CSJ - SL052-2023

República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala de Canelón Laboral Sala de Osseallestlio W 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL052-2023 Radicación n.° 89389 Acta 2 Bogotá D.C., Treinta y uno (31) de enero dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y ALVARO PIZA AMON, contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso que ALVARO PIZA AMON, adelantó contra la

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA,

LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO, ASESORES EN DERECHO SAS; FIDUCIARIA LA

PREVISORA SA - PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA, y

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Alvaro Piza Amón, llamó a juicio a Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - como Administradora del Fondo

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Radicación n.°89389 Nacional del Café, la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Asesores en Derecho SAS, Fiduciaria La Previsora SA - como vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA, y la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones (f.°658 a 671), para que se declarara: «la

protección al derecho a la seguridad social (...) respaldando el amparo (...) emitido por el CONSEJO DE ESTADO (...) en sentencia del 7 de diciembre de 2016 que confirmó la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (...)»; era beneficiario del régimen de transición; cumplió los requisitos pensionales contemplados en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez a partir del 18 de febrero de 2013; y que fue trabajador de la Flota mercante Gran Colombiana. Consecuencialmente, se las condenara así, a: Asesores en Derechos SAS, en su condición de mandataria con representación, a expedir «la resolución del bono pensional o cálculo actuarial» por el tiempo laborado; a la Fiduciaria la Previsora SA, como vocera de PANFLOTA, a pagar el título pensional o cálculo actuarial correspondiente, por el tiempo laborado en la Flota Mercante Grancolombiana SA; a Colpensiones, a «tener en cuenta el tiempo laborado por el actor en la Flota Mercante Grancolombiana (...)», reconocer la pensión de vejez a partir del 18 de febrero de 2013, liquidada con el 90% del IBC, junto con los intereses de mora. Así mismo, requirió que todas las demandadas, fueran condenadas al pago de los perjuicios materiales, morales y las costas.

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Radicación n.°89389 Solicitó que de no condenarse a la Previsora SA, se declarara la responsabilidad subsidiaria de la Federación

Nacional de Cafeteros, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, por lo que debía ser condenada a pagar el título pensional o el cálculo actuarial correspondiente; en defecto de lo precedente, se declarara la responsabilidad subsidiaria de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto con el pago del cálculo actuarial. Respecto de Colpensiones, requirió que, en subsidio de los intereses de mora, se condenara a «la indemnización establecida en la ley 10 de 1972» y la indexación. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, como fundamentos fácticos, hizo una amplia narración de sucesos históricos, desde la fundación de la Flota Mercante Grancolombiana, hasta su liquidación; describió su situación laboral y pensional, así: a la radicación de la demanda, tenía 64 años, laboró para la Flota Mercante Grancolombiana SA, desde el 24 de febrero de 1977 y hasta el 22 de mayo de 1986, para un total de 456.57 semanas. El último cargo que desempeñó fue «SEGUNDO MECÁNICO AJUSTADOR» a bordo de los buques de la Flota Mercante Grancolombiana, con una remuneración en dólares americanos, compuesta por los siguientes factores: salario básico mensual USD496.36, prima de antigüedad USD68.25, dominicales y feriadosUSD36.70, trabajo ayuda operacional y mantenimientoUSD12.91, extras USD65.78,

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Radicación n.°89389 salario en especie por alimentación y alojamiento USD200,

incidencia de las primas extralegales USD73.33, lo que implicaba considerar un salario promedio de USD953.33, equivalente a $180.379,56 para el 22 de mayo de 1986, y un salario de referencia a 30 de junio de 1992, en pesos colombianos, de $779.382,26. Refirió que la Flota Mercante Grancolombiana, no efectuó los aportes pensionales entre el 24 de febrero de 1977 y hasta el 22 de mayo de 1986, es decir, 456.57 semanas; agregó que se afilió a Colpensiones y «tiene cotizadas 1.149.57 semanas», sin que esta última entidad, reclamara el cálculo actuarial o el bono pensional derivado del tiempo laborado en la Flota Mercante Grancolombiana. Anotó que elevó reclamación administrativa a Asesores en Derecho SAS (9 de octubre de 2014), a la Administradora Colombiana de pensiones (4 de diciembre de 2014 y 21 de febrero de 2017), a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (21 de febrero de 2017), a la mandataria Asesores en Derecho SAS (21 de febrero de 2017), Fiduciaria la Previsora SA, como administradora de Panflota (21 de febrero de 2017), y a la Nación Ministerio de hacienda y Crédito Público (21 de febrero de 2017). La Fiduciaria la Previsora SA - Fiduprevisora SA., al contestar la demanda (f.°704 a 719 Vto), se opuso a los pedimentos que fueron dirigidos en su contra y no aceptó

ninguno de los hechos atinentes a la historia laboral del actor. En su defensa, arguyó que, de acuerdo con las normas

