CSJ - SL015-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL015-2023 Radicación n.° 83551 Acta 01 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUZ MERY CAMPIÑO MORALES contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM ESP y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES La citada actora convocó a juicio a las accionadas con el propósito que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su esposo Francisco Luis Hurtado Betancur.

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Radicación n.° 83551 Como consecuencia de lo anterior, pidió que las demandadas fueran condenadas al pago de esa prestación pensional, desde la fecha del fallecimiento de su cónyuge, junto con la indexación de la primera mesada, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que contrajo matrimonio civil con Francisco Luis Hurtado Betancur el 6 de diciembre de 1986, quien falleció el 3 de julio de 1990; que aquel acumuló «tiempo de servicios» con

Empresas Públicas de Medellín EPM entre 1986 y 1990, realizó cotizaciones al ISS con «floristería y Jardín de América» alcanzando un total de 260,533 semanas, detalladas así: EMPLEADOR DESDE HASTA SEMANAS Floristeria y Jardín América 23/02/1981 31/12/1981 46,189 Flori steria y Jardín América 1/01/1982 15/01/1982 2,145

EEPPMM 1/06/1986 30/06/1986 4,29

EEPPMM 1/07/1986 31/12/1986 25,74

EEPPMM 1/01/1987 3/07/1990 182,169

TOTAL 260,533

Indicó que como era factible acumular los tiempos laborados por su cónyuge en el sector público con las semanas que aquel cotizó directamente al ISS, podía acceder a la pensión de sobrevivientes conforme el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 y a su vez con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, ya que, en ambos escenarios normativos, el causante dejó cumplidas las semanas exigidas. Narró que acudió a Colpensiones para reclamar el derecho pensional aquí impetrado, no obstante, esa entidad

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Radicación n.° 83551 negó dicha petición y en su lugar le reconoció una indemnización sustitutiva. Finalmente, expuso que también solicitó el pago de esa prestación ante Empresas Públicas de Medellín el 21 de agosto de 2015, obteniendo respuesta negativa.

Al dar respuesta a la demanda, Empresas Públicas de Medellín ESP se opuso a las pretensiones incoadas. En cuanto a los hechos, aceptó que Francisco Luis Hurtado Betancur prestó servicios a esa entidad en los periodos relacionados; la fecha de su deceso; la calidad de cónyuge de la demandante y la reclamación pensional elevada. Frente a los demás, dijo que no le constaban. En su defensa, argumentó que para el momento en que falleció el señor Hurtado Betancur, esto es, el 3 de julio de 1990, la normativa aplicable para definir la procedencia de la pensión de sobrevivientes era el Decreto 1160 de 1989 que reglamentó la Ley 71 de 1988. Resaltó que esa disposición establecía como requisito para conceder la pensión, que la persona hubiera acreditado 20 años de servicios en el sector público; exigencia que no acreditó el difunto y, por ende, desestimó lo solicitado. Formuló las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, «normativa aplicable para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes», «desconocimiento del régimen normativo aplicable al sector público», improcedencia de los

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Radicación n.° 83551 intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y prescripción. La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones al contestar la demanda también se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la calidad de cónyuge de la promotora del proceso; la fecha de

fallecimiento del afiliado, los tiempos laborados en el sector público, las semanas cotizadas al ISS y la reclamación elevada ante esa entidad. Sobre los restantes supuestos fácticos indicó que debían ser probados en el proceso. Manifestó en su defensa que el señor Francisco Luis Hurtado Betancur no dejó cumplidos los requisitos exigidos por la normatividad vigente y aplicable al momento de su muerte, al ostentar su condición de empleado público. En todo caso, resaltó que, si se llegase a examinar la procedencia de esa prestación en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, conforme el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad, que era la norma vigente para la fecha del deceso, tampoco habría lugar a conceder la pensión de sobrevivientes, pues el afiliado no cotizó 150 semanas en los seis años inmediatamente anteriores a su deceso, ni 300 semanas en cualquier época. Propuso como excepciones de mérito las de inexistencia del derecho reclamado, buena fe, prescripción y la genérica.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 4 de julio de 2018, resolvió: PRIMERO: DECLARAR próspera la excepción de inexistencia de la obligación, propuesta por la entidad demandada EMPRESAS

PÚBLICAS DE MEDELLÍN.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor Francisco Luis Hurtado Betancur […] no dejó acreditado el derecho a sus causahabientes para reclamar la pensión de sobrevivientes, por no cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 5 del Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988.

