CSJ - SL053-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL053-2023 Radicación n.° 91204 Acta 1 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por BLANCA ISABEL MIRA RIVAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de septiembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES-, la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. y

la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A.

Se reconoce personería adjetiva al abogado Juan Francisco Hernández Roa, con TP No. 35.277 del CSJ, para actuar como apoderado de la sociedad opositora Porvenir S.

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Radicación n.° 91204 A., en los términos y para los efectos del poder allegado el 7 de junio de 2022.

I. ANTECEDENTES Blanca Isabel Mira Rivas llamó a juicio a Colpensiones, Porvenir S. A. y Protección S. A., con el fin de que se declare la «nulidad» del traslado de régimen pensional realizado a través de tales AFP por el incumplimiento de los deberes legales de información y de asesoría, los que generaron error de hecho que vició el consentimiento y, por consiguiente, que

se encuentra válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida. En consecuencia pidió condenar a Porvenir S. A. y a Protección S. A. a registrar en el sistema de información que la afiliación al RAIS estuvo viciada por el incumplimiento de los deberes legales de información; se ordene a Porvenir S. A. trasladar a Colpensiones la «totalidad de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluidos los rendimientos e intereses a que haya lugar», y, a Colpensiones, activar la afiliación en pensión y actualizar la historia laboral en las cotizaciones efectuadas en el RAIS, con el pago de las costas y agencias en derecho. Para fundamentar sus peticiones informó que nació el 18 de septiembre de 1960; laboró al servicio del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito desde el 8 de septiembre de 1980 hasta «el 13 de enero de 1988», tiempo en el que

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Radicación n.° 91204 cotizó al ISS, también dijo que trabajó con la «Sociedad de Coberturas Ltda.» desde «el 28 de diciembre de 1987» hasta el 9 de agosto de 1991, tiempo en el que aportó a la referida administradora. Narró que como funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá cotizó a la Caja de Previsión Social Distrital desde el «13 de enero de 1992 hasta el 31 de agosto de 1995», fecha esta última en la que reunía 748 semanas al RPM. Adujo que en «septiembre» de 1995 se afilió a Protección

S. A., «motivada por el engaño de la administradora por cuanto

le aseguraron que le convenía más este régimen que quedarse en el Seguro Social». Además, el representante de tal sociedad le aseguró que el ISS se iba a acabar, pero no le informaron las implicaciones del traslado ni la naturaleza del RAIS, menos aún las desventajas de este régimen ni las ventajas de permanecer en el RPM. Indicó que cotizó de forma continua y sin interrupciones a la referida AFP desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 30 de marzo de 1999, ya que a partir del 1 de abril de este año se cambió a Porvenir S. A. Aseguró que esta administradora no le mostró los escenarios comparativos en los dos regímenes y le aseguró que la pensión en el RAIS sería mejor que en el Seguro Social. Dijo que cuando estaba cercana a cumplir la edad para pensionarse fue a Porvenir S. A., en donde le manifestaron

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Radicación n.° 91204 que la pensión dependería de un cálculo actuarial, la expectativa de vida y otras condiciones, por lo que en 2017 contrató una asesoría particular a partir de la cual se enteró de los perjuicios causados por el traslado de régimen en tanto su pensión en el RAIS sería la mitad de aquella que le hubiera correspondido en el RPM. Por lo anterior el 12 de junio de 2017 solicitó a Colpensiones que activara su afiliación en el RPM, entidad que guardó silencio, y que el 15 de noviembre de igual año pidió a Porvenir S. A. que anulara su afiliación, súplica que fue negada (f.os 3 a 21, cd f.° 62A).

Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos admitió la fecha de nacimiento de la promotora, que realizó aportes al ISS y los servicios prestados al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito y la Sociedad de Coberturas Ltda.; frente a los demás dijo que no le constaban o que no eran ciertos. En su defensa argumentó que la demandante no estaba amparada por el régimen de transición porque para el 1 de abril de 1994 tenía 34 años de edad y no contaba con 15 años o más de servicios, por lo que no era viable su retorno al RPM en cualquier tiempo, pues debió hacerlo antes de que le faltaran menos de 10 años para cumplir con el requisito de la edad. Sostuvo que solo para los beneficiarios del régimen de transición el traslado al RAIS resultaba gravoso, por lo que

