CSJ - Sentencia 41147(09-10-2013)

CASACIÓN 41147

JAIRO ANÍBAL DÍAZ RQUEZ /3/?¿¿f/'£ :(¿ PA /”»z / C 'B¡ e C G -"íw2'/¿ -./.f//á?¿?)¿r¿ a A o

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Aprobado Acta No. 336 Bogotá D.C., Octubre nueve (9) de dos mil trece (2013). VISTOS Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de adecuada argumentación de la demanda de casación presentada por el defensor de JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ, contra la sentencia de 5 de diciembre de 2012 mediante la cual el T¿rfbuna! Superior de Tunja confirmó, con moedificaciones, la que emitiera el Juzgado Primero Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial, por cuyo medio lo condenó como autor del concurso

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JAIRO ANÍBAL Disezt 'RQUEZ' ' a_…'“1€x¡ á (Z . 7 Da27o </í¿/?¿ór;zrx— 5A fustivoca delictual de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.'.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

| | El supuesto fáctico que generó la presente actuación fue declarado por el Tribunal así: “La alcaldía municipal de Tunja regentada por el burgomaestre JAIRO ANIÍBAL DÍ¡IQZ MÁRQUEZ, celebró el 31 de marzo de 2000 el contrato

de sum¡n¡sí'ro N 021-2000 con la empresa Terra New Ltda., para la e!aboracíó¡£ y construcción de varias vallas y casetas publicitarias con indicación de rutas y sitios turísticos del Departamento de Boyacá; algunas delias cuales se encontraron en completo abandono y sín que se haya c;ado cumplimiento pleno al objeto para el que fueran fabricadas.|De igual forma, otras de las vallas y casetas publicitarias que se habían construido e instalado en sus respectivos lugares; han desaparecí2;'o o simplemente no se hallan en los sitios preestablecidos 1 , . para para su funcionamiento. I | | “En el mencionado contrato, se hallaron presuntas irregularidades que conñ'gurarf%n iticitos en una clara y evidente violación y omisión de los respectívos1 trámites previos de obligatorio cumplimiento en las etapas pre—contracétua!es y contractuales, con miras al otorgamiento del 'En la misma decisión cesó procedimiento en favor de Juan Fernando Navas Martinez ante la: prescripción de la acción penal derivada del delito de contrato sin cumplimiento de reguisitos legales, al haber sido acusado en calidad de interviniente i eD NE7E 4 Exn a. CASACIÓN 41147 JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ o C/ 7 ree Jegeremma de fesstevra mismo, lo que dejaría clara la conducta de los responsables en la correspondiente tramitación, suscripción y celebración del contrato, con cada una de las exigencias de la Ley 80 de 1993 y sus respectivos decretos reglamentarios que regulan lo referente a la contratación

administrativa”. Los hechos anteriores sirvieron de fundamento para que la Fiscalía General de la Nación ábriera formal investigación penal en contra de, entre otros, JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ y Juan Fernando Návas Martínez, vinculándolos a través de indagatoria. Al momento de calificar el mérito sumarial el 20 de enero de 2006, les profirió resolución de acusación como autores de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, decisión que adquirió firmeza el 16 de febrero siguiente en esa instancia, al no ser objeto de impugnación. La fase del juicio la adelantó el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, despacho que, una vez surtió las audiencias preparatoria y pública, emitió sentencia el 12 de agosto de 2011 al condenar a DÍAZ MÁRQUEZ únicamente por los ¡lícitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto lo absolvió del comportamiento punibie de peculado por apropiación, en consecuencia, le impuso las penas de cincuenta (50) meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como ; CASACIÓN 41147 JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ 7 C , De (e -_/¿;'/z,z¿¡2m de /astlenra i veintidós (22) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. b í | _ A Juan Fernando Navas Martínez lo condenó sólo por el delita de

