CSJ - SL050-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL050-2023 Radicación n.° 85364 Acta 1 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por LEONOR YOLANDA CRUZ ANDRADE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 5 de abril de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra

DISTRIBUCIONES ALDANA Y CIA S. EN C.

I. ANTECEDENTES Leonor Yolanda Cruz Andrade llamó a juicio a Distribuciones Aldana y Cía. S. en C. con el fin de que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido que se ejecutó entre el 1 de junio de 1981 y el 3 de octubre de 2015; que fue terminado de manera unilateral, ilegal e injusta y que fue víctima de amenazas y

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Radicación n.° 85364 maniobras indebidas en los últimos tres días de vigencia de la relación laboral. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condene a la accionada a reconocer y pagar la indemnización por despido injusto en los términos del artículo 64 del CST subrogado por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990; la prima de servicios; las vacaciones; las cesantías definitivas y sus respectivos intereses; la indemnización moratoria; lo ultra y extra petita y las costas del proceso. En sustento de sus peticiones informó que el 1 de junio

de 1981 se vinculó a la empresa accionada a través de la suscripción de un contrato de trabajo a término indefinido para desempeñarse como coordinadora de cartera; que su último salario fue $1.309.000. Puso de presente que el 3 de octubre de 2015, su empleador dio por terminada la relación laboral, invocando para ello, las causales quinta y sexta del artículo 62 del CST, supuestamente, porque los registros contables demostraban notas crédito a clientes manejados por el trabajador Juan Carlos Gómez Vargas, por descuentos adicionales no autorizados. Precisó que las prestaciones sociales finales se liquidaron, pero no le fueron pagadas pues, aunque se emitió un cheque por la suma de $2.042.385 a ese título, fue amenazada por su empleador de ir a la cárcel y, en consecuencia, obligada a endosar dicho título valor en favor de la empresa accionada. Advirtió que dos días antes de su despido, fue citada a las 8:30 p.m. para que rindiera

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Radicación n.° 85364 descargos y, si bien se le dijo que podía asistir con un abogado, desde el momento en que le entregaron la citación, la relevaron de su puesto; la mantuvieron sentada sin comunicación alguna; aislada y sometida a malos tratos verbales y físicos, lo que denomina, una tortura física y psicológica. Anotó que en el acta de descargos quedó consignado un supuesto acuerdo entre las partes, en el que ella entregaba

las vacaciones y la liquidación a la que tenía derecho, pacto que, dice, en realidad fue una imposición ilícita de la empresa. Insistió en que, luego de haber sido sometida a tratos degradantes, el 6 de octubre de 2015 le fue entregada su carta de despido y se apropiaron de la totalidad del dinero de la liquidación final. Añadió que se desconocía el monto de la supuesta defraudación; no se identificaron los clientes que presuntamente ella favoreció con las notas crédito, ni en general, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían ocurrido los hechos que originaron su despido; información que, indicó, no quedó referida en la citación a descargos, tampoco en éstos, propiamente dichos ni en la carta de despido. Por último, señaló que nació el 19 de octubre de 1959, por lo que, al momento de su desvinculación tenía 55 años, esto es, le faltaba sólo uno para pensionarse. Al contestar la demanda, Distribuciones Aldana y Cía.

S. en C. se opuso a que prosperaran las peticiones allí

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Radicación n.° 85364 contenidas. En relación con los hechos, admitió la relación de trabajo que existió con la actora, pero precisó que un primer vínculo terminó el 30 de agosto de 1992; luego de ello, suscribieron uno nuevo a partir del 1 de octubre siguiente; los demás, los negó o dijo que no le constaban. En su defensa informó que le pagó a la trabajadora las prestaciones sociales a la terminación del contrato de

trabajo; que el día en que se presentó a la diligencia de descargos se le dio traslado de los informes de contabilidad en los que se relacionaban notas crédito a clientes por descuentos adicionales no autorizados para los periodos 2012-2015 y que arrojaron una diferencia de $266.629.971, frente a lo cual, la trabajadora admitió la existencia de esos documentos y sin apremio alguno, manifestó que lo único que tenía era el dinero de las vacaciones y de la liquidación final, accediendo de forma libre y voluntaria a endosar el cheque del pago de sus acreencias laborales en favor de Distribuciones Aldana y Cía. S. en C. Advirtió que en vigencia de su nexo le hizo siete llamados de atención; negó haberla sometido a tortura física y psicológica y refirió que el 3 de octubre de 2015 le entregó la carta de despido señalándole con total claridad, los hechos que motivaron la terminación del contrato de trabajo, resaltando que aquella no dio explicación satisfactoria de lo ocurrido. Dijo que la actora ejerció el cargo de auxiliar y jefe de cartera durante 23 años, por lo que estaba suficientemente

