CSJ - Sentencia 41458(11-12-2013)

TA Página 1 de 23 | : a' r . Casación sistema acusatorio No.41.458RA MARTIN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ y otrós %º)'/rº Q¡3ó¡wmm e, jía'/¡?ºfcff

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Aprobado Acta No. 419 t , Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil trece (2013).

VISTOS | %

! Con el fin de constatar si satisface las condicione% de admisibilidad, la Corte examina la demanda de casaíción presentada por los defensores de MARTIN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ, STEVE AMADOR LEIVA y JONATHAN ALCALÁ ARGUMEDO, contra la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, confirmatoria del fallo dictado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, que condenó a los procesados como coautores de homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones agravado. A los sentenciados se les negaron los sustitutos Q:º/»f//¿mr de - M_¡A( r, Página 2 de 2 - í¡=—… w T ' Casación sistema acnsamrfp No.41.42 E

ST :€ MARTIN (GNACIO VILLADIEGO PEREng El (¿??í'» ee G%y;rrwf¿) /ÁJ_ EDULOTA

de suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria. A e

HECHOS

E E A Fueron relatados por el Tribunal Superior de Bogotá en T ¿e l fallo de segundo grado, como se transcribe a continuación: “Ocurrieron el 27 de marzo de 201?, cuando la central de la Policía reportó un hurto en el establecimiento de comercio Servientrega de la Av. Suba con calle 122 de Bogotá, lugar donde concurrieron los patrulleros y en el que la ciudadanía señalaba a 3 personas como autores del delito de hurto y de las lesiones personales causadas con arma de fuego al Subintendente ÁLVARO HERNÁN GÓMEZ BEJARANO, primer respondiente, quien fue trastadado a la cinica Shaio para recibir atención médica, iográndose después de una persecución, la aprehensión de los 3 procesados.” LA ACTUACIÓN PROCESAL Previa solicitud presentada por un delegado de la Fiscalía General de la Nación, ante el Juzgado 45 Penal Municipal con función de contro! de garantías de Bogota, el 28 de marzo de 2012 se celebró la audiencia preliminar concentrada en curso de la cual se legalizó la captura de MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ, STEVE AMADOR = %¿W%?'& de %-'/.'nm¿r'¿)… Página 3 de Ó'…'-' 'f_( ! E—'. D Casación sistema acusatorio No, « s T '5 MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ¿3£ %/r/(? g90!f"))hf¿ ee Prticio.

LEIVA y JONATHAN ALCALÁ ARGUMEDO, a quienes se les formuló imputación por los delitos de tentativa. de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricaéíón, tráfico y porte de armas y municiones y se les Impuso me9¡da . . . A de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Los imputados aceptaron“os cargos. — — Por razón del allanamiento, las diligencias se le asignaron al dJuzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que llevo a cabo la audiencia de individualización de la pena y lectura del fallo el 15 de agosto de 2012, oportunidad en la que se concretó la sanción restrictiva de la libertad en 262 meses y 15 días de prisión y las accesorias de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas y la prohibición de portar armas de fuego por el término de 10 años. La sentencia fue recurrida en apelación por los defensores y por los procesados, proponiendo que se declarara la excepción de inconstitucionalidad del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011. El 24 de octubre de 2012, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo apelado. E l Página 4 de | u E Casución sistema acusatorio No.41.43N MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ y Tr %íw'/r aí/)f'rww ¿/,,= EO adl r Contra la sentencia de segunda instancia interpusieron el recurso extraordinario de casación el defensor de MARTÍN

IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ, así como los procesados STEVE AMADOR LEIVA y JONATHAN ALCALÁ ARGUMEDO. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2012 renunció al encargo la defensora de estos últimos, sin que se les diera a conocer esa circunstancia y el derecho que tenían a designar otro abogado de confianza. En esas condiciones se le dio inicio al traslado para la presentación de la í! _demanda a partir del 11 de enero de 2013. í En razón de ello, al considerar que se había atentado E T'J contra el debido proceso y el derecho de defensa de STEVE e 'AMADOR LEIVA y JONATHAN ALCALÁ ARGUMEDO, el pasado 26 de febrero el Tribunal decretó la nulidad del proceso a partir del inicio del traslado establecido en el artículo 101 de la Ley 1395 de 2010 y, ante la solicitud de los procesados se les designó un defensor público.

