CSJ - SL012-2023

República de Colombia Corre Suprema de Justicia Salads Canas Laboral

Sala Desamenthis N: 3

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL012-2023 Radicación n.° 93100 Acta 1 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por el BANCO DE LA REPÚBLICA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 21 de octubre de 2021, en el proceso adelantado en contra del recurrente por LEONARDO MONTOYA SOCADAGUII al que se llamó en garantía a LIBERTY

SEGUROS SA y SEGUROS DEL ESTADO SA.

I. ANTECEDENTES Leonardo Montoya Socadagui llamó ajuicio al Banco de la República, con el fin de que se declarara, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, que entre ellos existió un contrato de trabajo

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Radicación n.° 93100 a término indefinido que terminó por decisión unilateral y sin justa causa por parte de la entidad accionada desconociendo que ostentaba fuero circunstancial al momento de su desvinculación. En consecuencia, en forma principal solicitó, se declare que al momento de su despido existía un conflicto colectivo entre el Banco de la República y la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República - Anebre y, por ende, estaba cobijado por fuero circunstancial, por lo que debe ser reintegrado a la Fábrica de Moneda sin solución de

continuidad, en un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando, con el pago de la totalidad de salarios, prestaciones sociales legales y convencionales causadas desde su desvinculación y hasta la fecha efectiva del reintegro con la remuneración correspondiente a un supervisor de procesos del Banco de la República, gen la Fábrica de Moneda o al perteneciente al cargo de mayor jerarquía respecto del cual sea dispuesto su reintegro», al pago de los aportes a seguridad social, a la nivelación del salario por todo el tiempo laborado y al pago de la diferencia que se derive por ello, las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones o, al mayor valor que por esos conceptos surja con ocasión de la nivelación salarial. En forma subsidiaria, reclamó la nivelación del salario por todo el tiempo laborado al haber ostentado el mismo cargo y labores que el personal de planta del área de

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Radicación n.° 93100 acuñación de la Fábrica de Moneda, al pago de la diferencia salarial que resulte por ese concepto, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones o la diferencia del mayor valor que surja por concepto de nivelación salarial del 3 de septiembre de 2005 al 31 de enero de 2018, al pago de las prestaciones convencionales »como primas, sobre sueldos y demás emolumentos», indemnización moratoria, sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo, indemnización por despido sin justa causa convencional, indexación y, la indemnización moratoria por

no remitir a la terminación de la relación laboral la copia de los pagos a la seguridad social y parafiscales. Fundamentó sus peticiones en que: suscribió un contrato de trabajo con Humanos Ltda. desde el mes de septiembre de 2005 hasta el mismo mes del ario 2006, para prestar sus servicios a órdenes de la Fábrica de Moneda del Banco de la República en el cargo de auxiliar de producción, siempre bajo las directrices de personal vinculado directamente con la entidad bancaria accionada. Refirió que una vez terminó su contrato con aquella empresa, celebró 4 contratos de trabajo por obra o labor con Sistemas Productivos Sipro CTA así: del 25 de septiembre al 20 de diciembre de 2006, del 18 de enero de 2007 al 5 de noviembre de 2008, del 16 de febrero al 5 de julio de 2009 y, del 18 de enero al 30 de junio de 2010, para cumplir labores de operario de fundición en las instalaciones de la Fábrica de Moneda del Banco de la República. Señaló que en

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Radicación n.° 93100 desarrollo del último vínculo contractual su actividad pasó a la de supervisor de fundición en la misma entidad, sin autonomía para adoptar decisiones en relación con el personal a su cargo, pues debía obtener siempre autorización de los ingenieros de planta del banco. Indicó que, a partir del mes de agosto de 2010, suscribió contrato por duración de la obra o labor contratada con Coopfulatol CTA para desempeñar el cargo de supervisor de fundición en las instalaciones de la Fábrica de Moneda,

vínculo que se extendió hasta el mes de julio de 2012. Posteriormente, hizo lo propio con Coltempora desde el mes de agosto de esa última anualidad -2012hasta febrero de 2013, para cumplir las mismas actividades. Con Especialistas en Servicios Integrales - ESI celebró 5 contratos por obra o labor para cumplir actividades de supervisor en la Fábrica de Moneda del Banco de la República así: del 4 de marzo al 15 de diciembre de 2013, del 7 de enero al 22 de abril de 2014, del 9 de junio de 2014 al 20 de agosto de 2015, del 14 de septiembre al 16 de diciembre de 2015 y, del 17 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2016. A continuación, fue contratado por Prositec Apoyos Temporales bajo la misma modalidad y actividad contractual que venía desempeñando. Dijo que el 31 de enero de 2018 el Banco de la República y Prositec dan por terminado su contrato de trabajo alegando finalización del contrato de prestación de servicios suscrito entre aquellas empresas. Expuso que en el