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Radicación n.° 85364 experimentada en el manejo de la compañía, en especial, en su deber de elaborar notas crédito; y que estas sólo procedían en planes de fidelización; participación por aniversarios; cumpleaños; «quincenazos»; exhibiciones en puntos de venta; puntos de góndola y eventos especiales; descuentos que, además, debían ser autorizados por la dirección comercial y financiera de la empresa. Pese a ello, la actora hizo tales

notas, sin autorización, por valor de $266.629.971, en favor de clientes que atendía el vendedor Juan Carlos Gómez Vargas, persona que laboraba en la empresa desde hacía 16 años. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, liberalidad para endoso de título valor, mala fe y buena fe de la demandada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante fallo del 25 de octubre de 2016, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que existió un contrato de trabajo entre la empresa DISTRIBUCIONES ALDANA en calidad de empleador y la señora LEONOR YOLANDA CRUZ ANDRADE como empleada, que inició el 1 de octubre de 1992 hasta el 3 de octubre de 2015, cuando terminó por decisión unilateral injusta por parte de la empleadora.

SEGUNDO: DECLARAR totalmente fundadas las excepciones de la parte demandada, salvo la de INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS y COBRO DE LO NO DEBIDO que resultaron parcialmente infundadas y la de MALA FE que resultó totalmente infundada.

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TERCERO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR a la demandada a cancelar como indemnización por despido injusto en favor de la demandante, la suma de $26.760.162.

QUINTO: CONDENAR a la entidad demandada en costas, en

favor de la actora, asignando como agencias en derecho la suma de $4.817.000 que se liquidarán con las demás costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de ambas partes, la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante fallo del 5 de abril de 2019, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia apelada en el sentido de que la finalización del contrato ocurrió por despido justificado.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la providencia objeto de alzada, en el sentido de declarar probadas las excepciones de la demanda.

TERCERO: REVOCAR los ordinales cuarto y quinto del fallo recurrido, conforme a lo motivado.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

QUINTO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho se fijarán mediante auto que será dictado a continuación del presente fallo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal centró como problema jurídico, establecer si el a quo había incurrido en defecto fáctico o sustancial al condenar a la demandada al pago de la indemnización por despido injusto y negar el reconocimiento de las prestaciones sociales y la indemnización moratoria, al considerar que dichas acreencias no se adeudaban.

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Radicación n.° 85364 Frente al primer asunto, puso de presente que el despido no corresponde, en esencia, a una sanción disciplinaria, por lo que no es viable exigirle al empleador

adelantar un procedimiento de esa índole. Lo anterior, sin desconocer, que todo trabajador tiene derecho a defenderse y a controvertir los motivos del despido, sin que deba hacerse estrictamente bajo un proceso disciplinario, salvo que así se hubiera pactado de manera convencional. Citó extractos de la decisión CC T385-2006 sobre la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador y el derecho a un debido proceso. Luego de ello, valoró las pruebas del plenario. En primer lugar, refirió que a folio 230 obraba la carta de citación a descargos entregada a la actora el 1 de octubre de 2015, en la que, luego de señalar sus funciones como jefe de cartera, se le informó que dicha convocatoria se hacía por el mal manejo en la elaboración de notas de descuento a clientes no autorizados, precisando que podría asistir acompañada de un abogado. Así mismo, destacó que a folios 232 a 236 reposaba el acta de diligencia de descargos, durante la cual se le informaron a aquella los derechos que le asistían y el carácter obligatorio de esa reunión; se le puso de presente que había incurrido en las causales quinta y sexta del artículo 62 del CST, lo que configuraba justa causa para dar por terminada la relación laboral. Se le dijo que en la información contenida en el software de la compañía y en los registros contables se evidenciaba la elaboración de notas crédito no autorizadas a clientes manejados por el vendedor

