CSJ - SL061-2023

República de Colombia Cale Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Deacoaartlia N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL061-2023 Radicación n.° 93057 Acta 1 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por FELIPE ANTONIO LOZANO GUZMÁN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 24 de febrero de 2021, en el proceso que adelantó contra la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES,

PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA y la

DIÓCESIS DE SANTA MARTA.

I. ANTECEDENTES Felipe Antonio Lozano Guzmán llamó a la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana «y/o» Diócesis de Santa Marta, con el fin de que se declarara con ellas la existencia de un

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Radicación n.° 93057 contrato de trabajo a término indefinido desde el 24 de agosto de 1984, vigente a la fecha de presentación de la demanda, my se deje sin efectos procesales el acuerdo relacionado en los hechos de esta demanda». En consecuencia, se las condene al pago del auxilio de cesantía, intereses a la cesantía »doblados», primas de servicio, vacaciones, sanción por la no consignación anual de la cesantía en un fondo y, aportes al sistema de seguridad social en pensiones, todos ellos causados en el periodo

comprendido del 24 de febrero de 1986 al 31 de agosto de 2006, la indexación y en subsidio de esta los «intereses corrientes y moratorios por las sumas adeudadas al actor» y, las costas. De Colpensiones reclamó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, los intereses moratorios y, las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones en que: nació el 19 de septiembre de 1954 y, el 2 de enero de 1982 comenzó a prestar sus servicios personales a la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana, en el cargo de oficios varios, vínculo laboral que aún permanece vigente. El salario pactado correspondió al mínimo legal vigente y la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones solo se realizó el 24 de agosto de 1984 al ISS hoy Colpensiones, entidad a la que su empleador dejó de realizar aportes por el lapso del 24 de febrero de 1986 al 31 de agosto de 2006, así como omitió

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Radicación n.° 93057 pagar las prestaciones sociales y vacaciones que por ley le correspondían. Indicó que el 2 de marzo de 2007, el párroco de ese entonces «en un claro abuso de su posición dominante», lo instó a conciliar ante el Ministerio de Trabajo, conciliación en la se consignó que entre las partes no existió en aquel período -24 febrero de 1986 - 31 de agosto de 2006un vínculo laboral y se 4( le indemnizó buscando con ello desatender las obligaciones legales y derechos ciertos e

indiscutibles que solicitaba el trabajadorf ueran reconocidos», además que no se le permitió estar asistido por un abogado y siempre se le engañó con el ofrecimiento del pago aprovechándose que es «ANALFABETA y escasamente escribe su nombre y con la ayuda de su madre distingue algunas letras o frases». Informó que desde el 1 de septiembre de 2006 su empleador o reactivó» el pago de los aportes al sistema de seguridad social y el pago de sus prestaciones sociales. Agregó que, contrario a lo manifestado en el acta de conciliación, recibía órdenes e instrucciones de los párrocos «tanto sobre el kiosko» como sobre sus demás labores cotidianas y, que reclamó ante Colpensiones el reconocimiento de su pensión de vejez sin que a la fecha de presentación de la demanda hubiera sido resuelta su solicitud. La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones al contestar la demanda se opuso a la

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Radicación n.° 93057 prosperidad de las pretensiones incoadas en su contra y se abstuvo de pronunciarse en relación con aquellas que no la vinculaban. Aceptó la afiliación del demandante a esa entidad a partir del 24 de agosto de 1984 y, que el 1 de septiembre de 2006 se reanudó el pago de sus aportes. Aludió en su defensa que pese a que el promotor del juicio cumple con el requisito de la edad mínima -62 ariospara acceder a la prestación pensional que reclama, no