TERCERO: DECLARAR PRÓSPERA LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, propuesta por la entidad demandada.

CUARTO: ABSOLVER a COLPENSIONES […] y a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN […] de las pretensiones incoadas en la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer del asunto en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante, con sentencia del 23 de octubre de 2018, confirmó en su totalidad la decisión del a quo y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

Indicó que el problema jurídico a resolver se centraba en definir si Luz Mery Campiño Morales tenía derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente por la muerte de su cónyuge, particularmente, según el artículo 6 del

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Radicación n.° 83551 Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, «teniendo en cuenta la sumatoria de los tiempos laborados por el fallecido en el sector público» con las cotizaciones efectuadas al ISS.

Resaltó que en el plenario se encontraban probados, sin discusión, los siguientes hechos: i) que Francisco Luis Hurtado Betancur laboró para Empresas Públicas de Medellín EPM desde el 3 de junio de 1986 hasta el 2 de julio de 1990; ii) que aquel falleció el 3 de julio de 1990; iii) que de ese periodo laborado con EPM, su empleador cotizó al ISS desde el 3 de junio de 1986 hasta el 28 de diciembre de ese mismo año y que con otros tiempos laborados previamente, tenía un total de 76 semanas sufragadas al Régimen de Prima Media – RPM; iv) que a partir del 29 de diciembre de 1986 y hasta el 3 de julio de 1990 laboró con EPM, pero no efectuó cotizaciones a ninguna administradora o caja, sino que esa entidad empleadora asumió directamente los riesgos de IVM (f.° 25); y v) que Luz Mery Campiño Morales reclamó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, petición que fue desestimada y, en su lugar, se le otorgó una indemnización sustitutiva. Manifestó el juez colegiado que para determinar si en el presente caso era viable el reconocimiento de la pensión de sobreviviente era necesario identificar, previamente, cuál era la norma aplicable al asunto, pues tratándose de pensión de sobrevivientes, correspondía a aquella que estuviera vigente al momento de la muerte de Francisco Luis Hurtado

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Betancur, que ocurrió el 3 de julio de 1990 y que se ajustara a su situación laboral. Indicó que, al quedar demostrado que «el ultimo vínculo laboral que tuvo el afiliado lo fue en el sector público y específicamente con Empresas Públicas de Medellín», la norma llamada a gobernar la controversia pensional era el Decreto 1160 de 1989, a través del cual se reglamentó la Ley 71 de 1988, disposición vigente al momento de la muerte del trabajador y que se ajustaba teniendo en cuenta su condición laboral. Precisó que esa conclusión se obtenía al valorar el certificado de tiempo de servicio emitido por Empresas Públicas de Medellín EPM (f.° 13), en el cual, ese empleador, si bien reconoció que entre el 3 de junio de 1986 y el 28 de diciembre de 1986 realizó aportes al ISS a favor de su trabajador, también quedó consignado que a partir del 29 de diciembre de 1986 y hasta el 3 de julio de 1990, «los riesgos de IVM fueron asumidos directamente por esa entidad pública»; circunstancia que conducía a concluir que el régimen pensional del afiliado, al momento de su fallecimiento era el del sector público, por ende, reiteró que la disposición imperante en el sublite era el mencionado Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988. Definida la norma aplicable, indicó que el artículo 5 del Decreto 1160 de 1989 estableció que, ante el fallecimiento de un empleado del sector público, se reconocería una pensión

de sobrevivientes a sus beneficiarios, siempre y cuando el

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Radicación n.° 83551 trabajador hubiese «completado el tiempo de servicio requerido por la ley, convención o pacto colectivo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación», que para el caso de Francisco Luis Hurtado Betancur, al haber laborado en el sector público, el tiempo exigido correspondía a 20 años de servicios. Aseveró que dicha exigencia no fue acreditada por el fallecido en el sub examine, dado que laboró con Empresas Públicas de Medellín EPM desde el 3 de junio de 1986 al 3 de julio de 1990 y en total contaba con un tiempo de servicio en el sector público, de 4 años y 29 días, densidad que resultaba inferior a la requerida. Por tanto, dijo que no había lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes al tenor del Decreto 1160 de 1989 y la Ley 71 de 1988. Adujo que si en un hipotético caso, hubiere lugar a la sumatoria de tiempos públicos y privados conforme lo permite la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta lo reclamado por la actora en la demanda inicial, tampoco se tenían acreditados los 20 años de aportes exigidos, pues contabilizando las semanas cotizadas al ISS con el tiempo laborado en el sector público, el causante tendría en total 260,53 semanas equivalentes a 5 años y 23 días. Bajo esos argumentos, concluyó que en definitiva no había lugar a conceder la pensión de sobrevivientes