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Radicación n.° 85364 Juan Carlos Gómez Vargas. El colegiado indicó que, en dicha diligencia, la

trabajadora admitió haber realizado notas crediticias sin registrar contablemente numerosos descuentos adicionales sobre la cartera de varios clientes; que aceptó que lo hacía para cruzar cuentas y procurar que siempre se evidenciara un saldo a favor; que no verificaba si la nota de crédito correspondía al 100% y aceptó que, vistos los informes consideraba que sí había incurrido en incumplimiento de sus funciones defraudando la confianza que se le había dado y que reconocía que todo ello supuso una afectación al patrimonio de la empresa. Luego, relacionó la carta del 3 de octubre de 2015, mediante la cual la accionada comunicó a la demandante su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo. Destacó que en dicho documento se indicaban los resultados obtenidos en la auditoría interna; la verificación de la información contenida en el software, los registros contables y lo ocurrido en la diligencia de descargos; lo que generó que se configuraran los numerales quinto y sexto del artículo 62 del CST. Concluyó que antes de que se consolidara el despido, el empleador otorgó a la accionante la oportunidad para controvertir los hechos que le endilgó, lo que, en su criterio, evidenciaba el error del juez de primer grado al exigir una coincidencia casi que literal entre los motivos expresados en la diligencia de descargos y la carta de despido, resaltando

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Radicación n.° 85364 que la facultad del empleador para finalizar el vínculo debe respetar el derecho de contradicción, pero no exige un procedimiento estricto o riguroso, como lo pretendía la

demandante. Insistió en que el despido no es una sanción disciplinaria que deba estar precedida de un trámite estandarizado ni tampoco se probó que hubiera una norma convencional que así lo exigiera, por lo cual anotó que, conforme a la jurisprudencia, era suficiente con manifestarle a la trabajadora los hechos por los cuales iba a ser despedida, tal como ocurrió en este caso, en la diligencia de descargos llevada a cabo el 1 de octubre de 2015. Agregó que la empresa también le dio la oportunidad a aquella de controvertir las imputaciones que le hizo, sin que hubiera aportado documentos o soportes de los descuentos no autorizados que había efectuado mediante notas crédito. Añadió: Por demás, no se ofreció ninguna prueba que señalara que la demandante había sido sometida a tratos crueles, inhumanos, a presiones absolutamente indebidas. Indicarle a una persona que se denunciará en caso de que encuentre la comisión de una conducta punible no es, una presión indebida, es mas es un deber y si se trata de funcionario público es un deber que de no cumplirlo compromete su responsabilidad penal, se llama la omisión de denuncia (…) Dijo que, teniendo en cuenta que la actora probó el despido, debía analizar si Distribuciones Aldana y Cía. S. en C. acreditó la ocurrencia de las causales quinta y sexta del artículo 62 del CST endilgadas en la carta de terminación del vínculo laboral. Estimó que tales circunstancias sí estaban demostradas mediante el informe de auditoría (folios 245 y

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Radicación n.° 85364 246), en el cual, el revisor fiscal puso de presente que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2015, Leonor Yolanda Cruz elaboró notas crédito a clientes por descuento adicional por valores significativos sin ningún concepto claro y definido, y sin autorización para su elaboración, aplicadas a clientes del vendedor Juan Carlos Gómez Vargas. Agregó que los informes de los años 2012 a 2014 arrojaban resultados similares, en cuanto a saldos no soportados en ningún documento. Advirtió que esta última persona, aunque informó que él como la demandante fueron víctimas de malos tratos, no le ofrecía credibilidad. Igualmente, resaltó que a folio 45 aparecía la relación de notas crédito efectuadas por la demandante sobre numerosas facturas por concepto de descuentos adicionales, incluso hasta el 100% de su valor, superiores a los de otros vendedores, concretamente, Juan Carlos Gómez Vargas, que reflejaban descuentos diez veces superiores al del resto de trabajadores. Adujo que, como la empresa había alegado que ninguna de las notas crédito había sido autorizada, le correspondía a la demandante desvirtuar esa negación indefinida, demostrando los soportes de esas operaciones, lo que, dijo, no ocurrió. En cuanto a las causales invocadas por la demandada, encontró que el numeral quinto del artículo 62 del CST establece que es causal de despido, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el establecimiento o

