CSJ - Sentencia AEP00034-2019(52418)
Corte Suprema de Justicia
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Detalles
- Título
- CSJ - Sentencia AEP00034-2019(52418)
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Penal
- Año
- 2019
0u República de Colombia cone Suprema de Justicia . Sala Espeolal de Primora tesizncia
ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS
Magistrado Ponente ' AEP 00034-2019 Radicación N” 52418 Aprobado mediante Acta No. 024 Bogotá D.C., ocho (8) de marzo dos mil diecinueve (2019). ASUNTO Decide la Sala la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento y, como subsidiaria, la deteáción y prisión domiciliaria elevadas por el defensor de la aforada AIDA
MERLANO
REBOLLEDO. ' ANTECEDENTES 1.- Con decisión AP1528 de 18 de abril de 2018:, la extinta Sala 3 de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, resolvió la situación jurídica de AIDA MERLANÓ REBOLLEDO, profiriendo en su contra medida de aséguramiento de detención preventiva en centro de reclusión, como posible 1 Folios 118 ss del c.o. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte: Página 1 de 26 E Primera Instancia Radicado 52.418 AIDA MERLANO REBOLLEDO coautora responsabie de los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, consagfados en los artículo 340.3., 390, inciso 3%, 395 y 365 del Código Penal, con la circunstancia de mayor punibilidad del
artículo 58 mumeral 9, con relación exclusiva a los dos últimos delitos. ' Y, le negó, adicionalmente, la imposición de la medida de aseguramiento no privativa de la .libertad, y la detención domiciliaria. 2..E l 19 de julio de 2018?, la misma Sala acusó a la procesada AIDA MERLANO REBOLLEDO por los delitos indicados, y le negó la revocatoria de la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Decisión que mantuvo incólume el 27 de agosto 20183, al resolver el recurso de reposición interpuesto por la defensa.
3. Encontrándose la actuación para dar inicio a la audiencia de juicio oral prevista en el inciso final del artículo 401 de la Ley 600 de 2000, la defensa ha solicitado como pretensión principal, revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión, por haber desaparecido los fines constitucionales en que se fundamentó y, subsidiariamente, se conceda la detención domiciliaria a la acusada por ostentar la calidad de madre cabeza de familia y jefe de hogar y por enfermedad grave; así mismo, plantea la 2 Fls. 2 ss del c.o. 5. 3 Fls. 99 88 del c.o. nro. 6.
Página 2 de 26 . % h Primera Instancia Radicado 52. 418 AIDA MERLANO REBOLLEDO concesión de la prisión domiciliaria, con fundamento en los siguientes argumentos3.1. Sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento. Aduce que la salud de la doctora
MERLANO REBOLLEDO y la insúficiencia de medios proñlact1cos en su sitio de reclusión, impide que el tram1te procesal evolucione con UNAa dimensión humamtarm por lo que solicita se le otorgue la libertad o al menos sea confinada en su domicilio mientras el juicio llega a su final. Considera que la detención prevent1va 1mpuesta con base en los principios de necesidad y proporcmnahdad se sustentó en la finalidad de obstrucción a la adnumatramon de justicia debido a la pos1b1hdad de inducir a testigos a que se comporten de manera desleal o reticente, y de contmuar con la actividad delictiva en razón de la estructura cnmmal que hderaba, pues al avecinarse las nuevas jornadas electorales podr1a ponerlas al servicio de los intereses políticos que le asisten afectando nuevamente la autonomía y la libertad del electorado y, por supuesto, poniendo en peligro los mecanismos de participación democrática. A| momento de calificar el sumario, aduce, la Sala de Casación hizo referericia a dos nuevos hechos£ que no fueron considerados al momento de definirse la situación jurídica, de un lado, la permanencia de la estructura criminal por hallarse en 11bertad MARGARITA BALLÉN, AISSAR CASTRO VICENTE 4 Fla. 82 ss del c.o. juzgamiento 3. Página 3 de 26 Primera Instancia Radicado 52.418
