CSJ - SL070-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL070-2023 Radicación n.°89602 Acta 002 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA ELOÍSA VERANO GUZMÁN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de junio de 2019, en el proceso que instauró contra ASESORES EN DERECHO SAS, en calidad de mandataria con representación del Patrimonio Autónomo Panflota de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA; la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES; la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, como administradora del Fondo Nacional del Café; la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA, FIDUPREVISORA SA, como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota y la NACIÓN, MINISTERIO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

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Radicación n.° 89602 Se reconoce personería para actuar a la sociedad Servicios Legales Lawyers Ltda, identificada con el Nit 900198281-8, y a los profesionales Sebastián Torres Ramírez y Lucía Arbeláez de Tobón, titulares de las cédulas de ciudadanía 1.110.545.715 y 32.412.769, así como de las tarjetas profesionales 298.708 y 10.254 del Consejo Superior

de la Judicatura, en su orden: la sociedad como apoderada general y el primer abogado en cita, en sustitución de aquella respecto de la representación judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, mientras a la segunda, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos y para los efectos de los poderes conferidos1.

I. ANTECEDENTES María Eloísa Verano Guzmán demandó a Asesores en Derecho SAS, en calidad de mandataria con representación del Patrimonio Autónomo Panflota de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA; a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; a la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café; a la Fiduciaria La Previsora SA, Fiduprevisora SA, como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota y a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que se declarara que causó el derecho a la pensión de vejez, por ser beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1 Fo. 46 y 48 Actuaciones Corte.

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Radicación n.° 89602 1993 y por cumplir con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad a partir del 19 de noviembre de 2009. En consecuencia, pidió que se condenara a Asesores en Derecho SAS a expedirle el bono pensional o el cálculo

actuarial por el tiempo laborado en la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA; a Fiduprevisora SA, a pagar a Colpensiones ese bono o cálculo; a la administradora pensional, a tener en cuenta el tiempo trabajado en la naviera y a reconocerle y pagarle la pensión de vejez, junto con los incrementos legales anuales; además, requirió el reconocimiento «de la suma de tres (3) meses de salario como primas extralegales de servicios de acuerdo a la convención colectiva, debiéndose tener en cuenta como base salarial para los aportes de la seguridad social en pensiones», al omitir Colpensiones el cobro de las mismas, la indexación y la reliquidación de dichas mesadas, incrementándolas en un 25% «al tener en cuenta el mayor valor del salario base de cotización que corresponde por efecto de las primas extralegales de servicio que son salario de los últimos diez años». De igual manera, solicitó el pago de los perjuicios morales y materiales causados por el incumplimiento en el pago del instrumento financiero aludido, junto con los intereses moratorios. En subsidio, pretendió que se declarara la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de

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Radicación n.° 89602 Cafeteros de Colombia o de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que se condenara a una o a otra de estas entidades a pagarle a Colpensiones el título pensional o el cálculo actuarial expedido a su nombre y por el tiempo que laboró para la misma empresa ya mencionada.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que mediante el Decreto 2078 de 1940 se creó el Fondo Nacional del Café y se autorizó suscribir un contrato entre el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros para manejar esa cuenta; en 1944 la Federación organizó una marina mercante en la que suscribió $9.000.000 de dólares americanos en acciones, con dineros del Fondo Nacional del Café, los cuales tenían carácter parafiscal. En el mismo año se fundó la Flota Mercante Grancolombiana SA., con participación accionaria de un 45% de la Federación Nacional de Cafeteros y otros; en 1954 las acciones pasaron a ser de esta en un 80,07 %; dicha empresa fue fundada con capital público que pertenecía al Fondo Nacional del Café, cuyo titular era el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus recursos eran administrados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con base en el contrato que suscribió con el Gobierno Nacional el 7 de julio de 2006. Mencionó que la Flota tenía la obligación de pagar las pensiones de jubilación y efectuar los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar los aportes al sistema de seguridad social, pero nunca se subrogó ni sustituyó este deber y cambió su nombre al de Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA.