contrato sin wfmplimiento dg requisitos legales, a la pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y de inhabilitación ciudadana, así como multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, A ambos les fue concedida la prisión domiciliaria. En virtud del recurso de apelación promovido tanto por los defensores de los enjuiciados, como por el representante del Ministerio Púb|ñco, el Tribunal Superior de Tunja a través de sentencia de 10 de diciembre de 2012 confirmó la condena para DÍAZ MÁRQUEZ pero modificó las sanciones ante el yerro del a quo en el proce'so dosimétrico, al fijarlas, en definitiva, en ochenta y tres (83) me'ses de prisión y de inhabilitación ciudadana, así como multa c:le¡l treinta y cinco (35) s.m..m.v. Al mismo tiempo, cesó procedimiento en favor de Juan Fernando Navas Martínez al declarar la pre¿cripción de la acción penal! derivada del delito de contrato sin curjhplimiento de requisitos legales, dada su condición de interviniente! Inconforme con la decisión, el apoderado de DÍAZ MÁRQUEZ la P . impugnó extraordinariamente, con la respectiva demanda de casación, de cuya admisibilidad se ocupa la Corte. T 'º'i"º' T 'ff3é_ , £f3m$ r ' 5 — CASACIÓN 41147 PA p adizhas, - JAIRO ANIBAL DÍAZ MÁRQUEZ c %.> 7 _/¿////2¿e ma de [e0002 DEMANDA Tas anunciar que con el recurso busca que se cumplan las

garantías fundamentales de su asistido y se le reparen los agravios causados, postula un cargo por violación indirecta de la ley sustancial. Para tal fin, parte de la premisa relacionada con que la función pública contractual no estaba disponible al arbitrio del alcalde, sino en manos del jefe de contratación y de los secretarios sectoriales, por ello, aquél no tuvo el dominio del proceso que arribó a la celebración del negocio jurídico cuestionado. Pregona la exclusión evidente de los artículos 7, inciso 2% y 232 de la Ley 600 de 2000, así como la aplicación indebida de los artículos 2%, 5”%, 23, 36, 145 y 146 del Código Penal de 1980, a raíz de los siguientes errores fácticos: . Falso juicio de existencia por omisión de prueba, cuando el Tribunal no valoró los documentos relacionados con las funciones que desempeñaban el secretario de educación y turismo, el jefe de contratación y el secretario del despacho, demostrativos que tenían amplia participación en la etapa inicial del contrato, lo cual sustraería al alcalde del mismo y le impediría conocer los pormenores de ese trámite. — CASACIÓN 41147 JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZEa A Mmá E ! ; % ?¿¿(—c//).//¿,/z 76 ((:Z nv)¿¿?z o 2A 7 ¿<>/M/f; -/¿yám»ar¿ aE fustrra Explica que all Director de Cultura y Turismo, José Santos Sanabria le correspondía “evaluar la realidad de su sector y las

inquietudes de la comunidad, para diseñar los planes y programas que deban ser adoptados ,DO:£ el municipio para garantizar cobertura y calidad en la educación y la promoción de cultura y turismo” y “coordinar con las áreas encargadas del apoyo a la Administración el suministro oportuno de bienes y l servicios necesarios para dar continuidad a los servicios encomendados” Por su parte, el Dirección de Contratación y Suministros, Orlando Reyes Fagua, debía “programar y ejecultar diferentes procesos de contratación y suminisiros requeridos por la administración central del f municipio”, en tanto que el Secretario del Despacho, José Fernando Camargo Beltrán, tenía que “asegurar que los procedimientos previstos I para la contratación de la administración central cumplan las normas ! establecidas en especial el control administrativo de la ejecución de los | contratos” y “Asesorar el trámite de todos los procesos contractuales que F por competencia deba asumir.” Con base en lo anterior, señala que cada secretaría podía ! postular proyectos relacionados con su actividad sectorial, por ello, el contrato 021 de 2000 era propio de la Secretaría de l Educación y Turismo. Falso juicio de identidad por tergiversar la indagatoria de DÍAZ MÁRQUEZ cuando se califica de inverosímil que como Alcalde ! desconociera aspectos de la etapa precontractual, porque se . ¡ descontextualizó y cercenó tal diligencia al relacionar una respuesta general como si fuera su concepción respecto del 4 i.:',Y !. + " » 1 - 'ºr¡ - . 1 7 - E

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P i .má - JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ

_%/¿/¿ //;z ,Raatex — - 7 Z 7 aaa ¿;!Á?6/)2¿&' PA //í/…1//2:/(¿ contrato 021, cuando en realidad él explicaba tanto los aspectos generales del proceso administrativo como los específicos del referido convenio. Para el defensor, el Tribunal se esforzó por demostrar que el alcalde desconoció la función pública y el régimen contractual con una falsa excusa para encubrir su actuar doloso, desconociendo la realidad procesal, porque como él explicó eñ su injurada, no sabía de los aspectos del contrato 021/2000, al precisar que la etapa precontractual estaba en manos de los tres funcionarios atrás citados. Aduce que también de la indagatoría de José Fernando Camargo Belltrán, “se tergiversó su versión, pues se desestimó parte de su contenido”, al mostrarlo ajeno al proceso de contratación y con una función marcadamente formal de estudio de requisitos, cuando contrariamente, por su actividad se explican varios pasos previos a la suscripción del contrato cuestionado y las dependencias comprometidas en el mismo. Paralelamente, señala que ¡gual error recayó en la declaración de Oriando Reyes Fagua Medina, Jefe de Contratación, por cuanto se desconocieron elementos fundamentales en relación con el contrato 021 y su estrecha vinculación y participación, ya que era la persona que estaba más cercana a todo el proceso contractual y a los proponentes. — CASACIÓN 41147

JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ

s % L r“9¿¿/;/?wu// 2€:¡& ab %/£¡;; áí(r t a EÁ'I, ú¡b EN Zn rel Jats EdAria - Aaaro ss PA peeslree e Que como elijefe de contratación era quien tenía mayor participación en la administración municipal, no sólo desde el l punto de vista funcional, sino por la mecánica de la contratación, l no es posible dejarlo al margen de las consecuencias jurídicas, como lo hicieron las instancias, pues era quien materialmente a _ podía incidir en la contratación y “de él, es posible, provino la ! propuesta, si la hubo, de promesa verbal del contrato a favor de Terra new”, Del mismo meodo, expone que en la indagatoria de Efrain Rodríguez Rodríguez “se produce tergiversación del dicho del declarante en la medida que se estimó parcialmente el medio probatorio al excluir apartes del mismo que permiten establecer que la jefatura de contratación era quien —SÍC—! en sentido material cumplía la función precontractual de I manera exclusiva”. Por último, ase!gura que la indagatoria de Juan Fernando Navas Martínez fue faiseada haciéndole perder su sentido, pues él en su | narración no r:eñrió aspectos fundamentales respecto de DÍAZ MÁRQUEZ, dejando en claro que fueron Aurora Carreño e lIsrael Garzón quienels buscaron el contrato, realizaron los trámites del mismo, consiguieron contactos en la Alcaldía y fuera de ella, f , , , como cuando obtuvieron las cotizaciones con Abraham Suárez. k _ , . - Falso raciocinio al momento en que el Tribunal estableció que el

| _acuerdo para contratar con la administración, estructurador del r delito, se establecia con la comunicación de 12 de abril de 2000 I , firmada por Fernando Navas Martínez y dirigida a JAIRO ANIBAL udza " — CASACIÓN 41147 — =É JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ »º2 o %/flá/Áfl E ?€/fíw%¿ $ ha %Á% % U o 7 (áh¿5 -./y/-é¡¿//¿(z A /rxd/z):¿&z:' DÍAZ MÁRQUEZ que daba cuenta de la promesa verbal, porque con ello se plantea una regla de la experiencia que no es corroborada, al decir que todas las cartas enviadas necesariamente deben ser conocidas por su destinatario o que Ios oficios remitidos a los funcionarios públicos siempre les liegan, cuando es conocida la cantidad de “filtros” que tienen las comunicaciones en las entidades estatales y en muchos casos las cartas privadas no lliegan o no son conocidas, bien por extravío, porque el receptor les resta importancia y no pierde tiempo en su conocimiento. En este orden, asegura que la nota aludida no fue conocida por sus destinatarios: el director de cultura y turismo, la directora del departamento de tránsito y el mismo alcalde. Á su turno, denuncia que el Tribuna! también erró a! deducir que esta prueba indicaba la existencia de una promesa verbal de contrato por parte del alcalde, figura inexistente en la contratación . pública colombiana, y que al aceptar que la hubo, se contraviene la regla de la experiencia especial del país relacionada con que un

político hace promesas de todo orden a la comunidad para obtener el favor popular, las cuales muchas veces no cumple. En suma, asegura que las pruebas denotaban que no fue el alcalde quien manipuló a Abraham Suárez para fingir cotizaciones, sino que fueron los miembros de “Terra new

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JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ %H ¡¿¿//E£'/¿ —““ %Iz/("r/¡?//;;/ ! Em %Á_ l£í%<

