CSJ - SL016-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL016-2023 Radicación n.° 83638 Acta 01 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por OMAR LEONARDO ALGARRA RODRÍGUEZ contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

I. ANTECEDENTES El citado accionante convocó a juicio a la sociedad demandada con el propósito que se declare: i) que entre las partes existió un contrato laboral desde el 3 de febrero de 1992 hasta el 16 de noviembre de 2016, que su último salario fue de $2.177.900 y que ejerció el cargo de «OPERARIO

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Radicación n.° 83638 EMPAQUE»; ii) que le fueron diagnosticadas las patologías de: bursitis de hombro, epicondilitis mixta derecha y lumbalgia crónica, por las cuales recibió tratamiento médico e incapacidades laborales; iii) que la terminación del vínculo laboral fue unilateral, sin justa causa y sin contar con la autorización del inspector de trabajo y iv) que estaba cobijado por el fuero circunstancial, dado que a la data de finalización del contrato se encontraba en curso la negociación colectiva. Como consecuencia de lo anterior, solicitó de forma

principal que la demandada fuera condenada a reintegrarlo al cargo que desempeñaba por ser despido encontrándose con una «estabilidad laboral reforzada», con la cancelación de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, junto con la indemnización prevista por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la indexación de las condenas. Subsidiariamente reclamó el reintegro al cargo desempeñado por estar amparado con fuero circunstancial, junto con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, la indexación y en defecto de esta última pretensión, el pago de la indemnización por despido unilateral y sin justa causa conforme al artículo 64 del CST y la actualización de las sumas adeudadas. Respecto de todos los pedimentos, tanto principales como subsidiarios, solicitó que se accediera a lo que resultara probado ultra o extra petita y a las costas del proceso.

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Radicación n.° 83638 En sustento sus pretensiones, manifestó que ingresó a laborar con la sociedad demandada, mediante un contrato individual de trabajo a término indefinido, desde el 3 de febrero de 1992 hasta el 16 de noviembre de 2016, por espacio de más de 24 años en forma ininterrumpida; que desempeñó el cargo de «operario empaque»; que su último salario fue de $2.177.990 y que el vínculo finalizó por decisión unilateral y sin justa causa comprobada por parte del empleador. Indicó que le fueron diagnosticadas las patologías de bursitis de hombro, epicondilitis mixta derecha y lumbalgia

crónica; que Famisanar EPS expidió recomendaciones médico laborales el 12 de febrero y el 30 de junio de 2016, respectivamente; que su empleador tenía conocimiento de esos acontecimientos y que al momento de producirse el despido aún no había sido calificada su pérdida de capacidad laboral. Relató que la finalización de su contrato se tornó ineficaz por dos razones, la primera, porque para la fecha de su desvinculación estaba amparado con la «estabilidad laboral reforzada» según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y no se tramitó la autorización respectiva ante el inspector de trabajo y, en segundo lugar, porque para esa calenda estaba en curso una negociación colectiva entre el empleador demandado y una organización sindical. Finalmente, puso de presente que accedió al denominado «auxilio salud visual y oral» consagrado en el

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Radicación n.° 83638 artículo 19 del pacto colectivo de trabajo, pues cumplió a cabalidad con todos los requisitos allí establecidos. Al dar respuesta a la demanda, Alpina Productos Alimenticios S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el vínculo laboral; sus extremos; el cargo ejecutado; el salario del último año; y que no se solicitó permiso ante el inspector de trabajo para efectuar el despido. Frente a los demás supuestos fácticos, indicó que no eran ciertos o que simplemente no le constaban. En su defensa, argumentó que la terminación del contrato de trabajo del actor se dio por la existencia de una

justa causa y no «por la supuesta condición de salud». Puso de presente, que después de una investigación realizada en la empresa, se evidenció que el promotor del proceso exigió el reconocimiento y pago «del auxilio de lentes» con base en unas constancias y fórmulas médicas que se logró determinar habían sido emitidas por un compañero de trabajo de nombre William Orlando Jiménez, quien no contaba con las condiciones profesionales o técnicas para el efecto, lo que configuró un engaño y un detrimento en contra de Alpina S.A. y un beneficio indebido para el trabajador. Añadió que para la fecha de terminación del contrato el promotor del litigio no contaba con recomendaciones o restricciones médicas vigentes y, menos, con un dictamen de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, que lo hiciera merecedor de la protección foral invocada.

