CSJ - SL082-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL082-2023 Radicación n.° 91928 Acta 02 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GABRIEL ÁNGEL CATAÑO TREJOS, contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 25 de marzo de 2021, en el proceso que él instauró contra el CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL – CIAT, al que fueron vinculados como litisconsortes

necesarios la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COPTRAEMPRESARIAL CTA y la AGRUPACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S. y llamada en garantía

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 91928 Gabriel Ángel Cataño Trejos demandó al Centro Internacional de Agricultura Tropical (en adelante CIAT), con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 2 de enero de 1991 y el 31 de enero de 2015. En consecuencia, solicitó que se condenara a la empresa al pago de las cesantías y sus intereses por el periodo del 29 de octubre al 31 de enero de 2015; al pago de las primas de servicios, las vacaciones y los aportes pensionales por cada uno de los años comprendidos entre 1997 y 2015 y al reconocimiento de las indemnizaciones por despido sin justa causa y moratoria.

Fundamentó sus peticiones, en que prestó sus servicios a la demandada entre el 2 de enero de 1991 y el 31 de enero de 2015 mediante contrato indefinido; en los cargos de «CONDUCTOR Y OTROS», «[…] como en la Sección de Alimentos»; siendo su último salario devengado, la suma de $2.000.000 mensuales. También informó que la empresa dividía a su personal en administrativo, de aseo o mantenimiento, de campo y de vigilancia, aunque dijo que, en su caso, hizo parte del personal de «MOTORISTAS», teniendo como horario de trabajo de lunes a viernes, de 7:30 am a 4:30 pm. Señaló que el CIAT, por medio de su «CÓDIGO ORGANIZACIONAL» estableció distintos beneficios, así: una bonificación especial, con carácter salarial y un bono por pensión de vejez, una indemnización especial por despido para contratos a término indefinido, una prima de navidad y

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Radicación n.° 91928 otra de vacaciones con un bono y uno, de los cuales no especificó su naturaleza. Indicó que el 31 de octubre de 1997, la entidad «[…] presuntamente» dio por terminado su contrato y le manifestó que para seguir prestando sus servicios debía continuar como contratista «[…] y en calidad de Empresa», la cual se denominó inicialmente Empresa Asociativa de Trabajo Auxicon, cambiando luego de razón social «[…] por orden de su Patrono Inmediato CIAT» a Cooperativa Empresarial CTA, después Agrupación de Servicios Empresariales y por último

«TRABAJO ASOCIADOS (sic) TALENTO».

Añadió que siempre portó carnet del CIAT; que el centro lo envió a cursar técnicas de conducción en diferentes entidades durante los años 1996, 2000, 2001, 2003 y 2005; que la demandada «[…] cancelaba los PAGOS a la Seguridad Social DE LA SIMULADA Empresa TRABAJO ASOCIADO TALENTOS» mediante consignación bancaria y que, además, le pagaba directamente «[…] las prestaciones sociales». Al dar respuesta a la demanda, el CIAT se opuso a todas las pretensiones a los hechos señalados. Aclaró que el demandante tuvo un contrato de trabajo con la empresa, pero sólo por el período comprendido entre el 15 de enero de 1991 y el 31 de octubre de 1997, fecha en la cual finalizó la relación laboral por mutuo acuerdo y se liquidaron y pagaron todas las prestaciones que le correspondían, «[…] superando ampliamente los derechos

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Radicación n.° 91928 laborales ciertos e indiscutibles», de tal forma que nada se le adeudaba. Agregó que el cargo desempeñado por el trabajador fue el de «AYUDANTE DE COCINA» y no el de conductor. También dijo que el último salario devengado fue de $400.000 según constaba en el acta de terminación del contrato, suscrita en octubre de 1997. Narró que, una vez concluido el vínculo laboral, el trabajador decidió asociarse con otros ex empleados y terceros para constituir una empresa asociativa de trabajo y luego una cooperativa de la misma índole, lo cual hicieron de

forma voluntaria y libres de cualquier presión o vicio del consentimiento, de tal suerte que dejaron de devengar salarios y comenzaron a percibir ingresos de la labor mediante la facturación de los servicios acordados en los contratos civiles que suscribieron estas entidades y el CIAT. Adicionó que los ingresos cooperativos eran repartidos por los cooperados según sus estatutos y que los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se realizaban de acuerdo con el régimen aplicable a estas asociaciones. Manifestó que, en el año 2010, los cambios legislativos implementados en el país «[…] hicieron que las cooperativas de trabajo asociado se fueran marchitando», por lo que a la par que finalizaban estos contratos, se abrieron licitaciones para nuevos contratistas, siendo elegida la empresa

