CSJ - Sentencia 39872(17-10-2012)

Casación — inadmite No. 39872 Carmelo Bravo Bravo ; Reptblica de Colombia s Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Aprobado acta N382 Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012). VISTOS La Sala resuelve la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de Carmeio Bravo Bravo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Militar, el 22 de mayo de 2012, mediante la cual confirmó la proferida por ei ! Juzgado Sexto de Instancia ante Brigadas Móviles, el 21 de noviembre de 2011, que lo condenó como autor de la conducta punible de homicidio. Casación — inadmite No. 39872 Carmelo Bravo Bravo República de Colombia

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. Fueron sintetizados por el sentenciador de segundo grade: de la siguiente manera: “El Soldado Profesional Carmelo Bravo Bravo, en su calidad de Ecónomo de la Sección, subió los víveres hasta el cerro del Alto de las Cruces — donde se encontraba acantonado la Compañía “Aniquilador — y allf le solicitó al Soldado José Freyler Aprilla Cuestas que le llevara agua para preparar la limonada, obteniendo una respuesta inadecuada, por lo que aqué! informó a su Comandante de lo ocurrido, motivo por el cual cuando el segundo de los citados arribó al lugar por el requerimiento del superior y colocó el fusil en el piso, el

Soldado Bravo le disparó en varias ocasiones, produciéndole la muerte. El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2002, en la inspección de Guacamayas, jurisdicción del municip¡ó de San Vicente del Caguán, Caquetá”.

2. Por los anteriores hechos, la Fiscalía 64 de Instrucciór: Penal Militar, el 20 de abril de 2011, calificó el mérito del sumaric con resolución de acusación por el delito de homicidio, según lc preceptuado en el artículo 103 de la Ley 599 de 2000.

Casación — inadmite No. 39872 . Carmelo Bravo Bravo ' República de Colombia + Corte Suprema de Justicia

3. La etapa del juicio la tramitó el Juzgado Sexto de Instancia ante Brigadas Móviles, autoridad que el 21 de noviembre de 2011, profirió fallo de primer grado, en el que condenó al citado procesado a la pena principal de 13 años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicia de derechos y funciones públicas por el término de 10 años, como autor del punible de homicidio.

4. Apelado el fallo por la defensa, el Tribunal Superior Militar, eil 22 de mayo de 2012, lo confirmó en su integridad.

La profesional del derecho que vela por los intereses del procesado, interpuso recurso de casación. SI7 NTESIS DEL LIBELO Basado en la causal tercera, según la sistemática regiaca en la Ley 600 de 2000, postula un único reproche contra la sentencia del Tribunal, así: Único cargo Acusa que el fallo de segundo grado se dictó en un juicio

viciado de nulidad, pueste que considera que la justicia penel e Casación — inadmite No. 39872 Carmeic Bravo Brava República de Colombia Corte Suprema de Justicia militar no era la encargada de juzgar la conducíta delictua atribuida al acuisado. Como normas infringidas cita los artículos 29, 85 y 250 de la Constitución Política, 1%, , 6% 16, 19, 196 y 218 de la Ley 522 de 1999, 6 y 13 de la Ley 599 de 2000, 6”, 10, 24 y 26 de la Ley 600 de 2000, por aplicaciór: indebida. Considera que la jurisdicción ordinaria era la compeiente para investigar y juzgar a Carmelo Bravo Bravo, siguiendo los lineamientos de las normas citadas en precedencia, en tanto en él no se estructuraba el carácier funcional del fuero militar. En efecta, dice que para que un delito sea de competencia de la justicia penai militar, debe haber un lazo claro de “origen entre él y la actividad del sarvicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad lijada directamente a una función del cuerpo armado”. Reconoce que el mencionado vínculo se fractura cuando el comportamiento tiícito y la actividad relacionada con el servicio, se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal come ocurre con los delitos de lesa humanidad. Casación — inadmite No, 39872 Carmelo Bravo Bravo¡'

