CSJ - SL073-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL073-2023 Radicación n.° 90405 Acta 02 Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA EMILIA AYALA PUERTO contra la sentencia proferida el 3 de marzo de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Se reconoce personería adjetiva a los abogados Carlos Rafael Plata Mendoza con tarjeta profesional n.° 107775 y Juan Francisco Hernández Roa, tarjeta profesional n.° 35277 ambas del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderados de Colpensiones y la AFP Porvenir S.A.,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.°90405 respectivamente, en los términos y para los efectos de los poderes que obran en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES María Emilia Ayala Puerto llamó a juicio a las referidas administradoras, con el fin de que se declare ineficaz su traslado al Régimen de Ahorro Individual con SolidaridadRAIS, el cual se dio a través de la AFP Porvenir S.A., así mismo vigente, sin solución de continuidad, su vinculación

el Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM

administrado por Colpensiones. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se condene a Porvenir S.A. a comunicar a Colpensiones sobre la ineficacia de su afiliación y a trasladarle la totalidad de aportes cancelados desde febrero de 1995, incluyendo los rendimientos que se han generado; a lo que resulte probado ultra o extra petita y a las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 10 de abril de 1962; que cotizó al ISS hoy Colpensiones 576,29 semanas en forma interrumpida durante el periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 1980 y el 31 de enero de 1995; que el 1 de febrero de la última anualidad se trasladó del RPM al RAIS. Aseveró que dicha AFP omitió entregarle información completa, veraz, imparcial y transparente, sobre los beneficios, inconvenientes, consecuencias y efectos del

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.°90405 traslado, con el fin de garantizar el derecho a la correcta decisión y selección de modelo pensional; que no se efectuaron proyecciones de monto pensional según la normatividad del mismo régimen; que tampoco se le brindó información idónea sobre la pérdida de beneficios especiales y generales que se podría obtener en el RPM, y por el contrario, el asesor le aseguró que obtendría la pensión a la edad que quisiera sin afectar el monto de la mesada y que el ISS iba a desaparecer y no podría reclamar su derecho. Señaló que para el 30 de junio de 2017 contaba con un

total de 1691 semanas cotizadas al sistema y que, efectuadas las consultas del caso, se concluyó que de reconocerse la pensión por el RPM podría acceder a la prestación cuando cumpliera los 57 años de edad sin necesidad de continuar cotizando, en una cuantía inicial no inferior a $5'101.173. Aseguró que, durante el tiempo de la afiliación, Porvenir S.A. incumplió su deber de permanente asesoría, pues no le suministró ilustración sobre su expectativa pensional, ni le informó que antes del cumplimiento de los 47 años de edad podía retornar al RPM sin ningún impedimento legal. Arguyó que el 13 de septiembre de 2017 presentó petición a Porvenir S.A., solicitando proyecciones de la pensión e información sobre la rentabilidad anual obtenida por los aportes en su cuenta individual, los cálculos que se hicieron para la vinculación al fondo, la constancia de asesoría e información suministrada al momento de la vinculación, la hoja de vida del asesor inicial y la proyección

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.°90405 de la pensión futura sin más cotizaciones o sufragándolas hasta los 57 y 60 años de edad; que en respuesta la AFP le indicó, entre otros aspectos, que de continuar cotizando hasta los 57 años, su mesada sería de $1'588.100 y de hacerlo hasta los 60 años correspondería a una pensión mensual de $1'945.100. Indicó que el 5 de octubre de 2017 deprecó la declaración de ineficacia o nulidad de afiliación a Porvenir S.A., solicitud que fue negada el 9 de octubre de esa