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Radicación n.° 83638 Formuló las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de causa y obligación, prescripción, compensación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de agosto de 2018, resolvió: Primero: DECLARAR que el demandante […] fue desvinculado sin justa causa por parte de la sociedad demandada Alpina

Productos Alimenticios S.A.

Segundo: DECLARAR que, al momento de la desvinculación, es decir, el día 16 de noviembre de 2016 el demandante […] era sujeto de estabilidad ocupacional reforzada.

Tercero: ORDENAR el reintegro del actor […] al mismo cargo que venía desempeñando, con el salario que corresponda al momento que se haga efectivo el reintegro, teniendo en cuenta los incrementos anuales consagrados en el pacto colectivo.

Cuarto: CONDENAR a la sociedad demandada Alpina Productos Alimenticios S.A. a reconocer y pagar en favor del actor las siguientes cantidades de dinero, calculadas desde el momento de su desvinculación hasta la fecha de esta sentencia; y siendo condenado a lo que se cause con posterioridad al presente fallo y hasta que se haga efectivo su reintegro, sobre la base salarial de $2.177.900, así: - La suma de $72.378.212 por concepto de salarios dejados de percibir más los que se causen hasta que se haga efectivo el reintegro. - La suma de $6.031.573 por concepto de cesantías más las que se causen con posterioridad hasta que se haga efectivo el reintegro. - La suma de $6.031.573 por concepto de prima de servicios hasta la fecha de esta sentencia más las que se causen con posterioridad hasta que se haga efectivo el reintegro. - La suma de $723.788 por concepto de intereses sobre las cesantías hasta la fecha de esta sentencia más las que se causen con posterioridad hasta que se haga efectivo el reintegro.

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Radicación n.° 83638 - La suma de $3.065.786 por concepto de vacaciones calculadas hasta la fecha de esta sentencia más las que se causen con posterioridad hasta que se haga efectivo el reintegro.

• La suma de $4.355.760 por concepto de prima extralegal de navidad calculada hasta la fecha de esta sentencia más las que se causen con posterioridad hasta que se haga efectivo el reintegro. - La suma de $871.152 por concepto de prima extralegal semestral causada hasta la fecha de esta sentencia más las que se causen con posterioridad hasta que se haga efectivo el reintegro. - La suma de $290.360 por concepto de prima extralegal de vacaciones causada hasta la fecha de esta sentencia más las que se causen con posterioridad hasta que se haga efectivo el reintegro. - La suma de $2.177.880 por concepto de prima de antigüedad causada hasta la fecha de esta sentencia más las que se causen con posterioridad hasta que se haga efectivo el reintegro.

Quinto: CONDENAR a la sociedad demandada Alpina Productos Alimenticios S.A. a pagar las costas del proceso […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al conocer del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, mediante sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, decidió revocar el fallo de primera instancia y en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Condenó en costas de la alzada al promotor del proceso.

Estableció que se debían resolver los siguientes problemas jurídicos: i) definir si al momento de la terminación del contrato de trabajo el demandante se encontraba amparado por el fuero de «estabilidad ocupacional reforzada» de que trata la Ley 361 de 1997 y el

artículo 64 del CST y en caso de resultar afirmativo, si había

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Radicación n.° 83638 lugar a conceder la indemnización consagrada en el artículo 26 de la citada ley, junto con el pago de los aportes a pensión e indexación; ii) analizar si se debía declarar la existencia del fuero circunstancial; y iii) dirimir si se configuró un despido sin justa causa. En relación con la primera temática, explicó que los sujetos que pueden beneficiarse de la estabilidad laboral reforzada, son aquellos que presentan una afectación en su estado de salud que les impida ejercer una actividad laboral en condiciones normales, es decir, que padezcan un grado de discapacidad; que si bien ello no los coloca en una situación de invalidez, sí les genera un estado de debilidad manifiesta, dada la afección física, sensorial o psíquica que padezcan, que deviene en una afectación y un impedimento para estar activos en el mercado laboral. Aseveró que en este asunto no era posible afirmar que, a la fecha de terminación del contrato de trabajo del actor, gozaba del fuero de estabilidad reforzada, pues no se aportaron pruebas para arribar a esa conclusión. Mencionó que al proceso se allegaron unas recomendaciones médicas expedidas por Famisanar EPS del 17 de febrero 2016 con una vigencia de seis meses (f.° 24) y otra del 30 de junio siguiente, elaborada por Cafam por seis meses más (f.° 25); sin embargo, estas documentales, más allá de acreditar alguna limitación del demandante, evidenciaron que el accionante «era apto para trabajar en la