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Radicación n.° 91928 Agrupación de Servicios Empresariales S.A.S., con quien se acordó la operación de buses y vehículos. Contó que esta contratista vinculó dentro de su personal a antiguos trabajadores de CIAT, entre ellos al señor Cataño Trejos, lo cual no podía ser obstaculizado o impedido, máxime considerando que su actividad misional nada tenía que ver con los servicios contratados con la Agrupación de Servicios Empresariales, ya que «[…] es una institución de investigación agrícola mediante la cual se busca lograr que la agricultura sea más eco-eficiente». Precisó, de otra parte, que el demandante en su calidad de contratista, prestó servicios de distinta índole a los desarrollados en vigencia de su contrato de trabajo. Negó que se hubiera asignado horario al demandante

con posterioridad a su retiro; que se impartieran órdenes o instrucciones, pues la comunicación con las contratistas se llevó a cabo a través de los representantes dispuestos para tal fin; que obligara «[…] a ser humano alguno a constituir persona jurídica alguna»; que se hubieran brindado capacitaciones, proporcionado carnet al señor Cataño Trejos o hecho pagos con posterioridad a su retiro, apreciaciones que valoró como de mala fe y arbitrarias. Explicó que las prerrogativas extralegales pretendidas correspondían a unas guías internas de referencia para el área de nómina, elaboradas en el año 2001, que no eran

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Radicación n.° 91928 vinculantes y que, en todo caso, no aplicaban al trabajador pues su desvinculación se produjo en el año 1997. Por último, reiteró que no adeudaba ninguna de las acreencias reclamadas ya que todo fue pagado en la liquidación final que se hizo al momento del retiro del demandante. En su defensa propuso las excepciones de inmunidad diplomática; carencia de acción, de causa y de derecho; pago; inexistencia de la obligación y demanda contra persona distinta de la obligada a responder; compensación; prescripción, caducidad y buena fe. La Cooperativa de Trabajo Asociado Coptraempresarial CTA (en adelante, Coptraempresarial) y la Agrupación de Servicios Empresariales S.A.S. (en adelante, ASE S.A.S.), vinculadas al proceso en calidad de litisconsortes necesarias, al contestar la demanda, se opusieron a las pretensiones. En cuanto a los hechos, con idéntica argumentación,

dieron por ciertos todos ellos y puntualizaron que el demandante fue miembro de su equipo de trabajo, quien «[…] de manera permanente prestaba su servicio para el centro convocado, siempre de forma simulada por empresas de tercerización prematuramente concebidas y auspiciadas lato sensu por el “CIAT”». Reconocieron que al trabajador y a otros funcionarios, se les dio por terminado el contrato con el CIAT, pero

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Radicación n.° 91928 precisaron que dicha relación continuó vigente mediante empresas asociativas. Agregaron que al señor Cataño Trejos se le impartieron órdenes e instrucciones por parte del demandado, así como también se le proporcionaron capacitaciones. Coptaempresarial propuso las excepciones de prescripción, buena fe y cobro de lo no debido. Por su parte, la ASE S.A.S. invocó las de buena fe, cobro de lo no debido, carencia de la obligación y mala fe del CIAT. Siendo llamada en garantía por el CIAT, Seguros del Estado S.A. dio respuesta a la demanda y se opuso tanto a ella como al llamado realizado. Sobre los hechos, manifestó que no podía negarlos ni afirmarlos dado que no sostuvo relación alguna con el demandante y en su favor, formuló como excepciones las de inexistencia de solidaridad entre las demandadas y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, mediante fallo del 3 de abril de 2019, absolvió a la demandada y a la llamada en garantía. Respecto de las litisconsortes necesarias, no se manifestó.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 91928 Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 25 de marzo de 2021, confirmó la sentencia de primera instancia. Definió como problema jurídico, determinar si entre el CIAT y el señor Cataño Trejos existió una relación de trabajo comprendida entre el 2 de enero de 1991 y el 31 de enero de

2015. Para tal efecto, invocó el contenido de los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el principio de la primacía de la realidad sobre las formas consignado en el 53 constitucional y recordó el 24 del estatuto laboral, del que dijo que, […] prevé como presunción que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, lo que significa que una vez demostrada la prestación personal del servicio por quien alega el vínculo, ha de presumirse que estuvo regulada por un contrato de tal estirpe; no obstante, debido al carácter legal de dicha presunción, la misma es susceptible de ser derruida por el presunto empleador que la soporta, demostrando que el vínculo fue de naturaleza diferente a la laboral.