anualidad; en la misma fecha suplicó a Colpensiones declarar inválido el cambio realizado, pero no ha recibido contestación. Al dar respuesta a la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la data de nacimiento de la actora, las cotizaciones hechas al ISS en los periodos referidos y la solicitud elevada a esa entidad. De los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa arguyó que la demandante se encuentra válidamente vinculada a Porvenir S.A., pues no probó la existencia de error, fuerza o dolo en la afiliación, por lo cual, no procede la nulidad de traslado, ya que el paso al RAIS fue libre y voluntario, como lo expresa el formulario de afiliación. Aclaró que la actora solamente cotizó 449 semanas antes del traslado.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.°90405 Como medios exceptivos formuló los denominados, prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y «la declaratoria de otras excepciones». Por su parte la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. al contestar el libelo genitor, también se opuso a las pretensiones. En cuanto a los supuestos fácticos, aceptó la fecha de nacimiento de la accionante, el traslado de regímenes, el total de semanas cotizadas, las peticiones hechas a la AFP y las respuestas dadas. De los demás dijo que, no eran ciertos o no le constaban. Como argumentos de defensa expuso que a la

accionante se le brindó información clara, veraz y comprensible de acuerdo con el deber legal vigente para el momento, indicándole la cobertura por riesgo de invalidez, vejez o muerte; que, siendo consciente de ello, la demandante se trasladó de manera autónoma, haciendo uso del derecho de libre escogencia de régimen pensional. Aclaró que la afiliada tuvo a su disposición diversos canales de información por parte de Porvenir S.A.; que las administradoras, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera, mediante Circular 01 de 2004, publicaron en El Tiempo un aviso de prensa en el que se les indicó a los afiliados, entre otras, la imposibilidad de trasladarse cuando les falte menos de 10 años para disfrutar su pensión. Dijo que cualquier

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.°90405 simulación pensional es una aproximación posible de las mesadas y no puede ser tomada como un monto definitivo.

Propuso las excepciones de: prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo, enriquecimiento sin causa y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 4 de marzo 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DEL TRASLADO de la señora MARÍA EMILIA AYALA PUERTO del régimen de prima media al régimen del ahorro individual con solidaridad ocurrido

1 de noviembre de 1995 proveniente de SEGUROS SOCIALES ISS hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES, a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A por las razones expuesta en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES a emitir el traslado de régimen pensional de la señora MARÍA EMILIA AYALA PUERTO.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A a devolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES todos los valores que hubiesen recibido en razón de la afiliación del señor MARÍA EMILIA AYALA PUERTO como cotizaciones, bonos pensiónales, costos cobrados por administración y sumas adicionales con los respectivos e intereses de conformidad con las previsiones del artículo 1746 del Código Civil aplicable por remisión analógica el artículo 145 del C.P.T. y S.S., esto es junto con los rendimientos que se hubieren causado, así como los dineros que se hubiesen tenido que asumir por los seguros provisionales de invalidez y muerte.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.°90405

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES a aceptar todos los valores que devuelvan la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR que reposaban en la

cuenta de ahorro individual de la demandante y efectuar los ajustes en la historia pensional de la promotora de la acción conforme a lo considerado.

QUINTO: DECLARAR no probado la excepción de prescripción propuesta por la demandada relevándose del estudio de los demás medios exceptivos.

SEXTO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR en costas a favor de la demandante […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al resolver el recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A. y el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, mediante sentencia del 3 de marzo de 2020, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, absolvió a las demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra. No condenó en costas.

La colegiatura tuvo como problema jurídico a resolver, determinar si resultaba pertinente declarar la nulidad o ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS, y como resultado de ello, si la AFP debía devolver los aportes a Colpensiones. Aclaró que se encontraba plenamente acreditado, que la demandante nació el 10 de abril de 1962, que estuvo afiliada al ISS desde el 9 de diciembre de 1980 hasta el 31 de enero de 1995 (f.°18), de ahí que para el 1 de abril de 1994 contaba

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.°90405 con 31 años de edad y contaba con 530,72 semanas

cotizadas; que se trasladó a la AFP Porvenir S.A. a partir del mes de febrero de 1995 (f.°76); que estuvo presente en una reunión que hicieron en la compañía para la cual ella laboraba, donde recibió información respecto a que, «si se trasladaba obtendría una pensión más alta y que podría pensionarse más joven», pues así lo manifestó en el interrogatorio de parte. Para resolver el problema jurídico, la Sala trajo como referente jurisprudencial la sentencia «31989 de 2008», reiterada en las decisiones «33383 de 2011» sin más datos,