Z Z lz CEE /f/ A AL: _//cl/¿m//z:/)x quienes ante la posible promesa de algún funcionario distinto a f DÍAZ MÁRQUEZ quien no tenía acceso a esos procesos y personas, le solicitaron cotizar “por encima”de ellos, de ahí que los y , . . procesados no podian conocer los hechos simulatorios porque delegaron en terceros el tramite del contrato. Consecuentemente, pide a la Sala casar el fallo y emitir decisión de reemplazo de carácter absolutorio en favor de su asistido. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Sala de tiempo atrás ha insistido en que si se elige la causal primera de casación, especificamente, la violación indirecta de la ley sustancial, el demandante debe anunciar no solo las normas 'que describen las conductas delictivas y asignan consecuencias jurídicas a tales comportamientos o que consagran los derechos de los sujetos intervinientes, sino individualizar el elemento de convicción ¿n el cual recae el vicio e identificar su ciase, sea error de hecho en sus diversas modalidades: falso ¿uicio de existencia

por omisión o invención del medio probatorio; falso juicio de identidad p!:>r distorsión o tergiversación de su contenido fáctico; o falso racioc!inío al infringir los postulados de la sana crítica y dérívar conclusiones que contravienen los principios lógicos, las leyes de la S. . r . ciencia o las máximas de la experiencia. O si se trata de un error .5 - ! f 11

CASACIÓN 41147 " U N JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ — _ "“'% !

Í"')/¿/fá/ é l ¿r//;£-/c “" (íqe/ ”7 .¿_/f( z % mj b£á UC e (7 17 e de a_,/¿/yéh;7¡¿/z 6 /-aap'/z¿friz de derecho debe explicar si el yerro consistió en un falso juicio de convicción por negarle a la prueba el valor conferido por la ley u otorgarle un mérito diverso del que le es atribuido legalmente, o por un falso juicio de fegalidad por valorar el ¡uzgador alguna probanza con defectos formativos en su incorporación o aducción procesal. Aquí, el defensor pone en cuestión la legalidad del fallo de segundo grado, porque en su parecer, no era el alcalde el encargado directo de la contratación, sino sus dependientes, sin embargo, son vanos sus esfuerzos para resaltar tal delegación de funciones, por cuanto el desarrollo de la censura no consulta los fundamentos lógicos y de argumentación para probar la existencia de yerros probatorios de entidad capaces de modificar la decisión

de condena, demostración que no se basta con la transcripción tota! de las pruebas cuestionadas, a la que acude. En primer lugar, la queja relacionada con que el Tribunal no tuvo en cuenta algunos documentos relacionados con las funciones que desempeñaban el secretario de educación y turismo, el jefe de contratación y el secretario del despacho, quienes participaron en la etapa inicial del contrato, corresponde a un argumento sofístico, toda vez que el hecho objetivo que develaban los mismos sí fue aprehendido por el Tribunal, pero no en el matiz que añora el recurrente. 12

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JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ .Í//-/,r, EREA j.—,'?¿,, o /;(/ixz r/í? 7 “ — Te (Z I 7

Ár/¿ -Á¿/Hgmw “ /,;y,.v)ffrá:mr | En efecto, de forma detallada en los fallos se analizó la actividad ' desplegada p!or Oriando Reyes Fagua Medina, Director de ¡ Contratación 3I( Suministros; José Santos Sanabria Leal, Director de Cultura y Tnurismo; Flor Ángela Cerquera Escobar, Directora de Tránsito, José Fernando Camargo Beltrán, Asesor Jurídico; Efraín Rodrígluez Rodríguez, Asesor de Planeación; Aura Estela Guerrero Gó'mez. Jefe de Presupuesto y hasta la de Sandra Jaqueline González, Auxiliar Administrativo. Todo ello pafa precisar que si bien era posible contratar de manera dire=:ta por razón de la cuantía, según el presupuesto anual de la entidad pública, ello no era óbice para desconocer los