Luego, tras reproducir apartes de la sentencia CSJ SL2536-2018, agregó, En consecuencia, para descartar el elemento esencial de la subordinación, incumbe a quien ha sido señalado como empleador probar que, no obstante tratarse de un servicio personal, este no fue continuado sino instantáneo, o que no fue

subordinado o dependiente sino autónomo, modalidades que pueden conducir a la determinación de la existencia de una relación jurídica de contenido ajeno al derecho del trabajo. Ha indicado también la jurisprudencia, que además de acreditar la prestación personal de servicios, le compete al trabajador, acreditar los extremos temporales, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario, entre otros.

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Radicación n.° 91928 Explicó a continuación el régimen legal previsto para los contratistas independientes y los meros intermediarios, citando los artículos 34 y 35 del Código Sustantivo del Trabajo. Apuntó que si bien esta Corte ha reconocido la legalidad del servicio desarrollado mediante cooperativas de trabajo asociado –en los términos de la Ley 79 de 1988 y del Decreto 468 de 1990–, no era posible utilizarlas de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones subordinadas, lo que fundamentó mediante la transcripción de apartes de la sentencia CSJ SL1430-2018. Valoró los medios probatorios y determinó que los documentos aportados por el demandante no acreditaban la vinculación por el período reclamado, habida cuenta de que en los folios 21 y 22 aparecía una liquidación laboral fechada el 28 de octubre de 1997, mientras que en los dos siguientes apreció el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de trabajo, suscrita el 31 del mismo mes y año y donde se fijó como fecha de inicio de la relación, el 15 de

enero de 1992. Citó, dentro del análisis, el desprendible de nómina de febrero de 1997; los certificados de ingresos y retenciones hasta el año 1997 y del año 2007, este último con Cooptraempresarial como retenedor; copia del Reglamento Interno de Trabajo del CIAT y una copia simple del documento denominado «DE FORMULACION PERSONAL

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Radicación n.° 91928 NACIONAL». En cuanto a los aportados por el demandado, mencionó también la liquidación y acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato y copias de varios contratos suscritos con la cooperativa y con ASE S.A.S. Respecto de todos los anteriores, afirmó que «[…] carecen de virtud para probar el contrato de trabajo que pretende el actor por todo el tiempo señalado en la demanda», de modo que dio paso al examen de las demás pruebas. Del interrogatorio de parte practicado a la representante del CIAT, dedujo la existencia de la prestación de servicios por parte del señor Cataño Trejos en beneficio de la demandada, por intermedio de un tercero y en la labor de motorista, por lo que consideró que «[…] para efectos de declarar la existencia del contrato de trabajo con esa entidad, debe desentrañarse un segundo punto medular que es el relativo a la subordinación, siendo preciso definir cuál de las entidades la ejerció». Para tal efecto, acudió a las declaraciones rendidas por Diego Popo González y Octavio Caicedo Tigreros –testigos del demandante– y luego de transcribirlas sostuvo que,

[…] esas ponencias no tienen la suficiente fuerza de convencimiento para la Sala y además no permiten delimitar las condiciones exactas de modo y tiempo, en que se desenvolvió la presunta relación; esto se dice en tanto el testimonio del señor Octavio Caicedo fue tachado de falsedad, por estar cursando demanda con idénticas pretensiones contra la pasiva, lo que indudablemente resta cierta credibilidad a sus dichos, aunado al hecho que el señor Diego Popo González no fue testigo directo de lo que declaró, pues el mismo admitió que todo su conocimiento deviene de lo que sus compañeros de trabajo le comentaron, que veía esporádicamente al demandante, que nunca fue asociado a

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Radicación n.° 91928 los referidas cooperativas, que nunca asistió a las capacitaciones de las que se hace referencia en el asunto, no sabe cuánto devengaba el actor ni cómo era la forma de remuneración. Ninguno de los ponentes logra definir los extremos de la relación del demandante y si bien el señor Octavio Caicedo de modo categórico aseguró que fue el día 16 de diciembre de 1996 que se finalizaron los contrato a termino (sic) indefinido y que al lunes siguiente fue que se empezaron a conformar las empresas asociativas, dicha fecha no se compadece con la que reportan las pruebas documentales, ni con los hechos narrados en la demanda (31 de octubre de 1997); de igual forma no queda claro con estas ponencias el nivel de presión, coacción o fuerza que se ejerció sobre la persona del demandante que le obligara a vincularse a la cooperativa.

