CSJ - Sentencia 40515(29-05-2013)

República de Colombia Casación Rad. No. 40515

RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otro,.7- -- E __/ - E

E Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMADE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Aprobado Acta No, 170 Bogotá, D. C., mayo veintinueve (29) de dos mil trece (2013).

ASUNTO: La Sala resuelve acerca de los requisitos de crítica lógica y suficiente demostración de las demandas de casación presentadas por los defensores de los procesados RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ e IGNACIO ALEJANDRO OSORIO LóPez contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medeliín, confirmatoria de la dictada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, que los condenó como coautores de las conductas punibles de homicidio agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos y receptación.

República de Colomhia Casación Rad. No. 405135

RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y gtró b

7 FA Corte Suprema de Justicia HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE: Los primeros fueron reseñados por el ad quem en los mismos términos del escrito de acusación, en donde se

registraron de la siguiente manera: “El 27 de junio del presente año [2009], en las horas del medio día, procedente del sector [de]... la calle 7 con carrera 81 de esta ciudad [Medellín]) ingresó a la clínica de Las Américas el ciudadano ALEXANDER MACHADO ARENAS —indocumentado—, quien había recibido heridas con arma de fuego que le causaron la muerte... Previa información referida a que los agresores ingresaron en un vehículo [Renault] Symbol a la urbanización denominada Frontera de los Bernal, ubicada en la calle 8 No. 84B-65, varias unidades de la Policía Naciona! se desplazaron hasta allí, donde conocieron que quien iba al mando del volante era familiar de la dama que ocupaba el apartamento 211, rodante que fue ubicado en el sótano uno, puesto 55, con placa FBS 242 [falsa' y hurtado con anterioridad'], cuya inspección permitió la recolección de elementos tales como vainillas, huellas y otros. Posteriormente, con el consentimiento de la señora GLADYS VELÁSQUEZ SALDARRIAGA... ingresaron al apartamento [211 y]... en el baño de una de las habitaciones fue capturado IGNACIO ALEJANDRO OSORIO LÓPEZ, inmueble donde además fueron incautados elementos materiales probatorios como tres fusiles, uno de ellos con silenciador, pistolas, proveedores, cartuchos calibre 7.62 y 5.56, chaquetas y gorras con el logotipo de la SIJIN, mismos que permitieron inferir su participación en los hechos. En el fallo de primera instancia se ordenó la compulsa de copias para investigar tal hecho.

? En concreto el 11 de julio de 2007, según lo señala el fallo de segundo grado con fundamento en la estipulación No. 6, véase su página 24. 2 República de Colombia Casación Rad. No. 40515 a RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otrd” Corte Suprema de Justicia Así mismo, dentro de una caseta que servía para el almacenamiento de materiales de construcción [en la misma urbanización), fue aprendido un segundo ciudadano, que respondió al nombre de RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ, hijo de la señora GLADYS, habitante del apartamento 211 y conductor del rodante para el día de los hechos... [quien previamente se habíaj arrojado por el balcón...”. Con fundamento en lo anterior, el 28 de junio de 2009, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía le formuló imputación a RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y a ÍGNACIO ALEJANDRO OSORIO LóPEzZ como coautores de los delitos de homicidio agravado, utilización ¡legal de uniformes e insignias, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos; la cual no aceptaron. El 23 de julio de 2009, ante el Juzgado 35 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías, se les

adicionó la imputación con el delito de receptación, frente a lo cual tampoco se allanaron. El 18 de agosto de 2009, ante el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, se acusó a los incriminados por las conductas punibles por las que se les formuló imputación. República de Colombia 7 Casación Rad. No. 40518 , Ea RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ wótrcjCorte Suprema de Justicia Tramitado el juicio oral, el 9 de diciembre de 2011, fueron condenados a las penas principales de 570 meses de prisión y multa de 652,62 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, al hallarlos coautores de los delitos por los que fueron acusados, a quienes se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria. Impugnáda la sentencia por los defensores, el Tribunal Superior de Medeilín, el 19 de septiembre de 2012, la confirmó en su integridad. Contra esa determinación los abogados de los implicados presentan recurso de casación.