LAS DEMANDAS

1. Demanda presentada a nombre de MARTÍN

IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ.

A 'W-»l ER .61a o E = QF'?:?$?"¡:Í Ea E AFO a ! %X¿%?'Cf— He %,/( mbia “- - _ 'i o Página 5 de 2 h - Casación sistema acusatorio No-41. 3 MARTIN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ:)3C¿ Crne aymº a de __/Q&J/fw'a % Sin invocar ninguna causal y sin señalar la clase de error en que incurrió el Tribunal, reprocha que se acogiera la

pretensión de la Fiscalía en cuanto al monto de la rebaja de pena que debía reconocérseles a los procesados por razón del allanamiento a cargos, sin tener en cuenta que el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, fue deciarado condicionalmente exequibie por la Corte Constitucional en la sentencia C-645 de 201?2, señalandoque el beneficio de la reducción punitiva de una cuarta parte se extendía a todos los momentos procesales en los qúe el sorprendido en flagrancia pudiera aceptar los cargos. Considera que de acuerdo con el citado pronunciamiento de la Corte Constitucional, los jueces deben ir más aliá de la literalidad del parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal que la alta Corporación declaró ajustado a la Carta Política y reconocer una rebaja de pena superior al 12,5% para los imputados que habiendo sido capturados en flagrancia, admitan libremente su responsabilidad. En consecuencia, asegura que la interpretación correcta de la norma impone que en esos casos deba reconocerse una disminución del 50% de la pena, empero restándole a y i A C , QP/MÁ(?¿We €r=/f»m¿m N “ Página 6 de t ;Í Casación sistema acusatorio No.4 1 43 Te MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ y otrgf %(U'Í(f _G%:'/)!'Fi))(( e, %J/áw'¿zesa cantidad una cuarta parte, en caso de aceptar la imputación en la audiencia preliminar. “Como en efecto, la Ley 906 de 2004, C.P.P., prevé la

posibilidad que en el desarrollo del proceso a partir de la audiencia de formulación de acusación y, antes de fa realización de la audiencia de juicio oral, el sorprendido en flagrancia tendrá derecho de una rebaja de la tercera parte de la pena imponible, disminuida y no dividida en una cuarta parte, o sea, del 33,3% se le disminuirá el 8,323%, quedando el descuento punitivo en 235,008% siguiendo así los parámetros de la sentencia C 643 de 2012. De ¡gual manñera, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador, para el evento de la libre aceptación de cargos, una ves (sic) inictado el juicio oral propiamente dicho, de quien es sorprendido en flagrancia, tendrá derecho a una rebaje (sic) de pena de una sexta parte, disminuida en una cuara pare, es deair, 16,66% del cual se le restara 4 165% quedando la reducción en 12,495%, atendiendo lo ordenado por la sentencia C—645 de 2012,” Y, concluye que en los casos de flagrancia, de aceptarse la responsabilidad pena! en la audiencia fe "formulación de imputación, la rebaja de pena deberá ser del 7 í33'33% al 37,5%; en la audiencia preparatoria y antes del juicio oral será del 25,008%; y, en el juicio oral la disminución será del 12,5%. L) Pagina 7 de , Casación sistema acusatorip No.4l.A 7

MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ y atros

2. Demanda presentada a nombre de STEVE

AMADOR LEIVA y JONATHAN ALCALÁ ARGUMEDO.

Acusa la sentencia de segunda instancia por violación directa de la ley sustancial, consistente en errónea interpretación del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 301 del Cádigo de Procedimiento Penal, en cuyo parágrafo señaló una rebaja de pena de hasta la cuarta parte por allanamiento a cargos, en caso de que la captura se hubiese producido en flagrancia. Transcribe parte de las consideraciones de la sentencia de segunda instancia, en las que se hace referencia al reconocimiento de la específica reducción punttiva, así óomo el contenido del citado artículo 57 y admite que los procesados fueron capturados en flagrancia en 27 de marzo de 2012, empero no está de acuerdo con que se le hubiese dado aplicación a la citada disposición, con fundamento en una interpretación que no corresponde a lo que establece la misma norma, porque la Corte Constitucional en la senténoia C-645 de 201?, la declaró ceñida al ordenamiento supérior, empero condicionándola a que el beneficio punitivo “...debe extenderse a todas las oportunidades procesales en Iasflque es posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargbs y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, r -_Ó/—¿E;%ÓHÍÓÁ?(¡ de %.fr/.'f.-'f?¡¿/k¡- LE Ze Página 5 de $ 3á - Casación sistema acusatorio No.41.434 r E E