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Radicación n.° 93100 mes de febrero de esa anualidad la Fábrica de Moneda empezó un proceso de selección de personal para el área de Facos, en el que se desempeñó el demandante «del que sin explicación alguna fue excluido», dependencia que volvió a operar en el mes de abril de 2018 con salarios superiores a los que devengara durante la prestación de sus servicios. Manifestó que su labor se cumplió en las instalaciones de la Fábrica de Moneda, con los implementos de trabajo que

esta le suministraba, bajo el horario fijado por los ingenieros de planta del Banco de la República, quienes además le impartían instrucciones, órdenes y directrices para el desempeño de sus funciones, siendo la entidad bancaria quien fijaba las políticas de producción acorde con sus planes, programas y presupuestos, sin que las entidades que lo contrataron tuvieran injerencia en ello. Agregó que al interior del Banco de la República existe la organización sindical Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República - Anebre, organización sindical de primer grado y de empresa con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Trabajo, quien desde el ario 1965 ha suscrito varias convenciones colectivas de las que se benefician «la totalidad de los trabajdores de dicha organización por tratarse de un sindicato mayoritario», por lo que es beneficiario de dichas normas. El 31 de octubre de 2017 Anebre denunció la convención colectiva vigente para los años 1997-1999, dando inicio a un conflicto colectivo que culminó en el mes

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Radicación n.° 93100 de septiembre de 2018 con la suscripción de una nueva norma convencional, por lo que, al momento de su desvinculación, 31 de enero de 2018, aquel se encontraba vigente. Adujo que mediante Resolución n.° 00231 de 2 de abril de 2019 el Ministerio de Trabajo - Dirección Territorial del Tolima, en virtud de investigación administrativa, declaró responsable al Banco de la República por infringir el articulo

63 de la Ley 1429 de 2010 con base en lo estipulado en el 468 del CST, al encontrar que la actividad para la que fue contratado el querellante Christian Medina Socadagui se encontraba relacionada con el proceso de elaboración de la moneda que es un proceso misional de la Fábrica de Moneda a su cargo. El 27 de septiembre de 2019 agotó reclamación administrativa, petición que fue despachada en forma negativa mediante comunicación de 15 de octubre de ese ario, en la que la entidad demandada adujo no haber sostenido relación laboral alguna con él. El Banco de la República al contestar la demanda se opuso a la totalidad de las pretensiones principales y subsidiarias por carecer de fundamentos fácticos y legales. Aceptó «que en un principio» desarrolló «directamente todas sus actividades misionales y no misionales, con personal de planta», la existencia de la organización sindical Anebre y, la suscripción de una convención colectiva con esta en el ario 2018.

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Radicación n.° 93100 En su defensa indicó que el demandante nunca estuvo vinculado a su servicio ni recibió órdenes de sus representantes y que, de acuerdo a su función constitucional y legal en relación con la moneda, esta corresponde a la de su acuñación y emisión, actividades que se distancian de las de fundición, producción o elaboración de los cospeles, que son discos metálicos cuya fabricación no tiene ninguna restricción o reserva, razón por la que puede estar a cargo de terceros que ejecuten ese proceso industrial, al punto que ha sido contratado con proveedores de países como Rusia, India

y Turquía, al no ser su producción una actividad misional del banco. Indicó que las normas convencionales vigentes en la entidad no tienen por qué beneficiar al demandante quien no ha sido trabajador del Banco de la República y quien tampoco acreditó que en algún momento hubiese estado afiliado a Anebre o hubiere hecho aportes a dicha organización. De la nivelación salarial pretendida adujo no ser posible, pues para la época de los hechos narrados en la demanda, ninguno de sus funcionarios desempeñó el cargo de auxiliar de producción, operario de fundición, supervisor de fundición y/o supervisor en procesos asociados a la fabricación y adecuación de fleje y cospel. Añadió que las empresas contratistas que vincularon al accionante «obraban por precios determinados y asumiendo todos los riesgoso, además de actuar con libertad y autonomía técnica y directiva, «acotando que el hecho de que