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Radicación n.° 85364 lugar de trabajo o en el desempeño de las labores. Estimó que la realización de descuentos sin autorización no parecía ir en contra de la moralidad y no se podía considerar un acto delictuoso, pues, dijo, se desconoce si tales movimientos contables fueron ordenados con el beneplácito de algún superior jerárquico, de modo que, no era dable tener por probado ese motivo de terminación del contrato de trabajo. Explicó que otra cosa ocurría respecto de la causal sexta del artículo 62 del CST, que consagra como justa causa de despido, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 de esa normativa, la cual, precisó, sí se había configurado, ya que la actora incumplió la obligación contractual de poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de sus funciones, pues faltó a sus responsabilidad en el cargo y, aprovechando la confianza de la empresa, desconoció lo previsto en el manual de funciones (folio 229), consistente en garantizar que la información ingresada al sistema fuera veraz; organizar la facturación que permitiera soportar contablemente las notas de crédito; archivar los documentos, entre otras labores, que no fueron cumplidas. Al respecto, puntualizó: […] archivar adecuadamente todos los documentos, revisados con el código de cartera, ingresar al sistema todos los recibos remitidos por los vendedores y elaborados por la oficina, al no atender tales deberes, incumplió gravemente también la obligación contenida en el #1 del art 58 del CST, y es que para

esta corporación el cargo de coordinación de cartera

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Radicación n.° 85364 definitivamente implicaba para la actora ejercer con sumo cuidado cada uno de los movimientos contables de tal manera que cada uno de ellos pueda ser soportado debidamente pues de no ser así, la respectiva organización no podría controlar el recaudo de cartera de forma eficaz con base en la información verificable, respecto del estado de pago de los deudores, lo cual indudablemente implicaría poner en grave riesgo el patrimonio de la empresa. La Sala viene a enfatizar que en el presente tramite no se logró demostrar conducta delictuosa alguna, porque además, lo dice, la denuncia penal que formuló el apoderado de la parte demandada, se refiere a la denuncia contra los responsables, pues, se insiste no existe certeza de que las notas crédito por descuento hubieran sido realizadas en virtud del aprovechamiento indebido de los recursos a los clientes o si correspondió a una manera ficticia de cruzar cuentas entre distintos deudores, para efectos de equilibrar, como se decía, la cartera como lo definió el actor y eso será objeto de que se determine en decisión penal, si es que hay lugar, que se está tramitando. No obstante, esta falta de soportes de cada uno de los movimientos contables sí es una falta gravísima a los deberes que por el cargo que ocupaba la accionante debían exigirle y ello habilitaba el despido efectuado por la empresa demandada. En dichos términos, deberá la Sala revocar la condena impuesta por indemnización por despido injusto, toda vez que se acreditó

en juicio la justeza de este. Además de haberse respetado el debido proceso en los términos exigidos en la jurisprudencia constitucional. En relación con los malos tratos denunciados, encontró que la actora solo se limitó a afirmar que el 1 de octubre de 2015 y los días anteriores al despido, tuvo que estar sentada en un rincón de la oficina y que se le trató de forma hostil, por ello, estimó que no había lugar a considerar tales circunstancias, resaltando que en todo caso, el presunto aislamiento no podía ser equiparado a tratos degradantes. Respecto al segundo problema jurídico, concerniente al pago de prestaciones sociales finales y el auxilio de cesantías,

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Radicación n.° 85364 resaltó que en el plenario se había demostrado que la demandada las sufragó, pues a folio 240 aparecía la firma de recibido de la actora. Así mismo, a folio 242, se registraba el cheque emitido por Bancolombia a ese título. Frente al supuesto constreñimiento al que fue sometida la demandante indicó que ello había sido desvirtuado con la afirmación hecha por ella en el interrogatorio de parte, cuando al preguntarle si endosó el cheque en favor de la empresa, contestó «sí claro yo sé que yo firmé, que me toca pagar, que me toca dejar la liquidación», lo que evidenciaba que el consentimiento no estuvo viciado al endosar el cheque. Destacó que, como negocio mercantil, el endoso debe cumplir los requisitos de existencia y validez y que, en este

caso, se encontraba la firma del endosatario y la fecha del acto, sin que se hubiera demostrado algún vicio que afectara el consentimiento. Resaltó que, para el 6 de octubre de 2015, fecha en la que se firmó el cheque, la accionante ya no era trabajadora de Distribuciones Aldana y Cía. S. en C., por lo que libremente pudo haberse negado a realizar el endoso y no lo hizo; además, podía haber cobrado directamente el cheque, ya que habían pasado varios días del despido y no tenía ninguna obligación con la empresa. Por ende, concluyó que el juez de primera instancia no erró al tener por acreditado el pago de las acreencias laborales pues, a la terminación de la relación de trabajo, obtuvo su liquidación y pago, esto último, mediante la entrega del respectivo título valor.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La accionante pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la de primer grado, en cuanto negó el reconocimiento del pago de las prestaciones definitivas, junto con la indemnización moratoria, al igual que se corrija el error aritmético en la liquidación de la indemnización por despido realizada por el a quo.