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Radicación n.°89389 mercantiles, su responsabilidad estaba limitada por el contrato de fiducia, por ende, no asumía obligaciones directamente con su patrimonio; hizo énfasis en que, el objeto del contrato de fiducia, limita la capacidad de esa compañía, como administradora, y vocera del patrimonio autónomo Panfiota. Propuso como excepciones de mérito las que denominó: autonomía del contrato de fiducia, falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad legal y contractual de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil, inexistencia de sustitución patronal, inexistencia de la obligación, inexistencia y falta de pruebas de los perjuicios morales y materiales, y prescripción. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (f.°764 a 778), manifestó que se oponía a todas las pretensiones. De los hechos narrados solo aceptó que el actor presentó reclamación administrativa. Expuso que debía declararse la «exoneración de todo cargo en su contra, por tornarse improcedente desde el punto de vista constitucional y legal la responsabilidad subsidiaria que se pretende endilgar a la Nación»; esgrimió que la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, era la entidad matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante - CIFM, por lo que la responsabilidad debía regirse por lo dispuesto

en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995.

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Radicación n.°89389 Listó como excepción previa la «Falta de legitimación»; de mérito, las que llamó: indebida vinculación del Ministerio de Hacienda, inexistencia de obligación alguna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y buena fe. La Administradora Colombiana de pensionesColpensiones, dio respuesta al libelo gestor (f.°786 a 789), se resistió a las peticiones, de los hechos descritos al inicio, aceptó las reclamaciones administrativas que elevó el promotor del juicio. Sostuvo que no le asistía derecho a lo pedido frente a Colpensiones, toda vez, que «no acredita los requisitos exigidos en el Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen en cuanto a tener cotizadas 750 semanas para la entrada en vigencia de dicha norma (...)». Propuso las excepciones de mérito que llamó: inexistencia del derecho y de la obligación, buena fe, innominada o genérica, y no configuración al pago de intereses moratorios, ni de indemnización moratoria. Asesores en Derecho SAS, se manifestó en condición de «mandataria con representación con cargo al PANFLOTA», y en tal calidad, se opuso alas pretensiones (f.°813 a 826). De los hechos aceptó: la edad del accionante, que trabajó con la Flota Mercante Grancolombiana, el último cargo, la afiliación a Colpensiones, el número de semanas cotizadas, la reclamación administrativa, y la respuesta negativa.

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Radicación n.°89389 Argumentó que, existía «imposibilidad insuperable por parte de la CIFM SA hoy liquidada y que afectó sustancialmente los pagos dentro del proceso liquidatorio», por cuanto, dicha sociedad al momento del cierre se halló sin recursos para los pagos, y tampoco dejó activos. Afirmó que en su condición de mandataria con representación «solo resuelve las solicitudes de carácter pensional, única y exclusivamente con cargo al Patrimonio Autónomo PANFLOTA», por ende, no representaba a la entidad liquidada, ni tenía a su cargo el manejo de dineros. Más adelante anotó que, al demandante, no le asistía derecho al pago del cálculo actuarial, porque la cobertura del sistema de seguridad social para trabajadores del mar, inició a partir del 15 de agosto de 1990, en consecuencia, no había obligación legal de la afiliación. Planteó la excepción de prescripción y las que denominó, inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial, ausencia de presupuestos fácticos, buena fe y oposición a la condena en costas y «los presuntos perjuicios irrogados al demandante». La Federación Nacional de Cafeteros, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, dio respuesta a la demanda (f.°843 a 869 Vto), en cuanto alas pretensiones aseveró que ninguna podía salir airosa. No admitió ninguno de los hechos concernientes al vínculo laboral.