- AIDA MERLANO REBOLLEDO
TAMARA y JUAN CARLOS ZAMORA y, de otro, el peligro que corre e1 testigo principal RAFAEL PALENCIA, quien en su momento denunció al abogado CARLOS JIMÉNEZ y a la hermaxí_a de éste, SARA, por intimidarlo para que ofreciera d_etermihada.vereión. Hoy la Sala debe ser conscientqeue el paso del tiempo y la pmgesíón procesal, han ofrecido nuevas perspectivas respecto de la seguridad de la comunidad y la protección del proceso, superañdo los fundamentos tenidos en cuenta al momento de proferirl a medida de aseguramiento. En ese orden, la llamada organización criminal liderada por AIDA MERLANO sólo existe como hipótesis de trabajo de la acusac1on no como realidad actual fáctica; y la condición p31qu1atnca y emocional de la acusada le impide dirigir dicha , orgamzacmn . Estima, en consecuencia, que el componente humano que se dice integraba la organización se encuentra desintegrado, 1gual que la infraestructura logística y financiera, las cuales desaparecieron a raíz del allanamiento y operativos judicieles realizados el 11 de marzo de 2018, sin que hoy exista una sede, no dispone de í.nfraest'uctura o insumos laborales, y los colaboradores están subjudice a disposición de la Fiscalia, unos privados de la libertad y otros vinculados a juicio. El mayor temor de la Corte, la continuidad de la actividad dehct1va lo había concentrado en el posible riesgo para los comicios presidenciales, en los que la procesada podna haber
1n.f.lu1do como Representante a la Cámara y nueva Senadora de . Pági4 ndea 26 En punto a la seguridad del testigo FRANCISCO P p a ar A lo tL AecE IreN a Ds rG Ao l, I a A M, ov E e m Rl os o Ldu r i A a f Ndv iae c O r a s ryi l ó a ccn , ou msr oete n o s dp rtie o gac d édt o pa o o, c na sd sse aoi b,n l lo eeqs l u e th d e ee sc e th x li oi go ss os t a j g h a ea sl ma t á osq spt o_ s1 h ie i ad nb a ni_ s o. l ed bio ñ ld a ea sle dn a dd doe e el l0s hermanos CARLOS y SARA JIMÉNEZ. r 2 e re 6 x es 3 e qu uql iut siE dan ibe : tl p oe sr l e a os ca las e L q d e une y ec o n o t rn 6e md s0 ai e0 c p i oo r e pd nn re e er s e se, lu e2 n n0i s ta 0r e ar 0 ng r tlu oioy ns dYe o, c co adn ll e7 a d 4 i 4 mcr c o oe i nv mo so dn ee tc a n aa m ttt i 2 ao oe 0 rr 0n i 1a t s, do i e sd e pq ed u r rel e esla s i osam ltdre ve et ed c ní rli c aud l r la oo ó
l s a situación jurídica. privat3 i. v2. a D de e l la a ' ld ie bt ee rn tc ai dó _n e n do sm ui c ci ol ni dar ii ca i ónc om deo ms aé dut r_ ei tu ct aiv bn e zade dl ea “ a J “d s r cñ CuO ee oo -e qp nSs 1r u e É t 8in e s 4lR d a ie d e tf e Ai o Ldn dNe es ee r y T see de Od d 2 ea ec 7N 0ll d o 05a I , 3 0n O ae ) d ó l r , e m t daf íi a ece m M c ñ pun b oAa uls 2 o e oNa 0s s 0Z 2y 2 20q A 1 ou e de N 1 se emn , ( t Eo e el lc D s naa i e t trA Ls o u aaa et d n zc ya ióau 1d anVls 0o d 1m a E a2ed R p 3 sna o ód 2G srt le u A o et dR i l ee e c laA an s od e 2ec n c 0 jo su e0ld tl ae f8ao ol il as ,s r l t a t% i u,h ud c c. e raai o n i apd bj n o u,o a c nce s n fu
a os d er l nd y o r mi ce i en d s or a nu óq r1 í d i u d7 a ni p an ae ay a n en d nce r 1 ils ds e o9 au els a l hogar sino también la condición de madre cabeza de familia. Primera Instancia Radicado5 24 18 í
AIDA MERLANO REBOLLEDO
4 No obstante, advera, la procesada sufre de trastorno afectivo: bipolar TAB, a raiíz de las condiciones de abandono y maltrato que sufrió desde los 5 años de edad, por lo que debió enfrentárse a la vida desde muy joven y con pocas herramientas. Este hecho ha sido el detonante de padecimientos psicoafectivos en sus fjhijos KAROLYNE y ESTEBAN, pues la situación por la que a&ávíesá su progenitora ha provocado sobre todo, en éste último, Í"deserción escolar y refugio en las drogas sicotrópicas, encontrando como único apoyo su hermana mayor, quien a su vez requiere atención sicológica, aépectos que pueden ser corroborados a través de un trabajador social o evaluación siquiátrica de Medicina Legal. El trastorno de personalidad que padece la acusada, según la defensa, fue corroborado por los distintos informes rendidos por el I¡:¿stituto Nacionald e Medicina Legal y la IPS Meredi, el 12 de abril de 2018, dando cuenta de los riesgos que tiene de causarse daño, además de la necesidad de un control prioritario