CSJ SL17595-2017, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018,

CSJ SL413-2018, CSJ SL1451-2019, CSJ SL14522019, CSJ SL16882019, CSJ SL14212019 y CSJ SL40622019, y señaló que allí se adoctrinó que las AFP tienen el deber de suministrar información clara, completa, concisa, comprensible a los interesados, la cual cobija todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta el disfrute pensional; que bajo esas condiciones, «el engaño» no solo se produce en lo que se afirma sino en los silencios que guarda «el profesional», quien debe proporcionar toda la ilustración relevante para que el interesado tome una decisión. Explicó que, conforme a lo anterior, en principio, la falta de información clara, completa, comprensible, exigible y suficiente por parte de las AFP, «puede configurar engaño» que lleve a la anulación o ineficacia del cambio de régimen;

que no obstante era necesario que la accionante contara con

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.°90405 un derecho consolidado que le generaba una expectativa legítima de adquirir la pensión y gozara del beneficio de la transición, lo que no ocurría en el sub judice. Agregó que, en todo caso, la afiliada no estaba exonerada de su deber de ilustrarse frente a la decisión del cambio del régimen pensional que pretende, toda vez, que no se encuentra disminuida en su capacidad para celebrar actos y contratos. El ad quem aseveró que ningún efecto nocivo puede causarse a la accionante, quién contaba con 31 años de edad para el 1 de abril de 1994, y para esa data tenía un total de 530,72 semanas cotizadas, y se encontraba en plena formación de su derecho a la pensión. Añadió que debía insistirse en la buena fe, seriedad y honestidad con la que debía actuar «el extremo de la relación contractual», habida consideración que so pretexto de una presunta falta de información suficiente, se pretendía dejar sin efecto una decisión que fue tomada de manera libre, voluntaria y sin presión. Destacó que el asunto adquiría mayor connotación con lo plasmado en el formulario de afiliación, pues no podía desconocerse lo estipulado en el inciso 7 del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, que permite que ese documento contenga la leyenda preimpresa de que la decisión que está tomando la afiliada, es libre, voluntaria, espontánea y sin presiones, normativa que se encuentra en pleno vigor.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.°90405 Refirió que, en ese orden de ideas, las obligaciones generales y especiales que establecen los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, a cargo de los fondos de pensiones, relativas al deber de información para con los afiliados, se suplen con aquellas constancias que, por demás, aparecen aceptadas por la aquí demandante al momento de suscribir el formulario, pues allí se certifica que lo hizo de manera voluntaria, libre, espontánea y sin presiones. Concluyó que el derecho a la pensión de la demandante, bajo las específicas condiciones establecidas en el régimen de prima media, no se ve frustrado con el cambio de sistema pensional, pues no era beneficiaria del régimen de transición, de manera que era deber de la demandante demostrar un perjuicio cierto y real en su derecho pensional, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la censura que esta corporación case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme el fallo proferido condenatorio por el a quo.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que obtiene réplica, los cuales

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.°90405 se estudiarán de manera conjunta, dado que, aunque se orientan por sendas diferentes denuncian similar normatividad, se valen de una argumentación que se complementa y persiguen idéntico cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, «por falta de aplicación» de los artículos 48 y 53 de la CP y violación medio del artículo 167 del CGP, en concordancia con el artículo 145 del CPTSS, que condujo a la interpretación errónea del literal b) de los artículos 13 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 21 y 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por los artículos 9, 10 y 34 de la Ley 797 de 2003; 1502 y 1508 del CC; e infracción directa de los artículos 105, 272 y 287 de la Ley 100 de 1993, reglamentados por los artículos 4 y 12 del Decreto 720 de 1994.