E MARTIN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ_1:3¡/

%Íñr'(rº _FQ%&;'¿ 2 7 He, Yieticia ' respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos.” igualmente estima que la interpretación que hagan los jueces de esa norma, no debe ser literal, porque así se limitaría al reconocimiento de una disminución punitiva de la cuarta parte sobre el monto de la pena impuesta. “Observamos que el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 originalmente establece una rebaja de pena de una tercera parte para quien acepta cargos después de la presentación del Escrito de Acusación. Pero también es necesario tener en cuenta que el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 modificó el 301 de la ley 906 de 2004 estableciendo una rebaja de pena de una cuarta (1/4) parte de la pena establecida en el artículo 351 de la ley 906 de 2004. En el evento que nos ocupa, entonces, lo que debió interpretar el juzgador, es la disminución de una cuarta (1/4) parte de la pena del beneficio punítivo consagrado en el artículo 351 del C.P.P. (Ley 906 de 2004), y na el 12% del total de 300 meses inicialmente establecidos como pena para los acusados JONATHAN ALCALÁ ARGUMEDO y

STEVE AMADOR LEIVA.

Erróneamente interpreta la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el contenido del artículo 57 de la ley 1453 de 2011, porque allí lo que se quiere decir es que cuando la persona es capturada en flagrancia tendrá derecho de rebaja de una cuarta (1/4)

parte en el evento de allanarse a cargos, evento que se presentó en el caso que nos ocupa. Pero si el Honorable Tribunal confirma la pena en el monto establecido por el A quo que fue de 300 meses de prisión, y de dicho manto E A m N A A A A n Ú%M… de %r/f mbic Página Y de Casación sistema acusatorio No.4 d E . _:;' MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PERE¿y 0!r 8/ %fHe gíórfwm de Jfustirio resta el 12,5%, de tal manera que la pena finalmente queda en 262 meses, está violando el principio de legalidad contenidos (sic) en los artículos (sic) 6% del Código Penal, porque lo que debía rebajar de la pena inicialmente establecida era el 25% que es lo que equivale a un cuarto (1/4) de la totalidad de pena, que es lo que establece el parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011.” En consecuencia, solicita de la Corte casar la sentencia demandada y “...dictar el fallo de reemplazo aplicando el parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011, en el entendido de que la rebaja que corresponde es del 25% equivalente a 7 parte de la pena inicialmente establecida de 300 meses de prisión.” CONSIDERACIONES Í' a E Antes de examinar las demandas presentadas por los

defensores de MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PEF5EZ

STEVE AMADOR LEIVA y JONATHAN ALQ¿ALA

ARGUMEDO, contra la sentencia objeto de ¡mpugnacióíj, es necesario destacar cómo con el advenimiento de la Ley, 906 de 2004, se ha buscado resaltar la naturaleza de la cas.=íción en cuanto medio de control constituciona! y Iegal…habilítado de manera general contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales, cuando quiera que se j £Cyf?/)xf/ del de %ff'¿'t ia U Página 10 de L N $ , Casación sistema acusatorío No.41l. a e MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO P£REí¿c3¿, CA %-r "He Q/J'%r """" Íén seguimiento del precepto consagrado en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal: 4 “Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia.” Precisamente, para facultar el efectivo cumplimiento de tan caros propósitos, el artículo 184, inciso 3, de la Ley 906 de 2004, le confiere a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, la facultad de superar los defectos que contenga la demanda, con el fin de que pueda emitir un pronunciamiento de fondo. No obstante, es posible inadmitir la demanda cuando, conforme lo expresa el inciso segundo de la norma citada, “e/ “ demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de