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Radicación n.° 93100 desarrollaran sus labores en las dependencias de la contratante, no desdibuja su condición de contratistas, dadas las particulares circunstancias que rodean la especializada actividad para la quef ueron contratadas». Resaltó que la sanción que le fue impartida por el Coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial del Tolima del Ministerio del Trabajo, fue revocada mediante Resolución n.° 531 de 2019 de ese ente ministerial Como excepciones previas propuso las de falta de jurisdicción o de competencia y, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios; las de fondo de

prescripción y compensación y, las que denominó, falta de legitimación por pasiva, inexistencia de contrato de trabajo entre el demandante y el Banco de la República, carencia absoluta de causa, inexistencia de derecho a reclamar de parte del demandante,i nviabilidad del reintegro, inviabilidad e improcedencia de la nivelación salarial, cobro de lo no debido, buena fe, pretensión de enriquecimiento sin causa, abuso del derecho y, las «INNOMINADAS» (f.° 3-47 cuaderno digital). Llamó en garantía a Liberty Seguros SA y a Seguros del Estado SA. Esta última sociedad aseguradora - Seguros del Estado SAse opuso a la prosperidad de su vinculación al proceso por cuanto las pretensiones desconocen las coberturas acordadas y las condiciones generales y particulares de la póliza que se suscribiera con ocasión al contrato n.° 8

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Radicación n.° 93100 CT013500091600 de 22 de enero de 2016. Interpuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por parte de Seguros del Estado SA, ausencia de cobertura por cuenta de la póliza de cumplimiento n.° 25-45-101020368, inexistencia de obligación indemnizatoria a cargo de Seguros del Estado SA, límite de la eventual obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada y a favor de la llamante en garantía por cuenta de la póliza de cumplimiento, las exclusiones de amparo y condiciones de cobertura expresamente previstas en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento que sirvió de fundamento para el llamamiento en garantía, prescripción

de las acciones derivadas del contrato de seguro y, cualquier otro tipo de excepción de fondo que llegare a probarse y que tenga como fundamento la ley o el contrato de seguro recogido en la póliza invocada como fundamento en el llamamiento en garantía. Liberty Seguros SA sostuvo que la póliza que expidiera cubre salarios y prestaciones sociales de los trabajadores de Especialistas en Servicios Integrales - ESI y tiene como asegurado al Banco de la República, en caso de que la entidad bancaria resultara condenada solidariamente como beneficiaria directa del trabajo de aquellos, situación que resulta diferente a la que motiva la presente litis en la que lo que se pretende es la declaratoria de existencia de un contrato realidad y derivado de ello, el reconocimiento de un ajuste salarial y un eventual reintegro con sus consecuenciales, póliza que no cubre dicho riesgo toda vez

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Radicación n.° 93100 que, «como se explicó, la cobertura es solo de los salarios y prestaciones sociales que el empleador "ESI" ha incumplido con sus empleados y según las pruebas del proceso, eso no ha ocurrido». Excepcionó, póliza no tiene cobertura de salarios de contrato realidad, límite del valor asegurado, límite de la vigencia del contrato de seguro, las exclusiones expresamente previstas en las condiciones generales y particulares de la póliza, límite de la eventual obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de la compañía que represento y a favor del llamante en garantía por cuenta de las pólizas de responsabilidad de seguro de cumplimiento que sirve de fundamento para la vinculación de mi

poderdante a este proceso y, reducción de la suma asegurada (límite asegurado) por pago de indemnización. II.S ENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, concluyó el trámite y emitió fallo el 4 de mayo de 2021, en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el BANCO DE LA REPÚBLICA - FABRICA DE MONEDA,c omo empleador y el señor LEONARDO MONTOYA SOCADAGUI, como trabajador, existió un contrato realidad, concretado en un contrato de trabajo a término indefinido que se suscitó en los siguientes periodos: 1) Entre el 3 de septiembre y el 23 de diciembre de 2005; 2) Entre el 4 de febrero de 2006 y el 5 de julio de 2009 y, 3) Entre el 16 de febrero

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Radicación n.° 93100 de 2010 al 30 de enero de 2018, por las razones que se dejaron explicadas en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor LEONARDO MONTOYA SOCADAGUI, al ser despedido se encontraba amparado por fuero circunstancial y, por tanto, beneficiario de la convención colectiva de trabajo de Anebre, conforme a lo explicado.

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de todos los posibles derechos anteriores al 27 de septiembre de 2016.

CUARTO: CONDENAR al BANCO DE LA REPÚBLICA - FABRICA DE MONEDA a pagar al señor LEONARDO MONTOYA

SOCADAGUI $27.098.753, como indemnización convencional por despido sin justa causa, conforme a lo explicado en precedencia.

