón o razones por las cuales habría de darle cabida a la casación discrecional a un asunto sobre el cual no se cumplen los presupuestos de la vía común, máxime si 18 Auto. Cas. febrero 9 de 2005. Rad. 23055. 19

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO tpoco logró acreditar que el procesado se e7 ucentra a paz y salvo con la entidad acreedora de los recaudos por impuesto a las ventas y retención en la fuente, durante los períodos señalados en el resumen fáctico realizado al comienzo de esta del te rminación . E tonces, como resultado de analizar detalladamente

el contenido del libelo, sin dificultad se establece que dell mismo no se desentraña con claridad y precisión la existencia de motivo alguno que obligue a la Corte a déclarar la ineficacia de lo actuado o reconocer la viplación directa de algún determinado precepto s stancial que pudo haberse cometido por el juzgador, c mo tampoco surge evidente la demostración objetiva d que al apreciar los medios hubiere incurrido en f sos juicios de existencia, identidad, raciocinio, leOlidad o convicción, es decir, no logra saberse a cuál e'pecie corresponde el yerro, sobre cuál específica prueba recae, cómo se demuestra éste y cómo podía corregirse en sede extraordinaria, nada de ello puede suponer la Corte sin desconocer el carácter extraordinario, técnico, lógico y rogado que la casación ()tienta, con mayor razón si, como en este caso, la única vía procedente sería la excepcional, cuyos 20

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO requisitos de admisibilidad son más exigentes que los de la común, cuestión de la que al parecer el libelista no logra percatarse. Precisamente por lo que viene de resaltar la Sala, es que el libelo se halla distante de cumplir los requisitos mínimos de admisibilidad a los que ampliamente se ha hecho referencia en el cuerpo de este proveído. Quedando entonces patentizado que el libelista no justifica la necesidad de que la Corte admita la demanda para protección de garantías fundamentales

o desarrollar la jurisprudencia, y que tampoco resulta procedente el ejercicio de la discrecionalidad con apoyo en la pretensión de discutir el mérito persuasivo conferido a los medios por el fallador de segunda instancia, sin dificultad alguna cabe concluir que los reclamos formulados no tienen ninguna posibilidad de ser admitidos a su estudio de fondo por la Sala. 6.- Lo observado en últimas en la demanda, es la inconformidad del recurrente con la condena penal, pero sin llegar a demostrar la procedencia del 21

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO instrumento extraordinario de impugnación a que acude, como para que se diera cabida a la casación dicrecional para un caso en el que no concurre la vía común. Ccamo quiera entonces que el casacionista omite fu damentar clara y precisamente los motivos que lo licvan a invocar el ejercicio de la discrecionalidad por la Corte; los reparos que formula resultan inidóneos pára conmover la juridicidad del fallo que se pretende c mbatir y; además, de la revisión de lo actuado no se o serva violación de garantías fundamentales que h gan viable el ejercicio de la oficiosidad por la Sala, re ulta inexorable tener que inadmitir la demanda y di poner la devolución del diligenciamiento al D spacho de origen. Emérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE j; STICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, RESUELVE: IÑADMITIR la demanda de casación discrecional

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FELIPE LUCIANO TADESCO OROZCO presentada por el defensor del procesado FELIPE LUCIANO TEDESCO OROZCO, por lo anotado en la motivación de este proveído. Contra esta providencia no procede recurso alguno. Notifíquese y devuélvase ibunal de origen. Cúmplase.

JOSÉ L IDAS BUSTOS MARTÍNEZ

JOSÉ LUIS BARCE Ó CAMACHO FERNANDO ALBlyro" CASTRO CABALLERO

"

SIGIFRNSD ÉRE MARI O GON,LE MUÑOZ

AUGUS J. IBA Z GUZÍGIAN

JULIO ENRIQUE SOCHA S LAMANCA

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 23