En la demostración del cargo, la recurrente advierte que según reiterada jurisprudencia, a diferencia de lo afirmado por el juez de segundo grado, en los casos en los que se pretende la nulidad del cambio de régimen y se invierte la carga de la prueba, siendo la Administradora de Pensiones la encargada de acreditar que actuó diligentemente en el suministro de información clara, racional y objetiva a cerca de las consecuencias del traslado, la cual debe ser adecuada y coherente con la situación del potencial afiliado, ya sea que se encuentre o no en edad y trayectoria laboral temprana o próximo a pensionarse y con independencia de que cuente o

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.°90405 no con el beneficio de la transición, pues lo que se debe garantizar es una mesada pensional que asegurare una vida

digna en la vejez. Arguye que la obligación de información inicia desde la antesala de la afiliación hasta el momento del disfrute pensional; que la debida asesoría que determinan los artículos 48 de la CP y 13 literal b) de la Ley 100 de 1993, implica como principal obligación, el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado, a fin de que en su labor de ilustración sobre el producto ofrecido, pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación especialmente calificada a la afiliada acerca de lo más conveniente y lo que podría perjudicarle, deber que en este caso incumplió la AFP demandada. Señala que no pueden ser de recibo los argumentos del Tribunal relativos a que la actora no estaba exonerada de su deber de ilustrarse en el cambio de régimen pensional y que la constancia preimpresa en el formulario de afiliación, de haberse vinculado de manera libre, voluntaria y sin presiones es suficiente para considerar cumplido el deber de información, en la medida que el mismo se satisface con una ilustración completa, eficaz y transparente sobre las ventajas y desventajas de cada modelo pensional. Indica que para declarar la nulidad de traslado no es necesario el análisis acerca de si la demandante es beneficiaria del régimen de transición o si tiene consolidado su derecho pensional. Al respecto trae a colación la sentencia

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.°90405 CSJ SL12136-2014 y afirma que en ella la Sala tuvo en cuenta los graves perjuicios o daños causados al afiliado, los

cuales se pueden dimensionar con independencia del citado beneficio, ante la falta de información clara y transparente sobre los derechos por parte de las administradoras. Asegura que la AFP no le dio a conocer a la accionante, proyecciones sobre los posibles montos de su pensión que fueran determinantes para la decisión de cuál régimen pensional le era más favorable, que mostrara diferencias objetivas entre modelos pensionales y le permitieran observar el monto de su pensión, siendo este un verdadero riesgo cuantificable, pues de haberlo hecho, la afiliada no habría realizado el traslado. Recuerda que la proyección solo fue obtenida por solicitud de la actora, cuando el Fondo privado debía presentarlas por iniciativa propia. Advierte que, si la AFP hubiera actuado con la «eficiencia debida», habría alertado a la demandante, conforme a su historia laboral, al momento de tomar la decisión de traslado o antes de cumplir los 47 años de edad, es decir, cuando le faltaban más de 10 años para ser beneficiaria de la pensión, en ejercicio del buen consejo, para evadir el daño económico en su pensión vitalicia. Expone que dado el incumplimiento del deber de información en cabeza de la AFP demandada, se debe anular o invalidar la afiliación hecha al RAIS. Agrega que, no es suficiente una manifestación general, superficial o abstracta de los regímenes, con el fin de obtener o mantener a los

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.°90405 afiliados, como ocurrió en el sub judice al indicarle a la promotora del proceso que podía obtener una mesada superior a la del RPM, sin importar la edad.

Por último, indica que las consecuencias del incumplimiento del deber de información para tomar una decisión libre, implica la devolución de valores de la cuenta de ahorro individual, más las cotizaciones del 100% de bonos pensionales, los rendimientos e intereses que se causen, según la sentencia CS SL, 8 septiembre 2008, rad. 31989.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión del Tribunal de ser violatoria por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 13 literal b) de la Ley 100 de 1993; 48 y 53 de la CP; 167 del CGP, aplicable en virtud del artículo 145 del CPTSS y 1502 y 1508 del CC.