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Radicación n.°89389 Sostuvo que la afiliación al ISS, fue progresiva, por lo

cual, en relación con el accionante, la empleadora se encontró en imposibilidad de realizar los aportes, razón por la cual, no había lugar al pago de lo pretendido, pues se trata de una «suma punitiva que involucra una sanción producto de un incumplimiento legal, lo cual es inconstitucional pues no había obligación y por tanto, no había incumplimiento de ninguna norma». Planteó las excepciones de prescripción, pago, compensación, falta de legitimación en la causa y las que denominó: ausencia de responsabilidad subsidiaria, inexistencia de la obligación, buena fe, y falta de legitimación en la causa.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 27 de noviembre de 2018 (CD. f.°2011, anexo al cuaderno de instancia), en el que decidió absolver a las demandadas y condenó en costas a la parte actora.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, profirió fallo el 13 de agosto de 2019 (CD. a 102033, anexo al cuaderno de instancia), en el que decidió:

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Radicación n.°89389

Primero: REVOCAR la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2018 por el juzgado 13 laboral del circuito de Bogotá dentro del proceso de la referencia, para en su lugar, Segundo: ORDENAR a Colpensiones para que en el término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente

Providencia realice el respectivo cálculo actuarial del período comprendido entre el 24 de febrero de 1977 hasta el 22 de mayo de 1986 teniendo como referencia el último salario devengado por el trabajador el cual se estableció en la suma de 139591,69 conforme se explicó en la parte motiva de esta Providencia.

Tercero: CONDENAR a Fiduciaria la Previsora SA., como vocera y administradora del patrimonio autónomo Panflota a reconocer y pagar el título pensional favor del demandante por el tiempo laborado ya mencionado para que sea consignado a órdenes de Colpensiones a efectos de tener en cuenta esos tiempos dentro de la historia laboral del accionante.

Cuarto: CONDENAR de manera subsidiaria a la federación Nacional de cafeteros como administradora del fondo Nacional del café a pagar y hacer efectivo el título pensional que se debe consignar a Colpensiones en favor del demandante en el evento que la fiduciaria la previsora SA., compruebe que no cuenta con los recursos necesarios para atender dicha obligación.

Quinto: CONDENAR a Colpensiones a recibir el valor del cálculo actuarial y al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de que trata el Acuerdo 049 de 1990 a favor del accionante a partir de la fecha de novedad de retiro del sistema de seguridad social o de la última cotización en la cuantía que corresponda conforme la liquidación, validando las semanas de cotización y el respectivo pago del retroactivo en caso de causarse de acuerdo a lo señalado en la parte motiva de esta Providencia.

SEXTO: sin costas en esta instancia, las de primera están a cargo de Fiduciaria la Previsora SA y la Federación Nacional de

Cafeteros. En primer lugar, el ad quem examinó el reclamo atinente al pago de un cálculo actuarial. Aseveró que el accionante trabajó en el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 1977 hasta el 22 de mayo de 1986, «tiempo para el cual si bien es cierto ya se había creado el ISS, mediante la Ley 90 de 1946 en esta se estableció que la subrogación a la que se obligaron los empleadores se aplicaría de manera

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Radicación n.°89389 gradual», de tal manera que llamó a inscripción obligatoria a todas las empresas marítimas mediante el Decreto 1993 del 24 de octubre de 1967. Adujo que en el caso de la Flota Mercante Grancolombiana SA., esa compañía realizó las «afiliaciones hasta el 2 de agosto de 1990, ello de conformidad con lo regulado en la resolución 3296 de dicha data», por lo que, en las fechas en las que el demandante estuvo vinculado, «no era factible la afiliación y el pago de cotizaciones ante el ISS, no obstante, como lo ha interpretado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia existía la obligación de aprovisionamiento». Para respaldar la anterior disertación, copió pasajes del fallo de esta Sala con radicado CSJ SL 1972019 y la sentencia CC T-207-2018. Remitió al fallo CSJ 5L287-2018, mencionó que tal providencia «concluyó que los criterios expuestos en precedencia, también aplican para los casos de Trabajadores al Servido de la flota mercante Grancolombiana SA», por lo