cumple con el número de semanas exigidas por la ley, toda vez que en su historia laboral acredita un total de 571.14. En lo atinente al período comprendido del 24 de febrero de 1986 al 31 de agosto de 2006 en los que asegura que su empleador no realizó cotizaciones al sistema de seguridad social, sostuvo que no podía «entrar a reconocer u obligarse a períodos que no se encuentran ni siquiera inscrito (sic) en su historia laboral» y que si bien, la entidad tiene el deber de iniciar un cobro coactivo sobre los empleadores morosos, en el sub examine no había lugar a ello «en virtud que para esas épocas el actor ni siquiera fue registrado a la entidad o afiliado». Manifestó que una vez se declare la existencia de la relación laboral entre el demandante y la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana y/o la Diócesis de Santa Marta, procederá a realizar el correspondiente cálculo actuarial, pues «antes no podría la entidad en reconocer dichos aportes y mal haría en registrar una situación pensional dtferente a la que actualmente acredita el actor».

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Radicación n.° 93057 Propuso la excepción previa de falta de competencia por falta de agotamiento de la reclamación administrativa, las de fondo de prescripción y compensación y, las que llamó falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, descuento del pago de seguridad social en salud, imposibilidad de costas y gastos del proceso y, «DECLARATORIA DE OTRAS

EXCEPCIONES» (f.° 63-71 y 75-77 cuaderno del juzgado). Por su parte la Diócesis de Santa Marta no aceptó los hechos y rechazó los pedimentos de la demanda por no ser el empleador del actor. Sostuvo en su defensa que fue la Parroquia de San Luis Beltrán y Santa Ana el único empleador de Felipe Antonio Lozano Durán, sin que la diócesis tuviera «injerencia alguna dentro del curso de la actividad», amén que los servicios se ejecutaron en favor de la parroquia. Aclaró que no fue un simple intermediario en la contratación del demandante, toda vez que la actividad de esta última es «completamente independiente» a la de la diócesis, toda vez que la parroquia cuenta con personería jurídica especial, puede actuar de manera independiente siguiendo los cánones eclesiásticos, «por lo cual no se la puede considerar como un apéndice de la

DIOC ESIS DE SANTA MARTA».

Excepcionó prescripción y, las que tituló falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de

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Radicación n.° 93057 solidaridad, inexistencia de la figura de simple intermediario y la «GENERICA U OFICIOSA» (f.° 88-97 cuaderno del juzgado). La Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana se opuso al éxito de las pretensiones y aceptó que el demandante se encuentra afiliado a Colpensiones. Manifestó que carece de sustento fáctico y probatorio la presente acción, debido a que los fundamentos en los que se

erige constituyen derechos «inciertos e indiscutibles (sic)» que fueron objeto de conciliación celebrada ante el entonces Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del Trabajo del Magdalena, el 2 de marzo de 2007, configurándose así la excepción de cosa juzgada, toda vez que su eficacia no se discute dentro de las pretensiones incoadas en las que no se reclama la nulidad del citado acuerdo, pues «si bien ataca la misma tratando de plantear la tesis de abuso de la posición dominante, sin embargo no obra material probatorio alguno que permita establecer que en efecto ello aconteció», lo que respalda en la reproducción parcial de la sentencia CSJ 5L6320-2016. Sostiene que las probanzas arrimadas al proceso dan cuenta de la existencia de una relación laboral con el demandante que data del 1 de agosto de 2006, bajo la modalidad de contrato a término fijo, «para desempeñar media jornada» de 8:00 am a 12:00 m, además de acreditar el pago de la totalidad de las prestaciones sociales y acreencias causadas, así como el de los aportes al sistema integral de seguridad social.

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Radicación n.° 93057 Excepcionó cosa juzgada, prescripción y buena fe (f.° 130-138 cuaderno del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, puso fin al trámite y profirió fallo el 4 de septiembre de 2019, en el que resolvió: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada

promovida por la PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA, incoada en este proceso respecto de las obligaciones de origen laboral que reclama el demandante, antes del 20 de junio del ario 2006.

SEGUNDO: ORDENAR a la PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA, que realice el pago de la cotización en pensión insoluta referida al periodo completo del mes de agosto del ario 2006, a favor del demandante en la administradora de pensiones en que se encuentra vinculado.