jornada máxima legal permitida y que podía realizar esfuerzos

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Radicación n.° 83638 físicos»; por tanto, aseguró que esos medios de convicción no comprobaban una situación de debilidad manifiesta, de tal magnitud como para que el actor fuera reubicado en su puesto de trabajo o que le imposibilitara la prestación del servicio en el cargo de operario de empaque. Aseveró que igual conclusión se obtenía de las probanzas denominadas: informe médico del 6 de mayo de 2016 (f.° 26), a través del cual se le diagnosticó una «discopatía y artropatía lumbar» y con el reporte médico del 16 de junio de ese mismo año (f.° 27), en el cual el doctor Alejandro Martín Samper «opinó que el demandante padecía de cambios degenerativos en los cuerpos vertebrales dorsolumbares»; pues en efecto, estos documentos lo único que probaban era el padecimiento de una serie de patologías, pero en momento alguno, que le impedían trabajar con normalidad. Resaltó que el promotor del proceso no asumió la carga de la prueba que le correspondía para el éxito de las pretensiones, pues cuando se aspira a demostrar un estado de debilidad manifiesta, se debe allegar medios de prueba tales como: la historia clínica, incapacidades generadas a lo largo de la relación laboral, calificación del porcentaje de origen de pérdida capacidad laboral o en su defecto las probanzas que acreditaran que el trabajador al momento del despido se encontraba en algún tratamiento o proceso de rehabilitación; medios de convicción que no se aportaron con

la demanda inicial y que el actor, dada su posición

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Radicación n.° 83638 probatoria, se encontraba en la mejor condición para allegarlos al litigio. Por tanto, el colegiado concluyó que como el demandante no acreditó una afectación en su salud que le impidiera o dificultara de manera sustancial desempeñar sus labores en condiciones regulares o que fuera generadora de invalidez, discapacidad o disminución física o sensorial, no era viable acceder a la protección especial reclamada, por lo que se debía revocar la sentencia condenatoria del a quo y, en su lugar, absolver a la accionada de la protección por estabilidad laboral reforzada. Enfatizó que al quedar sin fundamento la condena impuesta por el juez de primer grado en este punto, no había lugar a estudiar la apelación del demandante, que discutía los valores liquidados por acreencias laborales por parte del a quo. Al pasar al segundo punto de análisis referente a la pretensión subsidiaria que alegaba la existencia de un fuero circunstancial al momento de la terminación del contrato laboral, indicó que no era posible acceder a ello, dado que el accionante a la fecha en que ocurrió su despido no se encontraba afiliado a ninguna de las organizaciones sindicales existentes al interior de la demandada, en especial, a USTA - Unión Sindical de Trabajadores de Alpina, quienes propiciaron la negociación colectiva.

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Radicación n.° 83638 Informó que, en el interrogatorio de parte rendido por el

representante legal de la demandada, señor José David Ochoa Sanabria, manifestó que el trabajador Omar Leonardo Algarra Rodríguez no aparecía afiliado a ningún sindicato de los existentes al interior de la empresa y nunca se le efectuaron descuentos por cuota sindical; por tanto, consideró que, al no ser beneficiario de dicha garantía foral, no era viable acceder a esta pretensión subsidiaria relacionada con su reintegro. Finalmente, el juez plural, abordó el tercer problema jurídico identificado, relacionado a determinar si las conductas endilgadas al demandante en la carta del despido se podían tener como justas causas para dar por terminado el nexo laboral. Precisó, que la jurisprudencia ha adoctrinado, entre otras, en la decisión CSJ SL54699-2018, que en estos asuntos la carga de la prueba debe ser distribuida así: al trabajador demandante le corresponde acreditar el hecho del despido, el cual en este asunto aparecía demostrado con la carta visible folios 37 y 38, 156 a 158, mientras que a la empleadora accionada le atañe probar la justeza de esa ruptura del nexo. Para resolver este interrogante, el ad quem puso de presente que la demandada Alpina Productos Alimenticios S.A., desde la contestación a la demanda inicial, argumentó que el despido estuvo motivado en que el actor incumplió de manera grave sus obligaciones, pues exigió el reconocimiento y pago del «auxilio de lentes» consagrado en el pacto colectivo de trabajo, apoyado en una factura de venta y una fórmula