cual, siguiendo la jurisprudencia, se infería que el empleador sí estaba obligado a cubrir «mediante el título pensional los montos que correspondan a periodos no cotizados (...) por la no cobertura por parte del ISS y una interpretación contraria implicaría desconocer el derecho a la seguridad social (...)». Dijo que a través del contrato de fiducia mercantil número 310138 del 14 de febrero de 2006, la Compañía de Inversiones de Flota Mercante, constituyó patrimonio autónomo denominado Panflota, cuyo objeto es la SCLAJPT-10 V.00 O Radicación n.°89389 administración de recursos por parte de la sociedad y su destinación al pago de las mesadas pensionales a cargo de esa entidad. Subrayó que los numerales 4 y 16 de la cláusula cuarta, del citado contrato, estipularon que la Fiduprevisora debía cancelar oportunamente las «obligaciones que afectan el patrimonio autónomo siempre y cuando cuente con los recursos para cumplir dicho propósito». Arguyó que, de acuerdo con esta Sala de Casación, la Federación Nacional de Cafeteros, es la llamada a responder, pero de manera subsidiaria en calidad de controlante, tal y como se colegia de la sentencia CSJ SL471-2019, que a su vez aludió a los autos 410928, 4016211 y 4017782 de la Superintendencia de Sociedades. Procedió a examinar el «salario a tenerse en cuenta por parte de Colpensiones en aras de realizar el cálculo actuarial». Explicó que debía observarse «el último salario devengado por el trabajador», como lo ordenó el parágrafo del artículo 4° del

Decreto 1887 de 1994. Remitió al folio 605, en donde obraba la «liquidación por retiro del accionante donde se puede verificar cuáles fueron los salarios devengados en el último año de servidos, las primas legales y extralegales o las horas extras dominicales y festivos, alimentación y viáticos», que fueron liquidados en dólares americanos. Coligió del documento precedente, que el asalariado en el último ario de servicios devengó U5D8885,06, suma que se debía convertir en pesos colombianos, según la tasa representativa del mercado para el ario de 1986, que según

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Radicación n.°89389 certificado Banco de la República, equivalía en promedio a $188.53 por dólar y «conforme las tablas de cotización de aportes establecidos por el ISS, de la época a través del Decreto 2630 de 1983», la asignación correspondía a la categoría 30, por lo que, «una vez realizado el cálculo matemático arroja un promedio mensual equivalente en pesos de 139.591,69., salario mensual que deberá tenerse en cuenta para efectos de realizar el cálculo actuarial». Como tercer punto, procedió al análisis de la «Pensión de vejez». Detalló que el cálculo actuarial ordenado, abarcaba el período comprendido entre el 24 de febrero de 1977 hasta el 22 mayo de 1986, para un total de 3193 días efectivos de servicio, aunque en la liquidación de folio 605, se hacía alusión a 179 días de licencia o suspensión, no se demostró a qué correspondían esos días, por lo que no se descontarían

del total del tiempo laborado, en consecuencia, el accionante al servicio de la Flota Mercante Grancolombiana SA, acumuló 3372 días, equivalentes a 481.71 semanas. Agregó que, en la historia laboral visible de folio 606 a 609, se observaba que había acreditado 1149.57 semanas, lo cual arrojaba un total de 1631.28 semanas. Agregó que el accionante era beneficiario del régimen de transición, al «haber cumplido 41 años de edad a primero de abril de 1994», y por haber acumulado 1045.74 semanas a 29 de julio de 2005. Dijo que causó el derecho a la pensión de vejez a partir del 18 de febrero de 2013, fecha en la cual cumplió los 60 arios de edad y acreditaba más de mil semanas cotizadas al sistema, en consecuencia, completó

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Radicación n.°89389 todos los requisitos exigidos por el articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Mencionó que «el IBL a tener en cuenta para la pensión en mención, se determinará conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993», es decir, según las cotizaciones efectuadas durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión de vejez o según «lo devengado durante toda la vida laboral», siguiendo la opción que resultara más favorable y teniendo en cuenta el cálculo actuarial ordenado, con una tasa de reemplazo del 90%, según lo ordenado en el Articulo 20 del Acuerdo 049 de 1990. Explicó que el disfrute de la

pensión, «será el primer día del mes siguiente al reporte de la novedad de retiro o de la última semana cotizada». En lo atinente a los intereses moratorios, que el demandante pidió desde el 18 de febrero de 2013, consideró que Colpensiones no estaba obligada a su reconocimiento, porque la obligación «apenas surge con el reconocimiento del cálculo actuarial ordenado en esta providencia y no es esta la entidad llamada a responder por el pago del título pensional como consecuencia de una falta de cobertura».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Lo interpusieron el demandante y la Federación Nacional de Cafeteros, fue concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, por lo que se procede a resolver, en primer lugar el de la demandada.