LAS DEMANDAS: Están integradas por una sola censura, cuyos argumentos se sintetizan de la siguiente manera.

Libelo allegado en representación de RICARDO ABAD

LAYOS VELÁSQUEZ: Cargo único: Una vez el actor expone en extenso que con esta censura persigue restaurar la garantía de presunción de inocencia, luego

4 o o República de Colombia Casación Rad. No. 40515RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otró -P Corte Suprema de Justicia desarrolla la misma utilizando términos semejantes, denunciando al efecto la “violación directa” de la ley sustancial, en concreto bajo el argumento de que pesar de que el Tribunal, en la parte considerativa del fallo, reconoció la duda en relación con la responsabilidad del procesado, en la parte resolutiva ello no se reflejó, pues terminó condenándolo. Al respecto refiere que el ad quem expresó, en la parte motiva de la sentencia, (1) que no existía “prueba directa” que demostrara la autoría del inculpado en los delitos que le fueron imputados, (ii) que en el análisis realizado por el experto en balística “no se encontró uniprocedencia entre las vainillas encontradas al interior del vehículo en el cual se movilizaban los acusados, con las recolectadas en la vía pública y las armas incautadas” y (iii) que “no se logró establecer a carta cabal si los acusados fueron aquellos que realizaron los disparos o si fueron los que acorralaron el vehículo del ahora occiso”. En esa medida, el demandante considera que se incurrió en la exclusión evidente del inciso 1% del artículo 7% de la Ley 906 de 2004, así como en la correlativa aplicación indebida de las normas que describen los delitos por los cuales se condenó al enjuiciado. Luego de hacer una amplia referencia al principio de presunción de inocencia, citando en apoyo de esa presentación doctrina y criterio de autoridad, expone que el mismo está

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RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otró

VA VA ” Corte Suprema de Justicia estrechamente relacionado con el de in dubio pro reo, en tanto que aquel solo se desvirtúa si hay prueba que conduzca a la certeza más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, pues, de lo contrario, la decisión debe ser favorable. Anota que si bien en el caso particular la condena se sustentó en que el acusado, “el 27 de junio de 2009, mientras se desplazaba en un vehículo en compañía de otras dos personas, participó en el asesinato de un ciudadano y luego emprendió la huída al lugar de residencia de su madre, sitio al cual momentos más tarde ingresó la policía encontrando armas, uniformes de la SUN y posteriormente se determinó que el auto en que se movilizaba... era hurtado”, no debe perderse de vista que en la sentencia por igual se reconoció la ausencia de “prueba directa” acerca de la participación del procesado en esas conductas, así que lo cierto es que no se logró comprobar “cuáles fueron las actividades efectuadas por éste en la supuesta realización de las conductas reprochadas” y por ende su responsabilidad. Señala que si no se estableció “fehacientemente” la participación del inculpado en las conductas antes mencionadas, no era posible afirmar, “con absoluía certeza”, que era responsable de las mismas y añade, con apoyo en doctrina y criterio de autoridad, que tampoco era deber del implicado