Recurrió entonces al interrogatorio de parte rendido por el demandante y al testimonio de Juan Manuel Rodríguez Collazos, declarante convocado por el CIAT y reprodujo sus manifestaciones. Agotado esto, presentó sus conclusiones así, […] la primera y más importante de ellas es que no cabe duda que la relación laboral que el demandante inició en enero de 1992 finalizó por mutuo acuerdo el 31 de octubre de 1997, pues así fue aceptado por el actor en su interrogatorio de parte, de ello reposa prueba documental que respalda lo dicho y además no fue alegado, ni reposa prueba alguna que demuestre que dicha acta adolezca de algún vicio de consentimiento y así las cosas de entrada se hace imposible declarar la existencia de una única relación dentro de los interregnos pedidos en la demanda; la segunda conclusión, es que la decisión de conformar cooperativas fue posterior a la desvinculación pues así fue dicho por cada uno de los declarantes e indicado tangencialmente por el demandante. La tercera conclusión lógica a la que se logra llegar es que el argumento fundamental del asunto, relativo al constreñimiento efectuado sobre la persona del demandante para conformar empresa o cooperativa, queda derruido con las anteriores. Explicó las condiciones para la validez jurídica de un contrato o convenio y, citando los artículos 1502, 1503, 1508 y 1513 del Código Civil, profundizó en cada una de ellas.

Finalmente señaló:

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Radicación n.° 91928 De lo explicado, fácil resulta concluir, que en realidad sobre la

persona del demandante la empresa ya no tenía la capacidad de ejercer fuerza o coacción con miras a que este conformara una asociación, pues la pasiva ya no estaba en posición subordinante frente al actor, toda vez que el contrato que los ataba había sido resuelto de mutuo acuerdo y, por tanto, cualquier insinuación respecto a la conformación de cooperativa empresa o S.A.S, estaba en la esfera de una mera sugerencia; y si bien el actor aseguró que en principio no tenían el suficiente conocimiento para la conformación de las asociaciones, con el tiempo se volvieron diestros en el tema, al punto que realizaban sus asambleas y reuniones, elegían a sus representantes y distribuían y manejaban sus finanzas correctamente. Ahora bien, volviendo la atención a lo relativo a la subordinación que pudo haber sido ejercida por el CIAT, debe señalar la Sala, que tampoco fue debidamente demostrada; y es que en su testimonio, el señor Juan Manuel Rodríguez desde su cargo en gestión humana aseguró que nunca observó a nadie del CIAT imponerle órdenes al demandante, que nunca se le citó a descargos, que la empresa nunca le impuso sanciones u horarios ni nada parecido, que tampoco era la encargada de darle vacaciones; esa declaración se contrasta con los relatos del demandante y los demás testigos quienes comentaron que la empresa tenía un interventor; pero no lograron especificar unas órdenes puntuales que estos impusieran sobre el demandante. La anterior hipótesis permite señalar, además, que aun si en gracia de discusión pudiera decirse que el extremo pasivo tuvo participación en la conformación y actividad de las asociaciones,

cooperativas o SAS, tampoco de ahí se desprende la existencia de un vínculo directo entre el demandante y esa entidad, entre otras cosas, porque al respecto, de la prestación de servicios para esta, nada probó la parte actora. No sobra señalarse que, aunque se hubieren zanjado a favor del actor los anteriores cuestionamientos, no habría tampoco lugar a acceder a las pretensiones, habida cuenta que (sic) tampoco quedó en este asunto dilucidado lo relativo a los extremos de la relación, pues demostrada la interrupción que existió, no so (sic) logró demostrar a partir de cuando (sic) volvió el demandante a prestar sus servicios. De todo lo expuesto, no tiene otro camino esta Sala que confirmar el fallo apelado, pero bajo los argumentos, y análisis que aquí fueron vertidos, pues si en algo asiste razón a la recurrente, es que la decisión de primera instancia carece completamente de motivación.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el señor Cataño Trejos, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, […] se revoque el fallo emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira de fecha tres (3) de abril de dos mil diecinueve (2019), para que en su lugar, se concedas (sic) todas

las pretensiones incoadas en el orden propuesto en el escrito inaugural del proceso. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados y estudiados de forma conjunta el primero y el tercero, dado que se presentan por la misma vía de ataque y merecen similares consideraciones de parte de esta Sala.