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Anota que el hecho ocurrido el 21 de septiembre de 2007, el procesado, en su condición de Soldado y con su arma de dotación, dio muerte al Soidado José Frayler Asprilla, con “cuien tenía diferencias surgidas por la desobediencia en el cumplimiento de los deberes por parte de este último”. Dice que su defendido era Soldado adscrito a la BRIM 6, “reportando un tiempo de servicios de 7 años y dos meses para la fecha de los hechos”. Pcr su parte, el Soldado José Frayler Asprilla tenía tiempo de servicios de 2 años y 7 meses. Comenta que en la providencia que resolvió la situación Jurídica a su protegido, se advirtió que éste cuando produjo el resultado antijurídico, se hallaba desempeñando misiones administrativas que tiene que cumplir la tropa en el área de combate. A continuación la casacionista pasa a realizar una personal reseña de la actividad procesal cumplida en este trámite, coligiendo que ninguna de las autoridades judiciales “presentó duda respecto de la competencia, habida cuenta que el procesado contaba con la calidad de militar que lo acreditaba como sofldado profesional, había cometido el delito con material de dotación y estando en el área de operaciones cumpliendo funciones F7_ Casación — inadmite No. 39872 Carmelo Bravo Bravo” República de Colombia Corte Suprema de Justicia administrativas, lo que en un análisis ligero de la situación permitía conciluir que estaban ante la presencia del fuem mitlitar. ... En torno a la relación directa entre el hecho delictual y la

función constitucional, estima que en este evento no la hay, puesto que el acontecer fue producto de diferencias “entre las partes que se presentaron en un escenario militar — administrativo pero no en función ni por razón del mismo”. Asevera que las autoridades judiciales que conocieron de la actuación, admitieron que el acusado actuó “motuo proprio l momento de disparar...y que previo a su acaecimiento Bravo y Asprilla habían tenido una discusión por diferencias en su relación laboral”, según así se desprende de algunos fragmentos de las providencias dictadas, las cuales se permite transcribir. Insiste en que la conducta desplegada por Bravo Bravo no está fundada en el servicio que realiza la fuerza pública, esto es, en el cumplimiento de protección del orden público, según la reglado en la Constitución Política y en la ley, toda vez que el acontecer derivó de funciones administrativas. Ó Casación — inadmite No. 39872 Carmeto Bravo Bravo . República de Colombia Corte Suprema de Justicia En tales condiciones, destaca que no se acreditó el factor funcional para que la justicia penal militar conociera del asunto, razón por la cual estima que las plurales decisiones adoptadas en el diligenciamiento están viciadas de nulidad, máxime cuando el Consejo Superior de la Judicatura no se pronunció al respecto. Estima que el error es trascendente, en la medida en que se está en presencia de uno que desconoció el principio del juez natural, motivo por el cual depreca a la Corte casar la sentencia impugnada, declarando la nulidad de todo lo actuado y, consecuentemente, enviando el proceso a la justicia ordinaria.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE La casación en la Ley 600 de 2000 Recuérdese que dado el carácter extraordinario de esta impugnación, al libelista compete elaborar la demanda bajo los estrictos parámetros contemplados en la ley y decantados por la jurisprudencia. Por tanto, no basta con afirmar que en la sentencia o al interior del proceso se cometió un error de derecho o de actividaci, Casación — inadmite No. 39877 Carmela Brave BravoRepública de Colombia Corte Suprea de Justicia dado que debe demostrar la existencia del vicio y su trascendencia frente a las plurales decisiones adoptadas en eil fallo. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, es bien sabido que el recurso de casación constituye el medio por el cual la Corporación revisa la legalidad de la sentencia. De ahí que la demanda cumpla las formatidades estatuidas en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, toda vez que en ella se debe señalar, de manera clara y precisa, la causal con la cual se pretence la Infirmación del fallo, argumentando cómo el vicio de derecho o de actividad, según el caso, cendujo a resquebrajar la providencia. Asi, no resulta atinado denunciar sólo la existencia del vicio que se invoca, sino que al libelista incumbe demostrar cómo el mismo tiene la trascendencia suficiente para romper la sentencia de segunda instancia y por lo mismo, la Corte intervenir como Tribunal de Casación en procura de reparar, entre otros fines, los agravios sufridos a los intervinientes en el proceso objeto de censura. Presupuestos de lógica y debida fundamentación de la

causal tercera de casación, según la sistemática reglada en la Ley 600 de 2000 e Casación — inadmite No. 39872 Carmelo Bravo Bravo República de Colombiz Corte Suprea de Justicia En relación con la acreditación de la causal de nulidad, si bien la Sala ha dicho que es menos exigente que la demostración de las otras, lo cierto es que impone al demandante procecer con precisión, claridad y nitidez a identificar la clase de irregularidad sustancial que determina la invalidación, plantear sus fundamentos fácticos, indicar los preceptos que considera conculcados y expresar la razón de su quebranto, especificar 5 límite de la actuación a partir de la cual se produjo el vicio. De igual forma, compete informar la cobertura de la invalidez, evidenciar que procesalmente no existe manera diversa de restablecer el derecho afectado y lo más importante, comprobar que la anomaiía denunciada tuvo injerencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo inpugnado (principio de trascendencia), dado que este recurso extraordinario no puede fundarse en especulaciones, conjeturas. afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes; de quebranto. En lo atinente a la falta de competencia, recuérdese que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona y su desconocimiento genera nulidad, así como que forma parte de: esa garantiía el denominado juez natural, cuyo respeto se está N Casación — inadmite No. 39872 Carmelo Bravo Bravo República de Colombia