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expedidas por un compañero de trabajo que no ostentaban las condiciones idóneas y profesionales para ello, lo que generó un engaño y un detrimento patrimonial para el empleador. Arguyó que esa circunstancia fue consignada en la carta de despido (f.° 36 y 37) y aparecía demostrada con las pruebas incorporadas al expediente, pues en el trámite de dicho auxilio, el demandante aportó la factura de venta 0976 del 4 de mayo 2015 y una fórmula médica expedida por «Ópticap», documentales que fueron elaboradas por William Jiménez quien era un extrabajador de la demandada y no ostentaba la calidad de optómetra u oftalmólogo, por lo tanto, no podía otorgarse validez a esos soportes. Señaló el juez plural que, en la empresa demandada, luego de varias investigaciones internas, se pudo establecer que el citado señor William Jiménez «al interior de la empresa, al parecer, tenía un negocio ilegal relacionado con la expedición de esos documentos para acreditar los requisitos previstos en el pacto colectivo, con miras a acceder al auxilio de salud visual a cambio de un pago de alguna suma». Destacó que en el proceso se encontró probado que el accionante efectivamente padecía «astigmatismo miópico», el cual acreditaba la necesidad de los lentes, tal como se infería del examen optométrico visible a folio 317, no obstante, dicha circunstancia por sí misma no podía justificar el actuar indebido del trabajador frente a su empleador, pues en definitiva, el demandante decidió acceder al mencionado

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Radicación n.° 83638 beneficio aportando una factura «falsa» y una fórmula óptica proveniente de «OPTICAP», la cual no tenía profesionales idóneos en esta materia, por lo tanto, se constituyó una falta grave del operario. Para el Tribunal, llamó la atención el hecho de que el señor Algarra Rodríguez se hubiese practicado un examen optométrico en un consultorio específico, como se desprendía de los folios 317 y 318 y que posteriormente hubiese decidido presentar una factura de venta y una prescripción médica de otro establecimiento diferente como lo fue «OPTICAP», sin que pudiera establecerse que las facturas emitidas en este último lugar fueron idóneas y suscritas por un profesional de la optometría. Manifestó que también se observó en el proceso, que años atrás, el actor tramitó el mencionado auxilio en legal forma en el año 2013 y presentó todos los documentos y soportes expedidos por un médico especialista; de ahí que no se entendía, porque para el año 2015 el trabajador demandante presentó facturas de venta de «OPTICAP» del 4 de mayo de 2015, que como quedó visto, según la investigación interna adelantada por el empleador, no eran suscritas por una persona competente o al menos con conocimientos médicos. De acuerdo a lo anterior, concluyó que debía tenerse como acreditada la justa causa invocada por la empresa para dar por terminado el vínculo laboral y como ninguna de las pretensiones resultó avante, se debía revocar en su

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Radicación n.° 83638 integridad la sentencia apelada, para absolver a la pasiva de todas las súplicas de la demanda inicial.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Está formulado así: […] pretende que la H. Corte Suprema de Justicia CASE PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia, en cuanto REVOCÓ la condena impuesta en primera instancia.

Una vez constituida la H. Sala en sede de instancia, se sirva modificar la sentencia del a quo para adicionarla en cuanto a condenar por concepto de la sanción de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1977, así como el pago de aportes a la seguridad social en favor del trabajador durante todo el tiempo de su desvinculación y hasta el reintegro efectivo y sobre costas resolverá de conformidad. Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral presenta dos cargos, los cuales están replicados y que serán estudiados conjuntamente, dado que están orientados por la misma vía y se complementan en su argumentación.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la «vía indirecta», en la modalidad de «interpretación errónea» del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con los artículos 62 y 64 del CST; 8 de la Ley 153

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Radicación n.° 83638 de 1887; 167, 176, 196 y 281 del CGP; 60, 61 y 145 del

CPTSS y 25, 29 y 53 de la CP. Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador no era beneficiario de la estabilidad laboral reforzada.

2. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que el trabajador demostró encontrarse en estado de debilidad manifiesta y disminución física al momento del despido.

3. No tener por establecido, a pesar de estarlo, que la demandada terminó el contrato de trabajo del actor sin que se hubiera calificado la pérdida de capacidad laboral.

4. Dar por demostrado, sin estarlo que, el empleador terminó la relación laboral por razones distintas a la condición de salud del trabajador.