principios de economía, trasparencia y selección objetiva, a fin de escoger la propuesta más favorable para la administración, se acotaba el clompromiso directo del alcalde al acreditar que medió un compronriso verbal previo para beneficiar a un determinado contratista: “iTerra New”, según la comunicación de 12 de abril de 2000 remitida por el gerente de esa empresa, Fernando Navas Martínez, a| JAIRO ANIBAL DÍAZ MÁRQUEZ, en la cual le recordaba qlue entre ellos habia un acuerdo verbaí para otorgarle el contrato. Además, c|lesdeña el defensor que la situación jurídica de Secretario |de Contratación, Orlando Reyes Fagua Medina; del Asesor Jurídico, José Fernando Camargo Beltrán y del Asesor de | Planeación Efraín Rodríguez Rodríguez, fue definida a! momento 13 s d CASACIÓN 41147 — JAIRO ANÍBAL DÍA ÁRQUEZ 1 i — " P , = — _/?_'x s 7 PO /¿.//5 627 de Á¿—fj//ry-r¿ p de calificar el mérito probatorio de la investigación, el 20 de enero de 2006, con la preclusión de la misma, decisión que adquirió firmeza. Tampoco colabora en el propósito del censor, de anular responsabilidad penal predicada de su asistido, el falso juicio de identidad denunciado en las indagatorias de éste, así como las del contratista Juan Fernando Navas Martinez, de Asesor Jurídico, José Fernando Camargo Beltrán y del Asesor de Planeación Efraín Rodríguez Rodríguez, así como en las manifestaciones de

Orlando Reyes Fagua Medina, Jefe de Contratación, porque lejos de precisar cuáles aspectos fácticos fueron mutados o distorsionados de tales probanzas, busca primar su arista defensiva que su asistido no tuvo alguna relación con el contrato cuestionado y que todo recayó en el jefe de contratación de quien “es posible, provino la propuesta, si la hubo, de promesa verbal del contrato a favor de Terra new” lo que corresponde a una especuláción e conjetura, carente de demostración y por lo mismo ajena al estudio en este recurso extraordinario. Pasa por alto el recurrente que esta Sala en el tema de responsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual por parte del jefe a representante legal de la entidad estatal, ha precisado que no puede ser trasladada a juntas, consejos directivos o comités asesores, en los siguientes términos: 14

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JAIRO ANÍBAL DÍAZ-MÁRQUEZ . . R :—%—%y LK Taypiblen le ;'// Lor — — y J._ kák»¡¡5'%g:á; — f?Z//? “ %;// A ' /¿'A)//.'f/'/¿ “La defedación se verifica mediante el traslado de una.competencia privativa á'e un servidor público, normalmente de nivel directivo, en un inferior ;'e?árquíco suyo quien en fal virtud queda investido de las facuffadz=:gI que sólo corresponderían al primero, pudiendo ejercerlas persona¡ñvente, pero en todo caso bajo la coordinación del delegante. ] . 5 | “ .la celebración de un contrato y su posterior ejecución comporta la

reafízaci¿n de un sinnúmero de actos que por su voflumen y espec¡afí%íad, no pueden ser realizados directamente por el representante legal de la persona de derecho público que pretende adquirir éí bien o contratar el servicio sobre el cual versará el contrato, ní en la práctica ello sucede asi. “Las labores de preparación del contrato se cumplen a través de distintos órganos desconcentrados de la administración, normalmente de rango medio, quienes por reglamentos tienen asignadas funciones específicas en estas materias, indispensables para que el ordenador del gasto pueda fomar la decisión final de comprometer a no los recursos de la entidad a través del contrato administrativo. “Acerca de esta materia y en punto a las responsabilidades que corresponden a los representantes legales de las entidades estatales en materia contractual, ha precisado la Sala fSentencia de 9 de febrero de 2005, radicación 21547]) que la desconcentración de funciones en orden a facilitar al ordenador del gasto la toma de las decísíohes finales en materia contractual, por manera alguna los convieñte en simples “tramitadores” o “avaladores” de las labores desamfaffadas por sus subalternos: ní signífica, tampoco, que al represeI ntante legal de la entidad le competa solamente “firmar' los contratos en un acto mecánico, pues, en cualquier caso, es su 4 YPcT l E -s 15

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JAIRO ANÍBAL Di ARQUEZ 257 e E- - - . 'f/9;//¿¿ f/f¿w la Á r(/--,w Á/.¿ EÁ'E_