Corte Suprea de Justicia controvirtiendo en esta sede mediante la interposición del recurso extraordinario de casación. Sin embargo, no basta con afirmar el quebranto, porque e necesario identificar el acto procesal irregularmente cumplidc, demostrarse la omisión de un desarrollo jurídicamente exigible conforme a disposiciones que lo establecen, y verificar la concurrencia de los principios que rigen la deciaración de la nulidad, es decir, la taxatividad, protección, instrumentalidad de las formas, convalidación, — trascendencia, residualidao, oportunidad y acreditación.' En esa media, en relación con la demostración de esie motivo de nulidad, el actor está en la obligación de ensefiar y demostrar si el vicio tuvo génesis en el desconocimiento de las normas que regulan el factor de competencia, o en una errada apreciación probatoria, lo cual condujo a que no se advirtiera que el sentenciador no era el llamado a dirimir el asunto, puesto que correspondía a otra jurisdicción distinta de la que profirió el falío de condena. Por tal motivo, en aras de la fundamentación de la censura, compete al libelista respetar, en uno u otro evento, los lineamientos de lógica y debida fundamentación diseñados, tanto ' Auto del 26 de noviembre de 2003, Radicado 17.092. Casación -- inadmite No. 39872

Carmetio Bravo Bravo : —

Repuública de Cotombia Corte Suprema de Justicia para la infracción directa de la norma sustancial, como para la indirecta derivada de la errada apreciación de los elementos de conocimiento, según el caso.

En consecuencia, si la demanda no cumple los anteriores parámetros, sin duda, la decisión a adoptar es la inadmisión del libelo. Calificación de la demanda En relación con el úmnico cargo presentado por la defensora, la Sala advierte que carece del presupuesto de fundamentación, habida cuenta que no demostró que efectivamente los funcionarios judiciales que conocieron de ta actuación, no eran los competentes, puesto que el hecho delictual no está “vinculado” con la actividad militar, razón por la cual el juez natural del acusado era la jurisdicción ordinaria. Como quedó expuesto en precedencia, cuando se trata de proponer el mencionado vicio en sede de casación, se debe acudir a la causal tercera, según la sistemática reglada en la Ley 600 de 2000, pero su desarrollo compete realizarse por el sendero de la infracción directa o indirecta de la ley sustancial, según el evento, dando las razones de orden jurídico o Casación — inadmite No. 39872

Carmelo Bravc: Bravo República de Colombia _-a.— n “

! P Corte Suprema de Justicia probatorias del por qué el funcionario que conoció de la actuación carecía de la competencia para emitir el fallo de responsabilicac contra el acusado. En el supuesto que ocupa la atención de la Corte, es evidente que la censora linicamente postula el reproche por el sendero de la nulidad, pero en lo atinente a la fundamentación, esa labor la hizo consistir en citar una pluralidad de normas que estima infringidas, insistiendo en que no existe vínculo entre la función que desempeñaba el procesado en la unidad militar y el

hecho delictivo y que en el trámite no se acreditó el factor funcional, en relación con el fuero que presuntamente ostentaba su defendido, el cual daba competencia a la jurisdicción penal militar. En esa medida, de esos argumentos no se infiere en qué consistió el error del juzgador, esto es, si lo fue porque aplicó indebidamente las normas que cita, o si la actividad probatoria cumplida en el trámite no evidencia que la justicia penal militar era la competente para investigar y juzgar al acusado. Además, tampoco la demandante se ocupó de evidenciar que los delitos cometidos en ejercicio del desempeño administrativo que se desarrolla al interior de las fuerzas armadas, 1A Casación — inadmite No. 39872 .. Carmelo Bravo Bravo / República de Colombia Corte Suprema de Justicia excluyen el fuero de investigación y juzgamiento de los uniformados por parte de la jurisdicción castrense, en tanto el mismo no se halla vinculaco, de manera estrecha, con la función constitucional de proteger el orden público, conforme aí mandato constitucional y legal. | Por tanto, la Corporación colige que la censura se quedó en la simple nomenclatura, situación que no puede ser corregida en esta sede, en razón del principio de limitación que rige la casación. No obstante, frente al tema en discusión, se hace oportuno recordar que para determinar si la competencia por comportamientos sancionables cometidos por miembros de la fuerza pública, radica en las cortes marciales, no basta acrecitar la actualidad del servicio o la exhibición de prendas o distintivos