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Radicación n.° 83551 reclamada y por ello debía confirmarse la decisión absolutoria del a quo. Finalmente, aseveró que la pretensión relacionada a que la prestación se reconociera en aplicación de la Ley 100 de 1993 y del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición y de la «sumatoria de tiempos» no podía ser de recibo, pues la aludida Ley 100 de 1993 no se encontraba vigente al momento del deceso del afiliado y por ende «no era viable hablar de ella como beneficiaria del régimen de transición y que como consecuencia se diera la aplicación del Decreto 758 de 1990».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case totalmente la sentencia impugnada, para que en sede de instancia revoque la decisión del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral, formula dos cargos, los cuales están oportunamente replicados por las demandadas y que a continuación la Sala estudiará en el orden propuesto.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, respecto de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, lo que

condujo a la aplicación indebida del artículo 5 del Decreto 1160 de 1989, en relación con los artículos 1, 2, 26, 27, 28, 31 y 41 del Acuerdo 049 de 1990; 48 y 53 de la CP y 19 y 21 del CST. En el desarrollo de la acusación, la censura manifiesta que no discute las conclusiones fácticas obtenidas por el Tribunal, en particular, los siguientes hechos: i) que Francisco Luis Hurtado Betancur no cumplió con la densidad de semanas exigida por el Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988; ii) que su empleador Empresas Públicas de Medellín EMP cotizó directamente al ISS a pensión desde el 3 de junio de 1986 hasta el 28 de diciembre de ese mismo año; iii) que a partir del 29 de diciembre de 1986 y hasta el 3 de julio de 1990 EPM asumió directamente los riesgos de IVM frente a su trabajador; y iv) que la demandante, en condición de cónyuge del afiliado fallecido, recibió por parte del ISS una indemnización sustitutiva. Explica la censura que su inconformidad frente a la sentencia impugnada radica en que el juez colegiado se equivocó al considerar que la norma llamada a gobernar el asunto era el Decreto 1160 de 1989 en armonía con la Ley

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Radicación n.° 83551 71 de 1988 y con ello descartar la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, pues en decir de la recurrente, «ninguna de las

normas en discusión, establecen las personas a quienes se les aplica dicha normatividad», lo que significa que el hecho que el afiliado fallecido hubiese laborado para una entidad de derecho público no «definía» obligatoriamente la aplicación del referido Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la aludida Ley 71 de 1988. Sostiene que el artículo 5 del citado decreto no tenía cabida en esta controversia, pues aquel «regula la sustitución pensional de quien ya ha cumplido con el tiempo exigido en la ley y solo está pendiente de que se le reconozca efectivamente el derecho o del cumplimiento de la edad para su disfrute»; por tanto, no era acertado concluir que el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamado debía definirse conforme a esa disposición. Resalta que, por el contrario, el artículo 2 del Acuerdo 049 de 1990 sí era la norma gobernante de la controversia pensional, pues regula específicamente la prestación de sobrevivientes solicitada, siendo aplicable al asunto, dado que el causante estuvo afiliado al ISS y cumplió con el tiempo exigido, presupuestos que eran suficientes para otorgar la prestación reclamada. Finalmente, expone que, para este asunto, la aplicación del aludido Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, no estaba condicionada a que el afiliado hubiese sido beneficiario del régimen de transición

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Radicación n.° 83551 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el reglamento del

ISS invocado se encontraba vigente para el momento en que falleció el señor Hurtado Betancur el 3 de julio de 1990. Bajo esos argumentos, concluye que al estar demostrado el error jurídico del Tribunal se debe casar la sentencia impugnada.