TERCERO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en este proceso, y que se ciñen al periodo posterior al 20 de junio del 2006 hasta el 31 de agosto de 2006.

CUARTO: Sin costas.

QUINTO: CONSÚLTESE la sentencia con el superior en caso de no ser apelada.

Inconforme el demandante, apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, profirió fallo el

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Radicación n.° 93057 24 de febrero de 2021 (f.° 36-47 cuaderno del Tribunal), en el que resolvió confirmar la decisión de primera instancia y, gravó con costas al recurrente. En lo que interesa al recurso extraordinario, centró el problema jurídico en verificar si en el presente asunto se configuró la excepción de cosa juzgada en virtud de la conciliación celebrada entre Felipe Antonio Lozano Guzmán y la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana, el 2 de marzo

de 2007, ante la Dirección Territorial del Trabajo del Magdalena del Ministerio de la Protección Social. Para resolver, sostuvo que en cuanto al reproche del recurrente alusivo a que no se tuvo en cuenta su analfabetismo al momento de realizar el pronunciamiento correspondiente a la cosa juzgada, »tal circunstancia por sí sola no invalida la conciliación objeto del presente proceso, no se acredita en juicio que el señor FELIPE ANTONIO LOZANO DURAN fuera incapaz en los términos del artículo 1504 del Código Civil». A renglón seguido se refirió a las características, requisitos y generalidades de la cosa juzgada y se detuvo a analizar el acta de conciliación n.° 114-01 celebrada el 2 de marzo de 2007 ante la Dirección Territorial del Trabajo del Magdalena, de la que resaltó que: [...] el arreglo entre las partes, consistió de un lado, en la decisión de cancelar la suma de $7.500.000.00 al demandante en virtud de la relación de carácter civil que unió a las partes en contienda 8

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Radicación n.° 93057 respecto a un quiosco (sic), así como de las labores de aseo que el demandante realizaba dentro de la parroquia como contraprestación por la explotación del mismo. Y por el otro, precaver un futuro litigio en el que se discuta la naturaleza jurídica de esa relación y cualquier otra con anterioridad al 20 de junio de 2006 y los eventuales derechos derivados de ella (...). Se remitió al estudio de los requisitos legales para la configuración de la cosa juzgada de los que concluyó que en

el sub lite, «hay identidad departes, de objeto y de causa». En relación con la primera, sostuvo que tanto en la conciliación como en el presente juicio intervienen como partes Felipe Antonio Lozano Durán y la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana; de la identidad de objeto afirmó que en aquella oportunidad «se concilió no solo lo relativo al quiosco», sino también «respecto de aquellas relaciones de hecho o jurídicas que han tenido las partes antes del 20 de junio de 2006» y en este proceso, lo que se pretende, es la declaratoria de un contrato de trabajo entre el 24 de febrero de 1986 y el 31 de agosto de 2006 y el consecuente pago de las acreencias laborales e indemnizatorias que de ella se desprenden. Prosiguió con el estudio de la identidad de causa, de la que afirmó que los hechos invocados en este proceso corresponden a la relación que existió entre las partes con antelación al 31 de agosto de 2006, «lapso que comprende el periodo hasta el 20 dej unio de ese miso año», la que hizo parte de la citada conciliación, además que en las dos actuaciones se indica que entre las labores que cumplió Lozano Durán «estaban las relacionadas con el quiosco (sic)», es decir, «la misma abarca las acreencias pretendidas en el libelo durante dicho interregno» y, precisó que «Si bien el extremo indicado