que regularmente los distinguen. Es indispensable que al lado de esas condiciones materiales, se confronte la conducta imputada con miras a establecer su proximidad y relación sustancial con la esfera de funciones inherentes al cargo. En efecto, la jurisprudencia constitucional como la de esta Sala, ha sido clara en sostener que el juzgamiento de los militares; por parte de la jJusticia penal militar debe obedecer a actos que se — Casación — inadmite No. 39877 Carmelo Bravo BravoRepública de Colombia De T Corte Suprema de Justicia encuentren relacionados con la actividad. Por ejemplo, e 1 sentencia C-358 de 1997, la Corte Constitucional indicó: “La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión o tarea miltar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental. En este sentido, no todo lo que se realica como consecuencia material del servicio o con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal militar, pues el comportamiento reprochable debe tener una relación directa y próxima con la función militar o policiva. El concepto de servicio n puede equivocadamente extenderse a todo aquello que el agente efectivamente realice. De lo contrario, su acción se desligaría en la práctica del elemento funcional que representa el eje de esia derecho especia”. En el radicado 21.923 de 25 de mayo de 2006, la Sala de esta Corte retomó el tema, así: La Sala de Casación Penal... con palabras suyas, pero

también companiendo las de la Corte Constitucional, ha explicado de manera pacífica, reiterada y conteste, que para que una conducta sea considerada 'en relación con el E Casación - inadmite No. 39872 V Carmelo Bravo BravoRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia servicio”, no basta que el agente ostente esa condición para la época de comisión de los hechos. Es imprescindible, además, que de manera patente el acto esté vinculado con las funciones asignades a las fuerzas militares”. Por oetro lado, la jurisdicción constitucionai consagró tres reglas para establecer si una conducta típica, antijurídica y culpable, realizada por un miembro de la fuerza pública debs ser de conocimiento de la llamada “justicia excepcional” o de la ordinaria, con el ánimo de no burlar los axiomas de juez natural e iguaidad ante la ley. E:stas son: "a) que para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de onigen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto. Esto signífica que el exceso 9 la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por el contrario, si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y

utilza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el 15 Casación — inadmite No. 39872 , Carmelo Bravo Bravo República de Colombia Corte Suprema de Justicia caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta enire los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor... “b) que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiers una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública. Al respecto es importante mencionar que esta Corporación ya ha señalado que las conductas constitutivas de los delitos de lesa humanidad son manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos de la persona, por lo cual no guardarn ninguna conexidad con la Tfunción constitucional de la Fuerza Pública, hasta el punto de que una orden de cometer un hecho de esa naturaleza no merece ninguna obediencia. (...) “C) que la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la justicia penal miltar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nitidamente que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse”. l6 Casación — inadmite No. 39872 Carmelo Bravo Bravo República de Colombia É Corte Suprema de Justicia

En el proceso 18.729 esta Sala, el ?2 de octubre de 2003, expuso: | “En efecto, el artículo 221 de la Constitución Política. modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo N 02 de 1995. establece: De los delitos cometidos por los miembros de la fuerzs pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes ¿ tribunales estarán integradas por m¡embrosjde la fuerza públice en servicio activo o en retiro. “Con base en la anterior preceptiva, la Sala ha venido reiterando que dos son las condiciones que se establecen pare que la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública sea de conocimiento de la justicia penal militara) Que el imputado al ejecutar la conducta punible se encuentre en servicio activo; y b) Que el delito guarde relación con el servicio. “De manera que para la aplicación del régimen foral militar no es suficiente que se tenga la calidad de miembro activo de la fuerza pública al ejecutar el delito es necesario, además, que la Casac— iinóadmnit e No. 39872 ; - Carmelo Bravo Brevo . República de Colombia

Corte Suprema de Justicia conducta punible esté sustancialmente vinculada con la actividad militar o de policía desarrollada por el sujeto agente. Si este nexo no se presenta, será la justicia ordinaria, no la milttar, la que deba conocer del proceso. “En lo que hace retferencia al concepto “relación con eí