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Radicación n.° 91204 en tales casos era innegable el deber de la AFP de presentar información no solo correcta, sino también suficiente. Formuló las excepciones que denominó inexistencia del derecho para regresar al régimen de prima media con prestación definida, prescripción, caducidad, inexistencia de causal de nulidad, no procedencia del pago de costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público y la innominada (f.os 104 a 112). Protección S. A. también se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos únicamente aceptó que cotizó en dicha AFP desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 30 de marzo de 1999 y la reclamación que la actora le presentó;

respecto de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Para defenderse sostuvo que los asesores comerciales suministraban la información necesaria a los usuarios para que tomaran la decisión con todos los elementos de juicio de acuerdo a su situación particular y a sus expectativas; destacó que por el tiempo transcurrido resultaba difícil controvertir la forma en que se realizó la asesoría para el traslado de régimen pensional, por lo que en desarrollo del principio de buena fe debía presumirse que los asesores comerciales cumplieron con ello, hasta que se demuestre fehacientemente que falló en sus deberes.

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Radicación n.° 91204 Aseguró que las únicas personas que podían regresar en cualquier tiempo al RPM eran aquellas que tuvieran 15 años de servicios cotizados al 1 de abril de 1994, requisito que no cumplió la actora. Por último, dijo que la demandante, después de 23 años de efectuado el traslado, solo hasta ahora se percata de que no le suministraron la información debida para tomar la decisión, lo que extinguía cualquier acción de nulidad. Propuso las excepciones de inexistencia de la nulidad alegada por no haber vicio en el consentimiento, saneamiento por ratificación de la nulidad alegada, prescripción y la genérica (f. os 130 a 136). Porvenir S. A., mediante curador ad litem, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos dijo que no le constaban. En su favor adujo que no incidió en el traslado de régimen pensional y que, según el reglamento general del

fondo de pensiones, la información que se le suministra a los interesados es completa, relievando que no existía prueba que acreditara la falta de información alegada por la demandante, de ahí que «debía tenerse como cumplido el deber de los asesores comerciales hasta que de manera inamovible se demuestre lo contrario». Planteó las excepciones de inexistencia de la causal de nulidad por no haber vicio en el consentimiento al momento de afiliarse a Porvenir S. A., prescripción, inexistencia de la

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Radicación n.° 91204 obligación, buena fe, imposibilidad de condena en costas y la genérica (f. os 160 a 167).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de junio de 2020 resolvió: PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado efectuado por la señora BLANCA ISABEL MIRA RIVAS al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y como consecuencia de ello, se ordena a la AFP Porvenir S.A. a la que se encuentra afiliada actualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – todos los aportes efectuados por el (sic) demandante, junto con sus rendimientos.

SEGUNDO: CONDENAR a la AFP Protección S.A y Porvenir, a pagar con su propio patrimonio, la disminución en el capital de financiación de la pensión por los gastos de administración,

conforme al tiempo en que la demandante estuvo afiliada a cada uno de los fondos antes mencionados, como se advirtió en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a volver a afiliar al demandante BLANCA ISABEL MIRA RIVAS al régimen de prima media con prestación definida y recibir todos los aportes que ésta hubiese efectuado a la sociedad administradora de pensiones y

cesantías PORVENIR S.A.

CUARTO: CONDENAR en costas a Protección S.A, por lo tanto, se señalan como agencias en derecho a su cargo la suma de $1.000.000, suma que se incluirá en la respectiva liquidación de costas. Sin costas a cargo de Porvenir ni de Colpensiones.

QUINTO: En caso de no ser apelada la presente decisión se remitirá el proceso al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral para que se estudie en grado jurisdiccional de consulta.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 29 de septiembre de 2020 al resolver los recursos de apelación interpuestos por las tres demandadas, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió de todas las pretensiones. Impuso las costas de primera instancia a la demandante y se abstuvo de condenar por las de segundo grado.