de consulta y medicación bajo la vigilancia y protección personal. Sin embargo, los controles médicos a los que debía estar sometida, no se han podido realizar en el centro de reclusión en donde permanece recluida, al punto de tener que acudir a una acción de tutela para que se le protejan sus derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana, con el fin de suministrarle los servicios médicos que -se encuentren pendientes y los que el galeno prescriba, sin que ello fuere posible frente a una realidad de negación, insuficiencia y burocracia que opaca hasta la inhumanidad del modelo carcelario. - Págin6 ede a2 6
- I d c a m ae poZ tf i o sn ao areQ tn 2ns led t hc sa rtj oU 4si e m ot e iu e at ioI ni sl a sD r tr a osi cvE h pi tV añ lma qoo o i oc iee míR ai usd ae rr tt n í“ ,D e e, l a i ai c aébn n d O c c sii . l e d t oi, p a n i q o o ,óo t z du m el nd r o ae2 pe nda e i e c0m o ir e dp ir p1é d a, sl ai s c óer a8 a r d g an lia c nir, e oi cít qa aa a s sc nu uil c S i ie io i eds U di ccy áan v o ret al io óa ts ll f o p d i ua t ru nli s re ose rei
s ic o si e m r e nec r ci r iq sp r apim oant gau i vdo ,a €u pe f ui c c i aa v d t i ia d ei o c. o to a át nó ia r isd l t pr h t on pd me o Sr oa r os i ¿ u e g ri ou p ní d cC dley ay o ea d i aYoa án a m m n ei .nd ec c eA t ja d tc v p vo o n eraI n ed r aln i en m ae t e rD í i lt u sl ds pma a A v ur a tymu u lupl a a aa c ee cl oi ra ld db cr oo n ,t a a alo ai il nM o t s lac l ó a lr a ,E dt i -o n p l ol o me z cR c aa r oae e snf uc eL nq cn do in pio n ou oAr Sc ae o -m ne ere c eR on cN s hs c in eo x t f iiI o s aO n p sn e oát sheC e mpa u nr pd o, rr bA ua aod im ?te iec sR l taia pdR pc d o i dr a,c cD i e eroe ó E el i o tb sO ea n m a B se e al s r ap i mst ñO e e mz o á eir zd nL q oó bo n nea n aM t p usq E udn ts ie ce ta iu eO et a
lmrDe ain c rel so lo aR rr ó O t i r ,,i t nA ees, n 1 p t ou p i nso 1 io rons d p pe p r r il d oo o o y e r or según criterio de médico tratante. n h c fo pi c po la j o a s on mo sinf bie s ql s ex l i ui iL i zac isa ( a nant át e c goe n a uyH p í iso U ac d cni ln eN o coa et n o issu o r t m a s aa qhlce r , b o o uij e sl g eó po se a n ar qe ra r r u d,b avS id es u a a eeo el m s n tpa l ae re, o eo as n sr ss d b ct t d ea aoe á as a jl n me ana aa r rv a r p at fe i íoer e mzd a yyc a ra ett o d n vddi r ) e av o il a a o lcs v q, el a u e qd ra ce u se sh ie e ef aaa óc e nu p non s dn pu ,s n er oo oda o ró r , t i n m o a e csi t se ir ípd c a
eaa Pee o n l O b m T ce s id i ic eu e sy ó o :é mnt n ysm p os e ac uao sn a re yc de i . mpi rr om a t cs se al o u e, dc i l rp da d ea c apr e er o duu na oae c g s dq osr ru l qu maoé o ues sn o sl e permaA nd ee nm cá is a, enl a laa sd m ai un li as s tr da e ci fó on r macde i ónj ,u st di eci fa e ndd ée rb e su pr eo sc cu or la ar r idas du Pági7 ndea 26 0! L Primera Instancia Radicado 52.418 AIDA MERLANO REBOLLEDO y fortalécer la unidad familiar, pues no existe para ellos auxilio en el 'grupo familiar más extenso de abuelos y tíos, encontrándose la investigada en la responsabilidad solitaria de velar por sus hijos. E1%estudio de la condición de madre cabeza de familia en armoma con el mandato especial de protección derivado del artículo 43 Súperior, añade, están dirigidos no precisamente en beneficio de la acusada sino de la protección de los niños, niñas y adoleácentes, cuyos derechos dependen exclusivamente de la presencia y el rol de la mujer como cabeza de hogar. chn el confinamiento residencial bajo vigilancia del INPEC la acusada se vería privada de cualquier soporte logístico, de un equipo €:de trabajo, y de recursos que hacen francamente