Servicio”, la jurisprudencia ha sido reiterativa al señalar que no puede entenderse como una conexión genérica que se presente: entre el servicio activo milttar o de policía y la conducta punible que realiza quien lo presta, sino que es necesario determinar une: conexión entre el comportamiento constitutivo de infracción a le ley penal y los deberes que constituciona! y legalmente le competen a esos servidores públicos, toda vez que tales preceptos imponen las barreras dentro de las cuales se puede actuar en un Estado Social de Derecho. “Por tanto, entre las funciones propias del servicio militar o policial y la conducta punible investigada, debe presentarse una relación según la cual el delito debe ser el producto de un ejercicio extralimitado o desviado de las funciones propias del servicio que prestan las Fuerza Armadas o la Policía Nacional”. (...) De acuerdo con el anterior recuento jurisprudencial, surge evidente que el hecho criminal atribuido al procesado fue 1e Casación — inadmite No. 39872 ; Carmelo Bravo Bravo Repúblic-a de Colombia Corte Suprema de Justicia cometido en razón de las funciones que ejercía como militar en la Compañía “'Aniquilador, de la que formaba parte del Batallón de Contraguerrillas N 60 de la Brigada Móvil N 6. Según la prueba recaudada, en especial la de carácter testimonial, se colige que el acusado era Soldado adscrito a la citada compañía, ejerciendo como función la de ecónomo, estando en el día del acontecer fáctico dedicado a la tarea de trasladar víveres para esa unidad militar, siendo encargado el Soldado Asprilla Cuesta como ranchero, actividad que se abstuvo

de cumplir, en razón a que se dedicó a jugar cartas, lo cual generó el llamado de atención del primero ante el oficial de mando, que al ser requerido por éste surgió una discusión entre ellos que culminó con los resultados ya conocidos. En tales condiciones, resulta atinado concluir que tanto víctima como victimario estaban vinculados al Ejercito Nacional, en calidad de soldados profesionales, que se encontraban en servicio activo, en la medida en que pertenecían a la Compañía 'Anigquiladores', la cual se hallaba en el área de operaciones en le Inspección Guacamayas del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, uniformados que estaban cumpliendo el día de los hechos, las funciones de ranchero y ecónomo respectivamente. Casación — inadmite No. 39872 . Carmelo Bravo Bravc¡ República de Colombia h Corte Suprema de Justicia Ahora, si bien es cierto que ellos no estaban asignados para realizar operaciones de contrainsurgencia, tal situación no llieva a la conciusión que no cumplían funciones propias de los militares, toda vez que dentro del engranaje de la compañía unaos uniformados tienen que ejercer labores específicas ajenas a la confrontación, que en esie evento fueron catalogacas coma “administrativas”. para el buen funcionamiento interno de esa unidad, que sin duda en nada desdice de la calidad de soldados profesionales, pues todos sus integrantes pretenden un fin único como es el de preservar el orden público. Además, ei resultado criminoso por el cual fue condenado Carmelo Bravo Bravo, derivó del incumplimiento de la función de ranchero que desempeñaba la víctima, acto que generó un

malestar, al punto que tuvo que intervenir el oficial de mando, el cual culminó con la muerte del Soldado Asprilla Cuesta dentro de la unidad militar conocida como Compañía Aniguiladores. Así las cosas, la comisión de la conducta punible estaba: intimamente vinculada con la función militar que realizaban los; Soldados Carmelo Bravo Bravo y José Fraylier Asprilla Cuesta. razón por la cual el juez natural para investigar y juzgar «al procesado era la justicia penal militar. 20 Casación — inadmite No. 398772 , Carmelo Bravo BravoRepuública de Colombia Corte Suprema de Justicia Resta señalar que no se observa que con ocasión del fallo impugnado o centro de la actuación, se hayan violado derechos 5 garantías de los intervinientes, como para que tal circunstancia imponga superar los defecios de la demanda, en orden a decidir de fondo, según lo dispone el artículo 216 de la Ley 600 de 2000. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, RESUELVE í INADMITIR la demanda de casación presentadas por la W defensora de Carmeto Bravo Bravo. Contra el anterior numeral no procede ningún recurso. Cópiese, comuníquese y cúmplase. Devuélvase al Tribunai de origen. '

JOSÉ LEONIDAS 6USTOS MARTINEZ

21 Casación — inadmite No. 39572 Carmelo Bravo Bravo , Corte Suprema de Justicia e . . n ” e E— P a - /_ P - “ — _ —

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