CSJ - Sentencia 40836(10-04-2013)

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RADICACIÓN No. 40836

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Aprobado Acta No. 106 Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil trece (2013). ASUNTO La Sala se pronuncia acerca del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno, contra la decisión adoptada el 21 de febrero pasado por el Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, mediante la cual se declaró incompetente para continuar conociendo de este asunte, revocó el auto qué admitió el trámite del incidente de restitución de tierras y ordenó el envió de las diligencias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

HECHOS Y ANTECEDENTES

1. La Sala en anterio.. r oportuni.d ad concretó , los pri. meros, así ,1¡ : Auto de 17 de noviembre de 2011, Rad. 37805

1

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z “Dentro del precesce que en virtud de la Ley 975 de 2005 se adelanta contra DAIROÓON MENDOZA CARABALLO y FREDDY RENDÓN HERRERA, la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno, actuando a través de apoderada, solicitó la restitución del predio rural denominado “Beliavista”. El cual afirma, se vio obligada a abandenar a principios del año 1990 ante las amenazas contra su vida y la de su familia por parte del grupo paramilitar denominado onginalmente “La 70” cuyc jefe era Carlos Cárdenas, y el cual, a la muerte de este se denominó “Eimer Cárdenas” temando el mando Freddy Rendón Herrera alias “El Alemán”. . “Expuso que el Gobiemo Nacicnal, consciente de la situación de los despiazades, prefirió el Decreto 2007 de 24 de septiembre de 2001, implementado cuatro años después de su publicación, permitiendo proteger la propiedad de los inmuebles de les desplazados medianie la limitación del derecho de dominio c de prescripción por posesión, medida a la cual se acogió, conlievando a que el INCODER seccional Medellín, emitiera la Resolución 0935-OET No, 2, ordenándole al Registrador de Instrumentos Públicos de Turbo, “inscribir la limitación ai dominio ante el folio de Matrícula Inmobiliaria — del predio de mi propiedad, protegiéndolo o impidiéndole, '...cualquier acción de enajenación o transferencia de los títulos de propiedad...” tal como consta en la anotación No.

12.... “Refinó que una vez relomó la calma a la región, inspeccionó el predio, encontrando una decena de construcciones pequeñas y rústicas, a excepción de la construcción principal que fue modificada. Al indagar por les intrusos, fue informada que la propiedad la había temado el paramilitar alias “Caros Correa” y que luego de producida su muerte, la esposa de éste de nombre Nelly Durango seguía ejerciendo actes de dueña sobre su prepiedad. “Señaló que el 17 de abril de 2007, radicó querella por ccupación de hechc ante la alcaldía de Necocii, la cual fue rechazada por 2 | " as RADICACIÓN No. 40836

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Zn Tapema 4 Ja SEGUNDA INSTANCIA af/,/?/-/'/;7nzz ae fessticiz carecer de competencia, ya que se trataba de un predio agrario, decisión que al ser recurida, fue confimada por la Gobemación de Antioquia. “Trató de recuperar una parte de la finca, lo cual le fue impedido por los invasores. En vista de ello, acudió a la Fiscalia 96 Local de Necocli, autoridad que el 7 de junio de 2007 escuchó en declaración a Nelly Durango, quien afimó haber comprado el predio hace aproximadamente 12 años a alias “Cocacolo” por la suma de ochocientos mil pesos, persona de la cual fuvo conocimiento se desmovilizó del Bloque Elmer Cárdenas y cuyo nembre es Dairon Mendoza Caraballo.

“Sostuvo que tras el abandono del predio, su hija Rocío Moreno Briceño quedó a cargo de la finca, siendo citada por Cartos Correa para obligara a realizar la verita, a lo cual se negó y antes por el contrario, informó el chantaje a la Brigada del Ejército, situación que conilevó a que mediante panfieto de 1% de mayo de 200?, emanado del Bloque Elmer Cárdenas, toda su familia fuera declarada objetivo militar, dándoles 24 horáas de plazo para abandonar la región, advirtiéndoles que no podían realizar ninguna reclamación por su tierra. Íncluso, por tales amenazas, el Gobiemo de los Estados Unidos de América otorgó asilo político a su descendiente. “Relató que para tratar de legalizar el despojo y la usurpación de la tierra, Nelly Durango radicó ante el Juzgado Civil del Circuito de Turbo demanda de pertenencia, la cual fue admitida el 31 de agosto de 2007, a pesar de la anotación número 12 en la que se indica la resolución del INCODER dando protección a su predio. “Expuso que el 24 de noviembre de 2008, se dirigió al Fiscal 19 Especializado de Apoyo de las Fiscalías de Justicia y Paz, solicitando la restitución de su inmueble para lo cual narró los hechos que dieron lugar a su desplazamiento, su inscripción y reconocimiento como víctima ante Acción Social, a pesar de lo cual, transcurridos 31 meses ningún pronunciamiento obtuvo. 257 G =%/?//í /Zí:/a PA á ...a;7z///fséz