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Radicación n.°89389

DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

DE COLOMBIA

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo del Tribunal, en sede de instancia confirmar la de primer nivel en cuanto absolvió a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y «en su lugar, hacer el pronunciamiento que corresponda frente a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público - con referencia a la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995(. .)».

En subsidio, se case la sentencia, en cuanto condenó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, al pago de un cálculo actuarial, en sede de instancia, confirme la absolución que en su favor emitió el fallador de primer nivel.

En subsidio de lo precedente, reclama la anulación del fallo de segundo nivel, en cuanto le impuso la obligación de sufragar el valor total del cálculo actuarial; en sede de instancia demanda que se ordene que a la recurrente «le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que del cálculo actuarial que resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados y correspondiente al tiempo laborado (...)». Con el anterior propósito, plantea 3 cargos que recibieron réplica del demandante.

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Radicación n.°89389

VI. CARGO PRIMERO Acusa aplicación indebida del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la CN, que dio lugar a la indebida aplicación del inciso 2 del artículo 259 y 260 del CST, 3, 38, 59 a 61 del Acuerdo 224 de 1966; 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 12 del Acuerdo 049 de 1990, 373 del Código de Comercio, 60 del Código de Procedimiento Civil; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946.

En el desarrollo asevera que el cargo se orienta por la vía de puro derecho, y menciona que no discute la conclusión según la cual «no se desvirtuó la presunción prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 para la

matriz o controlante de la sociedad subordinada que entra en situación de concordante o liquidación obligatoria». A continuación anota: Basado, entonces, en las precitadas dos premisas, lo que se controvierte y discute, con esta acusación, es que, a la Federación (...) como administradora del Fondo Nacional del Café, que se repite, es la calidad en que se encuentra vinculada al proceso, el Tribunal, le haya proferido condena en su contra. Esto porque siendo indiscutible que si fue en ese carácter que se le convocó al proceso y se le imponen la condena, esa circunstancia tenía y tiene implicaciones legales que no fueron aplicadas debidamente por el juzgador ad quem. Y una de esas implicaciones era y es, que esa calidad en que actuó y actúa la Federación Nacional de Cafeteros en este proceso, le imponía, al juzgador, determinar quién era el mandante de la Federación y, consecuencialmente, de estar vinculado al proceso, imponer a este, de darse los supuestos de ley, la condena, y no fulminarla como lo hizo, al mandatario.

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Radicación n.°89389 Arguye que como el colegiado no procedió de la forma atrás aludida, incurrió en la vulneración de los artículos 822 y 1266 del Código de Comercio, y 2186 del Código Civil, sumado a que, el Fondo Nacional del Café, al no ser persona jurídica, y sus recursos ser parafiscales, esta Corporación «habrá de concluir que es la Nación - Ministerio de Hacienda y

Crédito Público, en su condición de mandante de la Federación Nacional de Cafeteros» la llamada a responder. Menciona que ese tema fue analizado en la sentencia de la Corte Constitucional CC SU-1023-2001, duplica varios pasajes del considerando 16, y luego recuerda que en tal providencia, la citada Corporación de justicia, argumentó que las medidas que allí se tomaban eran transitorias, mientras el juez ordinario definía quién debía responder subsidiariamente según el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, inclusive admitió la posibilidad que fuera la Nación, y esgrime que de acuerdo con providencia CC C-840-2003, el Fondo Nacional del Café se nutre de recursos parafiscales. Dice, «no cabe para descartar cualquier responsabilidad de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acudir el (sic) contrato de administración celebrado entre este Ministerio y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (...)», porque jurídicamente el mandante no podía invocar ese contrato para exonerarse de obligaciones con terceros, pues una cosa es la relación jurídica entre la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la Federación Nacional de Cafeteros, y otra distinta la responsabilidad derivada del artículo 148 de la Ley 222 de 1995.