Puntualizó que en el plenario estaba debidamente acreditado que: i) la promotora nació el 18 de septiembre de

1960; ii) laboró para el Ministerio de Transporte del 1 de septiembre de 1980 al 13 de enero de 1988; iii) cotizó al ISS desde el 28 de diciembre de 1987 hasta el 9 de agosto de 1991 un total de 188,71 semanas; iv) trabajó al servicio del Distrito Capital de Bogotá desde el 13 de enero de 1992, por lo que, para ella, el sistema de pensiones previsto por la Ley 100 de 1993 entró a regir a más tardar el 30 de junio de 1995; v) que la accionante al 30 de junio de 1995 tenía entre tiempos públicos y privados 744,28 semanas y 34 años de edad y, iv) que «en septiembre de 1995, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Protección S. A. y posteriormente a Porvenir S. A. el 26 de febrero de 1999». Dijo que el traslado de régimen por vinculación a una AFP es un acto jurídico, para cuya eficacia y validez requiere del consentimiento exento de vicios, objeto y causa lícita, así como del cabal cumplimiento de las formas solemnes de los

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Radicación n.° 91204 actos o contratos que la exija. Explicó que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal b) estableció que la selección de cualquiera de los regímenes del sistema general de pensiones debía ser libre y voluntaria por parte del afiliado, quien, para ese efecto, tenía que manifestar por escrito su elección. Además, el artículo

271 ibidem previó que, si cualquier persona natural o jurídica atentaba o impedía la libre selección, la afiliación quedaría sin efectos. Destacó que el inciso 7 del artículo 11 del Decreto 692 de 1994 permitió que esa manifestación de voluntad libre, espontánea y sin presiones estuviera preimpresa en el formulario de afiliación. Resaltó que al plenario no se allegó este formato de traslado a Protección S. A. realizado en septiembre de 1995. Indicó que la actora se pasó a Porvenir

S. A. el 26 de febrero de 1999, que en el formulario que rubricó se plasmó que escogió el régimen pensional de manera libre, espontánea y sin presiones (f.° 49).

Recordó que, según la jurisprudencia de la Sala Laboral de esta Corte, no brindar la información completa y suficiente por parte de la AFP puede configurar un engaño que conlleva la anulación del traslado, lo que no ocurrió en este caso porque en las providencias que citó, allí sí se resaltaron las condiciones o expectativas pensionales de los trabajadores demandantes. En tal dirección, subrayó que para el 30 de junio de

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Radicación n.° 91204 1995 la accionante no tenía 15 años de servicios o de cotización, y que, «para el año de 1994» contaba con 34 años de edad, es decir que, le faltaban aproximadamente 23 años para cumplir los 57 años, de ahí que no contaba con una expectativa legítima de adquirir la pensión para que pudiera

estimarse que la afiliación a la AFP le cercenó ese derecho. Así, consideró que el traslado al RAIS fue válido sin que existiera alguna prueba de que el consentimiento fuera «ineficaz o viciado de nulidad», máxime cuando se vinculó después a Porvenir S. A., lo que resultaba indicativo de que conocía tal régimen. Frente a las consideraciones realizadas en la decisión CSJ SL1452-2019 dijo no desconocía la obligación de los fondos de suministrar a los afiliados la información completa y veraz respecto de las condiciones en el RAIS, sin embargo, la omisión de esa obligación no afectaba la validez del acto jurídico de traslado, salvo que se constituyera en un verdadero engaño, o en maniobras o artificios tendientes a obtener el consentimiento en la celebración del traslado. Explicó que no era de recibo para ese colegiado el hecho de que la actora considerara que se incumplió el deber de informar por parte de las dos AFP convocadas, solo hasta el momento en que le indicaron el monto de su pensión, sin que hubiera manifestado inconformidad alguna durante el tiempo en que estuvo afiliada. En tal sentido, estimó que existió una ratificación tácita

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Radicación n.° 91204 del traslado, con el pleno cumplimiento de las solemnidades legales. Ello, por cuanto las obligaciones a cargo de las AFP referentes al deber de informar, «se suplen» con aquellas previsiones que fueron aceptadas por la demandante al momento de suscribir el formulario, donde se expresó que tomó la decisión de forma libre, espontánea y sin presiones.

Agregó que no se verificaba algún vicio del consentimiento, ya que conforme al artículo 1509 del Código Civil, el error sobre un punto de derecho no viciaba el consentimiento y, adicionó, que no se acreditó que, para el momento de la migración al RAIS hubiera podido incurrir en algún error de hecho al estimar que estaba celebrando un acto jurídico distinto. Además, tampoco se estableció la existencia de dolo, artificios o engaños que indujeran o provocaran error en la demandante para su afiliación. De esa manera señaló que no existían pruebas de las cuales se pudiera derivar coacción, error o inducción en error como vicios en el consentimiento, menos aún la deficiente asesoría, en tanto que la actora «fue asesorada y estuvo de acuerdo con la información suministrada», por consiguiente, no había lugar a declarar la nulidad ni la ineficacia; máxime que la causal para esto último por el incumplimiento del deber de informar no estaba prevista en una norma legal. De otro lado, expuso que la promotora estaba próxima a obtener el derecho pensional y que, conforme a la decisión CC C1024-2004, el traslado sin respetar los términos legales vulneraba los principios de equidad y sostenibilidad