Asegura que la colegiatura que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la afiliación a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. por parte de la señora MARÍA EMILIA AYALA PUERTO, por el hecho de no ser beneficiaria del Régimen de Transición, no le causó lesión injustificada.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el traslado a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. por parte de la señora MARÍA EMILIA AYALA PUERTO, por el hecho de encontrarse en plena formación de su derecho a la pensión por la edad y tiempo cotizado que acreditaba al 1º de abril de 1994, no le causaba efectos nocivos en la prestación futura.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.°90405

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la sola firma del formulario de traslado conlleva la manifestación libre y voluntaria de la demandante, señora MARÍA EMILIA AYALA

PUERTO.

4. No dar por demostrado, estándola, que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. no brindó información completa y transparente sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

5. No dar por demostrado, estándola, que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. asaltó la buena fe de la señora MARÍA EMILIA AYALA PUERTO para que se trasladara del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el entonces ISS al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por aquella administrado.

Aduce que tales desaciertos que se produjeron ante la errónea apreciación de los siguientes elementos de convicción:

1. Libelo introductorio.

2. Cédula ciudadanía de la recurrente.

3. Historias laborales aportadas.

4. Interrogatorio de parte formulado a la representante legal de la AFP demandada.

5. Interrogatorio de parte formulado a la señora MARÍA EMILIA

AYALA PUERTO.

Y por la falta de valoración de las siguientes probanzas:

1. Liquidación de la pensión de vejez en el Régimen de Prima

Media.

2. Proyecciones de la pensión de vejez efectuada por la AFP

PORVENIR SA

En la demostración del cargo, arguye que el Tribunal cometió el error de no valorar correctamente la demanda inaugural, pues, no tuvo en cuenta que a través de la misma se pretendió la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS debido a la falta de información suficiente, oportuna,

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.°90405 transparente, eficiente y veraz al momento de suscripción del respectivo formulario de traslado, la cual no puede tenerse por acreditado con la simple firma del referido documento. Indica que el formulario de afiliación fue valorado de forma indebida, ya que por el hecho de estar suscrito por la actora no se puede concluir un consentimiento informado; que, de apreciarse correctamente, el juez plural hubiera determinado que es un formato que contiene una aceptación general del régimen, no siendo viable para el suscriptor modificar dicha manifestación, convirtiéndose así en un contrato de adhesión. Insiste que brilla por su ausencia en el expediente la prueba física de la asesoría, que se hubiera entregado información completa, personalizada y comprensible por parte de un administrador experto a un afiliado lego, con el fin de tomar una decisión libre y voluntaria, por ende, resulta imposible colegir que el cambio de modelo pensional fue libre y voluntario o que el Fondo accionado cumplió su deber de ilustración. Señala que la obligación de información debe satisfacerse también ante un afiliado no beneficiario del régimen de transición, ya que su omisión causa perjuicio en gran medida, como se refleja en este caso en las proyecciones pensionales que fueron efectuadas por el Fondo a petición de

la demandante, «perjuicio o daño» que en tratándose de la pensión afecta la dignidad humana que la Constitución protege con extremo rigor.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.°90405

VIII. LA RÉPLICA La opositora Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, presenta réplica conjunta a los dos ataques.

Arguye que, a partir de las pruebas, específicamente del formulario de afiliación suscrito por la actora, se puede evidenciar que el traslado de régimen se realizó de manera libre y espontánea; además, para la fecha traslado, la demandante contaba con muy pocas cotizaciones al Sistema General de Pensiones para acceder a la prestación de vejez, por lo que no existió una expectativa legítima de pensionarse en el RPM. Adicionalmente, expone que, contrario a lo afirmado por la recurrente, la carga probatoria radicaba en cabeza de la demandante; que, en ese sentido, el material probatorio aportado no es suficiente para declarar la nulidad del traslado. Precisa que para la data en que ocurrió la mutación, la obligación de información que debían otorgar las AFP era mínima y no incluía realizar proyecciones pensionales. Por su parte, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. también replica conjuntamente los dos cargos. Alega que la demandante aceptó haber recibido la información suficiente sobre los beneficios del RAIS, estando en cabeza de la misma derrumbar la presunción de buena fe, sobre todo, cuando los documentos anexados al expediente demuestran el traslado hecho de manera libre, voluntaria y sin presiones, validado