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SEGUNDA INSTANCIA Z Y Her/a c_//,/.z/;w¿a ae [ustezda z “A principios del mes de febrero 7de 2010, solicitó a las Fiscalías 19 y 48 de Justicia y Paz recepcionaran declaración a DAIRON MENDOZA CARABALLO alias “Cocacolo” para demostrar la conexidad entre éste, Carlos Correa y Nelly Durango y surtida la diligencia se le restituyera su predio. Al no obtener respuesta, acudió a la acción de tutela, cuyo conocimiento correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que no puso en duda los derechos que como propietana tiene sobre el mencionado inmueble. “Narró que el 27 de abril de 2011 elevó solicitud de vigilancia especial al Coordinador de la Procuraduría de Justicia y Paz, quien mediante oficio 265 de 27 de mayo de 2011 no solamente le da razón, sino que además ordena a sus subaltemos ejercer un seguimiento a la actuación de los fiscales. “Como fundamento de derecho, trajo a colación lo señalado en la Ley 1448 de 2011 (Ley de restitución de tierras), Ley 975 de 2005 y Ley 906 de 2004.”

2. Esta Sala de la Corte asignó la competencia para conócer el incidente de restitución de tierras propuesto por la señora Haydee Briceño de Moreno, al Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

3, En desarrollo del trámite incidental, el Magistrado de Garantías había fijado el pasado 21 de febrero para descorrer el traslado de la soliciíud de restitución a quienes actualmente están ocupando el inmueble, solicitaran pruebas y, finalmente, decidir sobre las pedidas por los intervinientes, sin embargo, cambió su objeto y procedió a declararse incompetente para continuar conociendo de este asunto. Ibid.

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SEGUNDA INSTANCIA DECISIÓN RECURRIDA El a quo argumentó que el parágrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1592 de 2012, por medio del cual se adicionó el artículo 17B en la Ley 975 de 2005, determina la competencia de los Magistrados con funciones de control de garantías para conocer acerca de los bienes relacionados con el proceso de justicia y paz, para lo cual estableció exigencias que en el caso bajo examen no se complacen, porque el inmueble objeto del Mmismo no se encuentra afectado con medida cautelar. Tampoco es aplicable, aseveró, el parágrafo tercero de la aludida disposición, porque en este caso el inmueble no fue entregado, ofrecido o denunciado por los postulados, o identificado por la Fiscalía General de la Nación con potencialidad para ser restituido. Por su parte, el artículo 38 de la Ley 1592 de 2012 coñsagra el único caso excepcional en que los Magistrados de Justicia y Paz con función de control de garantías conservan la competencia para

-conocer de asuntos relacionados con la restitución de tierras, al cual no se adecua la situación examinada. De otro lado, no se satisfacen las hipótesis fijadas por la jurisprudencia de la Corte para que los magistrados de Justicia y Paz - conozcan de aspectos relacionados con bienes fen el proceso de justicia y paz], porque: (1) el bien objeto del trámite no fue entregado, ofrecido o denunciado por los postulados y (il) ninguno de ellos ha confesado el hecho delictivo [que originó el desplazamiento forzado 5 3 , C Z _'/)¿Ó¿/2¿¿;/;¿/:a as Xá,av?v»/./¿'r¿