demostrar su inocencia, pues ello sería invertir la carga de la prueba. ( República de Colombia Casación Rad. No. 40515 RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y p'3;€g' - u Corte Suprema de Justicia Agrega, entonces, que “se equivocó el honorable Tribunal cuando en su sentencia postuló... que no existía prueba que directamente implicara a los procesados, pero que por inferencias lógicas sí eran responsables de los delitos” imputados, pues 1“por virtud de la presunción de inocencia, toda duda se resuelve a favor del procesado”. Por tanto, aduce que el desconocimiento del principio de ¿n dubio pro reo en este caso, dio lugar a la violación de la garantía de la presunción de inocencia. Añade, entonces, que en el asunto de la especie se puede concluir que: (1) “no está demostrado que los procesados dispararon para causar la muerte, ni que portaban armas, ni que usaban uniformes de seguridad del Estado, ni que sabían que usaban un automóvil hurtado”, (ii) “no hay prueba de la responsabilidad de los procesados en las conductas endilgadas”; y (ili) “a la Fiscalía le correspondía la carga de la prueba y no probó”. Luego de reiterar el contenido de la parte moctiva de la sentencia en donde, a su juicio, se reconoce la duda sobre la responsabilidad del acusado, alude nuevamente a la doctrina y al criterio de autoridad que había referenciado al comentar los principios de presunción de inocencia e ín dubio pro reo, tras lo

cual reitera que el desconocimiento del último, comporta la violación del primero. República cÍe Colombia Casación Rad. No. 405151

RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y o¡_tr/gf/

A T Corte Suprema de Justicia Así las cosas, señala que como el Tribunal reconoció la duda en relación con la responsabilidad del inculpado en los delitos que se le imputaron, pide casar la sentencia y que sea absuelto. Demanda presentada a nombre de IGNACIO ALEJANDRO

OsorIo LórPez: Cargo único: Inicialmente el defensor hace una extensa introducción en la que refiere que el Tribunal fundó la condena en “inferencias deductivas” a pattir de “indicios”, sobre lo cual realiza algunos comentarios y luego alude a la coautoría, indicando que para poderla'predicar se exige la existencia de un acuerdo común con división de trabajo durante la fase ejecutiva del delito, sobre lo que cita criterio de autoridad.

Expresado lo anterior, analiza el principio de presunción de inocencia y señala que está estrechamente vinculado al de ín dubio pro reo, en tanto que si no hay prueba que conduzca a la certeza más allá de toda duda, no se logra desvirtuar aquella presunción y por tanto la decisión debe ser favorable al procesado. República de Colombia Casación Rad. No. 4051517

RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otro;

£ Corte Suprema de Justicia Afirma que en el caso particular se dejó de aplicar el

artículo 7% de la Ley 906 de 2004, por cuanto se incurrió en errores de hecho al apreciar la prueba. Al respecto indica que en el asunto de la especie la condena se sustentó en que el incriminado, “e/ 27 de jun¡ó de 2009, mientras se desplazaba en un vehículo en compañía de otras dos personas, participó en el asesinato de un ciudadano y luego emprendió la huida al lugar de residencia de la madre de uno de sus acompañantes, sitio al cual momentos más tarde ingresó la policía encontrando armas, uniformes de la SIJIN y posteriormente determinaron los policiales que el auto en que se movilizaba ... era hurtado”. — Así mismo, señala que no obstante lo anterior, el Tribunal admitió en la sentencia lo siguiente: (i) que no existía “prueba directa” que demostrara la autoría del inculpado en los delitos que le fueron imputados, (ti) que en el análisis realizado por el experto en balística “no se encontró uniprocedencia entre las vainillas encontradas al interior del vehículo en el cual se movilizaban los acusados, con las recolectadas en la vía pública y las armas incautadas” y (iii) que “no se logró establecer a carta cabal si los acusados fueron aquellos que realizaron los disparos o si fueron los que acorralaron el vehículo del ahora occiso”, sin embargo el ad quem luego sostuvo que “el análisis de la prueba recolectada sí permite, mediante razonamientos lógicos, República de Colombia Casación Rad. No. 405151_/¡

RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otro”

