CSJ - SL074-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL074-2023 Radicación n.° 91175 Acta 02 Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). Resuelve la Corte los recursos extraordinarios de casación interpuestos por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario laboral promovido por ALIX PÉREZ ZAPATA en contra de la AFP recurrente, trámite al cual se llamó en garantía a la compañía de seguros también impugnante.

I. ANTECEDENTES Alix Pérez Zapata instauró demanda ordinaria laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y

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Radicación n.° 91175 Cesantías Protección S.A., con el fin de que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, causada por la muerte de su hijo Miguel Ángel González Pérez, a partir del 5 de septiembre de 2012, incluyendo las mesadas adicionales, los intereses de mora, la indexación, los daños morales, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Como sustento de sus pretensiones, manifestó que su hijo Miguel Ángel González Pérez falleció el 5 de septiembre de 2012; que el finado suministraba lo necesario para el

sustento del núcleo familiar, conformado por su hermana, que es menor de edad, un tío, la abuela y la aquí accionante; y que el afiliado era quien ayudaba con la alimentación, servicios públicos, vestuario, entre otros. Expresó que en su condición de madre recibía unos ingresos que oscilaban entre $150.000 y $200.000, pero eran «inestables» y provenían de sus labores como empleada doméstica; que la abuela, quien tenía 72 años al momento de la presentación de la demanda, recibía un subsidio por valor de $75.000 de forma «bimensual»; y que el tío es una persona que no trabaja «entregado al vicio y el alcohol», pero habita en el inmueble por ser el propietario. Narró que solicitó la pensión de sobrevivientes, pero le fue negada; que en la investigación realizada para determinar si dependía económicamente del causante se consignaron aspectos contrarios a la realidad, supuestamente porque era «la manera de ayudarla para conseguir su pensión», fue así

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Radicación n.° 91175 como se plasmó, entre otras situaciones, que ella tenía un compañero permanente de nombre Carlos Alberto Forero, con quien vivía y le ayudaba a los gastos del hogar, como también que el afiliado sostenía una relación de convivencia, hechos que son falsos; y añadió que en la actualidad no cuenta con un trabajo formal. Al dar contestación a la demanda, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la data de

fallecimiento de González Pérez, la petición de la pensión de sobrevivientes y la respuesta otorgada; de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, argumentó que, a la luz del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la demandante en calidad de progenitora no tiene derecho a la prestación reclamada, toda vez que no dependía económicamente del causante. Como excepciones, propuso las de inexistencia de la obligación, improcedencia de la pensión de sobrevivientes y de los intereses moratorios, buena fe, prescripción y la innominada. Mediante escrito separado, la AFP llamó en garantía a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., con el fin de que respondiera por la suma adicional requerida para financiar la pensión de sobrevivientes solicitada, en caso de ser condenada a su reconocimiento y pago.

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Radicación n.° 91175 Una vez vinculada al proceso, la Compañía de Seguros Bolívar S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda inicial. Frente a los hechos allí relatados, aceptó solo la existencia de las personas que viven con la accionante; y de los demás supuestos fácticos, dijo que no le constaban o no eran ciertos. Como argumento de defensa, sostuvo que en este caso no se cumplió con la dependencia económica de la promotora del proceso, pues tenía ingresos propios y recibía también la ayuda de su compañero permanente. No propuso excepciones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante el fallo emitido el 23 de julio de 2019, condenó a la demandada y a la llamada en garantía a «reconocer y pagar» la pensión de sobrevivientes a la accionante a partir del 24 de abril de 2014, en cuantía equivalente al salario mínimo legal, debidamente indexada; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción e impuso costas a cargo de la parte vencida.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Con sentencia del 31 de octubre de 2019, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, al resolver los recursos de apelación interpuestos por la

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Radicación n.° 91175 accionante, la demandada y la llamada en garantía, resolvió: PRIMERO: ADICIONAR la sentencia del 23 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, en el sentido de ordenar que de la condena par concepto de retroactivo pensional reconocido a ALIX PEREZ ZAPATA, se descuente lo cancelado en la devolución de saldos, debidamente indexado.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia cuestionada.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de la pasiva. Se fijan como agencias en derecho la suma de $828.116, es decir el equivalente a 1 SMLMV.