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SEGUNDA INSTANCIA 2 ¿_/?/a'¿/& _%/áé//)f//¿ ae , Plccc de la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno y su familial, no obstante, afirmó, tramitó el incidente cuando tenía la competencia. En consecuencia, bajo el supuesto que perdió “jurisdicción y competencia” para continuar con el trámite de este asunto, revocó la decisión mediante la cual lo admitió y ordenó el envió inmediato de las diligencias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con fundamento en los artículos 85, modificado por la Ley 1395 de 2010, y 138 inciso ? del Código de Procedimiento Civil. MOTIVOS DEL DISENSO La anterior decisión fue apelada por el apoderado de la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno, quien expuso que el Magistrado

de Justicia y Paz con función de control de garantías debe continuar el conocimiento de las diligencias, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 1592 de 201?, pues éste dispone que los incidentes de reparación integral del proceso penal especial de justicia y paz iniciados con anterioridad a su entrada en vigencia, continuarán su desarrollo conforme al procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el incidente de identificación de las afectaciones causadas previsto en el artículo 23 de la misma ley, el cual modificó el artículo 23 de la Ley 975 de 2005. En el mismo sentido, afirmó, las disposiciones aludidas no condicionan el trámite incidental a la existencia de una medida cautelar, ni al ofrecimiento [de los bienes involucrados] por parte del

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ZO s SEGUNDA INSTANCIA JRA — a;/á-?¿wz.r¿ de fasticaa postulado, sino a que hubiese sido iniciado antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012 y “es un hecho incuestionable que el incidente de reparación integral que nos ocupa fue abierto, radicado el 14 de julio de 2011, es decir, en vigencia de la Ley 975 de 2005”. De otra parte, alegó que el a quo no podía invalidar por circunstancias sobrevinientes la actuación legalmente adelantada, ya que al decretar la invalidez de lo actuado '“por decaimiento” [de la competencia], conileva prolongar el sufrimiento de las víctimas, dado que en tal hipótesis, la actuación de la Unidad Administrativa Especial

de Gestión de Tierras Despojadas, apenas constituiria un primer paso, pues tendría que enviarla a los jueces de restitución de tierras en donde se iniciaría un largo y tortuoso proceso, lo que constituiria una injusticia. También señaló que la decisión de enviar el proceso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas entra en contradicción con la jurisprudencia de la Corte, que ha establecido que la restitución debe efectuarse mediante trámite incidental, como así lo razonó el 15 de septiembre de 2010 dentro del radicado 34740, además, en este caso, fijó la competencia en el Magistrado de Justicia y Paz de Medellín con función de control de garantías para adelantar el incidente de restitución de tierras. INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES Descorrido el traslado del recurso interpuesto a los demás intervinientes, el Ministerio Público opinó que el apoderado de la actora confunde el incidente de restitución de tierras con el de

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DAIRON MENDOZA CARABALLO SEGUNDA INSTANCIA f'i/í/z; _C/:///:1 E =P27 ¿Á,: , ¿)¿JÓIM6(// identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, al cual hacen referencia los artículos 23 y 40 de la Ley 1592 de 2012. Y respecto de la decisión cuestionada coincidió con el a quo en que partir de la vigencia de esta ley, la jurisdicción de justicia y paz perdió competencia para decidir acerca del primero.

CONSIDERACIONES

1. Con fundamento en los artículos 26 de la Ley 975 de 2005 y 32.4 de la Ley 906 de 2004, la Corte desatará el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno.

2. Los problemas jurídicos a resolver, a partir de la decisión cuestionada y lo expuesto por el recurrente, se concretan a determinar (1) si a partir de la vigencia de la Ley 1592 de 2012 el Magistrado de Justicia y Paz del Tribuna! Superior de Medellín con función de control de garantías perdió competencia para continuar este trámite y, (1) si la conservaba para revocar el auto que admitió el incidente de restitución. 2.1 Las disposiciones de la Ley 1592 de 2012 acerca de la competencia de los magistrados de justicia y paz en materia de bienes.

Con la finalidad de asegurar la reparación de las víctimas del conflicto armado interno, la aludida ley, mediante la cual se reformó y adicionó 8 2 7 9 e2%//¿¿¿/7¿&(4 á>é Ó&/¡f'??¿ /í/4