improbejble la reincidencia, la evasión y la posible afectación probatoria. El otorgamiento de la prisión domiciliaria como pena Sustitutiva, fundada en la condición de padre o madre cabeza de familia exige el énálisis conjunto de las normas que rigen el sustituto, la valoración del interés superior de los menores de _ edad y la consideración de las circunstancias personales del procesado, relacionadas entre otras con los antecedentes y la naturaleza del delito. - Adicionalmente, la reclusión residencial de la aforada en la ciudad de Bqgotá, la porie en un escenario lejano de aquel en que se cumplió la presunta ilicitud, por lo que estará huérfana de reservas logísticas y acompañamiento que le habiliten la mera Página 8 de 26 e OL Primer Aa I DAI ns Mt Ean Rc Lia A NR Oa dí Rc Ead Bo O[ L52 L. E4 D O18 posibilidad de atentar contra los “yelores del sufragio o símplerhente electorales. Ciertamente los delitos imputados son de mnotable s ene ns li a bi nl ei cd ea sd i das doc ia dl e epe xr to r emno a s de c ou nn d icp ie ol nig er so dt ea l aiq sue l amh ia eg na ton ap e “n cs ala r y canto”. - 3.3. Sobre “LA
DETENCION
DOMILIARIA
COMO SUSTITIVA”. d s pl 3 ie d d pu ra r8 ens ois e e c mst n sl oi ii m 2 iaya ó ct r 0A di n iu p 1 ed s i ls o 4 nLu md ii pre , cdc a aa g ñy o a ie rus v m ad i ip ai l a aeo oc ts6 sr nl ic i a 0 t olo vc0 ein md c ap o d sad ue o o m e ri at r ri of l ced a ae d de ein , le e dn soc a s a an si qa e 2 ó e l c u ls0 n an L ae o d 0 e q l en0 y ld Lu lac s, e l eoe ao r s a iym sn m bg i ees o rc ad l nr 1a nie aa 5 t t4 l g í t9 n a e4i r9r a dc n2ad a a o cr ve ydi é in t c da d sa aef so e des e dn o n e oec r f dn 2 ,i 2 em ip cl 0 ó 0 nai o u0n l e0rd l mo 7 o n0 aas da p, id l ep m cs n ilr l ui yp a 1a re e s u 4c ív l sm p eo f5 al e u< e isn a 3 n i s g n t 1 :t s u ao da i rde e e l v am e ne f e a o j es eva d cenu 2 der tis ce e0nt oltp f u í t 1 e i co ilc o 1t l id cu s a l eu ól a ar nuto r ncá yi gp y t i v ar í ea o ri l13 cb d sn 7 ea u5 s ie j q0le7 d óo sr o u9e dn l e e ael Juez
e e ael Juez determine, excepto en los casos que señale la Ley. Aduce que dentro de los requisitos exigidos por el artículo 3 e8 n cuB end tel r anC ,ó dig eo n trP ee nal o, t rosp ,a ra quc eo nc le ad er s enl ta e np cr ii as ióá s e do imi mc pi ol ni ga ari a pos re c (8o ) nd au ñc ot s a dp eu n pi rb isl ie ó nc uy o a m ep ne on sa ym í qn uei ma n o p sr ee v ti rs at ta e e dn e l ua n ol ey d es ea lo s de d elo ic th oo s incluidos en el inciso 2 del artículo 68 A de la misma ley. Página 9 de 26 [6 Primera Instancia Radicado 52.418 AIDA MERLANO REBOLLEDO Al referirse a los punibles atribuidos a la acusada, indica que sólo el porte ilegal de armas consagrado en el artículo 365 del Código Penal, parte de una pena mínima 9 años de prisión, sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte al resolver su situación jurídica tuvo como punto de referencia la vulneración del sistema democrático y la protección del sufragio, sin que ningún debate realizara respecto de la tenencia de armas y/o munición, y del verdadero peligro a los procesos electoralesfuturos_f o mecanismos de participación ciudadana en general, por lo que no sería obstáculo para negar la solicitud. Por otro lado, ninguno de los delitos por los cuales está
siendo . Einvesiige.da la procesada, tales como concierto para de1inqlíi: (art. 340.3), corrupción al sufragante agravado (art. 390.3),: y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula (art. 395) y j—f tenencia de armas de fuego, accesorios, parteá 0) municiones (art. 365) se encuentran dentro de los relacionados en el artículo 68 A ibídem, que excluyen los beneficios y subrogados penales, debiéndose, en consecuencia, por favorabilidad aplicar las figuras de la detención y prisión domiciliaria consagradas en la Ley 600 de 2000 y 904 de 2004, por no resultar incompatibles. |
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Sobmla revocatoria de la medida de aseguramiento.