su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumpiir alguna de las finalidades del recurso”. En atención a esos criterios, ha señalado la Corte": ' Auto del 2 de noviembre de 2006, Rdo. 26.089 Página 11 de Casación sistrema acusalorio No.41 - L = k MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO P£-ÍREZy ra %, "e Q2/f:'/)f'fº(¡¡(! de _%á/z?v?z “De allí que bajo la óptica del nuevo sistema procesal penal, el libelo impugnatorio tampoco puede ser un escrito de libre elaboración, en cuanto mediante su postulación el recurrente concita a la Corte a la revisión del -fallo de segunda instancia para verificar si fue proferido o no conforme a la constitución y a la ley. Por lo tanto, sin perfuicio de la facultad oficiosa de la Corte para prescindir de los defectos formales de una demanda cuando advierta la posible violación de garantías de los sujetos procesales o de los intervinientes, de manera general, frente a las condiciones minimas de adm:s:b¡hdad se pueden deducir las siguientes: £ ra

1. Acreditación del agravio a los derechos o garantías fundamentales producido con la sentencia demandada;

2. Señalamiento de la causal de casación, a través de la cual se deja evidente tal afectación, con la Cons:gu:ente observancia de los parámetros tógicos, argumentales y de

. — postulación propios del motivo casacional postulado; … A “

3. Determinación de la necesariedad del fallo de

casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 2004. De otro lado, con referencia a las taxativas causales de casación señaladas en el artículo 181 del nuevo Código, se tiene dicho que: a) La de su numeral 1% —falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso-, recoge los supuestos de la que se ha llamado a lo fargo de la doctrina de esta Corporación como violación directa de la ley material. b) La del numeral 29 consagra el tradicional motivo de nulidad por errores in iudicando, por cuanto permite el ataque si se desconoce el debido proceso por afectación sustancial de su estructura (yerro de estructura) o de la Página 12 de Casación sistema acusatorio No.A1.43 MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ y nFO %fr';'/(f Q:: Brenia r//f__%(r]¡(f¡'/¡- garantia debida a cualquiera de las partes (yerro de garantía). En tal caso, debe tenerse en cuenta que las causales de nulidad son taxativas y que la denuncia bien sea de la vulneración del debido proceso o de las garantías, exige clara y precisas pautas demostrativas”. Del mismo meodo, bajo la oñentación de tal causal puede postularse el desconocimiento del principio de congruencia entre acusación y sentencia”. c) Finalmente, la del numeral 3% se ocupa de la denominada violación indirecta de tla ley sustancial —

manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia—; desconocer las reglas de producción alude a los errores de derecho que se manifiestan por los falsos juicios de legalidad —práctica o incorporación de las pruebas sin observancia de los requisitos contemplados en la ley-, o,” excepcionalmente por falso juicio de convicción, mientras que el desconocimiento de las reglas de apreciación hace referencia a los errores de hecho que surgen a través del falso juicio de identidad -—distorsión o alteración de la expresión fáctica del elemento probatorio—, del falso juicio de existencia -declarar un hecho probado con base en una prueba inexistente u omitir la apreciación de una altegada de manera válida al proceso— y del falso raciocinio —fijación de premisas ilógicas o trrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica—. La invocación de cualquiera de estos errores exige que el cargo se desarrolle conforme a las directrices que de antaño ha desarrollado la Sala, en especial, aquella que hace relación con la trascendencia del error, es decir, que el mismo fue determinante del fallo censurado.” Auto del 24 de noviembre de 2005, Rdo. 24.323. Auto del 24 de noviembre de 2005, Rdo. 24.530. ib. Rdo. 24.530 Q2/MZ%M r <C¡if fembia O ¡c Página 13 de : Casación sistema acusatorio No. 41 v; MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ y otrog-

%&r(r: gy)¡'e;;a de _Jiiticio — Debe destacarse que en la medida en que el _Ifallo impugnado tuvo como génesis la aceptación de cargosque hicieron los sentenciados en la audiencia de formulacióí1 de imputación, según lo previsto en el artículo 351 de la Leyf…906 de 2004, y toda vez que en los reproches formulados c<g_ntra la sentencia de segunda instancia no se está cuestionanáo el juicio de responsabilidad sino la dosificación de la sangión, resulta fácil advertir que los demandantes tienen interés para recurrir de forma extraordinaria la sentencia, en tanto ello no implicaría una retractación de lo libremente aceptado. Establecidas las premisas básicas de evaluación, se abordarán en detalle las demandas de casación.