(Subrayado y negrillas originales del texto). Enlista como pruebas erróneamente apreciadas las siguientes: - Recomendaciones médico-laborales del actor (f.° 24 y 25). - Resultado de resonancia magnética de columna lumbosacra (f.° 26). - Diagnóstico médico especialista nuclear (f.° 27). - Prueba de confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada. En el desarrollo de la acusación, la censura menciona que el juez colegiado se equivocó al negar la pretensión del reintegro, pues admitió expresamente que para la fecha del despido se encontraban vigentes unas recomendaciones médicas concedidas al demandante que aún permanecían vigentes y así mismo, que al actor se le habían expedido

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varios diagnósticos médicos que evidenciaban la «discopatía» y la «artropatía lumbar» a su favor (f.° 25 y 26); patologías que contrario a lo considerado por el Tribunal, sí configuraban una debilidad manifiesta en el trabajador. Aduce que la decisión impugnada incurre en una contradicción, al admitir la condición de salud del actor y posteriormente al exigirle que demostrara una debilidad evidente en su condición laboral, pues «de la simple lectura de los documentos obrantes a folios 26 y 27» era posible verificar tal situación. Explica que el juez de segundo grado, de manera injustificable, concluyó que el demandante «era apto para laborar la jornada máxima laboral», pues los medios de convicción obrantes en el plenario demuestran lo contrario, particularmente porque las «restricciones laborales» le impedían al accionante desarrollar sus funciones a cabalidad. Por todo lo anterior, concluye que se debe aplicar el precedente jurisprudencial consignado en la decisión CSJ SL1360-2018 y condenar al pago de la indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, del numeral 1 del parágrafo del artículo 62 del CST,

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Radicación n.° 83638 en relación con los siguientes artículos: 54, 60, 61 y 145 del CPTSS; 167, 170 y 244 del CGP y 481 del CST.

Enlista como errores de hecho cometidos por el Tribunal, los siguientes:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador incurrió en las justas causas invocadas para terminar el contrato de trabajo.

2. No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que el trabajador no incurrió en las justas causas invocadas.

Relaciona como pruebas equivocadamente estimadas y no valoradas las que a continuación se detallan: Pruebas erróneamente apreciadas: - Carta de despido (f.° 37 y 38 y 156 a 158). - Acta de descargos (f.° 36 y vto). - Factura de venta No. 0976 (f.° 31) - Fórmula médica por optometría (f.° 317 y vto). - Artículo 19 Pacto Colectivo de Trabajo 2015-2018 (f.° 88). - Informe Grafológico RATZEL (f.° 211 a 232). Pruebas no apreciadas - La confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada. - Pacto Colectivo de Trabajo vigencia 2012-2015 (f.° 199 y ss). - Diligencia de descargos rendida por el trabajador William Orlando Jiménez Arias (f.° 273 a 275). - Interrogatorio de parte practicado de oficio al demandante. Manifiesta que el sentenciador de alzada se equivocó al concluir que el actor fue despedido con justa causa, bajo el argumento de que engañó a la demandada mediante la presentación de documentos falsos para obtener un provecho indebido, pues en decir de la censura los medios de

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Radicación n.° 83638 convicción enlistados en la acusación no demuestran la conducta reprochada. Indica, inicialmente, que, de una lectura detenida a la carta de despido, se observa que el empleador adujo como justa causa de terminación del vínculo, haber presentado documentos que «no corresponden a la realidad y el haber faltado al deber de buena fe», sin embargo, esos hechos endilgados «paradójicamente resultan contrarios a la realidad». Explica que lo que se le cuestiona al trabajador demandante en la citada misiva, no es el haber presentado documentos contrariando lo establecido en el pacto colectivo o, mucho menos, la ausencia de los requisitos pactados para acceder al auxilio, sino que los soportes presentados fueron expedidos por una «persona no idónea»; circunstancia de la cual no puede predicarse un engaño hacia el empleador y, tampoco, que se le hubiese generado un perjuicio, toda vez que en definitiva el auxilio de lentes que fue solicitado, «se ejecutó y cumplió su objetivo». De otro lado, frente al acta de descargos y el interrogatorio de parte absuelto por el accionante, la censura afirma que en tales diligencias el señor Algarra Rodríguez afirmó que cumplió con los requisitos establecidos convencionalmente para disfrutar del mencionado auxilio y que presentó los documentos originales de la factura 0976 del 4 de mayo de 2015 (f.° 31), siendo consistente el trabajador en ratificar que no tenía conocimiento que los