QUINTO: DECLARAR no probadas las demás excepciones propuestas por el BANCO DE LA REPÚBLICA.

SEXTO: CONDENAR a la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO SA de acuerdo a la póliza para grandes beneficiarios n.° 25-45101020368, cumplimiento de salarios y prestaciones sociales, conforme a la cláusula 4.3 en adelante, por lo expuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO: DECLARAR probada la excepción de límite de la vigencia del contrato de seguro propuesta por LIBERTY

SEGUROS SA.

OCTAVO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas

por SEGUROS DEL ESTADO SA.

NOVENO: COSTAS a cargo de la demandada. Liquídense por secretaría si se encuentran acreditadas. Las agencias en derecho se tasan en la suma de $3.500.000 a favor del demandante.

Disconformes los apoderados de las partes y de la llamada en garantía Seguros del Estado SA, apelaron.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, profirió fallo el 21 de octubre de 2021 (1° 1 - 23 cuaderno digital del Tribunal), en el que decidió: PRIMERO. REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia proferida el 4 de mayo de 2021 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 'bague, Tolima, según se explicó en la parte

motiva de esta providencia, en el sentido de CONDENAR al BANCO DE LA REPUBLICA a REINTEGRAR a LEONARDO MONTOYA SOCADAGUI al cargo que venía ejecutando al momento del despido o a uno de igual o mejor categoría, junto con el pago de los salarios y prestaciones legales y convencionales que correspondan al cargo, dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la de su reinstalación, junto con los aportes al sistema de seguridad social en pensión.

SEGUNDO: REVOCAR los numerales SEXTO y OCTAVO de la sentencia, para en su lugar ABSOLVER a SEGUROS DEL ESTADO S.A. de las pretensiones en su contra.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de la demandada Banco de la República y a favor del demandante y la llamada en garantía Seguros del Estado S.A. Como agencias en derecho se fija la suma de $908.526, para cada uno de los favorecidos

(negrilla del texto). En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal fijó como problemas jurídicos: i) si entre Leonardo Montoya Socadagui en calidad de trabajador y, el Banco de la República como empleador, existió un contrato de trabajo; en caso afirmativo, ii) si hay lugar a la nivelación salarial solicitada, iii) si el actor se encontraba amparado por fuero circunstancial, iv) si es beneficiario de las convenciones 12

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Radicación n.° 93100 colectivas de trabajo suscritas entre la entidad bancaria y Anebre, y) si es procedente el reintegro o en su defecto la indemnización por despido y, vi) si la póliza de seguros

emitida por Seguros del Estado SA ampara las condenas impuestas en el juicio. Para dar respuesta al primer interrogante, se refirió a lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 del CST y, aseveró que no solo la prueba testimonial sino la contestación de la demanda por parte del Banco de la República dan cuenta de la actividad personal desempeñada por el demandante como operario y supervisor del área de fundición de la Fábrica de Moneda, la que desplegó en sus instalaciones; no obstante, se remitió al tenor literal del artículo 35 ibídem, «a punto de determinar si hubo intermediación laboral ilegal, pues el demandante sostiene en su demanda que su empleadorf ue el Banco de la República». Sostuvo que la « tercerización de procesos no está prohibida en la legislación colombiana pues lo que se castiga es la utilización de maniobras con apariencia de legalidad para desconocer los derechos laborales de los trabajadores», aserto que respaldó con la sentencia CSJ 5L467-2019, luego de lo cual afirmó que: De lo anotado, si bien, existe la posibilidad jurídica de externalizar algunos procesos por parte del empleador, el Tribunal advierte de la forma cómo se desarrolló la labor ejecutada por el actor, que el proceso encomendado no se encontraba descentralizado del centro empresarial, sino que por el contrario exigía la intervención de personal y maquinaria

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Radicación n.° 93100 especializada aportada por el banco, sin la cual sería imposible que un tercero pudiera fundir el material necesario para acuñar