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C y G7 DO - yra de /¿ad¿2¿¿á la 975 de 2005 y, además, se expidieron otras disposiciones, introdujo al cuerpo de ésta los artículos 17A y 17B, a través de los cuales regula aspectos significativos en materia de bienes. Así, el 17A señala que dentro del proceso de justicia y paz serán

objeto de extinción de dominio los bienes entregados, ofrecidos o denunciados p'or los postulados parcontaribu ir a la reparación integral de las víctimas, así como los identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones, podrán ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo 17B. El parágrafo 1 de la misma norma establece que se podrá extinguir el derecho de dominio de los bienes, aun cuando sean objeto de sucesión por causa de muerte o su titularidad esté en cabeza de los herederos de los postulados. Y, el parágrafo 2% determina que la extinción de dominio también recaerá sobre los: derechos reales principales y accesorios que tenga el bien, así como sobre sus frutos o rendimientos. El artículo 17B fija el procedimiento para la imposición de medidas cautelares sobre los bienes ofrecidos por el postulado, sean de su titularidad real o aparente, o denunciado los del grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció, o cuando la Fiscalía haya identificado bienes no ofrecidos o denunciados por los postulados, para lo cual el fiscal delegado dispondrá la realización de labores investigativas en orden a lograr la individualización plena de esos bienes y la documentación de las circunstancias relacionadas con la posesión, adquisición y titularidad.

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E L Zn SEGUNOA INSTANCIA Darl - ¿/,/$,.¿¿7?p,¿¿ de feedticocia 1 La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación

Integral a las Víctimas — Fondo para la Reparación a las Víctimas, de conformidad con lo establecido en el artículo 11C? de la Ley de Justicia y Paz, participará en labores de alistamiento de los bienes susceptibles de ser cautelados suministrando toda la información disponible sobre los mismos, la cual deberá ser soportada ante el magistrado con función de control de garantías en la audiencia donde adoptará decisión sobre la imposición de medidas cautelares.. La Fiscalía pedirá ante el magistrado con función de control degarantías audiencia preliminar reservada para la solicitud y decisión de las medidas cautelares, cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución, diligencia a la cual debe convocarse a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las | Víctimas. Esta disposición también indica cómo se materializa la medida cautelar sobre los bienes involucrados, de acuerdo con su naturaleza, los que en todo caso serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral de las Víctimas — Fondo para la Reparación de las Víctimas, quien tendrá la calidad de secuestre y estará a cargo de la administración provisional, hasta tanto se profiera sentencia de extinción de dominio. La misma norma establece que si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas — Fondo para la > Esta norma se refiere a la vocación reparadora de los bienes entregados, ofrecidos o

denunciados por los postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. 10

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ENGlO - DILPIZ ¿7,é y N ecdlccas N Reparación de las Víctimas tiene bajo su administración bienes sobre los cuales no se ha decretado medida cautelar, podrá solicitar ésta al magistrado con función de control de garantías, directamente o a traves de la Fiscalía General de la Nación. El parágrafo 2 establece que cuando la medida cautelar se decrete sobre bienes respecto de los -cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución, aquellos y esta serán transferidos a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para efectos de su trámite a traves de los procedimientos previstos en la Ley 1448 de 2011 y normatividad complementaria, sin que sea necesario el levantamiento de la medida cautelar. El parágrafo 3 determina que si los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados o identificados por la Fiscalía General de la Nación tuvieren solicitud de restitución ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas — Fondo de Reparación a las Víctimas, el fiscal delegado solicitará la medida cautelar sobre los mismos y una vez decretada los enviará al Fondo de la Unidad

Administrativa Especial de Gesf¡ón de Restitución de Tierras Despojadas, para que aquella sea tramitada acorde con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. Por su parte, el artículo 17C establece el procedimiento incidental que debe seguirse cuando hay oposición de terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para extinción de dominio en virtud de lo dispuesto en el artículo 17B. Con dicha finalidad, el interesado podrá presentar 11 Le PCa lómbae

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DAtRON MENDOZA CARABALLO SEGUNDA INSTANCIA 7 ( (7

II L/¿í/¿fhswvz// PA /¿d¿¿'a¿'/¿ be la solicitud en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos. Si la decisión del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado de control de garantías ordenará el levantamiento de la medida óautelar. En caso contrario el trámite de extinción de dominio continuará su curso y la decisión será parte de la sentencia que ponga fin al respectivo proceso de justicia y paz. Las anteriores disposiciones admiten colegir lo siguiente: (1) los bienes para extinción de dominio dentro del proceso de justicia y paz deben ser entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados, o en su defecto, identificados por la Fiscalía General de la Nación; (ii) sobre los mismos deben practicarse las medidas cautetares necesarias para sustraerlos del tráfico jJurídico y garantizar su conservación, (ili) deben tener vocación reparadora y, (1v) cuando