En¡ orden a lo preceptuado por el articulo 363 de la Ley 600 de 2000, la revocatoria de la medida de aseguramiento Página 10 de 26 p cr ui av na dt oi :va sod be r evla e ngli ab ne !r ta pd r, u ebpr ao sc e qd ue e e dn e svl ia rte út ea np a losd e fui nn ds atr mu ec nc ti oó sn que soportaron su imposición. p nr eo cc ee sdP iéo … dr a dv eí na deld ae gj e atu rañ aps na tp ir zu d ad e r e n jc lu oi i sca i o, f t ia nem c sb u i aé n cn d o o n ss te ih tah u a c id or e ne s ac a lo p en a so r c ei cd pio od r o qu loe l sa
cuales fue proferida: pd s lre h ioa c l ce sf e n at o l ve sc ni ae tn h s rs Srn oi os f al ugt o a o l cuir c aS q c qi div e u uie ia nd ee ó dn b s e ent i p l eeq ueo dn lu s esr C c u e se p a ro pv t1 rt asm0ro oe nél ao c e e tsr c a s c eem pf ir ou i n ou l ó onp rn te n es ou erl l ta e sa e lxi j a ps p i um t et g irudie C n ceo oe ym od ia s ce rp oi le tu d l d s eaee na +o o dms abo n eot Cs mr os oa sd t bm rete n á l ia amr sc éta a taeua nl i i Cc l n s otv i o cpe ru ó qa u sr tg cun eemo eu a ie . ne c l or t one g na r S ft es u am rle ue n l a ei p o d p ce r eeeon ee n t e npt s i m pato f c oara l a i saa b s o i lc ne bs deo a lr eec rn ee d ni is s e todi J o, e s o rul j nt s s evt u a ce t veo dzn i i ord p ug ct a ca a c ie a ar e al rmaa , Cv i e e -p e hn z l7re n a ap l 7 e t ud 4q t me o ee du ef s eet ee n d d ce js y et i n ai 1 o a dc d1 ó,0 2i o0 a n t 0ó oes 0n d ne n e 1 de e o l n e j p fa iu jnr a auc ns uee st sr ssn csi te et edf e erd i
g gi an u si f uuc t cmt ii ra rca ca e dn aair ad a, n ró mrs o dt n o i,e ,o n , e l s ae nd ns e to s cs o uq i or gus n mel ao eo os pd irl u eo amal ps n rc t oo t ei daa l se pa i ced r io z t eet ce ar eo nm ix rt i n cóái an cn is sr id ,t e aq ,o l ói eu n ns ne c p c p au lie u pqe a mn l eu rp p ps e s ea rd la vdr oe ib e ea cc ml nn er eie p t9ne se i r t on vq u o ptu a e e ue q ol db d u ee a e le Sdj e du e u e sis l n a c iho ia e nab lo on lm dor l s l iee v a cd - v ift aiia h dil dl d sna u n a o a ui b e r ,j, i se s ee e n ea trtv lc ce ae ce at o : on qu n a 3m ut a s q pedou tc u r e a liei easl tó ss lai un e a end p cd re eiaa es vcmord xv aen eeia i aa sg dcp r ól ie iia tp ne d ú d dr s u aee o ae e d z n dd e qc la ua o d dl ls e a ea e l a C no7 r7 ma4P :/o 0r 1 , “d ..e .m ed ná es c, el l ar sl ó ea ntC il do a o r te e d x ee C qo u qun i es b t i i lt a iu dc aai pdo
r n eca icl ao, c n iód nm i e cd i di o e a nn a lt d ase a cs ad ue e sn at le edn sic ci ha da e 5 A PC. 38 5. 1J 5. -2S 0a 1la 7 , de RaJ du ,z ga 3m 5i 6e 9n 1t o d, e l r 2a 3d. de3 7 Pá3 no g5 v i8 . n a d 2e 0l 1 11 63 0 d ey d Re 2 a 6dj .ul 3de 5 3420 61 8 d. e S 3a 0l a ded e noC va . sa 2c 0i 1ó 6n . Penal 0S la Primera Instancia Radicado 52.418 AIDA MERLANO REBOLLEDO -revocatofia de la detención preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla”; porque, dicha medida cautelar no se puede prolongar más allá de un tiempo razonable. En ese orden, interesa precisar que en la resolución de la situaciófn jurídica, la Sala de Casación Penal de la Corte cónsid¿fó acreditados los requisitos objetivos de la pena y la necesidad de imposición de la medida de aseguramiento de -detencijf>n preventiva, para evitar que la procesada obstruyera el debicjb ejercicio de la justicia, y persistiera en la ejecución de las conductas que se le atribuyen. D¿sde esa perspectiva argumentó: « (:..) frente a las finalidades de evitar la continuidad de la actividad