1. Demanda presentada a nombre de MARTÍN

IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ.

El demandante considera que la reducción de pena por allanamiento a cargos no debió ser del 12,5%, sino del 37,5% y, en el peor de los casos, del 33,3%, siendo esa la interpretación razonable del artículo 301, parágrafo, de la Ley 906 de 2004. No obstante, omitió el demandante cumplir la carga argumentativa, porque no señaló la causal de casación y De z , Q?Ó¡(Mº('(& de (3(—'/( mbia en Página 14 de 2 T E A CasacióH n A s istenra acusa, torio; No.41 . l-',.E ¡- ¡-¡- ,¿i MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ y atro,

%-De He gy)rr?m-a e __j/A r(¿f ¡rva — mucho menos identificó la clase de error en que pudo haber incurrido la segunda instancia. Es decir, no explicó si sus razonamientos estaban orientados por la violación directa de la ley sustancial, en cuyo caso debió relacionar las normas que el sentenciador aplicó indebidamente, las que omitió aplicar o aquellas que interpretó erróneamente por otorgar¡esy un sentido o un alcance equivocado, sin controvertir las pruebas o los hechos tal como fueron apreciados en el fallo. f elj Tampoco explicó si la violación era indirecta, evento en "el cual debía señalar el tipo de error (de hecho o de derecho) .y el falso juicio (de identidad, existencia o raciocinio; .;legalidad o convicción, respectivamente) cometido en la -Íí_actividad probatoria que determinó o generó la irregularidad denunciada. Empero el principio de limitación que rige el recurso extraordinario le impide a la Sala corregir las deficiencias anotadas, en tanto no le corresponde asumir la carga argumentativa exclusiva del recurrente para complementar, adicionar o enmendar el libelo, porque la casación no es otra instancia; su finalidad es promover un juicio técnico y jurídico E E A I LÓ/_? ;'/)(¡//f?'r¿ de %£-Á-'-/n¿¡lff i < » Página 15 de, ¿.'. )$ - Casación sistema acusatorio N0.ffH 35 a =P MARTÍN IGNACIO VILLADIECGO PEREy Zorr g e= e G%;/¡r€¡¡)=r ¿ de j(:VÍ- ('Í(( 'r ;,'7

4 contra la sentencia que pone fin a un proceso, en orden a demostrar su ilegalidad.

2. Demanda presentada a nombre de STEVE

AMADOR LEIVA y JONATHAN ALCALÁ ARGUMEDO.

Acusa la sentencia de segunda instancia por violación directa de la ley sustancial, consistente en errónea interpretación del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, al considerar que la rebaja de pena por allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación no es del 12,5%, sino de la cuarta parte del castigo a imponer, en caso de que la captura se hubiese producido en flagrancia. Ha dicho reiteradamente la Sala” que si el reproche se formula con fundamento en la causal primera prevista en el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, al actor se le exige que afirme y pruebe que el juzgador de segunda instancia ha incurrido en (i) falta de aplicación o exclusión evidente, que se presenta cuando el funcionario judicial yerra acerca de la existencia de la norma y por eso no la aplica al caso específico que la reclama; ignora o desconoce la ley que regula la materia y por eso no la tiene en cuenta a p H DRepitlica de Celmtia / - - - (-.-N—¡ É T_?x. Página 16 de Casación sistema acusatorio No.41.4 e MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ y Btre %br/re %/¡'FÁ;M de _í4¿j(z'w¿x habiendo incurrido en error sobre su existencia o validez en