las monedas. A continuación, se refirió a las declaraciones de José Joaquín Jaramillo Hoyos, Diego Andrés Acosta Rojas, Yury Arley Navarro Durán, Harold Enrique Olivella Fernández, Juan Carlos Calderón Barrera y, Jairo Alfonso Naranjo Bermúdez, de las cuales sostuvo, [...] resulta evidente que el proceso de fundición en el cual laboró el demandante estaba a cargo de personal técnico y especializado del banco demandado, sin que se advierta autonomía en los contratistas, supuestos empleadores del actor, por el contrario, reiteran la que la (sic) subordinación era ejercida por personal del Banco de la República, principalmente por el ingeniero Harold Olivella, el que de manera expresa aceptó en su declaración que era el ingeniero a cargo y que intervenía en las actividades del actor impartiendo instrucciones y recibiendo informes diarios. Además, los testigos son uniformes en indicar que el manejo técnico y especializado del área se encontraba a cargo del personal del banco. Es de resaltar que la maquinaria y materia prima utilizada en el desarrollo de la labor era de propiedad de la pasiva. Lo anterior, lo llevó entones a concluir, que el actor del juicio prestó sus servicios personales y subordinados en favor del Banco de la República, «estructurándose el contrato de trabajo que fuera declarado en primera instancia», pues quedó evidenciado que existieron múltiples vinculaciones a través de CTA y outsorcing, para la contratación de la producción de cospel y flejes con las que se pretendió ocultar una verdadera relación laboral. Resaltó que atendiendo las especialísimas condiciones, calidades, experticia,

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Radicación n.° 93100 maquinaria» que se requiere en el proceso de fundición de la moneda, resultaba imposible tercerizar o externalizar el proceso, pues las personas que tenían el conocimiento, habilidades y experticia eran los ingenieros del banco, amén que ninguna de las empresas contratadas era especializada en la producción de flejes y cospeles y que la maquinaria empleada en el proceso únicamente la posee en el país la Fábrica de Moneda de propiedad de la entidad bancaria demandada. En cuanto a la pretendida nivelación salarial, refirió que los procesos de fundición y acuñación de la moneda son completamente diferentes y no equiparables para tomar las asignaciones salariales de estos como referentes del caso, además que no había supervisor vinculado a la planta de personal del Banco de la República, lo que hacía imposible la prosperidad del pedimento. Luego de referirse al Decreto 2351 de 1965 y a la sentencia CSJ SL3344-2020, manifestó que no existía discusión en cuanto a que la organización sindical Anebre presentó pliego de peticiones al banco demandado el 31 de octubre de 2017, el que culminó con la suscripción de la convención colectiva el 12 de septiembre de 2018, mientras que el contrato de trabajo del promotor del juicio feneció el 30 de enero de este ario, sin justa causa, «pues, si bien, las testimoniales al unísono indicaron que la desvinculación del demandante obedeció a la terminación del contrato con el tercero y la vinculación del personal por el concurso ofertado,

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Radicación n.° 93100 ello no obedece a una justa causa», por lo que era beneficiario del fuero circunstancial que conllevó que el ad quem ordenara su reintegro con el pago de los salarios y prestaciones legales y convencionales que correspondan a su cargo, dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la de su «reinstalación», junto con el pago de los aportes al sistema general de pensiones. Para finalizar, se refirió al llamamiento en garantía que hiciera el banco demandado a Seguros del Estado SA y luego de analizar la póliza expedida por esa entidad aseguradora, coligió que no existe nexo causal que derive responsabilidad a su cargo, en tanto la misma ampara los posibles incumplimientos en que incurra la contratista PrositecApoyos Temporales - Unión Temporal, respecto del pago de salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores en el desarrollo del objeto contractual allí descrito, la que no puede hacerse extensiva al amparo de las condenas impartidas al Banco de la República 4( como empleador directo, pues ello implicaría ampliar la cobertura de la póliza al amparo de las condenas u obligaciones derivadas de una contratación ilegal, a través de la cual se valió de terceros para encubrir una verdadera relación laboral».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el Banco de la República, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, revoque en su integridad la proferida por el a quo, «tanto en sus declaraciones como en sus condenas, para que en su lugar se disponga una absolución total». Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que recibió réplica y, enseguida, se estudia.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 22,23 «(1° Ley 50/90))), 24, 27, 34, 35 g(3° Decreto 2351 de 1965)», 65 g(29 Ley 789 de 2002)», 127 «(14 Ley 50/90)», 186, 249, 306, 467, 470 y 471 del CST; 71, 77 y 99 de la Ley 50 de 1990; 1 de la Ley 52 de 1975; 25, 37, 38 y 39 del Decreto 2351 de 1965; «2.2.2.1.9 del DUR 1072 de 2015»; 53 de la CN; 1-9 Ley 31 de 1992 y, «Como violación medio denuncio la aplicación indebida de los artículos 60 y 61 del

C.P.T. y S.S.».

Sostiene que la violación de la ley fue producto de la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por probado, sin estarlo, que el demandante tuvo contratos de trabajo con el Banco de la República entre los arios 2005 y 2018.