VII. LA RÉPLICA Colpensiones se opone al éxito conjunto de los cargos, pero en su argumentación, realmente solo expone reproche a la primera acusación. Expone que el Tribunal procedió en forma correcta en su decisión absolutoria, dado que la norma aplicable al asunto era el artículo 5 del Decreto 1160 de 1989, puesto que era la vigente para el momento del fallecimiento del causante, que acaeció el 3 de julio de 1990.

Aduce que, tal como lo expresó el ad quem, el fallecido no dejó cumplidos los requisitos para que sus beneficiarios pudieran disfrutar de la pensión de sobrevivientes, por lo tanto, el ataque formulado en este asunto no podía prosperar. Pone de presente que no había lugar a examinar la controversia pensional conforme el Acuerdo 049 de 1990, ya que esta norma no era aplicable al actor, dada su condición laboral al momento de su fallecimiento, además que bajo ese elenco normativo «solo pueden tenerse en cuenta semanas

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Radicación n.° 83551 cotizadas» directamente al ISS y no tiempos de servicios laborados en el sector público. Empresas Públicas de Medellín EPM - considera que el Tribunal no incurrió en los errores denunciados en este primer cargo, pues reitera que conforme los hechos que

quedaron acreditados en el proceso, la norma aplicable al asunto era el Decreto 1160 de 1989, pues esta se ajustaba a la condición de empleado público del fallecido. Resalta que no hay lugar a quebrar la sentencia impugnada, pues esa entidad no está llamada a reconocer la prestación personal reclamada, pues no se acreditaron los requisitos legales, particularmente, el del tiempo de servicio.

VIII. CONSIDERACIONES Como quedó visto al historiar el proceso, el ad quem para confirmar el fallo absolutorio del juez de primer grado, consideró que la norma aplicable al presente asunto era el Decreto 1160 de 1989, a través del cual se reglamentó la Ley 71 de 1988, pues esa disposición era la que se encontraba vigente para la fecha en que falleció Francisco Luis Hurtado Betancur el 3 de julio de 1990 y, además, la que se acompasaba a su situación laboral, teniendo en cuenta que «el ultimo vínculo laboral que tuvo el afiliado fue en el sector público específicamente con Empresas Públicas de Medellín».

El juez colegiado precisó que no había lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes, pues el difunto no dejó

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Radicación n.° 83551 cumplido el tiempo que se exigía en el sector público para adquirir el derecho a la pensión de jubilación, pues de los 20 años de servicios requeridos, únicamente contaba con 4 años y 29 días. Resaltó, el juez plural, que si hipotéticamente, fuera posible acceder a la sumatoria de tiempos públicos con semanas cotizadas al ISS, conforme se pidió en la demanda

inicial, tampoco resultaban acreditado el tiempo exigido, dado que el afiliado tendría en total 260,53 semanas equivalentes a 5 años y 23 días, densidad inferior a la exigida. Finalmente, adujo que la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, para efectos de la sumatoria de semanas cotizadas al ISS con tiempos prestados en el sector público no procedía en el sub examine, dado que la citada Ley 100 de 1993 no se encontraba vigente al momento del deceso del afiliado y, por ende, «no era viable hablar de ella como beneficiaria del régimen de transición y que como consecuencia se diera la aplicación del Decreto 758 de 1990». Para la censura, en el ataque orientado por la senda jurídica, el juez plural se equivoca al considerar que la pensión de sobrevivientes reclamada por la demandante debía definirse según el Decreto 1160 de 1989 y la Ley 71 de 1988, por el hecho de que era la disposición vigente al momento del fallecimiento de Francisco Luis Hurtado Betancur y de que aquel, a la fecha de su deceso, laboraba en el sector público con Empresas Públicas de Medellín. Argumenta la recurrente que esa normativa no regula como tal la pensión de sobrevivientes, pues lo que allí