Con tal propósito, formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por la accionada. Las acusaciones tercera y cuarta serán estudiadas conjuntamente pues, aunque se proponen por

sendas distintas, guardan identidad temática y argumentativa en lo que tiene que ver con la condena de prestaciones sociales e indemnización moratoria.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 66 y 66A del CPTSS, violación medio cuya consecuencia final fue la aplicación indebida de los

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Radicación n.° 85364 artículos 62, 114 y 115 del Decreto 2351 de 1965; 121, 122, sin indicar de cuál normativa; 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 24 del CST; 6 de la Ley 50 de 1990 que modificó el 64 del CST; 29 y 230 de la Constitución Política y 167 del CGP. Considera que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No haber dado por demostrado, estándolo, que la demandada al formular el recurso de apelación a la sentencia condenatoria

(parcial) de primera instancia se refirió de manera expresa a que a la demandante en todo momento se le respetó el derecho al debido proceso durante el trámite del proceso disciplinario establecido en el artículo 65 del reglamento interno de trabajo.

2. No haber dado por demostrado, estándolo, que la demandada al sustentar el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil, Familia, Laboral ratificó que a la demandante durante el trámite del proceso disciplinario se le respetó el

derecho de contradicción y de defensa.

3. No haber dado por demostrado, estándolo, que la demandada dentro del recurso de apelación no cuestionó de manera explícita con razones y argumentos que a la demandante no le asistía el derecho a un debido proceso disciplinario antes de dar por terminado el contrato por justa causa, por cuanto el despido no era una sanción disciplinaria, violando el principio de consonancia.

4. No haber dado por demostrado, estándolo, que la demandada durante toda la actuación procesal (contestación de la demanda, recurso de apelación, citación a descargos, la diligencia de descargos, la carta de despido, etc.) confesó que en el reglamento interno de trabajo se tenía consagrado un procedimiento disciplinario previo a la terminación del contrato de trabajo, documento no aportado al plenario, por lo que resulta infundada la apreciación del Tribunal sobre que no se probó que existiera en Distribuciones Aldana una norma convencional que impusiera la obligatoriedad de surtir algún trámite reglamentario previo a un despido unilateral.

5. No haber dado por demostrado, estándolo, que a la demandante durante el trámite del procedimiento disciplinario le violaron el derecho fundamental al debido proceso y todos los principios que rigen la acción disciplinaria, como lo son el principio de legalidad, cosa juzgada, no reformatum imperius (sic)

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Radicación n.° 85364 y en fin todos los principios que imperan en el debido proceso consagrado en el artículo 29 Constitucional.

Indica que los anteriores yerros se originaron en una indebida valoración de los siguientes elementos probatorios y piezas procesales: i) demanda ordinaria; ii) escrito de contestación; iii) citación a descargos (f.° 230 a 231); iv) acta de diligencia de descargos (f.° 232 a 236); v) carta de despido (f.° 238 y 239); vi) contrato de trabajo (f.° 227 y 228); vii) recurso de apelación y sustentación; y viii) sentencia del Tribunal del 5 de abril de 2019 donde se refiere que el despido no es sanción disciplinaria y que el empleador no debía adelantar proceso alguno para tales efectos. En sustento de su recurso, estima que el error del juez de segundo grado fue haber fijado como problema jurídico a resolver, un asunto sobre el cual la parte demandada no había apelado o debatido en el proceso judicial ni en el trámite disciplinario que precedió su despido, esto es, que la terminación del contrato laboral no constituye sanción disciplinaria, de modo que no era viable exigirle al empleador adelantar un procedimiento de esa naturaleza. Dice que su tesis fue sostener que en el trámite disciplinario se le violó el debido proceso y, por su parte, la demandada se defendió diciendo que dicho derecho sí había sido garantizado, tal como lo precisó en el escrito de contestación del libelo inaugural, cuando sostuvo que a la parte actora se le respetó la posibilidad de controvertir y aportar pruebas. En ese orden de ideas, advierte que la parte demandada nunca refirió que el despido no fuera sanción disciplinaria,