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Radicación n.° 93057 en la demanda va hasta el 31 de agosto de 2006, lo cierto es que todo lo pretendido hasta el 20 de junio de 2006 se

encuentra afectado por laf igura de la cosaj uzgada». Y añadió: Teniendo en cuenta el período que se encuentra afectado por la cosa juzgada y el 1 de agosto de 2006, que se indicó existía un contrato de trabajo el cual fue liquidado, queda pendiente lo relacionado con el periodo del 21 de junio al 31 de julio de 2006, frente al cual no es posible declarar la existencia de un contrato de trabajo en los términos pretendidos, como quiera que no obra prueba documental que así lo acredite, y tampoco es posible inferirlo de los testimonios rendidos. A continuación, se refirió a las declaraciones de los testigos Mercedes Granados Acosta, Luis Felipe Jaramillo y Nuns Barranco, así como a los efectos de la inasistencia del representante de la parroquia demandada a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, celebrada el 5 de agosto de 2019, en la que se declaró la «confesión ficta respecto de los hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22» los que sostuvo «resultan infirmados, en razón a que, en el plenario está probada una vinculación hasta el 20 de junio de 2006, periodo que fue objeto de la conciliación ante la Dirección Territorial del Magdalena y, de nuevo, a partir del 10 de agosto de la misma anualidad, en virtud de un contrato de trabajo, conforme la documental vista a folio 143». También al interrogatorio de parte absuelto por el

párroco de la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana, del que sostuvo:

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Radicación n.° 93057 Tampoco es posible hacerlo respecto de lo manifestado por el párroco en el interrogatorio, como lo pretende el demandante en la alzada, pues si bien éste manifestó que, pese a que asumió dicho cargo en el año 2016, y conforme la documentación que le fue entregada encontró que el demandante efectivamente trabajó desde 1982 a 2006, lo cierto es que no confiesa una fecha exacta, lo que no permite a la Sala determinar si se trataba del periodo que fue objeto de conciliación, o del que estuvo regido por el contrato de trabajo suscrito el 1' de agosto de 2006 o, del interregno del 21 de junio al 31 de julio de 2006. Resaltó que el hecho que la parroquia accionada pagara los aportes a pensión del demandante correspondientes al mes de septiembre de 2006, no llevaba a colegir la existencia de la relación laboral en los periodos que aquí se reclaman, yes decir, desde mucho tiempo atrás, pues el pago de ese ciclo es consecuencia de la obligación derivada del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito con el promotor que inició el 1° de agosto de 2006 y finalizó el 31 de diciembre del mismo año». Para finalizar, sostuvo: En cuanto a que la conciliación solo se suscribió con la parroquia y no con la Diócesis, frente a quien no se hizo pronunciamiento alguno pese a estar demandada; la Sala encuentra que, si bien las

pretensiones de la demanda van dirigidas también en contra de la Diócesis, lo cierto es que las situaciones fácticas que las sustentan están relacionadas con acontecimientos en los que solo se refieren a la parroquia. Ahora, revisado el plenario, no se acredita por parte del demandante, que la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana estuviesen sometida (sic) a la Diócesis de Santa Marta en temas de contratación o de índole laboral. Por consiguiente, no hay bases para impartir condena en contra de la diócesis demandada. En consecuencia, se confirmará la sentencia objeto del recurso.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Felipe Antonio Lozano Guzmán, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y, enseguida, se estudian de manera conjunta pues no obstante orientarse por sendas de ataque distintas, acusan similar elenco normativo, se complementan en la argumentación y, pretenden el mismo fin.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la censura que la Corte, case la sentencia de segunda instancia y, en sede de instancia, se revoque la proferida por el a quo y, en su lugar, «condene a las demandas (sic) a todas y cada una de las pretensiones del

libelo demandatorio».