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Radicación n.° 89602 Agregó que los trabajadores de mar de la empresa fueron inscritos al Instituto de Seguros Sociales, en adelante ISS, el 2 de agosto de 1990; el 17 de diciembre 1992 Acta 28

se aprobó cubrir el déficit del Fondo Nacional del Café con las utilidades retenidas de la Flota Mercante Grancolombiana SA y, con posterioridad, se estableció que la Nación respondería por las prestaciones insolutas de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, hasta su liquidación, la cual se perfeccionó mediante Auto N400017782 del 18 de diciembre de 2012, fecha en la cual se aprobó la rendición final de cuentas, autorizando el cierre y extinción de la persona jurídica Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, ordenando que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como matriz y controlante de la anterior, y conforme a la sentencia CC SU1023-2001, suministraría los recursos para el pago de las pensiones y los bonos. Durante el proceso liquidatorio de la Flota, la Superintendencia de Sociedades ordenó a la Previsora SA, como vocera y administradora del patrimonio autónomo Panflota, que atendiera los asuntos relacionados con extrabajadores, mandato que continuó en la persona jurídica Asesores en Derecho SAS. Adujo que los extrabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana SA y el sindicato Unimar han instaurado acciones de tutela para que los primeros fueran incluidos en el cálculo actuarial, derecho que fue amparado, por lo que se

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Radicación n.° 89602 les ordenó que acudieran a la jurisdicción ordinaria dentro de los cuatro meses siguientes, para su reconocimiento. Comentó que, al momento de la radicación de la demanda, tenía 63 años de edad y que laboró para la Flota

Mercante Grancolombiana SA, luego, extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, mediante contrato de aprendizaje vigente entre el 2 de julio de 1973 hasta el 30 de junio de 1976; de trabajo ocasional desde el 23 de agosto hasta el 10 de septiembre, del 1 de octubre al 1 de noviembre de 1976, del 1 de diciembre de 1976 al 1 de febrero de 1977 y del 15 de marzo de dicha anualidad al 15 de abril 1977; y a término indefinido desde el 25 de julio de 1977 al 5 de diciembre de 2007 según la liquidación del contrato. Informó que el 6 de noviembre de 2007 efectuó ante el Ministerio de la Protección Social conciliación en la que «nada se dijo respecto a las primas extralegales de servicio que hacen parte del Salario Base de Cotización, lo cual le incrementa su mesada en un 25%, que debe ser tenido en cuenta para la pensión», derecho además que conforme a la jurisprudencia de la corporación es irrenunciable e imprescriptible. Narró que estaba afiliado al Sindicato Anegran que se fusionó con el de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, unimar; que mediante laudo arbitral de 1971 se determinó en el punto décimo primero que «la empresa pagará al personal afiliado a ANEGRAN dos meses de salario integrado en junio y dos meses de salario

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Radicación n.° 89602 integrado en diciembre de cada año como primas de servicio», así como en la cláusula sexta de la CCT1986 se pactó que

dentro de dichas primas se encuentra incluida la legal de servicios, así como el régimen convencional vigente que le es aplicable, «indica que se pagan tres meses de sueldo como primas extralegales de servicio, los cuales son salario». Arguyó que el salario base de cotización de los trabajadores de la cerrada Compañía de Inversiones de la Flota Mercante se compone de «salario Básico, prima de antigüedad o móvil, horas extras o suplementario, y el 25% de las primas extralegales de servicio que constituyen salario», por lo que ante la falta de aportes al Sistema de Seguridad Social Integrado sobre las evocadas primas, la UNIMAR denunció ante el Ministerio del Trabajo en 1998 a la empleadora, quien fue multada por la referida omisión mediante Resolución N001201 del 21 de mayo de 1998. Denunció que el ISS mediante oficio del 27 de julio de 1998, requirió a la evocada empleadora con el fin de que realizara el pago de los aportes a la seguridad social sobre las primas extralegales de servicio y para la corrección de las autoliquidaciones de la empresa, lo cual no se atendió y comoquiera que el aludido seguro se hizo parte del proceso concursal de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, en el que la Junta Asesora del liquidador aprobó el plan de pagos con Acta 049 del 2 de diciembre de 2002 sin destinar rubros para el pago de las acreencias de los trabajadores y del ISS, la Superintendencia de Sociedades autorizó la ejecución de aquel y la Fiduciaria la Previsora,