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Radicación n.° 91204 financiera. Mencionó que existía un criterio jurisprudencial mayoritario, según el cual, la afiliada no estaba exonerada de su deber de ilustrarse frente a la decisión del cambio de régimen, «toda vez que no se encuentra disminuida en su

capacidad para celebrar actos y contratos y teniendo en cuenta que de su elección dependerá su futuro pensional». Reiteró que la inconformidad que motivó la demanda inicial obedecía al monto de la mesada pensional, lo que no se configuraba como una causal de nulidad o ineficacia del acto inicial de traslado, máxime que dicho valor solo se podía determinar al momento de hacer exigible la pensión y no en la vinculación inicial a la AFP. Dijo que, si en gracia de discusión se admitiera la existencia del vicio en el traslado, a partir de éste comenzaba a contarse el plazo de cuatro años para pedir la rescisión del acto jurídico, según el artículo 1750 del Código Civil, al no haberlo hecho se entiende que ratificó tácitamente ese acto, con lo que se saneó cualquier nulidad que pudiera existir.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que esta corporación case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia se acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que es replicado por Porvenir S. A.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la decisión de segundo grado de violar indirectamente la ley, bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1, 2, 3, 4, 10, 13 literal b), 33, 64,

68, 271, 272, 288 de la Ley 100 de 1993, en consonancia con el numeral 1) del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, artículos 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, así como los artículos 2, 9, 10 y 23 de la Ley 797 de 2003, 1, 2 y 10 del Decreto 720 de 1994, 1 y 4 del Decreto 3800 de 2003, artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en concordancia con los artículos 1510 del Código Civil, 48 y 53 de la Constitución Política, en relación con los artículos 164 y 167 del CGP, aplicables al procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del CPTSS y el artículo 29 de la Constitución Política, estos últimos como violación de medio. Esgrime que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

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1. Dar por demostrado, sin estarlo que para que proceda la nulidad o ineficacia del traslado de Prima Media al RAIS se requiere una expectativa legitima de pensión en Prima Media.

2. Dar por demostrado sin estarlo, que le corresponde a la parte demandante, es decir, al afiliado al RAIS, demostrar los hechos manifestados en la demanda, respecto de los perjuicios y el engaño de los asesores de los fondos privados, cuando la reiterada jurisprudencia de la Corte ha dicho que, corresponde al fondo demandado demostrar la actuación debida y diligente de conformidad con la ley y en desarrollo del deber de información.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la AFP PROTECCIÓN engañó y asaltó en su buena fe a la demandante para que se trasladara del Régimen de Prima Media administrado por el I.S.S., al Régimen de Ahorro Individual al que pertenece dicha administradora como consecuencia de la falta de información adecuada y completa al momento del traslado.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que por el simple hecho de supuestamente haber firmado la demandante el formulario de afiliación al régimen de ahorro individual era suficiente para probar que la sociedad administradora de fondos de pensiones suministró a la afiliada la información completa sobre las consecuencias que ello acarrearía para su futuro pensional, cuando ni siquiera este formulario aparece en acerbo probatorio del proceso.

5. Dar por demostrado sin estarlo, de acuerdo con lo anterior, que por el hecho del traslado vertical de fondos privados el actor

(sic) actuó debidamente informado, sin haber recibido la asesoría adecuada por parte del Fondo de pensiones al que se encontraba afiliado.

6. Dar por demostrado, contra la evidencia, que el traslado de la actora al RAIS fue de manera libre y voluntaria cuando el fondo demandado como lo ha exigido la Corte en reiterada jurisprudencia debe demostrar la diligencia y cuidado en su actuación al momento de proceder al traslado de régimen de un afiliado suministrándole la información adecuada y necesaria para la toma de esa decisión.

7. No dar por demostrado, estándolo, que a pesar de haberse

consignado en el formulario de afiliación que la decisión del traslado había sido de “manera libre y voluntaria y sin presiones”, a la afiliada jamás se le suministró información real y completa sobre las consecuencias de tal manifestación de voluntad, como debió haberlo hecho el fondo de pensiones demandado.