El juez plural manifestó que le correspondía dilucidar si se acreditó la dependencia económica de la demandante

respecto de su hijo fallecido y, en caso afirmativo, si había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Expresó que estaba acreditado que Miguel Ángel González falleció el 5 de septiembre de 2012, según se desprendía de la documental de folio 4, así mismo que cotizó el número mínimo de semanas para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, en la medida que esto lo reconoció la AFP accionada, la cual, al negar la prestación, expuso que el causante aportó 93,57 semanas en los tres años anteriores a su deceso (f.o 55 y 56). Arguyó que la prestación reclamada se regía por las disposiciones vigentes al momento de la muerte del afiliado, de allí que debían aplicarse los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que prevén que los padres del causante tendrán

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Radicación n.° 91175 derecho a la pensión si dependían económicamente del finado. El ad quem indicó que frente a esa exigencia, la Corte Constitucional se pronunció en sentencia CC C111-2006, en la que expresó que no se requería una dependencia total y absoluta, pues lo que se exige es que el aporte sea necesario para conservar el mínimo existencial, que le permita al beneficiario subsistir de forma digna, aspecto que fue reiterado en decisión CC T326-2013 y que guarda correspondencia con el criterio de la Sala Laboral de la Corte

Suprema de Justicia, plasmado, entre otros, en sentencia CSJ SL524-2019, en la que se explicó que deben analizarse la contribución del afiliado y su incidencia en la atención de las necesidades básicas. A partir de lo anterior, el juez colegiado dijo que Protección S. A. negó la pensión de sobrevivientes, tras considerar que la demandante no dependía de su hijo fallecido (f.o 8 y 9). Pasó a analizar las pruebas allegas al plenario, consistentes en el cuestionario que sirvió de soporte para solicitar esa prestación, los testimonios de María Tránsito Díaz, Leidy Tatiana Rodríguez Daza y Doris Durán González, y el interrogatorio de parte rendido por la demandante, y concluyó que de las mismas se desprendía que ella estaba subordinada económicamente al causante, en la medida que recibía de este un apoyo monetario necesario para la atención de sus necesidades básicas en condiciones de vida

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Radicación n.° 91175 digna. Aludió a las declaraciones de las citadas deponentes y dijo que tenían conocimiento directo de los hechos, quienes fueron contestes respecto a que el afiliado mensualmente le ayudaba a su progenitora con una suma de dinero para el mercado y los servicios de la vivienda donde ella residía, la cual no tenía ingresos fijos, en la medida en que, de manera esporádica, trabajaba en oficios caseros para otras personas; resaltando que una de las declarantes expresó que el finado vivía desde los 18 años en la casa de esa testigo, quien le

suministraba la comida y el vestuario, y que cuando consiguió trabajo le continuó brindando el alojamiento y la alimentación, entre otros, de modo que lo devengado por el causante ingresaba completamente a su patrimonio y lo empleaba para cubrir sus gastos y las necesidades de su progenitora. Explicó que, si bien la accionante laboró en la terminal de transportes y estaba afiliada al sistema de seguridad social, tal como lo aceptó en el interrogatorio de parte, lo cierto era que, fue por un corto periodo, comprendido entre el 1 de julio de 2012 al 30 de abril de 2013, según daba cuenta un documento del Fosyga, situación que era insuficiente para derruir la dependencia económica. Por otra parte, aludió a que en la «entrevista» que se le practicó a la demandante en el trámite administrativo, no indicó que su hijo tuviera una relación de convivencia con alguien, tampoco reconoció que ella devengara lo suficiente

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Radicación n.° 91175 para cubrir sus necesidades, ni expresó que dependía de un compañero permanente, en tanto lo que manifestó fue que convivió con otra persona cinco meses antes del deceso de su hijo y que este le ayudaba con $200.000 para solventar parte de los gastos, monto insuficiente para garantizar la subsistencia digna del núcleo familiar, compuesto por cuatro personas, entre ellas tres mujeres, de las cuales una era menor de edad. Aseveró que confirmaría la decisión condenatoria de primer grado, pero precisó que, conforme a lo solicitado por la sociedad llamada en garantía, del retroactivo adeudado se

debía descontar lo cancelado por devolución de saldos, debidamente indexado. Finalmente, estimó que no era procedente acceder a los intereses moratorios, en la medida que, en principio, la decisión de la parte accionada fue razonable.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y la Compañía de Seguros Bolívar S.A., concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos.