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Radicación n.°89389 Enuncia que tampoco es posible aducir que «si el Fondo Nacional del Café se beneficiaba de las utilidades de las sociedades en que se invertían sus recursos, por lógica debe asumir sus gravámenes», toda vez, que eso fue lo que expuso

el fallo CC SU-1023-2001, para adoptar como medida transitoria que los recursos del Fondo Nacional del Café, fueran afectados para obligaciones pensionales de los trabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana. Resalta que no obstante lo decidido por la Corte Constitucional en la anterior providencia, la misma abrió la posibilidad que la Nación respondiera por las obligaciones, ligado al carácter parafiscal de los recursos y concatenado a que desde la demanda inicial, de manera subsidiaria se requirió que se condenara a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que, al concluirse que la responsabilidad del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, no radicaba en cabeza del Fondo Nacional del Café, por no ser persona jurídica, «cabe analizar la misma frente al mandante de la Federación nacional de Cafeteros de Colombia», es decir la aludida cartera ministerial. Para concluir, eleva algunas críticas a una decisión de otra sala de descongestión de esta Entidad, y luego refiere que en este caso el punto objeto del recurso no fue objeto de apelación debido a que el fallo de primer nivel le fue favorable.

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Radicación n.°89389

VII. RÉPLICA El promotor delj uicio se opone al cargo con fundamento en que en el transcurso del proceso uno de los demandados fue la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, «pero ni en la contestación de la demanda, ni en el recurso de apelación, nada se dijo respecto a dicha demandada y menos en la sentencia que la absolvió de todas las pretensiones de

la demanda», no obstante que «Allí era la oportunidad procesal pertinente para endilgarle la responsabilidad que dice tener el casacionista». Así mismo, anotó que el cargo era infundado, toda vez, que en sentencia CC SU-1023-2001, se había excluido la responsabilidad subsidiaria de la Nación.

VIII. CONSIDERACIONES El casacionista considera erróneo que el sentenciador plural concluyera que, en caso de no existir recursos en el patrimonio autónomo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, deba responder de manera subsidiaria, pues en criterio del atacante, le correspondería esa obligación a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de mandante, mientras que la aludida Federación operaba como simple mandatario.

En esta oportunidad, como el fallo de primer grado fue completamente absolutorio, tal entidad no tenía interés jurídico para apelar, por ende, no le asiste razón al opositor, SCLAPT-10 V.00 IS Radicación n.°89389 que reclama que el punto objeto del cargo hubiese sido materia de alzada. No obstante, al examinar la materia del cargo, se halla que no le asiste razón a la recurrente, pues la disertación del juez plural de instancia, encuentra soporte en la doctrina de la Sala, contenida en sentencia CSJ SL15310-2014 reiterada, entre otras, en CSJ SL1973-2019, CSJ SL471-2019, donde se dilucidó que, la sociedad matriz o controlante Federación Nacional de Cafeteros si es responsable subsidiaria cuando no

desvirtúa la presunción legal del parágrafo del articulo 148 de la Ley 222 de 1995. En los pasajes respectivos se lee: No controvierte la censura la inferencia del Tribunal relativa a la condición de controlante o matriz de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, respecto de la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., EN LIQUIDACIÓN, sino que acusa al juez de la alzada de equivocarse al dar por probado que la liquidación de la segunda obedeció a actuaciones de la primera. Para la Sala, está claro que el Tribunal para deducirle responsabilidad subsidiaria a la FEDERACIÓN, una vez estableció el carácter de controlante de la FEDERACIÓN sobre la CIFM, partió de la aplicación del parágrafo del articulo 148 de la Ley 222 de 1995; en otras palabras, hizo producir efectos a la presunción legal allí consagrada, según la cual: Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquella. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por causa diferente. Tal presunción, que estimó el ad quem, no puede ser desvirtuada

por el único documento que censura el recurrente, correspondiente al Acta de la Asamblea General de Accionistas,

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Radicación n.°89389 pues si se examina en detalle el texto del acta de marras, se trata de un documento declarativo no manuscrito y que carece de firma. Argumentación que fue reiterada de manera reciente en fallo CSJ SL3154-2022. Así mismo, es pertinente recordar, que en la aludida providencia CSJ SL15310-2014 reiterada, SL1973-2019, y SL3493-2020, se explicó que la sociedad matriz o controlante Federación Nacional de Cafeteros, es responsable subsidiaria de las obligaciones, cuando no desvirtúa la presunción legal del parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de 1995. La censura también hace alusión al carácter parafiscal de los recursos del Fondo Nacional del Café y su imposibilidad d