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Radicación n.° 83551 consagra es una sustitución de una prestación pensional que exige el cumplimiento de un tiempo de servicio como si se tratara de una jubilación. Añade que, por el contrario, el artículo 2 del Acuerdo 049 de 1990 era la norma gobernante

de la controversia, pues esta última sí regulaba expresamente la prestación por sobrevivencia y frente a esta normativa, el afiliado fallecido dejó cumplidos los requisitos. Puestas así las cosas, la controversia que debe dilucidar la Sala, consiste en definir, desde el punto de vista jurídico, si el Tribunal se equivocó al negar la pensión de sobrevivientes al considerar que la norma aplicable al asunto era el Decreto 1160 de 1989 y la Ley 71 de 1988 y así mismo, establecer si la colegiatura debía haber concedido la pensión de sobrevivientes, conforme la posibilidad de sumar tiempos laborados en el sector público con semanas cotizadas al ISS, bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990. Como quiera que el ataque está orientado por la senda directa, no existe controversia frente a los supuestos fácticos establecidos por el Tribunal, de los cuales se destacan los siguientes: i) que Francisco Luis Hurtado Betancur laboró para Empresas Públicas de Medellín EPM desde el 3 de junio de 1986 hasta el 2 de julio de 1990; ii) que aquel falleció el 3 de julio de 1990; iii) que de ese periodo laborado con EPM, su empleador cotizó al ISS solo desde el 3 de junio de 1986 hasta el 28 de diciembre de ese mismo año y que en total, con tiempos laborados previamente con otros empleadores, tenía un total de 76 semanas sufragadas al Régimen de Prima Media - RPM; iv) que, a partir del 29 de diciembre de 1986 y

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Radicación n.° 83551 hasta el 3 de julio de 1990, laboró con EPM, pero no efectuó cotizaciones a ninguna administradora o caja, sino que esa entidad empleadora asumió directamente los riesgos de IVM (f.° 25); v) que en el sector público, alcanzó un tiempo servido de 4 años y 29 días; y vi) que Luz Mery Campiño Morales reclamó a la demandada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, petición que fue desestimada y, en su lugar, se le otorgó una indemnización sustitutiva. - Norma aplicable. Pues bien, para efectos de dar respuesta al primer interrogante jurídico planteado, resulta necesario comenzar por señalar que en asuntos como el presente, en el que se discute cuál es la norma aplicable para definir una controversia pensional, esta corporación ha adoctrinado que la regla general para determinar dicho aspecto, es identificar cuál es la disposición que se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de la contingencia protegida, que en el caso de la pensión de sobrevivientes corresponde a la fecha de la muerte del trabajador, afiliado o pensionado, pues esa preceptiva establecerá las pautas de otorgamiento de la pensión invocada y definirá la controversia; interpretación que, por demás, se ha adoptado al tenor de lo consagrado en el artículo 16 del CST, el cual desarrolla el principio de aplicación inmediata de la ley. Así mismo, se ha establecido que esa norma aplicable, debe estar en armonía con el régimen pensional que cobijaba al afiliado o trabajador al momento de su deceso, teniendo en

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Radicación n.° 83551 cuenta su condición o vinculación laboral. Explicado lo anterior, desde ya debe advertir la Corte que el Tribunal no incurrió en el yerro jurídico denunciado, pues en efecto, acertó al considerar que la norma llamada a gobernar la pensión de sobrevivientes reclamada por la señora Luz Mery Campiño Morales es el Decreto 1160 de 1989, mediante el cual se reglamentó la Ley 71 de 1988, pues efectivamente, esa legislación era la que se encontraba vigente para el momento en que falleció el señor Francisco Luis Hurtado Betancur el 3 de julio de 1990 y que, además, era el elenco normativo aplicable a su situación laboral, teniendo en cuenta que en el proceso quedó demostrado, sin discusión alguna, la condición de empleado público que aquel ostentó para el instante de su óbito sin efectuar cotizaciones al ISS. Ese razonamiento del ad quem, además de que resulta acertado frente al artículo 16 del CST y respecto del deber de aplicar la disposición vigente en materia de pensión de sobrevivientes, también está en armonía con la jurisprudencia desarrollada por esta Corte, a través de la cual se ha precisado que tratándose de un servidor del sector público fallecido antes de la Ley 100 de 1993 -sin efectuar cotizaciones al ISS al momento de la muerte-, en materia de esta prestación de sobrevivencia, debía estarse sujeto a las normas propias de su régimen, que para el caso de autos, teniendo en cuenta la fecha de su fallecimiento, corresponde

al consagrado en el artículo 5 del Decreto 1160 de 1989, a través del cual se reglamentó la Ley 71 de 1988.