Corte Suprema de Justicia

establecer, por medio de indicios, que son responsables” de las conductas atrás referenciadas. Asegura entonces, que si como lo admitió el Tribunal, no hubo “prueba directa” acerca de la responsabilidad del acusado en los delitos a él imputados, no hay certeza, por lo que “se abre paso la incertidumbre”, siendo del caso aplicar el principio de mn dubio pro reo. Conciuvida esa amplia introducción, denuncia la violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de los yerros cometidos al apreciar los medios de convicción, lo cual asegura, condujo a dejar de aplicar el artículo 7 de la Ley 906 de 2004. En esa medida, expresa que se incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad al valorar el testimonio de MARTHA Lucia RESTREPO RESTREPO, por cuanto su narración no fue “cruzada con la información obtenida de los demás testigos”. De otra parte, frente a lo depuesto por JHON JAIRO BARRERA ÁLVAREZ, MARIO ALBERTO CADAVID IMONTOYA, EDWIN ANDRÉS RAIGOSA VERA y MARIO ALONSO RESTREPO MONTES, el actor indica que por igual se incurrió en falso juicio de identidad, el cual radicó en que si bien ninguno de los citados logró identificar a los homicidas, pues solamente determinaron la cantidad aproximada de vehículos, pusieron de presente que los mismos no se 10 República de Colombia Casación Rad. No. 405151RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otró: - a Corte Suprema de Justicia chocaron o cerraron a otro, e hicieron referencia a la aceleración

de algunos de ellos, la sentencia terminó siendo condenatoria. Respecto de la declaración de ENORLINO SÁNCHEZ Rivas, el censor denuncia la misma modalidad de error de hecho y expresa que éste se dio porque el Tribunal supuso que observó tanto “e/ momento en que se escuchan los disparos, como el momento en que pasó el vehículo con tres personas y luego el momento en que éste ingresó a una urbanización”, cuando lo cierto es que “quedó muy claro en el juicio, que éste no observó qué vehículo disparó”, pero sí divisó “un vehículo a alta velocidad y por ello concluyó... que podrían haber sido éstos los que estaban disparando”, inferencia que dice el actor, no le era posible hacer al testigo, visto “e/ sentido general de la prueba”. En punto del testimonio del menor ANDRÉES FELIPE RIVERA VARELA, traido por la defensa, asevera que al apreciario también se incurrió en falso juicio de identidad, el cual cifra en que “se desechó de plano los dichos de este joven”, no obstante que afirmó que cuando conducía su vehículo por la carrera 80 con “rumbo hacia la casa de un amigo, recogió a los aquí procesados, pues conocía a uno de ellos, observando que cuando pasaban por la Loma de Los Bernal, desde una moto le disparaban a otro automotor, así que “del susto chirrió las llantas y arranco de ahí para arriba a la unidad donde vivía” su amigo, depónente del que agrega el censor, “fue detenido tres días después con partes de armas (fusiles) y con un maletín igual al se supone estaban las

República de Colombia Casación Rad. No. 40515., RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otro” — Corte Suprema de Justicia armas” encontradas en el apartamento 211, de manera que concluye que no es posible deducirle responsabilidad a su representado en lo sucedido. Bajo esa perspectiva, el defensor señala que la Fiscalía no demostró la existencia de un acuerdo previo entre los procesados orientado a cometer los delitos investigados, así que expresa que si no encontraron en poder de su prohijado las armas, como tampoco en su residencia o en su lugar de trabajo, no era posible endilgarle responsabilidad, pues simplemente el día de los hechos tenía una cita para ir a ver una casa con la GLADYS VELÁSQUEZ SALDARRIAGA (madre del otro procesado) con el fin de negociaria. De otra parte, alega que se incurrió en error de hecho por falso rác¡ocinio en relación con la prueba de absorción atómica, pues visto el sentido de los testimonios, no era posible que el Tribunal afirmara que su resultado se trató de un falso negativo en razón de que se tardó mucho tiempo en tomar las muestras. En esa medida, sostiene que al evidenciarse “la concurrencia de poderosos factores de hesitación que impiden extraer inferencias incontrastables tanto sobre la existencia de la conducta punible como sobre la responsabilidad del procesado, debió aplicarse el principio de in dubio pro reo”, así que pide casar la sentencia y absolver al acusado. 12 República de Colombia Casación Rad. No. 40515 ,

RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y¡o¿t/?g

27 » y ECorte Suprema de Justicia

CONSIDERACIONES DE LA SALA: Cuestión previa: Para que el libelo de casación sea admitido, acorde con lo estipulado en la Ley 906 de 2004, es necesario que satisfaga un conjunto de presupuestos encaminados a que contenga una exposición lógica y debidamente argumentada, conforme se desprende de lo preceptuado en el inciso 2 del artículo 184, pues allí se indica que “No será seleccionada, por auto debidamente motivado... Si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, [o] no desarrolla los cargos de sustentación”.

Así mismo, cabe señalar que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 183 de la Ley 906, el recurso de casación se debe interponer mediante “demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos”. Ahora, a los criterios señalados en las disposiciones citadas, se suma aquel relativo a que concurra la necesidad de proferir un fallo con el objeto de cumplir alguno de los fines del recurso referidos en la última parte del inciso 2 del artículo 184 de la mencionada ley, por cuanto allí se expresa que también se inadmitirá la demanda "cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”. República de Colombia Casación Rad. No. 40515 _. RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y cít_r'ó nA Corte Suprema de Justicia PA En esa medida, es claro que con la Ley 906 de 2004, adquieren significativa importancia los fines del recurso, al punto

que en el inciso 3 del artículo 184 ibídem, se establece que la Corte, “atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mísmós, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo”. Lo anterior permite concluir, que no obstante la demanda de casación no reúuna los presupuestos de orden lógico o argumentativo para su admisión, si la Sala advierte la necesidad de proferir fallo de fondo con el objeto de garantizar los fines del recurso extraordinario, salva tales inconsistencias para acometer el estudió del asunto. Así mismo, es posible la hipótesis contraria, es decir, que a pesar de que la demanda cumpla a cabalidad con los presupuestos formales antes indicados, se deba inadmitir en razón de la ausencia de necesidad de proferir fallo de fondo, pues no hay motivo para activar los fines de la casación. Esta concepción del recurso también ha llevado a exigir que para admitir la demanda se indique y demuestre la necesidad del pronunciamiento de fondo con el propósito de satisfacer alguno de sus fines, es decir, los previstos en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004. República de Colombia Casación Rad. No. 40515 RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y ofroP Corte Suprema de Justicia Siendo ello así, la Sala observa que no obstante las demandas se ocupan de expresar que persiguen el restablecimiento de la garantía de la presunción de inccencia, igualmente se.evidencia, como más adelante se expondrá al

estudiar cada uno de los cargos que las integran, que allí se parte de una realidad distinta a la que objetivamente refleja la actuación Y, por tal motivo, no se precisa de un fallo de la Corte, amén de que tampoco considera necesario superar esta falencia para decidir de fondo. ll. Sobre las demandas en concreto: Libelo allegado en representación de RICARDO ABAD

LAYOS VELÁSQUEZ: Cargo único: Como quiera que en síntesis se alega la violación directa de la ley sustancial, por cuanto a pesar de que el Tribunal reconoció la duda en la parte motiva de la sentencia en relación con la responsabilidad del procesado frente a los cargos por lo cuales fue acuéado, finalmente en la parte resolutiva lo condenó, es preciso anotar que ello es el resultado de ignorar el contenido objetivo del fallo impugnado.