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Radicación n.° 89602 Fiduprevisora certificó que en dicho patrimonio no existe partida alguna para el pago de acreencias laborales de la CIFM. Lo anterior teniendo en cuenta que el representante del ISS ante la junta asesora del liquidador de la CIFM, dio «por pagas las deudas del empleador con este instituto». Precisó que el régimen aplicable a ella está contemplado en la CCT «suscrita entre el sindicato de industria […] UNIMAR como organización sindical de primer grado y la Flota Mercante Grancolombiana entre los años 1993 y 1998 que rige lo establecido en el laudo arbitral de 1971 y la convención de 1986». Indicó que su último cargo fue como «Mecanógrafa 6ª» con un salario mensual de $2.974.164 y mediante Resolución N° 06796 del 15 de diciembre de 2009 el Seguro Social le reconoció la pensión de vejez a partir del 17 de noviembre de 2009 la cual se calculó sobre un IBL de $2.140.424 y una tasa del 90%, quedando la mesada por la suma de $1.926.382, sin tener en cuenta los aportes obligatorios que corresponden a las primas extralegales ya mencionadas. Aunado a ello, informó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución pensional, así como peticionó la reliquidación de la mesada y el pago del respectivo retroactivo ante Colpensiones en

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Radicación n.° 89602 actos independientes, solicitudes que fueron denegadas y confirmadas, Finalmente expresó que reclamó de forma

administrativa el 24 de agosto de 2017 ante las aquí demandadas, agotando tal requisito. Al responder a la demanda, todas las accionadas se opusieron a las pretensiones planteadas. Colpensiones admitió de los hechos, únicamente la calidad de pensionada de la demandante, el valor de la mesada reconocida; la tasa de remplazo aplicada; las reclamaciones administrativas radicadas en su dependencia, así como las respuestas negativas que proveyó al resolver aquellas y dijo que no le constaban los demás expuestos. En su defensa planteó las excepciones de prescripción; falta de legitimación en la causa; inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido; buena fe; presunción de legalidad de los actos administrativos; «no configuración del derecho al pago del IPC, ni de indexación o reajuste alguno»; del pago de intereses ni indemnización moratoria; carencia de causa para demandar; compensación, e improcedencia de costas. Fiduprevisora SA en cuanto a los hechos, admitió que Asesores en Derecho SAS es quien representa actualmente a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, así como la radicación de la reclamación administrativa en sus

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Radicación n.° 89602 dependencias por el actor, pero que no le constaban los demás expuestos con la demanda, por lo que aquellos deberían ser acreditados. En oposición a las pretensiones, propuso las excepciones que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil e inexistencia

de la obligación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó que en virtud de la sentencia CC SU1023-2001, es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, quien debe responder por el pasivo pensional de la demandante, tal como al resolver la petición de la actora le instruyó, siendo inaceptable su vinculación al litigio por cuanto no es un ente reconocedor de pensiones ni responsable subsidiario de las consecuencias que puedan devenir de la liquidación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA y que no le constaban los demás hechos. Enlistó como excepciones las que denominó, indebida vinculación suya, «inexistencia de obligación alguna […] por las pretensiones de la demanda» y «falta de legitimación en la causa respecto de la parte pasiva». Asesores en Derecho SAS aclaró que la representación que ostenta es únicamente respecto de Panflota, habida cuenta de que la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, dejó de existir a la vida jurídica desde el 28 de

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Radicación n.° 89602 agosto de 2012, por lo que las obligaciones económicas o pecuniarias que se desprenden de los actos administrativos expedidos por el mandatario en desarrollo del mandato «en ocasión a la atención de solicitudes y trámite de derechos pensionales de los ex trabajadores de la concursada y sus beneficiarios deberán ser pagadas a través de PANFLOTA con cargo a la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café […]». En oposición enarboló las excepciones que nombró

«Inexistencia de la obligación pues durante casi toda la existencia de la CIFM cerrada, el I.S.S. no había asumido los riesgos I.V.M.», «Imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante», «ausencia del presupuesto fáctico para la procedencia del cálculo actuarial», prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, y «Oposición a la condena de costas y los presuntos perjuicios irrogados al demandante». La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, respecto a los hechos, reconoció lo concerniente al recuento histórico realizado por la demandante, excepto lo relacionado con las obligaciones pensionales, que la Nación debía responder por las prestaciones insolutas de dicha entidad, y lo relacionado con los contratos de la demandante y la flota mercante. Aclaró que la asamblea general de accionistas de la Flota tomaba decisiones democráticas, no condicionadas por el Comité Nacional de Cafeteros quien tenía utilidades del

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Radicación n.° 89602 Fondo Nacional del Café; que el fallo CC SU1023-2001 nada dijo sobre su responsabilidad subsidiaria, pues ello es competencia de los jueces ordinarios; que no se le ordenó el pago del pasivo pensional y que no es quien sufraga los cálculos actuariales. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, «IMPOSIBILIDAD DE AFILIACIÓN DE LOS

MARINOS DE LA FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S.A.