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Radicación n.° 85364 lo que tampoco se alegó en la sustentación de la apelación a la sentencia de primera instancia, pues allí se advirtió que Leonor fue citada a descargos y en todo momento se le respetaron sus derechos fundamentales. Transcribe apartes del recurso de alzada. En esa medida, aduce, el estudio del ad quem se debió concretar a los asuntos apelados de conformidad con el principio de consonancia. Al respecto, cita extractos de la decisión CSJ SL2808-2018. Indica que, aunque aparentemente se trata de una cuestión de puro derecho, no lo es, en tanto se debe verificar con los documentos denunciados como mal apreciados si en la empresa existía o no un procedimiento previo al despido y no si el despido es o no sanción disciplinaria, tema jurídico que no estaba en el debate de este proceso. Dice que en la nota de citación o diligencia de descargos se precisa que se hace atendiendo el artículo 65 del Reglamento Interno de Trabajo de Distribuciones Aldana y Cía. S. en C., en concordancia con el artículo 115 del CST. De manera que, era obligación de la demandada haber aportado el documento que demostrara la legalidad del despido. Puntualiza que la sociedad accionada debía probar las justas causas del despido y el cumplimiento del procedimiento consagrado en el Reglamento Interno de Trabajo y al no hacerlo, el despido deviene ilegal, sobre todo si por confesión se conoce que en la empresa existía un procedimiento disciplinario interno, pero que se desconoce

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Radicación n.° 85364 su contenido por no haber sido aportado al expediente, carga que le correspondía al empleador. Agrega que la carta de despido debe señalar las causas en que se funda, lo que implica enumerarlas y probarlas en juicio; que la audiencia de descargos se ha vuelto obligatoria a partir de la decisión CC C-299-1998, en el entendido de que el empleador debe darle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se hacen en su contra; que el proceso disciplinario sancionatorio no solo obliga a las entidades públicas sino también a los particulares y que en el Reglamento Interno de Trabajo debe estar previsto el procedimiento para investigar y sancionar, el cual debe contener, al menos, la comunicación informal de apertura del proceso; la formulación de los cargos; las faltas disciplinarias que dan lugar a la investigación; la calificación provisional de la conducta; la indicación del término con que cuenta el imputado para presentar los descargos; la imposición de la sanción proporcional y la posibilidad de controvertirla con los recursos pertinentes. Considera que la carta de despido también fue mal apreciada, en tanto se trató de una decisión tomada con posterioridad a la diligencia de descargos y en la que se le terminó el contrato por hechos no expuestos previamente, tal como lo determinó el juez de primer grado. Para concluir, dice que el Tribunal desconoció el principio de consonancia, al no haber apreciado el recurso de apelación que formuló la demandada.

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VII. RÉPLICA Distribuciones Aldana y Cía. S. en C. refiere que en este caso está demostrado que la empresa convocó a la extrabajadora a la diligencia de descargos mediante citación que contenía los hechos imputados; y que se le permitió que en todo momento esclareciera lo que se le ponía de presente mediante los informes contables que contenían las notas crédito, sin que aquella alegara alguna justificación razonable de su actuar, con lo cual se garantizó su debido proceso.

Por ello es que encuentra correcto que el Tribunal hubiera concluido que la terminación del contrato no fue ilegal e injustificada, ni que se hubiera violado el debido proceso de la demandante. Prueba de ello, dice, es el acta de diligencia de descargos, con la que se demuestra que la trabajadora participó en esa reunión; se le otorgó la oportunidad de aclarar y aportar las pruebas necesarias y tuvo la oportunidad de defenderse. Dice que no es de recibo lo expuesto por la censura frente a la supuesta vulneración del principio de consonancia, desconociendo que la sustentación estuvo dirigida a demostrar el proceder leal y ajustado a derecho de la empresa, exponiendo con claridad diversos motivos que enarbolaban una justa causa para dar por finalizado el vínculo, en virtud de las respuestas que aquella brindó en la diligencia de descargos. En ese sentido, estima que no es cierto que el juez de segundo grado hubiera hecho una incorrecta valoración de