delictual ly de prevenir las labores que pueda emprender para ocultar, destruir ó deformar elementos probatorios importantes para la instrucción o dirigidos de cualquier forma a entorpecer la actividad probatoria, la Sala considerá que están llamados a cumplirse en este caso». | “(...existen elementos de convicción que demuestran que la sindicada hacía parte de una organización criminab, cuya estructura aglutinó a más de 2000 personas, todas a su servicio y cumpliendo Junciones orientadas a lograr el propósito de alcanzar una curul en el Senado de la República, sin que para ello tuviera que pervertir los medios democráticos de elección, por lo que resúltaba necesario prevenir la probable incidencia de la acusada en el desarrollo de la actuación y del recaudo probatorio que hasta ese momento iniciaba, pudiendo utilizar su poder y la infraestructura para obstruir la administración de justicia, al inducir a testigos o terceros para que comporten de manera desleal o reticente, conforme lo dio conocer el testigo FRANCISCO RAFAEL PALENCIA - BORRERO, al informar sobre el poder de la funcionaria en la región « y que Ppodría tener incidencia, no sólo dentro del devenir propio de esta actuación sino de los próximo comicios electorales a la Presidencia de la República”. 5 Fl, 147 del c.o.2 de instrucción, decisión del 18 de abril de 2018. Página 12 de 26 Primer Aa I DAI ns Mt Ean Rc Li Aa NR Oa di Ru Eax BL O L; L2 E.4 D O18 r p P ce a e asv n loo a i, lq f
,u iP cer f a ue cet i a1e l óa dn n d e e m n m d e e o ed lg ma i a eh d d so na a ur t m a o a e r d n iel a o a ”dna ,d et s e eef r pge i p oun o r fs r r e qa a s u m eo ei nc t e a té n s ac st i rn eo ó i g, nc ua í a ap l nl od ea r e g a vc l tl iu aa o ga s el S , na a t_ lec a p sdú r is d eca e v lhd aioa soC sa rsq s aau e zae c a o i nó eds ne e l s a que llevaron a Su imposición. a 6t 0e 0n d dS i ei e t n 2u d 0a o 0c 0i ,ló o n s Y c 3rq i 1u t 0e e r i ao s 3p e 1pr 2rv ei vv die es lt ao se Ln e E yn e l 9s o 0t s 6e a dr etm ío c 2m u 0le 0o 4n s 5t ,o 3 5 a5 p lp idr ceo ac ble las ea sLl e, y a este caso por favqrabi]idad. c n e
i y poo q nm an uce d r es i erh td t g i iaiC nre s cnto o e iu ¡ n g pect c ua hn air ia aú coa rm nin lr n ab ó i a s nai o l d fa n e ec eeds co dcco ln ete a. t maea s r oil nn a ace d r drnL oi oq áa d a u p ta ea o is p p r c adr pe ae ri rs oc , ae v ee n a gcr iic qb a e €oi u ra nn eó as id an ó nol t d S eae e el rs dl fea e c n e p o e rom il nl l pda e ra e íe e cd plr ti ol i e oi g rd nrpd r ta apee o eqr l l f l nt e oe ia s lsd tn d oe is ds: ¿ t a e c;?_ , i éo áa ud s m:s ee tn a e q íe ng su gl ce eeul a oao rr ss naa a da ivtm ee sc ii e c mu dne i of s ee cnni s sa an a t ld re n eo ds a gd, ae oe l o reticente con la administración de justicia. s C a n c eo a c e o jb s u ec nr a rs e se cc a tsv iN i d ii cio ó a td in
un , oai c s dee i n doa et ph nl oe a ar l l am d e a eoq s jl eu m l , ul e s e é t g n c ipa mo ct ad d n ia roo e at n a s , r t v an ei r e yi dr ni ven t o ie pg ú t, r ea eú i l rr n m sa l ip o ql s oe a u tnsl e aq ee ur fm e pc r e e ne ron nn ot l trs a c lo ee ai e vd sm e cd e alee or a dd m a aaí ic c d so li a a in oo rv óbh lei nsae osc sc tsc t t r di r u u eó i a ydn c c ae q dt i eoi óo ln e invS ltp t aa oer l d snu a e .e í e s ba d b iod da le l s o a a 7 8 F Al l a. r2 e spss e ctde ol Cc. So J. 5 A. PD 3e 5c 1i 5s -ió 2n 0 17de l y 19 C sj Pde á gS iJ P nu l ei 6o 1a 3bd re . d e2 20 201 18 66, , C. R8 a. dJ .. , 44g 6a 5l 5a , de e nC tra es ac oi tró on s. .