(sic) A LA SEGURIDAD SOCIAL POR FALTA DE COBERTURA»,

buena fe, prescripción, falta de legitimación en la causa y límite patrimonial de la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz con relación a su subordinada que entra en insolvencia.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 3 de mayo de 2019, absolvió de las pretensiones a las demandadas y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, relevándose del estudio de las defensas restantes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, en proveído del 18 de junio de 2019 confirmó el fallo del a quo.

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Radicación n.° 89602 El Tribunal estableció como problema jurídico determinar «si las primas extralegales de servicios eran o no constitutivas de salario y de llegar a ser así, si le asiste el derecho a la actora, a la reliquidación pensional pretendida». Para tal efecto, dejó sin discusión que entre María Eloísa Verano Guzmán y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante existió «un contrato de trabajo a término indefinido y que estuvo vigente desde el 1 de abril de 1974 hasta el 5 de diciembre de 2007 folio 427, 428», por lo que «el punto de discusión se centra en que dentro del ingreso base de cotización para el pago de los aportes pensionales, dicha

entidad no incluyó en la respectiva cotización a Colpensiones, lo correspondiente a primas extralegales del servicio, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo y el laudo arbitral del año 1973», que ante lo expuesto por la demandante, eventualmente constituían factor salarial y conllevaría aumentar la base de cotización y por ende, el reajuste pensional por parte de Colpensiones. Para resolver el problema jurídico y luego de aclarar la naturaleza de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, que al ser de derecho privado circunscribe las controversias de sus extrabajadores al régimen establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y de traer a colación las cláusulas convencionales que contienen las primas extralegales en cita, acogió la posición de la Corte Suprema de Justicia en sentencias CSJ SL, 24 ag. 1995, rad. 4706; CSJ SL, 10 jul 2006, rad. 27325; CSJ SL, 3 jul 2013, rad. 40509; CSJ SL9827-2015; CSJ SL, 2 ag. 2017, rad. 44416 y

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Radicación n.° 89602 CSJ SL1798-2018, así como el contenido de los artículos 127 y 128 CST, para determinar que el salario «incluye no solo la remuneración ordinaria sino todo aquello que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio sin importar la forma denominación que se adopte y en tal caso, se entiende que no deja de serlo aun cuando así se convenga por las partes».

En ese orden de ideas, consideró que a falta de pronunciamiento por las partes al momento de suscribir los convenios en cuanto a la incidencia salarial de las primas de servicio, que de manera clara retribuyen la labor de los trabajadores, debía dársele tal carácter, «pues precisamente este entendimiento sistemático de la ley y la convención colectiva es contrario al indicado por el a quo, pues no debió restársele carácter salarial a dichas primas que eran causadas de manera semestral en los términos del artículo 128 CST de acuerdo a la citada jurisprudencia» y por tanto, era procedente la petición de reajuste salarial incluyendo los incrementos que a la base pudieron producir dichas asignaciones extras. Empero, como al revisar el expediente no contó con medios de prueba que permitieran establecer los rubros que por dichos conceptos fueron percibidos durante la relación laboral y que, además, «de acuerdo a la convención colectiva de trabajo, se percibían diferentes conceptos y no es posible extraer dichos valores de la historia laboral expedida por pensiones», carga que le correspondía a la demandante en los términos del artículo 167 CGP, confirmaría la absolución de

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Radicación n.° 89602 las demandadas conforme lo expuesto en la alzada, sin condena en costas contra la actora.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por María Eloísa Verano Guzmán, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la

proferida por el a quo y acceda a las pretensiones de la demanda. Con tal propósito formula un reproche, por la causal primera de casación, el cual es replicado por la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café; la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467 al 471 del CST, en relación con el 13, 21, 127, 128, 130, 135, 141, 160, 172, de la misma obra; del 21 y 36

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Radicación n.° 89602 de la Ley 100 de 1993, del art. 1 del Convenio 95 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962.