La Sala estudiará conjuntamente la demanda de casación presentada por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A y el cargo primero planteado por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., toda vez

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Radicación n.° 91175 que están dirigidos por la misma vía indirecta, se apoyan en igual normativa, sus argumentos se complementan y persiguen igual finalidad. Luego, de ser necesario, se analizará el cargo segundo propuesto por la última sociedad mencionada.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE LA

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Pretende que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque la decisión del Juzgado y, en su lugar, absuelva a la sociedad de todas las pretensiones incoadas en su contra. Con tal propósito, propone un cargo, respecto del cual la parte demandante presenta oposición.

VI. CARGO ÚNICO Se formula así: Acuso el fallo por la vía indirecta, por la infracción directa de los

artículos 167 y 221 numeral 30 del Código General del Proceso, que rigen en virtud de lo establecido por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, violación de medio que llevó a la aplicación indebida del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y a la infracción directa de los artículos 28 del Código Civil, 29 y 230 de la Carta Magna y 1º del Acto Legislativo 01 de 2005. Manifiesta que la colegiatura incurrió en el siguiente error de hecho:

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Radicación n.° 91175 El error de hecho consistió en dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Pérez Zapata dependía en términos económicos del difunto cuando no hay prueba que demuestre la existencia de una contribución monetaria periódica, coetánea con la fecha del deceso, con una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de su madre y, consecuentemente, que acredite que ese aporte, y de existir, no era la simple ayuda brindada por un buen hijo sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él, y más cuando estuvo demostrado que la dicha señora Pérez contaba con recursos propios y no quedó probado que tales dineros no fueran suficientes para atender su subsistencia aun sin contar con alguna ayuda del occiso. Indica que el anterior desacierto fue consecuencia de la apreciación errónea de la historia laboral de aportes, la consulta del Fosyga, el «documento resultante de la investigación administrativa», las confesiones del

interrogatorio de parte de la demandante y los testimonios de María Tránsito Díaz, Leidy Tatiana Rodríguez Daza y Doris Durán González. Alude a las sentencias CSJ SL2833-2017 y CSJ SL2012-2020, para sostener que el juez colegiado se equivocó, en razón a que, de lo expresado por la demandante en el interrogatorio de parte, se desprende que confesó que para el momento de la muerte de su hijo, esta tenía un compañero permanente que «vivía con ella y le aportaba $200.000 mensuales, como lo adujo expresamente el Tribunal», aunado a que reconoció que laboraba, lo cual se corrobora con el documento del Fosyga, «tal y como explícitamente fue admitido por el sentenciador ad quem». Expone que la promotora del proceso vivía con cuatro personas en un inmueble, sin que tuviera que asumir alguna

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Radicación n.° 91175 erogación por ese concepto; y que la subordinación económica se analiza de cara a los padres y no frente a otros miembros del grupo familiar. Cita un pasaje de la sentencia CSJ SL, 18 sep. 2001, rad. 16598, y refiere que, según el historial de aportes, la última cotización del causante fue en enero de 2011, momento desde el cual no se «tiene noticia de que el occiso contara con algún ingreso que le permitiera cubrir sus gastos propios» y ayudar a su progenitora, en apoyo de lo anterior reproduce un aparte de la decisión CSJ SL4103-2016.

Esgrime que en el plenario no milita alguna prueba que dé cuenta del valor de los gastos de la demandante, aspecto de trascendencia para poder analizar si, de existir una contribución económica por parte del finado, era significativa. Resalta que al proceso no se allegaron las probanzas necesarias para acreditar el sometimiento monetario; y transcribe pasajes de las decisiones CJS SL8406-2015 y CSJ SL2797-2019. Agrega que la prueba testimonial no informó sobre la existencia de ingresos del causante en sus últimos meses de vida y, menos aún, su origen; alude a las sentencias CSJ SL2490-2020 y CSJSL2120-2020; y concluye que no se probó que la promotora del proceso estuviera sujeta a la subvención económica para acceder al derecho pretendido.