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Radicación n.° 83638 mismos hubiesen sido diligenciados o elaborados por William Jiménez Arias. Respecto a la factura de venta 0976 (f.° 31) y la fórmula médica por optometría (f.° 317 y vto.), el recurrente sostiene que se apreciaron de manera equivocada, pues reitera que el trabajador no tenía conocimiento de que fueron expedidos por su compañero de trabajo William Jiménez Arias y, por ende, no puede asumir las consecuencias de esa actuación, máxime, cuando nunca se demostró que el promotor del proceso hubiera participado en la elaboración de tales facturas. Añade que el «informe Grafológico Ratzel» también fue mal valorado, pues de haberse hecho en contexto teniendo en cuenta la declaración de José Reinel Azuero, se hubiera percatado que en dicha investigación no aparece incluida la factura 0976 del 4 de mayo de 2015, por la sencilla razón que la prueba grafológica fue elaborada en el año 2018, esto es, tres años después del despido. Puntualiza que si el ad quem hubiese estimado el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada, arribaría a la conclusión de que aquel confesó, que la empleadora demandada no tenía establecidos determinados lugares para que los trabajadores pudiesen adquirir los lentes o practicarse exámenes médicos para acceder al auxilio y que tampoco se realizó prueba grafológica previa a su despido; manifestaciones que explican que para la época de su retiro «no existía una sola prueba que lo

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Radicación n.° 83638 vinculara en la comisión de las faltas endilgadas y que concluyeron con la terminación del contrato de trabajo». Finalmente, argumenta que en los descargos rendidos por el trabajador William Orlando Jiménez Arias, lo que se aprecia es que reconoció que ayudaba a su hermana en la óptica, de ahí que no se podía colegir una actuación referente a la «venta o suministro de documentos en forma fraudulenta como lo adujo la empleadora». Explicó, que el hecho que el señor Jiménez Arias hubiese diligenciado la factura de venta en discusión no podía catalogarse como una actuación ilegal, pues «no existe norma que restrinja o limite la facultad de una persona para diligencias una factura como en este caso»; por lo tanto, mal podía considerar el Tribunal que se estaba ante una conducta fraudulenta. Bajo los argumentos anteriores, concluye que las pruebas analizadas demuestran de «manera fehaciente» que el trabajador demandante no aportó documentación falsa a su empleador y, por el contrario, que cumplió con todos los requisitos dispuestos en el pacto colectivo para acceder al auxilio de lentes objeto de discusión, del que finalmente se benefició y le dio la destinación concebida. Por ende, solicita que el cargo prospere.

VIII. LA RÉPLICA Alpina Productos Alimenticios S.A. se opone a la prosperidad de ambos cargos, pues afirma que la censura no

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logra demostrar una equivocada valoración probatoria del juez plural frente a los medios de convicción denunciados. Frente al primer ataque, referente a la estabilidad laboral reforzada, sostiene que los documentos enlistados no fueron mal valorados, pues de aquellos, el Tribunal extrajo una conclusión «obvia y que el cargo no rebate» y es que el accionante era apto para trabajar en la jornada máxima legal y las recomendaciones médicas otorgadas no eran de gran magnitud para que el trabajador fuera reubicado por razones de salud. Sobre el segundo ataque, relacionado con la justeza del despido, pone de presente que las pruebas debatidas por la censura no logran derruir la conclusión obtenida en la alzada, en relación con la falta cometida, pues el contenido de estas no demuestra que el actor hubiese actuado con legalidad y buena fe en el trámite del auxilio de lentes, sino que ratifican que aquel presentó documentos «que no correspondían con la realidad» y con ello, engañó a su empleadora. Por tanto, solicita que se desestimen los ataques.

IX. CONSIDERACIONES Como primera medida debe advertir la Sala que, si bien en el primer cargo orientado por la vía indirecta, se enuncia como concepto de violación la «interpretación errónea» de la ley sustancial que es propia de la senda directa, ello se

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Radicación n.° 83638 constituye en un lapsus calami, por cuanto se formulan errores de hecho, se denuncian pruebas y la sustentación es meramente fáctica, siendo el submotivo de violación correcto,

por regla general, la aplicación indebida. Pues bien, observa la Corte que, en los dos ataques planteados, como se dijo, por la vía de los hechos, la censura expone dos puntos de inconformidad frente a la decisión absolutoria de segundo grado, así: En el primer cargo, denuncia un desatino fáctico del juez plural, al no dar por demostrado que el actor al mome