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.°90405 con la firma del formulario, en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994. Aduce que el consentimiento informado que se reclama nació después del traslado, específicamente en el año 2009, al igual que la obligación de reasesoría y doble asesoría, la cual surgió en el 2014, años después del cambio del régimen pensional. Añade que la recurrente tenía una formación académica suficiente para comprender la ley, las ventajas y desventajas del RAIS y las consecuencias del traslado, conocimientos que negó y ocultó. Asegura que una proyección en ese momento resultaba inocua e inepta, pues no concuerda con la realidad del futuro, toda vez que a la data del traslado la convocante al proceso tenía únicamente 576 semanas cotizadas, faltándole 24 años de vida y 14 años de cotizaciones para completar la densidad exigida para ser beneficiaria de una pensión de vejez, siendo imposible tener un valor aproximado de su mesada, la cual depende de diversos factores.

IX. CONSIDERACIONES En el sub judice el juez plural para absolver a las demandadas, básicamente señaló, que si bien en principio, según la jurisprudencia, la falta de información clara, completa, concisa y comprensible a los potenciales afiliados por parte de las AFP, podía generar la nulidad o ineficacia del traslado; sin embargo, se requería que el afiliado tuviera un

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.°90405

derecho adquirido, una expectativa legítima o que fuera beneficiario del régimen de transición. Puntualizó la colegiatura que, en este asunto la actora contaba a penas con 31 años de edad para el 1 de abril de 1994 y tenía 530,72 semanas cotizadas, es decir, se encontraba en plena formación de su derecho a la pensión; que a lo anterior se sumaba que el inciso 7 del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, permitía que el formulario de afiliación tuviera la leyenda preimpresa de que la decisión que está tomando la afiliada, era libre, voluntaria, espontánea y sin presiones, el cual estaba firmado por la promotora del proceso, quien asistió a una reunión donde recibió información suficiente sobre el RAIS, pues así lo aceptó en el interrogatorio de parte que absolvió. La censura por su parte, critica esa determinación desde el punto de vista fáctico y jurídico, pues considera que el consentimiento informado es necesario en todo los casos, así se esté próximo a pensionarse o no y con independencia del beneficio de la transición, toda vez que el conocimiento de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional permite tomar una determinación libre y voluntaria, acreditación que está en cabeza de la AFP, y que en este caso los elementos de convicción dejados de apreciar y los valorados con error, prueban que la mutación de modelo pensional no fue ilustrada. Bajo ese contexto la Corte debe dilucidar, desde lo jurídico, si el Tribunal se equivocó al aplicar la jurisprudencia

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.°90405 sobre validez y eficacia del traslado de régimen, coligiendo que el consentimiento informado solo era exigible cuando el afiliado tiene un derecho consolidado, una expectativa legítima o por ser beneficiario del régimen de transición; y desde la órbita de lo fáctico, si erró al considerar que en este asunto no era viable declarar la nulidad y/o ineficacia del cambio que realizó la actora al RAIS, por cuanto encontró que a ella sí se le brindó la asesoría adecuada, en la medida que suscribió el formulario de afiliación y aceptó que fue informada al absolver el interrogatorio de parte. Pues bien, respecto del deber de información, de entrada la Corte advierte que, le asiste razón a la censura al afirmar que, solo cuando previo al cambio de modelo pensional ha existido una verdadera asesoría sobre las ventajas y desventajas de cada régimen, puede considerarse que la mutación fue libre y voluntaria, es así que en la sentencia CSJ SL1442-2021, que memoró la decisión CSJ SL12136-2014, esta corporación asentó que la información precisa, es un elemento esencial para pregonar que hubo libertad en la toma de la decisión de cambio de modelo pensional, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de estos. En aquella oportunidad se indicó: A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con

una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.°90405 […] Realizar dicha tarea debe partir de elementos objetivos, esto es que la libertad en la toma de una decisión de esa índole, solo puede justificars