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 1504 del CC y 303 del CGP, en relación con los artículos 5, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 36, 38, 47, 127-148, 186-192, 249, 153 y 306 del CST; 51, 62, 77 y

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Radicación n.° 93057 145 del CPTSS; 99 de la Ley 50 de 1990; 164, 166, 167 y 176 del CGP «como violación de medio»; 1, 2, 13, 25 y 53 de la CN; 28 de la Ley 640 de 2001; 1508, 1519, 1524, 1743 y 1746 del CC; 47 del Decreto 2127 de 1945; 368, 369, 374, 391 y 393 del Código de Derecho Canónico y, 3, 15, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993. Como causa eficiente de la vulneración, enlista los siguientes errores de hecho que atribuye al juzgador de segunda instancia: 1) No haber dado por demostrado, estándolo, que la PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA y/o DIOCESIS DE SANTA MARTA son empleadoras del actor. 2) No haber dado por demostrado, estándolo, que las labores del actor al servicio de las demandadas PARROQUIA SAN LUIS

BELTRAN Y SANTA ANA y/o DIOCESIS DE SANTA MARTA

fueron las mismas siempre, desde cuando inició sus labores y que aún continúa ejecutando. 3) No haber dado por demostrado, estándolo, que entre el actor y las demandadas PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA y/o DIOCESIS DE SANTA MARTA existe un contrato de trabajo iniciado el 2 de enero de 1982 y que continúa ejecutándose. 4) No haber dado por demostrado, estándolo, que la PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA y/o DIOCESIS DE SANTA MARTA son empleadores omisos en la afiliación del actor respecto del periodo enero 2 de 1982 a 23 de agosto de 1984. 5) No haber dado por demostrado, estándolo, que la PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA y/o DIOCESIS DE SANTA MARTA son empleadores en mora respecto de los aportes al sistema de pensión respecto el actor por el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 1986 y el 31 de agosto de 2006.

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Radicación n.° 93057 6) No haber dado por demostrado, estándolo, que las demandadas PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA y/o DIOCESIS DE SANTA MARTA actuaron con dolo respecto de la conciliación celebrada ante el ministerio del trabajo con el actor, el día 2 de marzo de 2007. 7) No haber dado por probado, estándolo, que entre el 21 de junio y el 31 de julio de 2006 existió una relación laboral entre el actor y las demandadas PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN

Y SANTA ANA y/o DIOCESIS DE SANTA MARTA.

Sostiene que los yerros resultaron de la errónea apreciación de: acta de conciliación n.° 114-01 de marzo 2 de 2007 celebrada ante el Ministerio de la Protección SocialDirección Territorial de Trabajo del Magdalena (E° 30-32 expediente digital); contrato individual de trabajo del 1 de agosto a 31 de diciembre de 2006 (f.° 159-160 expediente digital); liquidación de prestaciones sociales del periodo 1 de agosto a 31 de diciembre de 2006 (1° 203); reporte de semanas cotizadas a Colpensiones (f.° 10-14) e, interrogatorio de parte absuelto por el párroco de la parroquia convocada ajuicio. Además, de la preterición de: certificado de afiliación del demandante a Colpensiones (f.° 9 expediente digital); contratos individuales de trabajo suscritos entre Felipe Antonio Lozano Durán y la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana (r 19, 20, 22-28 y 159-186); carta de fecha 11 de agosto de 1992 (f.° 33); citación al Ministerio de Protección Social (f.° 29) y, contrato de arrendamiento «de KIOSKO» de folios 21 y 23 del expediente digital Sostiene que las normas de derecho canónico enserian que la división jerárquica de la iglesia católica y,

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Radicación n.° 93057 concretamente una «iglesia particular) como lo es la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana, «no puede ser una rueda suelta independiente de quien es su superiorj eretrquico, esto es, la DIOCESIS DE SANTA MARTA, de la cual depende

para el desarrollo de cualquiera de sus actividades», al punto que en el documento del folio 26 en el que consta el pago de lo conciliado ante el Ministerio de la Protección Social tiene en su encabezado el nombre de la diócesis y de la parroquia, por lo que, en su decir, «Si la diócesis no tenía nada que ver con la contratación del actor, no habría la necesidad de que figurara en dicho documento». Afirma que de conformidad con el articulo 374 del Código de Derecho Canónico toda diócesis debe dividirse en «partes distintas o parroquias», por lo que, la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana no es más que una división de la Diócesis de Santa Marta. Manifiesta que no se percató el Tribunal que las actividades desempeñadas desde el inicio de su relación con la parroquia fueron las mismas que actualmente desempeña, lo que encuentra respaldo no solo en la diligencia de conciliación que suscribiera aquel con la parroquia sino con el interrogatorio de parte que absolviera el párroco en el que reconoció que «el actor ejercía funciones de aseo», así como también con el documento calendado de 11 de agosto de 1992, que da cuenta de órdenes e instrucciones dadas al actor respecto de la atención en el «kiosco», funciones que, también fueron contempladas en los contratos de trabajo que se han suscrito a partir del ario 2006.