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VII. LA RÉPLICA La demandante se opone a la prosperidad del ataque, para lo cual dice que el Tribunal apreció en forma integral el material probatorio, y de su correcto estudio, siguiendo la sana crítica y autonomía judicial, coligió la existencia del derecho debatido.

VIII. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE LA

LLAMADA EN GARANTÍA, COMPAÑÍA DE SEGUROS

BOLÍVAR S.A.

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, deniegue las pretensiones de la demanda inaugural. En forma subsidiaria solicita que se case parcialmente

la decisión acusada, «una vez constituida la Honorable Corte en sede de instancia, se sirva modificar parcialmente el numeral Segundo del fallo del Juzgado para, en consecuencia, absolver a SEGUROS BOLIVAR S.A. de las pretensiones del llamamiento en garantía». Con tal propósito, formula dos cargos que son replicados por la parte demandante y por Protección S.A., pero esta sociedad solo se opone a la segunda acusación.

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IX. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, acusa la vulneración de los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los preceptos 48, 73 y 77 de la aludida Ley 100.

Como errores fácticos cometidos por el juez plural, señala los siguientes:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que, en la fecha de fallecimiento del afiliado, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PÉREZ, este tenía un vínculo laboral estable con ingresos suficientes como para hacer una contribución sustancial a los gastos de la demandante en orden a permitirle una vida digna.

2. No dar por demostrado, estándolo, que, en la fecha del fallecimiento del afiliado, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PÉREZ, éste no tenía ingresos fijos ni una vinculación laboral formal, no estaba afiliado a la seguridad social y sus gastos personales cubrían la casi totalidad de sus ingresos.

3. No dar por demostrado, estándolo, que lo aportado en vida por el causante a la demandante era una suma cuyo monto no permite establecer dependencia económica de ésta respecto de su hijo fallecido.

4. No dar por demostrado, estándolo, que en la fecha de fallecimiento del señor GONZÁLEZ PÉREZ, la demandante tenía un vínculo laboral estable con recursos suficientes para proveer sus gastos necesarios.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que los gastos relacionados por la demandante a la empresa investigadora respecto de realidad económica, excluían los familiares que con ella residían.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el afiliado fallecido, en la fecha de su muerte, hacía más de un año que vivía con su pareja, señor REINALDO PEREIRA DIAZGRANADOS.

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Radicación n.° 91175 Manifiesta que los anteriores desaciertos fueron consecuencia de la mala apreciación del informe final elaborado Consultando Ltda., el cuestionario «absuelto» por la actora para solicitar la pensión y el contrato de prestación de servicios del 22 de octubre de 2012 suscrito por la accionante y la terminal de transportes, el cual fue prorrogado el 31 de enero de 2013. Y denuncia la falta de valoración de los siguientes medios de convicción: la póliza de seguro tomada por Miguel Ángel González Pérez el 24 de julio de 2010, los reportes de cotizaciones provenientes de la Nueva EPS S.A. y Coomeva

EPS, el certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos y el informe del Fosyga. La recurrente se refiere a los razonamientos del Tribunal, y esgrime que se equivocó al considerar que a la accionante le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes. En tal sentido, pone de presente lo que muestra el «cuestionario absuelto» por la demandante, en donde reconoció que su hijo «estaba trabajando sin vínculo laboral», que le pagaban la cuantía diaria de $25.000, para un total mensual de $750.000, que no tenía vivienda propia, que estudiaba y sus gastos mensuales eran de $517.000. Dice que lo anterior guarda correspondencia con el informe final elaborado por Consultando Ltda., en el cual, adicional a lo anterior, se plasmó que el finado aportaba la suma $150.000, que no se pudo comprobar que tuviera

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Radicación n.° 91175 ingresos para la data de su deceso, y que el último vínculo formal finalizó en el mes de mayo de 2010. Afirma que el certificado de la Nueva EPS da cuenta de que el causante se encontraba retirado del sistema y no tenía beneficiarios. La censura indica que esas tres probanzas muestran que el Miguel Ángel no tenía un vínculo laboral formal, no estaba afiliado al sistema de seguridad social, sus ingresos aproximados eran de $750.000 mensuales, pero debía asumir unos gastos por valor de $517.000 y el aporte que hacía de $150.000 era para el grupo familiar y no solo para su progenitora.