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2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante prestó

sus servicios en favor de terceros contratistas del Banco de la República, bajo la subordinación de ellos, entre los arios 2005 y 2018.

3. No dar por demostrado, siendo evidente, que las personas jurídicas denominadas Humanos Ltda, Sistemas Productivos

Sipro CTA, Coopfulatol CTA, Colombiana de Temporales Coltempora S.A., Especialistas en Servicios Integrales ESI y Prositec Apoyos Temporales, tiene existencia real y fungieron entre 2005 y 2018 como contratistas del Banco de la República y como empleadores del demandante.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el objeto social del Banco de la República no incluye la elaboración de flejes y cospeles.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el objeto social de Soluciones Industriales - Prositec SAS, incluye la "planificación y ejecución de actividades de tipo técnico, administrativo, productivo y operativo de naturaleza industrial".

6. No dar por demostrado, estándolo, que el objeto social de Especialistas en Servicios Integrales SAS incluye "Actividades y servicios especializados de reducción, incluyendo la fabricación y transformación de productos".

7. No dar por demostrado estándolo, que el demandante entre los arios 2005 y 2018 estuvo afiliado a la seguridad social por distintos empleadores entre los que no figura el Banco de la

República.

8. No tener por reales, siendo evidente, los contratos civiles celebrados por el Banco de la República con los empleadores

del Sr. Leonardo Montoya.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante cumplió

con las condiciones y requisitos para quedar cobijado por la convención colectiva de trabajo (compilación) de 2018.

10. Tener como supuesto de su decisión condenatoria sobre el reintegro del demandante, que el mismo estuvo en el grupo de personas que presentaron el pliego de peticiones que fue

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Radicación n.° 93100 resuelto con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo del actor con los contratistas del Banco.

11. Dar por demostrado, sin soporte alguno, que el Banco de la República despidió al Sr. Montoya.

12. No dar por establecido, estándolo, que entre las funciones del Banco demandado están la de acuñación y emisión de moneda pero no la de elaboración de flejes y cospeles (discos metálicos).

13. No dar por demostrado, estándolo, que en los contratos civiles celebrados por el Banco de la República con las firmas que fungieron como empleadoras del demandante, se tuvo puntualmente como objeto "la fabricación y suministro de productos intermedios requeridos para la elaboración de moneda metálica en las etapas del proceso productivo denominadas: fundición, laminación 1, recocido fleje, laminación 2, troquelado, rebordeo, recocido cospel, lavado y selección; así como a prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, herramientas y equipos de EL BANCO".

14. No dar por demostrado, estándolo, que las empresas que fungieron como empleadoras del demandante, tuvieron que presentar propuesta y oferta para poder contratar con el

Banco.

15. No dar por demostrado, estándolo, que en los contratos con las firmas empleadoras del demandante, se pactó que "El control de ejecución del presente contrato estará a cargo de la Dirección de la Fábrica de Moneda de EL BANCO en la ciudad de Ibagué, o del empleado que esta designe".

Asevera que los yerros resultaron de la errónea apreciación de: certificados de Especialistas en Servicios Integrales ESI (f.° 4), Humanos (f.° 5), Sistemas Productivos SIPRO (f.° 6), Coopfulatol (f.° 7), ColemporaColombiana de Temporales SA (f: 8), Prositec - Apoyos Temporales - Unión Temporal (f.° 9-11); reclamación administrativa (f.° 12 y ss y, 67 y ss), respuesta a dicha reclamación (f.° 22 y vto), relación de pagos a seguridad social emitida por Protección (f.° 23 y ss),

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Radicación n.° 93100 contrato de prestación de servicios celebrado entre el Banco de la República y Prositec - Apoyos Temporales - Unión Temporal (f.° 28-41), certificado del Banco de la República emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia (f.° 62 y ss y 50 y ss), Convención Colectiva de Trabajo 2018 (f.° 72 y ss), certificación Anebre de 18 de noviembre de 2019 (f.° 98101), Resolución n.° 0231 de 2 de abril de 2019 emitida por

el Ministerio de Trabajo (f.° 102 y ss), confesión hecho 37 de la demanda (f.° 118 y ss), Resolución n.° 531 de 9 de septiembre de 2019 proferida por el Mintrabajo (f.° 59 y ss), contrato 13500081300 celebrado entre el Banco de la República y Especialistas en Servicios Industriales Ltda. (f.° 91 y ss), contrato 13500091600 celebrado entre el banco dem