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8. Dar por demostrado sin estarlo que la demandante no sufrió ningún perjuicio por el hecho de trasladarse de régimen pensional, cuando el fondo de pensiones privado demandado no cumplió con la obligación de brindar información suficiente y adecuada para tomar esa decisión.

9. Dar por demostrado sin estarlo, que, por las características propias del régimen pensional, no se demostraron los perjuicios causados por la AFP PROTECCIÓN y la AFP PORVENIR S.A respecto de la situación pensional de la demandante, concluyendo erróneamente que no se tenía una expectativa legítima de pensión al momento del traslado cuando claramente se perjudicó a la demandante al no suministrar la debida información al momento de suscribir los formularios de afiliación actuando sin la diligencia y cuidado exigidas por la ley y señaladas por esa H. Corte en reiterada jurisprudencia.

10. No dar por demostrado estándolo que el traslado de la actora al Fondo de Pensiones PROTECCIÓN y posterior traslado vertical a PORVENIR S.A fue ineficaz por cuanto dichas entidades no suministraron la debida información, buen consejo y asesoría al

(sic) demandante al momento de tomar la decisión.

11. Dar por demostrado sin estarlo, que le correspondía a la demandante al momento de la suscripción de los formularios de afiliación solicitar la información adecuada sobre su situación pensional, cuando la H. Corte ha sostenido en infinidad de oportunidades que es al fondo de pensiones al que le corresponde asesorar en debida forma al afiliado dentro de su deber inicial de adecuada información y posterior asesoría y buen consejo.

12. Dar por demostrado sin estarlo, que el acto de afiliación, correspondió a un error de derecho por parte de la demandante y que por lo tanto, no admite prueba en contrario, cuando claramente y frente a los hechos del proceso no se está ante un yerro de carácter jurídico, sino un error de hecho y como lo ha dicho la H. Corte, le corresponde a los fondos demandados demostrar haber asesorado a la actora en debida forma al momento de la firma del formulario de afiliación porque este mismo en sí, no prueba esa adecuada asesoría.

13. No dar por demostrado estándolo que los dos fondos de pensiones demandados, PROTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A jamás asesoraron a la demandante sobre su situación pensional y la conveniencia o no de permanecer en el RAIS o trasladarse a prima media y menos sobre el monto de una futura asignación pensional.

14. Dar por demostrado sin estarlo que declarar el TRASLADO de régimen en estas condiciones, vulnera el principio de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema.

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Radicación n.° 91204 Sostiene que las siguientes pruebas fueron apreciadas

erróneamente:

1. Formulario de afiliación a la AFP PORVENIR S.A

2. Historia laboral de la demandante emitida por

COLPENSIONES.

3. Copia de la historia laboral emitida por PORVENIR S.A.

4. Cedula de ciudadanía.

Además, dice, se dejaron de apreciar los siguientes elementos de juicio:

1. Copia de la certificación laboral para bono pensional en formato 1, 2 y 3 emitida por la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ en el cual consta el tiempo de servicios de la demandante.

2. Copia de la Historia laboral oficial para bono pensional de la demandante emitida por la A.F.P PORVENIR a través de la cual informa que no existen documentos físicos, ni informes, ni proyecciones o asesoría a la demandante.

3. Copia de la solicitud radicada ante COLPENSIONES el día 12 de junio de 2017 mediante la cual la demandante solicitó la activación de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por cuanto existió vicio en el consentimiento.

4. Copia de la solicitud radicada por la demandante ante la AFP PORVENIR S.A. el día 12 de junio de 2017 mediante la cual la demandante solicitó la activación de su afiliación como quiera que existiese vicio en el consentimiento al momento de afiliarse al RAIS.

5. Copia de la reclamación presentada por la demandante ante la AFP PROTECCIÓN S.A. de fecha 15 de noviembre de 2017.

6. Declaración extrajuicio rendida bajo la gravedad del juramento por la demandante ante la Notaria de Bogotá, en la cual relata los hechos que rodearon su traslado de régimen.

7. Estudio actuarial y financiero realizado en enero de 2018, con sus respectivos anexos, elaborado por el señor VIDAL ARTURO CASTELBLANCO, en el cual se puede analizar la situación pensional de la demandante y se comparan los

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Radicación n.° 91204 escenarios de pensión en los dos regímenes existentes, a través del cual la demandante obtuvo el conocimiento de los perjuicios causados por el traslado de régimen.