Invoca como errores de hecho:  No dar por demostrado, estándolo, que la demandante devengó las primas extralegales de servicio que constituyen factor salarial, a efectos de ser aplicada (sic) en el ingreso base de liquidación en un 25% adicional en el haber pensional.  No dar por demostrado, estándolo que las primas extralegales eran reconocidas por el empleador como base salarial para liquidar las prestaciones sociales.

Denuncia como pruebas «dejadas de apreciar»:  Reporte de semanas cotizadas en pensiones a favor de la demandante, certificado por Colpensiones (Folios 588-593

cuaderno físico número 2)  Relación de pagos efectuados a la EPS Cafesalud a favor de la demandante desde mayo de 1998 hasta agosto de 2008 (Folios 594-596 cuaderno físico número 2)  Pagos de las primas prima extralegal de servicio del diciembre del 2000 (Folio 119 – Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) TOMO 3 PDF CD Folio 809 C3)  Pagos de la prima extralegal de servicios de junio del 2001 (Folio 125 - Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) TOMO 3 PDF CD Folio 809 C3)  Pago de la prima de servidos extralegal de 2003 (Folio 28Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) TOMO 4 PDF CD Folio 809 C3)  Pago de la prima extralegal de servicios del año 2004 (Folio 93 - Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) TOMO 4 PDF CD Folio 809 C3)  Proyecto de liquidación pensión, de jubilación de salarios de 1995 al 2005, donde se evidencia la incidencia de la prima extralegal en la base salarial en un 25% (Folio 105Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) TOMO 4 PDF CD Folio 809 C3)  Pago de salarios de 1995 a 2005 (Folio 106 - Archivo MARIA

(sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) TOMO 4 PDF CD

Folio 809 C3)  Certificación expedida por el Departamento de Contabilidad de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, sobre el pago de las primas extralegales de servicio a la demandante desde agosto de 2000 a agosto de 2006 (Folios 228-233 el Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic)

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Radicación n.° 89602 VERANO GUZMAN (sic) TOMO 4 PDF CD Folio 809 C3)  Liquidación del contrato de trabajo de la demandante con la Compañía de Inversiones Flota Mercante en Liquidación advirtiendo el pago de prima extralegal por el segundo semestre de 2007 (Folio 350 Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) TOMO 4 PDF CD Folio 809 C3)  Pago de la prima extralegal de servicios de 1997 y 1998 (Folio 407-408 Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) PDF CD Folio 809 C3)  Pago de la prima extralegal de servicios de 1999 (Folio 450 Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) PDF CD Folio 809 C3)  Pago de la prima extralegal de servicios de junio 1999 (Folio 471 Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) PDF CD Folio 809 C3) Para la demostración del cargo se refiere de manera primigenia a la naturaleza salarial de la prima extralegal de servicios y su incidencia en la liquidación del ingreso base de

cotización ante Colpensiones; trae a colación parte del pronunciamiento del colegiado en que reconoce ello, los elementos necesarios para considerarla salario y cita la sentencia CSJ SL, 16 dic. 1997, rad. 10241, para luego de recapitular las pruebas donde se acredita el cumplimiento de los evocados elementos, afirmar que, […] compartimos el criterio expuesto por el ad quem en cuanto a la conclusión arribada respecto de la connotación salarial de las primas extralegales, que de forma lapidaria señala en su sentencia: "En ese orden de ideas estima la sala, que en efecto le asiste razón a la apelante y por ello habría lugar al reajuste de la cotización efectuada al IS.S. (sic), hoy Colpensiones...". No obstante, agrega que «se hace latente el presente cargo en casación, orientado por la senda de los hechos, donde se persigue demostrar que al interior de la sentencia del ad quem se halla una preterintención absoluta de documentos […]», habida cuenta de que contrario a lo expuesto por el fallador, al interior del proceso obran los

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Radicación n.° 89602 comprobantes de nómina con los cuales se le pagaron las primas extralegales de servicio, así: De acuerdo con la documental obrante a folio 105 — Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) TOMO 4 PDF CD Folio 809 C3, el proyecto de liquidación pensión de jubilación de salarios de 1995 al 2005, evidencia que se pagó la prima extralegal por valor de $50'309.649,21 y se le dio incidencia en

la base salarial en un 25%, así:

VALORES DEVENGADOS DURANTE ULTIMOS DIAS:

3600

SUELDO BASICO, PRIMA ANTIGÜEDAD, PRIMA MOVIL

201.238.596,83.