respecto de ellos, concurran terceros de buena exenta de culpa que presenten oposición a las medidas cautelares decretadas se tramitará el incidente ante el magistrado de justicia y paz con función de contro! de garantias. Pero además de lo anterior, en tratándose del incidente de restitución de tierras, el artículo 39 de la Ley 1592 de 2012 dispone: “TRÁMITE EXCEPCIONAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL MARCO DE LA LEY 975 DE 2005. Si a la entrada en vigencia de la presente ley, existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicítud u ofrecimiento de restitución en el marco del procedimiento de la Ley 975 de 2005, la autondad judicial competente continuará el trámite en el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. 12 D) e lo ;)¿//'/á4¿/»áff/ PA éa¿»7¿;/xfíf¿

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• DaiROoN MENDOZA CARABALLD Zn H ¡ SEGUNDA INSTANCIA aa 717600070 e festócaa Así, a partir de la vigencia de esta disposición, los magistrados con función de control de garantías de Justicia y Paz continuarán el conocimiento de los trámites incidentales de restitución de tierras siempre que el inmueble respectivo esté gravado con medida cautelar, pues en los demás casos deberá seguirse el señalado en la Ley 1448 de 2011.

Sólo por ésta circunstancia, es decir, la ausenciá de medida cautelar

sobre el inmueble comprometido) asiste razón al a quo para desprenderse de la competencia en el presente asunto, ya que lo relacionado con la entrega, ofrecimiento o denuncia del bien por parte de los postulados, fue abordado de manera suficiente por esta Corporación en providencia de 17 de noviembre de 2011, del siguiente modo: “.. según el registro de audio aportado a la actuación, llegado el día y hora de la audiencia preliminar, fue el mismo magistrado quien sostuvo que la solicitud se hizo dentro de los asuntos radicados bajo los números 110016002532006883266 y 11001600253200782701 que en su orden se síguen a los señores Dairon Mendoza Caraballo y Freddy Rendón Herrera, vale decir que se trata de un bien que fue ofrecido por dichos postulados para efectos de una posible reparación.... "Luego entonces contradictoria resulta la posición asumida por el magistrado director de la audiencia, pues a la par que indica que el bien fue ofrecido por los desmaovilizados para efectos de la reparación a las víctimas, afima que se inhibe de conocer de la petición por no hacer parte de los involucrados dentro de la Ley 975 de 2005, y seguidamente anuncia que de tener la competencia, Rad. No. 37805 5 Record 02:20 a 2:38. 13 — ./ít_ -% ¿¿¿Í'/Íf¿:'(¿ Za á¿z/¿/¿¿:

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l, inadmitiría el incidente por la precanedad y desorden en que la apoderada basó la pretensión. "No desconoce la Sala las reales causas y condiciones del desplazamiento de Cammen Haydee Briceño de Moreno de la finca en que vivía; fueron los hechos de violencia que se habían en esa parte del temtorio nacional por parte del inicialmente denominado grupo “La 70” y posteriormente del Bloque Elmer Cárdenas lo que conlievó a que lo abandonara ante el riesgo que conllevaba el permanecer en ese lugar, vislumbrándose de manera clara ese vínculo causal entre el abandono del bien, con las actividades realizadas por ese grupo amado ilegal, hoy desmovilizado y beneficiano de la Ley 975 de 2005.” En la misma decisión se puntualizó además que, conforme a los medios de prueba allegados, no hay duda de que la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno tiene la calidad de víctima del delito de desplazamiento forzado por parte del grupo de las AUC denominado “Elmer Caárdenas”. Por lo tanto, los motivos de inconformidad expresados por el apoderado de la señora Carmen Haydee Briceño de Moreno, no convencen de que el a quo debe continuar conociendo de. este trámite incidental, puestó que, como lo acotó el Ministerio Público, fundamentó su pretensión en el artículo 40 de la Ley 1592 de 2012, la cual hace referencia exclusiva al incidente de identificación de las afectáciones causadas, el cual de acuerdo con el artículo 23 de la misma ley, se inicia de oficio por la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente, en la audiencia que deciare la

legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, de manera tal que se trata de un trámite diferente al de restitución de tierras, pues para éste el artículo 39 de la misma ley dispuso que cuando se configure la situación excepcional de que trata el artículo 14 Hoaprbliaa de “Cotómtí 0 RADICACIÓN No. 40836

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I r./xp/áhja%.f¿ ae ÁÁ¿:—?:¿'(¿ Z 38 ibídem, el magistrado con función de contro! de garantías surtirá el trámite correspondiente bajo las reglas en él establecidas.