8. Interrogatorio de parte de la demandante.

En la demostración del cargo, asegura que el Tribunal no tuvo en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Corte, en donde ha advertido que las AFP tienen la obligación de proporcionar al afiliado la información completa, en razón de lo cual deben advertir sobre las consecuencias del traslado de régimen de cara a una decisión trascendente como lo es el futuro pensional (CSJ SL4025-2021, CSJ SL782-2021

CSJSL4426-2019, CSJ SL1688-2019; CSJ SL3464-2019;

CSJSL1452-2019; CSJ SL1689-2019; CSJ SL19447-2018;

CSJ SL4964-2018 y CSJSL19447-2017).

Estima que, en concordancia con lo anterior, también la jurisprudencia ha explicado que no basta con que en el formulario se indique que el traslado obedece a una decisión libre, espontánea y sin presiones, como erradamente lo consideró el ad quem, y es allí donde comete el yerro en la valoración probatoria porque se limita a afirmar que tal

constancia es suficiente para concluir que no hubo vicios, cuando lo que se echa de menos es la evidencia de no haberse suministrado la información veraz y suficiente. Plantea que el error protuberante y trasversal de toda la sentencia acusada es haber dado por demostrado, contra la evidencia, que a la demandante sí se le había dado la información real y suficiente para afiliarse y permanecer en el RAIS, cuando brilla por su ausencia en el plenario prueba

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Radicación n.° 91204 alguna de tal situación. En lo que concierne al argumento del colegiado sobre la absoluta ausencia de vicio del consentimiento de la demandante por el hecho de haberse trasladado entre las AFP, destaca que esta corporación ha advertido que tal circunstancia no sanea en modo alguno el vicio del consentimiento que afectó el traslado inicial de régimen. Expresa que es errado plantear que no es viable la nulidad o ineficacia del traslado por el hecho de que al momento de la afiliación tenía solo 34 años de edad, sin expectativa legítima de pensión, dado que, independientemente de ello, la ineficacia se configura por la falta de la adecuada información que debe suministrar la AFP al momento de la firma del formulario y las consecuencias que acarrea pertenecer al régimen pensional al cual se acoge. Destaca que en el expediente brilla por su ausencia la prueba de que Protección S.A. y Porvenir S.A. le hubieran entregado a la actora la información o asesoría en sus decisiones pensionales, máxime cuando ella, en el interrogatorio de parte, manifestó que se acercó al fondo a solicitar

información sobre su situación pensional, sin aceptar que le hubieran brindado la asesoría en debida forma. Así, asegura que durante el tiempo de vinculación al RAIS lo único que ha recibido han sido los extractos de su cuenta individual de ahorro, documentos que emite cualquier entidad financiera y que no son suficientes para demostrar el estado pensional.

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Radicación n.° 91204 Considera que es errado afirmar que su afiliación al RAIS se convalidó porque tan solo reclamó cuando estuvo en desacuerdo con el monto pensional en dicho régimen, pues, la ineficacia se deriva de la falta de información al momento del traslado, sin importar el tiempo transcurrido, dado que no aplica la prescripción. Encuentra que a quien le correspondía probar la adecuada diligencia era al fondo y no lo hizo, y destaca que la ineficacia procede como consecuencia de la falta de diligencia y cuidado en la actuación de la AFP y no necesita consagración legal para tal fin, más aún cuando existe reiterada jurisprudencia sobre el tema que debe ser respetada y seguida por los jueces y tribunales. En apoyo de lo anterior, transcribe ampliamente la decisión CSJ SL19447-2017. Señala que no es menos grave el error en que incurre el fallador de segunda instancia al concluir que la demandante se trasladó a sabiendas de los beneficios y prerrogativas del RAIS, así como de sus desventajas, además de considerar que era suficiente la información que le suministró el asesor de Porvenir S. A. al momento del traslado horizontal y que aceptó de manera tácita las condiciones por el hecho de

haberse cambiado de AFP. En apoyo de ello, destaca que en la sentencia CSJ SL1688-2019 se precisó que la información suficiente incluye la obligación de dar a conocer al usuario, de la manera más amplia posible, todo lo relacionado sobre el producto o servicio que adquiere; por tanto, la suficiencia

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Radicación n.° 91204 es incompatible con informaciones incompletas, deficitarias o sesgadas que le impidan al afiliado tomar una decisión reflexiva sobre su futuro. Por último, estima