el tiempo o en el espacio; (ii) aplicación indebida que tiene lugar cuando el juzgador se equivoca al calificar jurídicamente los hechos 0, cuando habiendo acertado en su adecuación, yerra, sin embargo, al elegir la norma correspondiente a la calificación Jurídica impartida, o, (ili) interpretación errónea, que ocurre cuando el Juez selecciona bien y adecuadamente la norma que corresponde al caso sometido a su consideración, pero se equivoca al interpretaria y le atribuye un sentido jurídico que no tiene o le asigna efectos contrarios a su real contenido. Además, deberá realizar un estudio puramente jurídico de la sentencia y abstenerse de reprochar la prueba. Igualmente, si como consecuencia de la errónea interpretación de la ley, ésta se deja de aplicar o se aplica indebidamente, debe dirigir su acusación hacia una de estas Í€dos hipótesis —exclusión evidente o indebida aplicación— y no J%hacia la interpretación equivocada de la ley pues lo €mportante, en últimas, es la decisión tomada por el Juez: no La . ' ; , , ,aplicar la norma o aplicarla indebidamente. a e m 5 Auto del 31 de marzo de 2008. Rdo. 28260. Página 17 de , Casación sistema acisatario No4l.43 MARTIN IGNACIO VILLADIEGO PEREy Zo rr Si el demandante predica aplicación indebida de una norma, tiene que precisar el precepto inadecuadamente utilizado y aquél que en su lugar debe ser atribuido. Deberá tener en cuenta que respecto de una misma disposición legal no puede predicarse simultáneamente falta

de aplicación y aplicación indebida. Al optar por esta clase de violación de la ley sustancial, deberá el impugnante indicar en forma clara y precisa los fundamentos de la causal y citar las normas que se estiman infringidas. Sin embargo, resulta claro que el demandante no cumplió esas exigencias y se limitó a presentar un escrito que se asemeja un alegato de instancia. - - Si lo buscado por el impugnante, como lo sostiene al exponer en concreto su pretensión, es que se le reduzca a sus defendidos la cuarta parte de la pena por a|lanamieñto a cargos, a pesar de haber sido capturados en fiagranci¡fa, la mínima labor que debió emprender consistía en defini% los argumentos tenidos en cuenta en las instancias Ííénara dosificar la sanción, oponiendo a esos fundamentoslfuna :que eiamaP adecuada contradicción a partir de la cual demostrara T cE -'3;;-_-—u- - ú á s U %X(Z¿¿;(¿- He %n/ff;)fáf'(¡- E; E . Casación sistema acusatorio No.41.4 s; T. MARTÍN IGNACIO VILLADIEGO PÉREZ y otros Crrto g;¿5.rwr¡rxf dO _%(J/¡?º/?f = F Ed L debido a la errónea interpretación de la ley, la norma llamada a regular el caso dejó de aplicarse o se aplicó indebidamente, labor que omitió desarrollar. No obstante, al margen de las deficiencias anotadas en relación con los dos libelos, se evidencia que la intención de

los demandantes eé continuar un debate zanjado en las instancias, con el afán de que se les otorgue a sus asistidos una disminución punitiva superior a la legalmente establecida. Los argumentos expuestos revelan la inconformidad con la aplicación de la reforma introducida por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 a los artículos 301 y 351 de la Ley 906 de 2004, reduciendo para los casos de flagrancia el beneficio punitivo “hasta de la mitad" que establecía el precepto anterior para cuando el procesado aceptaba los cargos en el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación. Sin embargo, la Sala encuentra que ningún error se generó con la aplicación de la citada modificación. En primer lugar, los hechos objeto del proceso tuvieron ocurrencia el 27 de marzo de 201?, esto es, con posterioridad a la vigencia de la Ley 1453 de 2011, razón por la cual el caso Vquedó contemplado por las modificaciones. En segundo EREM — Pagina 18 de 23 AD O g?(;/&';¿á?'flde %GÁGMÁ&:'- 2 1 Página 19 de Casación sistema acusatorio No.4

MARTIN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ y orr?