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Radicación n.° 93057 Sostiene que los hechos 3, 4 y 5 del libelo inicial relacionados con el cargo desempeñado por Lozano Durán

fueron objeto de confesión ficta ante la inasistencia de la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana a la audiencia de conciliación «y los mismo (sic) no fueron derruidos por ésta», contrario a lo sostenido por el Tribunal quien señala que fueron infirmados con la conciliación suscrita ante el inspector de trabajo, «ya que, independientemente de la validez de dicho acuerdo, lo cierto es que hubo unasf unciones de aseo, jardinería, y atención de un kiosko durante toda la relación contractual y que se encuentra, además de presumidas con certeza, suficientemente demostradas». Resalta que no observó el juez de alzada que el representante de la parroquia demandada confesó, al absolver interrogatorio de parte, el extremo temporal inicial de la relación que correspondió al ario 1982, el cargo que ejerció el actor y que esa relación se extendió hasta el ario 2006, información que conoce por los documentos y contratos que recibió al llegar a la parroquia.

Afirma: El Tribunal erró porque no apreció las pruebas en su conjunto siendo que, de haberlo hecho, tal apreciación llevaba a conclusiones muy distintas de las que llegó, pues se encuentra demostrado que (i) el extremo temporal inicial de la relación fue el 24 de enero de 1982, fecha que fue objeto de presunción por confesión t'ida, tras la inasistencia de la demandada PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA a la audiencia de conciliación;

(ii) desde el 24 de enero de 1982 hasta la fecha de presentación de la demanda, por lo menos, el actor ejercía las funciones de

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Radicación n.° 93057 aseador al servicio de la PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA; (iii) la conciliación entre el actor y la PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA celebrada ante el Ministerio de la Protección Social no podía recaer sobre derechos cierto (sic) e irrenunciables del actor, por más que con él se pretendiera precaver un litigio, puesto que se encuentra demostrado que durante el periodo conciliado hubo continuidad en la ejecución del mismo servicio que se viene prestando desde enero 24 de 1982 por el actor; y por último, (iv) la PARROQUIA SAN LUIS BELTRAN Y SANTA ANA es un empleador omiso en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones respecto del periodo 24 de enero de 1982 a 23 de agosto de 1984, y que se encuentra en mora por falta de inscripción respecto de los aportes al sistema desde el 24 de febrero de 1986 hasta el 31 de agosto de 2006. Finaliza su argumentación indicando que la pretensión tercera de la demanda busca la ineficacia del acuerdo conciliatorio «por el dolo con el que actuaron las demandadas» en la audiencia de conciliación, «se valieron de la condición de analfabetismo del actor, lo que constituye un actuar con dolo, no por la condición de analfabeta de su trabajador, sino por el aprovechamiento de ello en beneficio de las demandadas, para llegar a un acuerdo que era imposible entender para el actor y que significó un perjuicio para él». Refiere que el juzgador colegiado pasó por alto que el citado

acuerdo afectó derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, «incluso, un derecho imprescriptible como los aportes a seguridad social, los cuales no podían ser objeto de acuerdo entre las partes».