- j - _ Primera Instancia Radim.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO La revocatoria de la medida de aseguramiento exige que el med.ip suasorio sobreviniente sea de tal entidad que obligue al servidor judicial a considerar que los presupuestos e:dsten¿es al momento de imponerla, han desaparecido: «(...) es claro que no se trata de una segunda valoración de las evidencias que justificaron la adopción de la medida, como si impropiamente se surtiera el análisis de un recurso de apelación, sino de la exigencia sustancial insoslayable de presentación de un medio demostrátivo apto e idóneo para desvirtuar la inferencia razonable de autoría ó la necesidad concreta de la medida por ausencia de finalidad constitucional que llevó a decretaria». Como en el presente caso, se reitera, no concurren pruebas distintas a las analizadas al instante del decreto de la detención preventiva, es evidente que la denegación de su revocatoria se impone. 2)'De la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por domiciliaria. La petición la sustenta la defensa en dos circunstancias distintas, la primera, fundada en la condición de cabeza de familia y jefe de hogar, de la acusada y, la segunda, afincada en una enfermedad grave. 2.1. Como madre cabeza de familia y jefe de hogar. La detención preventiva podrá ser sustituida por detención domiciliaria, según el parágrafo del artículo 357 de la Ley 600 de 2000, en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones Página 14 de 26 Y — AIDA
MERLANO REBOLLEDO c úo ltn is ma ag ra red ga us l ap da ar a p ol ra p ele n aa r tís cu us l o it 3u 8t iv da e l de C óp dr ii gs oi ón P end ao lmi .c iliaria, ésta o e l p aa rd trP íe cr ue lc c oe ap b 2t e o z s a d e q deu l ae fa Ln m eo i y l ip a 8r 2e ov é dj en e f e 1c 9o d 9em 3 o ,h og mc aa oru d,s i a fl f i i cg al ua dr oac a cl pi ood rn a td le am d p Le l e yam da a 1d 2r 3ee 2n de 2008, de la siguiente manera: i o nc ia np ca ac p ne a es c n i tt e9 a di oan c da f eip fs ia i cc c iai , et na cd s iea ans s o srp uia sar tl aa , n ct isr aía lqb ua ij dca ear , a9 y y uma do ars a e la d ep do e llr o s ca ó du ns eye mun ác g si e a m9p i e ecr mom bma rpn oae sñ n et r de eo l núcleo familiar”. c d neo o m rp l maa a s r si t Ln ee y p e eem r6sb t 0 úa a 0 n
r eg S ho da te, l e a s 2 l d 0a e 0 d en 0 tS ,a r ll o aa v i Ld e eed n y e e lo 9C s 0a a 6ps p la r ioc dc eci a e nó s d 2n o o 0¡ s 0P 4e 9pn c o ,u3 r r 1 s q: fa ue a edn v o os r s íac r bbi riat elje gior u di lo ae adl n q ru lite a do s e manera expresa € integral este instituto. n s o 3 po e b o1r ñ s r4m t a a alt licE a ai bun d v íl a ddo i e e e, cf me t e , p ec o nt er ro cl pe , ig r j óu eu nee l vl zl a ig en a ei n nu mm dl im a p oe e eu n lr t tda la aoe ll d u;t o gs e , aun2 rp sc r tid e ie ó ds cl tn e i e u e p ca m t ir rp ip ót er ví r n sec ae iwu dv l d ee d eo nn e cqt s ilui3 aa aev 0 r , a7 dr o ee l t ed se nl ee an tl á n r d c ea iú ul ól a bt n opii tocm rrr pa oo e src s