Órr g?/¡mwa cÁ__%J/…wa término, la discusión sobre las reducciones de pena que ha generado el artículo 57 de Ley 1453 de 2011, ya fue dilucidada por la jurisprudencia constitucional -sentencia C— 645 de 2012y por esta Corte que, en el fallo del 11 de julio

de 20125, sentó su postura sobre el tema, respondiendo las mismas ¡inquietudes Tpresentadas A»por los actuales demandantes en casación, en los siguientes términos: “(...) si la intención del legislador, dentro del poder de configuración, fue la de reglar la rebaja de pena dernivada del — estado de flagrancia, teniendo como fundamento que esa particular situación ofrece sin mayor dificultad los medios de prueba que permiten la emisión, por regla general, de un fallo condenatorio, al consagrar: “La persona que incurra en las causales anteriores (flagrancia) sólo tendrá 1/4 parte del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004”, la interpretación del mencionado precepto compete hacersé_ con tofa! respeto a la sistemática allí contenida, la cual está sustentada en la progresividad de los beneficios punitivoá ofrecidos por la aceptación de cargos y los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la fiscalia y el imputado Q¿:- acusado, atendiendo los diversos momentos procesales en. que puede darse la aceptación de responsabilidad. 4 Si no se hiciera de la manera señalada anteriormentes; se entraría al campo del absurdo, pues en la audiencia d35 imputación la rebaja de pena equivaldría a una cuarta pañ3 del cincuenta por ciento, mientras que para la preparatoria; esto es, ya en el curso del juicio oral, ese beneficio sería déf_. la tercera parte de la sanción a imponer, es decir, habría una mayor rebaja para una etapa más avanzada del proceso, 5 Redicado 38.285

E -: /g?;/kf¿'/r;rºaz de %,—¿,, bl y

A . 7 Pásina 20 de 3 !+ - T . Casación sistema acusatorio No 42551 _'—á MARTIN IGNACIO VILLADIEGO PEREZ y oth /,.¡ 4 -'JL.' '£LCerta gi/¡¡'rº¡¡¡ de jm7r'wkr + y 1£1 E -s donde el acusado ha prestado menor colaboración con la administración de justicia. Para prever ese tipo de situaciones en la aplicación de la justicia premial, la Sala en su fallo del 5 de septiembre de 2011, señaló que respetando el principio de progresividad de las rebajas por los institutos tantas veces mencionados, “os verdaderos sentido y alcance de la restricción de la 7 parte de la rebaja de pena en los casos de flagrancia conduce a concluir que tal guarismo es único y que tiene aplicabilidad con independencia de las etapas del proceso o en cualquiera de los momentos u oportunidades en que el imputado o acusado acepte los cargos bien sea por allanamiento o preacuerdo con el fiscal” (página 42 de la sentencia). En ese propósito, de acuerdo con la Ley 1453 de 2011 el esquema de rebajas por razón de dichos institutos, corresponde realizarse teniendo en cuenta la flagrancia, pero obviamente respetándose las reducciones de pena inicialmente consagradas para el allanamiento a cargos y preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, de las cuales el sujeto sólo tendrá derecho a una cuarta parte de las regladas, interpretación que se ajusta al mencionado principio de progresividad y consulta con el

querer del legislador...” En el mismo precedente se destacó que la disminución del beneficio punitivo a una cuarta parte del consagrado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, debe extenderse a todos los momentos o etapas procesales en que se autoriza alianarse a cargos y suscribir acuerdos entre la Fiscalía y el acusado, respetando desde luego las rebajas de pena inicialmente previstas para cada momento. - Página 21 de , Casación sistenta acusal 0r¡_0 No.d 7 MARTIN IGNACIO VILLADIECO PEREZ y oft %—i(-u—“/r' %!'fº!)f(¿ de Q¡:J(¡'f-r?¡ Conforme con lo anterior, dijo la Sala quel a persona capturada en flagrancia, tendrá derecho a las siguientes rebajas de penas progresivas según el momento en que se allane a los cargos formulados: Í ! Cuando el allanamiento se produce en la audiencia de formulación de imputación, el implicado tiene derecho a:una rebaja del 12,5%, que equivale a una cuarta (1/4) parte del 50%. Si el allanamiento se manifiesta en la aud¡ehnc¡a preparatoria, la disminución que se reconoce es del 8, 33% equivalente a una cuarta (1/4) parte del 33,3%. Y, cuando la aceptación de cargos se hace en el juicio oral, es del 4,15%, equivalente a la cuarta parte de 16,6%. Tales parámetros fueronrespetados en la sentencia impugnada, como se evidencia en las pági