2. Falta de competencia del a guo para revocar la decisión por medio de la cual admitió el trámite incidental.

Frente a la manifestación de incompetencia por circunstancia sobreviniente expresada por el a quo, también carecía de competencia para revocar el auto por medio del cual admitió el incidente de restitución de tierras, puesto que una vez la perdió no la podía conservar para decidir sobre aspectos que le resultaban ajenos, pues simplemente debió ordenar el envió de la actuación al funcionario judicial que con fundamento en las Leyes 1592 de 2012 y 1448 de 2011 debe continuarla, esto bajo el principio general de que las leyes rigen hacia el futuro y que los actos cumplidos se encuentran amparados por la presunción de legalidad en cuanto se ajustaron a la normas preexistentes para el momento en que se produjeron, sin perjuicio de la aplicación inmediata de las normas que

fjan la sustanciación y ritualidad del proceso”. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 1592 de 2012 y 79, 80 y 61 de la Ley 1448 de 2011, la actuación, acorde con su estado, lo pertinente es remitirla a los Magistrados especializados en restitúción de tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, conforme al artículo 70 de la Ley 1448 de 2011 que a la sazón dispone: S El inciso final del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces”, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 1998, en la cual puntualizó: “...esta disposición está fundada en el principio de la economía procesalal conservarse la actuación cumplida hasta el momento de dectararse la incompetencia, se evitan dilaciones innecesarias. Piénsese, además, que las partes pueden intervenir en el conficto de competencia, proponiéndolo, pidiendo pruebas, participando en su práctica, elc., por lo cual no se vulnera el derecho de defensa,” 15 E De

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i DAIRON MENDOZA CARABALLO SEGUNDA INSTANCIA — ( Z Dorta Jf á:é/ hesdicvee “TIJos Magistrados de los Tribunales Superores de Distrito Judicial Sala Civil, especializada en restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras, y los procesos de

formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa los predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso...” Lo anterior en cuanto es evidente que el inmueblé actualmente se encuentra ocupado por personas que, como lo revela el certificado de tradición”, ante los jueces civiles pretende la declaratoria de la prescripción adquisitiva del dominio, quienes en el presente trámite incidental otorgaron poder a un abogado para que los represente.

3. En consecuencia, la Corte revocara la decisión mediante la cual el a quo revocó la providencia que admitió el trámite incidental de restitución de tierras promovido por Carmen Haydee Briceño de Moreno y ordenó el envío de las diligencias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para, en su lugar, remitir todo lo actuado a los

Magistrados de la Sala Civil Especializados en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, RESUELVE: Primero. REVOCAR la decisión impugnada en cuanto revocó el auto por medio del cual fue admitido el presente trámite incidental y 7 Folios 254 -255 cuademno principal, anotación No. 14. Folios 182 — 194 Ibid. 16 '::."r' C17 /¿/¿

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ordenó el envío de las diligencias a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despoiladas. Segundo. REMITIR la actuación, a través de la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medeliín, a los Magistrados Especializados en Restitución de Tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, para lo de su cargo. Tercero. CONFIRMAR la decisión apelada en los demás aspectos que fueron motivo de disenso. Contra esta decisión no proceden/ecursos. JOSÉ LEON '/(1; BUSTOS MARTÍNEZ f _ Z7 TE Z PE — E A . é e , — —, _r-"_ Pf..?& —P' U Ñ m r ; - / 7 x'x .__y JOSE LUIS BAR? LÓ CAMACHO/ — <-—-FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO j Vel f ¿'p-?/Vx"'“ — — . H 0NZA;. MUÑOZ GUSTAYO ENRIQUE MALO FERNA¡)EJ-EZ /Pw$ -'1¿¿3 vv”'¿¿fl¿afwU¿ /— “ — /$LU UILLERMO,SALAZAR OTERO VIZ¡.:A?RI tRº”d zC&.-_"”—“”—1r— ENE v'(/ ," PAN A E H en . f 4<1UBIAV QLHHDA MO JA GAR LJÁ - ff Secretaria 218 AER 1013