+ ( 1 rd)e ' 7 //,-Á HP // ¿¿.á///“/f¿ responsabilidad que todo el trámite se haya adelantado conforme a la ley y de allí que se le exija ejercer los controles debidos”. A su turno, el impugnante no logra denotar que judicialmente no se podía concluir la parcialidad en la escogencia del contratista, cuando anuncia un falso raciocinio por el alcance dado a la comunicación de 12 de abril de 2000 firmada por Fernando Navas Martínez y dirigida a JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ que daba cuenta de la promesa verbal del convenio, porque no desarrolla los postulados que eleva a reglas de la experiencia: 1) que los escritos no llegan a su destinatario, y 2) que en Colombia los políticos hacen muchas promesas y no las cumplen. Las reglas del sentido común se estructuran mediante la observación de un proceder generalizado y repetitivo desarrollado en circunstancias y contextos similares, de ahí que tengan esa característica de universalidad, las cuales sólo pueden ser exceptuadas en caso de mediar condiciones especiales que conlleven a alteraciones de entidad que arrojen por ello una consecuencia inesperada, pero aquí el casacionista no dedica espacio a exponer que generalmente, de acuerdo a determinadas variables suelen ocurrir ciertos eventos, especificamente, la universalidad en sus reglas de sentido común, falencia que la Corte no puede enmendar de acuerdo al principio de limitación que rige esta sede extraordinaria. “Corte Suprema de Justicia. Providencia de 5 de noviembre de 2008. Radicación 18029. 16 , ' CASACIÓN 41147

JAIRO ANÍBAL DIAZ MÁRQUEZ %/////íw //fi fl¿/“?/ffm lo & ea Eén é-%1 £ £3; — u E77 f;” 7 1717 /..,f/'5-?5/)¡(¿ de Parafira E Por demás, no fue en ese simple escrito que se basó el juzgador para edificar !—:—l compromiso penal del alcalde en la adjudicación amañada de1'contrato, sino por otros aspectos objetivos, como el no mediar términos de referencia o estudio de los precios del mercado, pr€3puestas previas, entre otras, demostrativas que deliberadaménte se apartó de sus deberes y obligaciones predicables como primera autoridad municipal, al intervenir en el contrato con unos fines ajenos al interés general. También llamó la atención de los juzgadores la repentina y acelerada cc'3nstitución de la firma “Terra New”, toda vez que | coincidió su Icreación con la fecha de convocatoria dispuesta por la : administraci¿n de Tunja, amén de que no contaba con la infraestructura básica y necesaria para cumplir con el objeto del contrato, En tanto qu¡e la no verificación cabal de requisitos del contrato se estableció al no acatar los principios de transparencia y economía, i porque de Iun lado “Terra New” no ofreció una cotización, sino simplemente un estudio de necesidades y justificaciones, tampoco se verificó su experiencia, capacidad y garantía, además que se probó la sin'1ulación de dos cotizaciones de las empresas “ Abraham Put::licidad'”l y “Disteco Diseños 8 Tecnología”, porque no participaron como proponentes, y se permitió que el contratista

subcontratara la ejecución del contrato, cuando le estaba prohibido | expresamente. 17 — CASACIÓN 41147 T ya. .

JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ - '%£/ £é ¿/ .Zrx¿ l Z;f /'/-.wf d///" S E ; £ €

— Q1 P Áx Lk ee - - f /¡ á7 BR Íe -//5Á.M”¿rr A En este orden, el embate no apunta a demostrar la carencia de base legal del fallo, ni a minar la eficacia de las pruebas tenidas en cuenta judicialmente, reduciéndose la demanda a una simple oposición a los criterios judiciales, pues enfrenta su criterio a la fuerza probatoria construida, en manifiesto desconocimiento de la dual presunción de legalidad y acierto del fallo, con lo cual deja sin demostración el cargo. En consecuencia, se impone no admitir la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000. Finalmente, la Sala no observa con ocasión del trámite procesal o en el fallo impugnado violación de derechos o garantías del procesado como para que se hiciera necesaro el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección en los términos del artículo 216 del citado ordenamiento adjetivo. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, RESUELVE NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor 18 — CASACIÓN 41147

JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ € 1 7 , 720 -_J/¿_)o/áz¿ / /£// r/£ 6» /$í/)z ,Ár/z ñ m%1 (;K

EEaE —o]d oo f f/ 17 7fr/f Aey AIIAE // ¿/;/¡;/r/ de JAIRO ANÍBAL DÍAZ MÁRQUEZ por las razones dadas en la anterior motivación. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Notifíquese y cúmp'(ase. /X'kx , :ar

EUGENIO F NANDEZ?K MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ

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PERMISO

JAVIER ZAPATA ORTIZ

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria — Y TOCT 203