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Radicación n.° 83551 En la decisión CSJ SL15313-2016, al hacer un recuento normativo histórico sobre la evolución de esta prestación pensional en el sector público, se indicó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 71 de 1988, que lo fue el 19 de diciembre de esa anualidad, se reguló íntegramente la figura de la sustitución pensional en el sector público; normativa que fue reglamentada posteriormente a través del Decreto 1160 de 1989, vigente a partir del 2 de junio de ese año, el cual fijó las reglas para el reconocimiento de esta prestación, en su artículo 5. Así se indicó en la mencionada jurisprudencia: La Ley 71 de 1988, que reguló íntegramente lo atinente a la sustitución pensional, derogando de paso todas las normas que le fueran contrarias, dispuso tal instituto sustancial, así: “Artículo 3.- Extiéndese las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:

“1. El cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tenga extinguido su derecho. De igual manera respecto de los hijos entre sí. “2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores o inválidos por partes iguales. “3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los padres. “4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni

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Radicación n.° 83551 padres, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante. “Artículo 4.- A falta de los beneficiarios consagrados en el artículo 1o. de la Ley 126 de 1985, tendrán derecho a tal prestación los padres o los hermanos inválidos del empleado fallecido que dependieren económicamente de él, desde la aplicación de la ley a que se refiere este artículo. Normativa que fue reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, […] Y que precisó, en cuanto a la generación de la sustitución pensional, que: “Artículo 5º.- (…). Hay sustitución pensional en los

siguientes casos: a) Cuando fallece una persona pensionada o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez; b) Cuando fallece un trabajador particular o un empleado o trabajador del sector público después de haber completado el tiempo de servicios requerido por la ley, convenciones o pactos colectivos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación”. (Subraya la Sala). Además de lo anterior, resulta oportuno explicar que no le asiste razón a la recurrente al afirmar que el citado Decreto 1160 de 1990 «no regula como tal una pensión de sobrevivientes» y, por ende, no puede ser aplicado al litigio; pues contrario a ello, el literal b) del artículo 5 de esa norma, sí establece y define los requisitos en los cuales procederá el reconocimiento de una prestación pensional cuando fallece un trabajador del sector público a sus beneficiarios, presupuesto fáctico que corresponde al riesgo de sobrevivencia y que es el que precisamente reclama la promotora del proceso en este litigio; de ahí que la

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Radicación n.° 83551 argumentación del reproche elevado en este punto no puede prosperar. Por todo lo expuesto, para esta Sala no es posible reprocharle un desacierto jurídico al ad quem, al colegir que la norma aplicable al asunto era el Decreto 1160 de 1990, que reglamentó la Ley 71 de 1988, pues como quedó visto, este elenco normativo era el vigente a la fecha de la muerte del señor Hurtado Betancur y, además, se ajustaba a la

condición laboral que ostentaba para el momento de su fallecimiento como empleado público de Empresas Públicas de Medellín, entidad que no efectuaba cotizaciones al ISS por cuanto asumió el riesgo directamente, ello con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Una vez definida la norma aplicable, debe indicarse que tampoco incurre en error el juez de alzada al negar el derecho pensional de sobrevivencia reclamado, pues tal como se indicó en los presupuestos fácticos establecidos por el Tribunal y que no son objeto de discusión en el estadio de casación, el fallecido no completó los 20 años de servicios exigidos en el sector público para dejar causada la pensión de sobrevivientes en los términos del literal b) del artículo 5 del Decreto 1160 de 1989, pues únicamente laboró 4 años y 29 días. De suerte, que el cargo no prospera frente a esta temática inicial.

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Radicación n.° 83551 - Pensión de sobrevivientes, con la posibilidad de sumar tiempos laborados en el sector público con semanas cotizadas al ISS, bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990. La recurrente en un pasaje de su ataque jurídico sostiene que el Tribunal debió conceder la pensión de sobrevivientes reclamada conforme el Acuerdo 049 de 1990, pues esta norma estaba vigente para el 3 de julio de 1990 cuando falleció su cónyuge y, además, este elenco normativo permitía contabilizar los tiempos laborados en el sector

público con las semanas cotizadas al ISS en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM. Pues bien, aunque resultaría suficiente frente a este reproche, reiterar la argumentación expuesta previamente, en la cual se coligió que la norma aplicable era el Decreto 1160 de 198