15 República de Colombia Casación Rad. No. 40515 , RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y ofró Corte Suprema de Justicia Inicialmente es oportuno recordar que si bien la Sala? ha señalado que cuando se admite la duda en la sentencia acerca de la existencia del delito o de la responsabilidad del implicado, se debe invocar la violación directa de la norma sustancial, lo cierto es que en el caso particular ello no ocurre así, por cuanto se advierte que el censor convenientemente toma un sector de las consideraciones del fallo impugnado, en donde se indica que no hay “prueba directa” que demuestre la participación del procesado en los hechos aquí objeto de juzgamiento, ignorando el profuso análisis acerca de las inferencias lógico jurídicas a

través de operaciones indiciarias que dieron lugar a dictar la condena, de donde se sigue que el actor ha debido denunciar la vulneración mediata de la ley, poniendo de presente los yerros cometidos en la realización de esas operaciones. Ahora, del contenidode la censura se advierte sin dificultad que esa tarea en meodo alguno fue emprendida por el impugnante, por ¡o que además de dejar de lado la realidad procesal, el ataque que le correspondía adelantar siquiera fue timidamente propuesto. Al margen de lo señalado en precedencia, en aras de la claridad, conviene recordar que el Tribunal, en el capítulo de las consideraciones, inicialmente determinó que el problema jurídico planteado por los defensores se reducía a “si de la prueba Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 19 de mayo de 2000, radicación No. 13432, entre muchas otras. 16 República de Colombia Casación Rad. No, 4051 g/ RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y pt¿ o7 7 Corte Suprema de Justicia legalmente recaudada en el juicio oral era dable establecer más allá de cualquier duda, sí los dos acusados eran responsables, como coautores materiales, de los delitos que les fueron endilgados por el ente acusador”, pues recordó que los apelantes no cuestionaron “a materialidad de cada una de las infracciones por las cuales fueron sujetos de juicio de reproche”. En esa medida, se tiene que el ad quem, luego de demostrar la existencia de cada una de las conductas punibles

por las que se procedió en el sub judice, expresó que como el argumento central de la defensa era que en tomo de la responsabilidad de los acusados no se había recogido prueba en el juicio, “ni siguiera por vía indiciaria”, en ese contexto el Tribunal afirmó: “Desde luego, debe aceptarse por la Sala, que en verdad dentro de este proceso no existe prueba directa que señale a IGNACIO ALEJANDRO OsoRIO o a RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ; como los coautores del homicidio o como responsabledsel delito de receptación, o respecto de los delitos contra la seguridad pública o la administración de justicia, pues ninguna prueba, de las estipuladas o de las evacuadas en el juicio oral, señaló en forma directa a los acusados como las personas que el día veintisiete de junio de dos mil nueve, dispararon en contra de ALEXANDER MACHADO ARENAS causándole la muerte, o que fueran vistos claramente portando las armas y las municiones, o las prendas de vestir de un organismo de seguridad del Estado pero, en eso se distancia la Sala de las conclusiones de los recurrentes, pues el análisis de la prueba recaudada sí permite, mediante razonamientos lógicos, establecerp,or medio de indicios, que son responsables de dichas conductas.” (subrayas fuera de texto). República de Colombia Casación Rad. No, 40515

RICARDO ABAD LAYos VELÁSQUEZ y Qtrc$./

—EA 7 ua .'íl Corte Suprema de Justicia De lo anterior se sigue, que en ese momento el juzgador de segundo grado si bien reconoció la ausencia de “prueba directa”.

a su vez afirmó que a través de razonamientos lógicos realizados a través de operaciones indiciarias, se establecía la responsabilidad de los enjuiciados. Ahora, más adelante el ad quem, despues de desvirtuar el dicho del menor ANDRÉS FELIPE RIVERA VARELA, con el cual la defensa intentó poner en duda el compromiso penal de los acusados, procedió a analizar la versión del perito en balística en orden a señalar que a pesar de que éste concluyó que no había uniprocedencia entre las vainillas encontradas en el vehículo decomisado y las armas de fuego halladas en el apartamento 211, lo cierto era que el calibre de aquellas coincidía con el de éstas, como también con el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima y las vainillas recogidas en la escena del crimen, amén de que no debía olvidarse que fueron varios los partícipes y que el testigo MARIO ALBERTO CADAVID MONTOYA afirmó que uno de los ocupantes de la moto que intervino en la agresión, en efecto le pasó un objeto a los tripulantes del otro vehículo que por igual ¡nbursionó en el atendtado, objeto que el deponente identificó claramente como un fusil, tipo de arma al que también aludió la

declarante MARTA LUCÍA RESTREPO RESTREPO.