PRIMA EXTRALEGAL 25%

50,309,349.21

TOTAL: 251,648.246.03 […] Específicamente, para el segundo semestre 1997 y el primer semestre de 1998, el pago de la prima extralegal de servicios se documenta a Folio 407-408 Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) PDF CD Folio 809 C3, aclarándose de antemano que este concepto siempre fue pagado en nómina de servicios bajo el código 3109 Concepto Prima de servicios, o Priservicios o prima extralegal de servicios. […] Igual acontece en 1999, donde se hace una relación del total devengado para dicha anualidad, el pago total de salarios de $12'831.517,59, y la liquidación del 25% de este valor, á (sic) título de "PRISERV" en la suma de $3'207.879,40 (Folio 450

Archivo MARIA (sic) ELOISA (sic) VERANO GUZMAN (sic) PDF CD Folio 809 C3) […] Igual acontece en diciembre de 2000, donde se hace una relación de la quincena entre 16 al 31 de diciembre de 2000 total devengado para dicha quincena, se indica el pago y la liquidación del 25% de este valor, á (sic) título de "PRISERV" en la suma de $1828.507.00.

Aunado a ello, expone que la CIFM certificó de manera global pero discriminada lo cancelado por concepto de primas legales desde el 1 de agosto de 2000 al 31 de agosto de 2006, las cuales pueden ser validadas a folios 228 a 233 del expediente, donde se vislumbra que «se canceló a la

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Radicación n.° 89602 demandante la suma de $25.545.719,00 por concepto de “PRIMA DE SERVICIOS EXTRA LEGAL” que se diferencia del pago de la “PRIMA DE SERVICIOS” por valor de $6.845.285,00 […]», acreditando entonces con los documentos allegados, «haber causado y devengado el concepto aludido de la prima extralegal de servicios». Finalmente refiere que al establecerse dichos valores en cuantía del 25% del salario base en los términos del artículo 127 del CST, «puede adoptarse por la Corte una fórmula de solución salomónica, y es que teniendo como IBL el demostrado para el pago de la pensión, según Resolución 060796 de 2009 […] que es el valor de $2.140.424, este se incrementa en un 25% y de ese resultado se le aplica la tasa de remplazo del 90%», por lo que al obtener de dicho cálculo la diferencia, se puede reliquidar el valor de la pensión, computando el respectivo factor salarial. Para el efecto, allega un proyecto de liquidación con casillas para salarios para prima, primas servicios, prima extralegal, factor y suma indexada, desde diciembre de 1997 hasta julio de 2008, de los cuales en síntesis se contabilizan los siguientes rubros:

VALORES 120

$313.725.581 MESES

VALOR IBL $2.614.380

90% VALOR

$2.352.942

PENSION (sic)

PENSIÓN

$1.926.382

OTORGADA NOV

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Radicación n.° 89602 2009

DIFERENCIA DE

$426.560

PENSIÓN A NOV

2009

VII. RÉPLICA Colpensiones, arguye que se incurre en falencias técnicas, toda vez que, aunque el censor indica errores de hecho, no expone el protuberante en que incurrió el colegiado, lo que convierte el ataque en un alegato de instancia. Dice, además, que de pasar por alto ello, el que el fallador no hubiera atendido la súplica como fue presentada por el interesado, no implica un desconocimiento de la ley sustancial o el precedente judicial, cuando, al contrario, la decisión se adoptó en adecuación a la reiterada jurisprudencia y los supuestos fácticos que fueron objeto de prueba.

Advierte que el juez plural no accedió a la condena solicitada ante la carencia de carga probatoria por parte del extremo actor en los términos del artículo 167 del CGP, para lo cual trae a colación el contenido normativo de este y precisa que al pretenderse la reliquidación pensional «es necesario establecer el monto exacto de la prestación, tanto del cálculo actuarial, como de la futura mesada pensional». De igual manera, resalta que al momento en que se reconoció la pensión de vejez en favor de la censora, se tuvo en cuenta el beneficio de transición con aplicación del

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 89602 Decreto 758 de 1990, sin ser posible que realizara un cobro coactivo por factores salaria