,e ei li vc ód eu n ce ene a nn tr nc ip i on vo la no oa s siguientes casos: de ase« g1, u rC au ma in ed no t o pa sr ea a el suc fu im cp il eni tm ei en lt a o rd ee c tul so is óf ni ne es n pr ee l vi ls ut go as r pa der a rl ea s im de end ci id aa , I RC a. dS ,. J. 2, 2 45Sa 3l a ded e 26C a [s 0a 6c /i 0ó 8n yP en Aa Pl 4, 71R 1ad /. 2 P, 0 á1 g2 i73 n.5 a 6 7 15 de d e 4/ 20 65/05, Rad. 26, 851 de 28/11/2007, . Primera Instancia Ra.dmadÍ £L 5ág AIDA MERLANO REBOLLEDO aspecto que serú fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del inputado” (...) . Cuando la inputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bcyo su cuidado (...). . Disposiciones que han de interpretarse en conjunto con la Ley 750 de 2002, creada con el objeto de fijar normas “sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo :comunitario a la mujer cabeza de familia”!9, la cual contemiála algunos de los requisitos que ha de cumplir la
madre cabeza de familia o jefe de hogar que aspira a obtener la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por la detención y/o prisión domiciliaria, según el caso: fi) Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente. fti) La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los delios de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Intemacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos (...). Igual que ocurre con la pfohibición de conceder el beneficio por los delitos enlistados en el Parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, la Ley 760 de 2002 incluyó algunos otros tipos penales por los cuales no procede la concesión de la detención domiciliaria, entre los cuales, valga decir. desde ya, no se encuentra ninguno de los atribuidos a la aforada en este proceso. 10 C-184 de 2003, d - ' Página 16 de 26 7 l — AIDA MERLANO REBOLLEDO r y eq pu oi rs E i ln t a o s L es ydu em 7ma 5, a 0 n d da es e d o 20sd
0 e 2b p ,e o r deev l s e ar a ri r rf ti oic lca lur l a o d ose 3l 14 p oc ru d em lp a1l a i jL um e ñi y se pn 9 rt 0 uo 6 d ended c e i 2 a0 .l 0 o 4s c d pa i rb r eee scz ucaE pi n ó u d n eee ss te odf seo a l r m d ie l in hi n, a o d g ian crpo ao , r d t oo sd re la e q Pum s Oióu Tl ej o re er l h a ep c du Cehe ood r te .l e ad .e s e Ccr e oos nnc t svo a tern l i;s hgi 1ead c ne icr s oiua na d a a lc a dm r e ega nod r le ol l sa a sentencia sU-388 de 2005: otras pe(i r) s) oQ nue a s se i nt ce an pg aa c ita adc aar sg o p arla a r te rs ap bo ajn as ra .b ilidad de h oij os menores o de de la f (t ii pí) í ajQ ru N eoe j a se ós la so i nr ola e s ap qu uo s en e s na c ab i qi a ul é i ld p la e ad r ma ss ee n a e ' n
sd t ue se t rc aa o ir gaá ac bt ae nr dd eo lp ne or c m ua mdn pee l l n it mhe o i. g e a nr t o por d e par st ue s o c lb aol ri irg nea csc a( pi i pvo o) an ] n ce d is eO d ac dYbo im fe eo íln sl o i p caqa o ,ud ber e e sd. en el sa z oc rap i aa lr ,ae j Ua sN t qu" m io o c t ai a v os o u mm ev na e t r ad lal a d óe , rr cae oms mp e oé n n ts ee sa b oí p bl o vi d id oe ,a r d o ls ao q mu uce e o rm tol ee Y m, iembr( ov) s Q du ee lah a fy ama i liu an ,a lo de cf ui ac li e sn ic gi na i fis cu as t la an c ri ea sl p ond se aba ily iu , dd aa d d se o lil to as r iad e dm eá s l a m e s l ya ús e o ud s ntr l o iee ns cn em aA c rp ec o
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