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa, acusa interpretación errónea, del artículo 1504 del CC en relación con el 66 de la Ley 446 de

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Radicación n.° 93057 1998; 3 del Decreto 1818 de 1998; 1502, 1519 y 1524 del CC; 48 y 53 de la CN; 22, 23 y 24 del CST; 1, 3, 8, 19, 20 y 28 de la Ley 640 de 2001 y, 3, 15, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993. Indica que si bien es cierto los acuerdos conciliatorios en materia laboral tienen fuerza de cosa juzgada, también lo es que « dicho efecto es relativo porque podrían afectarse derechos ciertos e indiscutibles del presunto trabajador», como ocurrió en este asunto en el que resultaron «afectados derechos como las cotizaciones al sistema de pensión, por lo que declarar la nulidad del acuerdo era imperioso». Señala que el problema jurídico planteado por el Tribunal no fue resuelto en la sentencia, pues no estudió la nulidad del acuerdo conciliatorio por afectar derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, «incluso el verdadero problema jurídico que debió plantear y resolver el Honorable Tribunal, giraba en torno a la validez de la conciliación entre el actor y la Parroquia de San Luis Beltrein (sic) y Santa Ana».

VIII. RÉPLICA La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones se opone a la prosperidad de la demanda indicando que, en cuanto al cargo primero, el ad quem valoró las pruebas a la luz de la normatividad vigente por lo que no pudo haber cometido los yerros que se le enrostran y, del segundo, sostuvo que las normas en las que se apoyó el

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Radicación n.° 93057 juzgador en la sentencia fueron interpretadas consultando su espíritu y la finalidad establecida por el legislador y resaltó que, «cuando a una decisión se le otorga el valor de cosa juzgada no es posible revisar su decisión, ni pronunciarse sobre su contenido siquiera, en proceso posterior» pues con la conciliación suscrita entre el demandante y la parroquia accionada, se zanjó cualquier controversia presente o futura respecto de la relación que existió entre ellos, sin que sea dable, «fundado en elementales principios de seguridad jurídica, en cualquier momento -casi 20 años despuésintentar revivir una controversia ya resuelta, máxime cuando no se observa, con la contundencia requerida para anular la sentencia en casación, que tal acto conciliatorio haya vulnerado derechos mínimos e irrenunciables del trabajador».

IX. CONSIDERACIONES Para el Tribunal, la conciliación que suscribiera Felipe Antonio Lozano Durán con la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana alcanzó el efecto de cosa juzgada, la que no logra ser invalidada por la condición de analfabetismo del demandante, quien no acreditó que fuera incapaz en los términos del artículo 1504 del CC y, por el contrario, en aquel

acto jurídico se consignó que «los comparecientes estaban libres de cualquier vicio del consentimiento, el demandante recibió el monto acordado yf irmó en señal de aceptación». Al descender al sub lite, encontró que el presente proceso y el acta de conciliación suscrita con antelación al mismo por el demandante cumplían los presupuestos de

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Radicación n.° 93057 configuración de la cosa juzgada: (i) identidad de partes en tanto en aquella y en este comparecen Felipe Antonio Lozano Durán y la Parroquia San Luis Beltrán y Santa Ana; (ii) identidad de objeto por cuanto en esa oportunidad se concilió «no solo lo relativo al quiosco (sic), sino también, buscaron zanjar y poner fin a cualquier eventual controversia que existiera, respecto de aquellas relaciones de hecho o jurídicas que ha tenido las partes antes del 20 de junio de 2006» y, (iii) identidad de causa, por cuanto los hechos materia de este litigio corresponden a la relación que existió entre las partes con anterioridad al 31 de agosto de 2006 y que comprende el 20 de junio de ese ario, que hizo parte de la conciliación del 2 de marzo de 2007 suscrita entre las partes. En cuanto a la existencia de un contrato laboral entre las partes con la parroquia demandada desde el ario 1982 hasta el 1 de agosto de 2006, sostuvo que el mismo no podía tenerse por acreditado con la «confesión ficta» que se derivara de la inasistencia injustificada del párroco a la audiencia obligatoria de conciliación, toda vez que la misma resultó infirmada, en razón a que está probado en el plenario «una

vincula