En fin, desvirtuadas cada una las prueba de exculpación, incluidas las declaraciones de los familiares del procesado RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ, al punto que incluso se dispuso República de Colombia Casación Rad. No. 40515 7

RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otrb,

Corte Suprema de Justicia la compulsa de copias por el a quo para investigar a dos de ellos por faltar a la verdad, así como respecto del menor RIVERA VARELA, enseguida sostuvo el Tribunal: “Es verdad que no hay prueba directa de la participación de los acusados en los sucesos que culminaron con la muerte de ALEXANDER MACHADO ARENAS, pero sin duda la prueba indiciaria genera suficiente fuerza de convicción para concluir que estas dos personas aquí juzgadas sí participaron, como coautores, en el homicidio” (subraya fuera de texto). Ahora, afirmado lo anterior, el ad quem se dedicó a p6ner de presente cada una de las inferencias lógico jurídicas a través de operaciones indiciarias que apuntaban de manera inequívoca a demostrar la responsabilidad de los implicados en los delitos, en particular en el atentado contra la vida, por lo que de todo lo señalado en precedencia se desprende pacificamente, que en modo alguno el juzgador de segundo grado admitió la duda en punto del compromiso penal de los enjuiciados, como lo quiere presentar el demandante. No sobra mencionar, que las inferencias lógico jurídicas a través de operaciones indiciarias gozan de plena aceptación en el escenario de los procesos gobernados por la Ley 906 de 2004, como lo ha venido sosteniendo invariablemente la Corte, pues al respecto ha expresado: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de marzo de 2006, radicación No. 24468. entre muchas otras. 19 República de Colombia Casación Rad. No. 40515 .

RICARDO ABAD LAYOS VELÁSQUEZ y otroA ECorte Suprema de Justicia “Las inferencias lógico jurídicas a través de operaciones indiciarias son pertinentes dentro de la sistemática procesal vigente para permitirle al juez un «convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda duda» (Ley 906 de 2004, artículo 7”), que cuando ello se alcanza le permitan proferir sentencias de condena en contra de los acusados. La prueba indiciaria surge de un hecho indicador, probado en el proceso, del cual el operador judicial infiere lógicamente la existencia de otro, es decir, el indicio es un hecho conocido del cual se deduce otro desconocido. Así pues, la operación del juez al encontrarse con un indicio, consiste en tomar el hecho demostrado y analizarlo bajo las reglas de la experiencia y de la lógica, para que como resultado aparezca la conclusión lógica que se está buscando. Dicho de otro modo: «Todo indicio se configura a través de un hecho indicador singularmente conocido y probado, un hecho indicado a demostrar, el que a través de un proceso de inferencia lógica permite deducir la autoría, responsabilidad o las circunstancias en que se ejecutó la conducta punible»”. La atribución de eficacia probatoria a los indicios, como ocurre con los medios de convicción en general, depende de su confrontación o cotejo con el conjunto del acervo probatorio y de su gravedad, concordancia, convergencia y relación con las pruebas que hayan sido recolectadas en el

juicio oral.” Así las cosas, siendo claro que la realidad procesal se encarga de mostrar una situación totalmente distinta a la pregonada por el censor, pues en el fallo impugnado no se admite la duda acerca de la existencia de los delitos y la 5 “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 5 de octubre de 2006, radicación No. 25582”. S "En el mismo sentido, pero respecto del proceso civil, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencía de 3 de marzo de 1984”. 7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 17 de marzo de 2009, radicación No. 30727. 20 República de Colombia Casación Rad. No. 40515

RICARDO ABAD LAYOS VELÁ