Expone que también se acreditó que el afiliado vivía aparte, con otra persona de nombre Reinaldo Pereira Diazgranados, quien figuraba como beneficiario de la póliza de seguro de vida que el causante tomó el 24 de julio de 2010; así mismo que la accionante convivía con el señor Carlos Alberto Forero y tres personas más, siendo los gastos del grupo familiar por valor de $957.000 mensuales, de los cuales ella aportaba $350.000 y su pareja $450.000, tal como lo acredita el referido informe expedido por Consultando Ltda. y el «cuestionario absuelto por la demandante». Arguye que del contrato de prestación de servicios signado por la promotora del proceso y la terminal de transportes el 22 de octubre de 2012, se colige que laboraba

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Radicación n.° 91175 y percibía una remuneración mensual de $900.000, aunado a que estaba afiliada a salud como cotizante, según se desprende de la constancia emitida por Coomeva EPS, de allí que tenía recursos propios para su subsistencia. Afirma que el ad quem dejó de apreciar el certificado de libertad y tradición que milita en el plenario, que da cuenta de que la señora Pérez Zapata es propietaria de un inmueble, de modo que no debía destinar dinero para vivienda. Por lo anterior, indica que, si bien la subordinación económica no debe ser total y absoluta, también lo es que, la contribución monetaria del finado debe ser relevante, pues no basta con una simple ayuda para acceder a la pensión.

X. LA RÉPLICA

La demandante esgrime que el ad quem efectuó una valoración integral del haz probatorio; que la censura no acredita alguno de los errores enrostrados; y que el requisito de la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta.

XI. CONSIDERACIONES La Sala comienza por precisar que las dos sociedades recurrentes en casación no controvierten el cumplimiento del requisito de la densidad de semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada por la demandante, en los términos del artículo 46 de la Ley 100 de

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Radicación n.° 91175 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual resulta aplicable por remisión expresa del artículo 73 ibidem, dado que el afiliado falleció el 5 de septiembre de 2012, hecho que tampoco se discute y fue establecido por la segunda instancia. Asimismo, no se cuestiona la calidad de madre que ostenta la aquí accionante. La controversia en casación, por la vía de los hechos, consiste en dilucidar si se equivocó el fallador de segundo grado al dar por acreditada la dependencia económica de la actora, respecto de su hijo fallecido. El Tribunal fundamentó su decisión condenatoria en que, de la documental obrante en el plenario, consistente en el cuestionario que sirvió de soporte para solicitar esa prestación, los testimonios de María Tránsito Díaz, Leidy Tatiana Rodríguez Daza y Doris Durán González, y el interrogatorio de parte rendido por la demandante, se podía colegir que la ayuda económica brindada por el causante era

significativa para el sostenimiento de su progenitora, al margen de que esta, para el momento de su deceso, llevara poco tiempo laborando y contara con el apoyo de quien fuera su compañero permanente, por ende, le asistía el derecho a la pensión reclamada. Previamente a adentrarse la Corte en el análisis de los medios de convicción enlistados en los cargos, importa recordar que, si bien el artículo 60 CPTSS les impone a los jueces la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, lo cierto es que también están facultados para darle

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Radicación n.° 91175 preferencia a las que les brinden mayor convicción, sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en tal caso «no se podrá admitir su prueba por otro medio». Así mismo, se ha dicho que el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso y donde sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican las mismas, pues el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente, con el fin de verificar la existencia de un error trascendente y protuberante u ostensible. De ese modo, solo en la medida en que el juez de segunda instancia incurra en errores manifiestos de hecho, que tengan incidencia en su decisión, es que resulta posible el quebrantamiento del fallo impugnado. Tal yerro fáctico, según lo tiene adoctrinado la Corte, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 11 feb. 1994, rad. 6043, es aquel que:

[…] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida. Igualmente, es de recordar que la subordinación económica de los padres respecto de su hijo fallecido, exigida en el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no tiene que ser total y absoluta, por lo que la existencia de otros

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Radicación n.° 91175 ingresos, rentas o recursos propios no conllevan, por sí solos, a tener una autonomía financiera por parte de los presuntos beneficiarios, pues, como ya se ha reiterado por esta Sala, no es necesario que se acredite un estado de mendicidad o indigencia para acceder a la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, esta corporación también ha enseñado que lo anterior no implica que cualquier contribución o estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser decisivo para acceder al derecho pensional, «pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas» (sentencia CSJ SL4811-2014).

Recalca que, jurisprudencialmente, se han delineado unas reglas para identificar, en cada caso particular, si existe o no dependencia económica de los beneficiarios respecto del causante. Por esto deben valorarse de forma específica las condiciones concretas de quienes alegan la sujeción financiera, de cara a la contribución que recibían del fallecido y su incidencia en la atención de sus necesidades básicas, en condiciones de dignidad y suficiencia, la cual deberá ser esencial, representativa y significativa (CSJ SL15260-2017). De igual manera, la jurisprudencia ha estimado que la carga de la prueba de la dependencia financiera corresponde a los padres-demandantes, en cambio el deber de desvirtuar

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Radicación n.° 91175 esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas atañe a la administradora de pensiones demandada (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026). En este orden de ideas, procederá la Corte al análisis objetivo de las pruebas calificadas denunciadas, las cuales muestran lo siguiente: - Cuestionario para reclamante de pensión de sobrevivencia Compañía de Seguros Bolívar S.A. elaborado el 13 de noviembre de 2013. Dicho documento, suscrito por la demandante, en lo que interesa en la esfera casacional da cuenta de lo siguiente: i) que el afiliado falleció por enfermedad común, era soltero, no tenía hijos, laboró de manera informal como vendedor hasta agosto de 2012, cuando fue hospitalizado, le pagaban

diariamente la suma de $25.000, hacía un año vivía en otro lugar, se encontraba estudiando y tenía unos gastos mensuales de $517.000; ii) que la demandante tuvo un compañero desde diciembre de 2012 hasta abril de 2013, aunque en otros apartes del documento se dice que ella vivía con él para el momento de la muerte del afiliado, así mismo que la reclamante trabajaba en la terminal de transportes; y iii) que el presupuesto de gastos familiares para la fecha de la muerte del asegurado ascendía a la suma de $957.000; que el finado aportaba $150.000 para los gastos de ese hogar, la reclamante $357.000 y quien era su compañero

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Radicación n.° 91175 permanente $450.000. Pues bien, de lo consignado en ese elemento de convicción, la Corte no advierte un error protuberante del Tribunal, pues las afirmaciones plasmadas por la reclamante no conllevan el reconocimiento de la independencia económica de la progenitora, como lo sugiere la llamada en garantía, pues, por una parte, da cuenta de que el afiliado contribuía de forma relevante al sostenimiento del hogar, tal como lo infirió el juez de segundo grado y, si bien, allí se hace mención a que la accionante y quien fue su compañero permanente también hacían contribuciones económicas, debe entenderse que necesitaban de ingresos de diversas fuentes para lograr atender las necesidades mínimas de esa casa y de las varias personas que allí habitaban. Por consiguiente, queda sin sustento lo afirmado por la

AFP recurrente, respecto a que en el plenario no obra algún medio de convicción que informe los gastos de la demandante, a efectos de verificar si la contribución monetaria del finado era relevante. Lo anterior, por cuanto, se insiste, según la probanza que aquí se estudia los egresos del hogar efectivamente correspondían a un total de $957.000, y el afiliado aportaba la cantidad de $150.000 para el sustento de su progenitora. En tal sentido la jurisprudencia de esta Sala no descarta el presupuesto de sujeción económica por el hecho de que la actora perciba ingresos, siempre que eso no la convierta en autosuficiente, como lo dedujo acertadamente el

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