VI. CARGO PRIMERO Manifiesta el recurrente: Acuso la sentencia impugnada por violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 1, 18, 46, 47, 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990, artículo 71 de la Ley 50 de 1990, artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, los artículos 167 del Código General del Proceso, artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Ley 1233 de 2008; Articulo

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Radicación n.° 91928 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, y en concordancia con los artículos 2, 13, 25 y 53 de la C.N. Expone el contenido general de las principales disposiciones normativas denunciadas enfatizando en los principios de favorabilidad y de primacía de la realidad sobre

las formas en materia laboral; los elementos del contrato de trabajo; la presunción de relación laboral, previa comprobación de la prestación del servicio por parte del trabajador; las restricciones fijadas por el Decreto 4588 de 2006 y por las Leyes 1233 de 2008 y 1429 de 2010, a las cooperativas de trabajo asociado en materia de vinculación de personal para la atención de actividades misionales y el régimen de las empresas de servicios temporales. Luego sostiene que, La posición de la CTA en donde se debe hablar de cooperado y asociado, es demostrar que frente a esa beneficiaria contratante se configuraron los tres elementos constitutivos del contrato de trabajo, o en su defecto solamente la prestación personal del servicio para que bajo los efectos del artículo 24 del CST, modificado por la ley 50 de 1990, se pueda presumir la existencia de un contrato, quedando en cabeza de la persona o entidad frente a la cual se pretenda hacer valer esa presunción, desvirtuarla demostrando que el contrato que la unió con el trabajador fue uno diferente al de trabajo, y que la prestación del servicio no tuvo nada que ver con la beneficiaria del servicio o con su objeto misional y que los elementos para la realización de la labor del trabajador eran de propiedad de este o de la cooperativa de la cual perteneció y que esa actividad laboral que realizó se desarrolló de manera autónoma e independiente es decir sin subordinación. Es importante resaltar que la demandada, no demostró fehacientemente la no relación las (sic) los terceros independientes aquí anunciados (EAT, CTA, SAS), esto de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 468

de 1990, análisis que fue desconocido por el ad-quem.

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Radicación n.° 91928 Hace referencia a sentencias que identifica como «[…] SL 6441 de 2015, SL 4479 de 2020, SL 4470 de 2020, SL 955 de 2021» y transcribe apartes de esta última, referidos a la existencia de relación laboral cuando se prueba subordinación en un servicio cooperado. Por último, afirma que «Tales interpretaciones y normativas no fueron debatidas ni analizadas por el adquem», lo que considera violatorio de sus derechos fundamentales.

VII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

Manifiesta que el Tribunal pasó por alto que el precedente de esta Corporación también ha establecido que en caso de no conocerse con exactitud los extremos temporales del contrato, estos pueden establecerse de forma aproximada según las pruebas y transcribe para tal efecto apartes de la sentencia CSJ SL3937-2021. Aduce que no se realizó un análisis minucioso de las pruebas con el fin de aplicar la citada jurisprudencia, sino que se limitó a concluir que no se demostraron los extremos temporales. Para terminar, considera que, Del análisis probatorio realizo (sic) en el cargo segundo, se logra concluir que la parte pasiva CIAT en su contestación aceptó la

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Radicación n.° 91928 prestación del servicio del actor a través de las diferentes

tercerizadas, lo que pone en evidencia la continuidad del servicio, hasta el 31 de enero de 2015, fecha en que finalizó el contrato civil suscrito entre el CIAT y la Agrupación de Servicios Empresariales S.A.S. [Fl. 231-232], así como las declaraciones testimoniales en especial la de Octavio Caicedo quien afirmó que tiene conocimiento que la relación del actor finalizó en dicha calenda, al mismo tiempo que finalizó la de él, además que el testigo refiere que “6 de diciembre de 1996 que era viernes fue que se finalizaron los contratos y que al día lunes 19 empezaron a hacer el paquete para la conformación de las empresas asociativas”, ello, junto con el análisis realizado en el cargo segundo de las pruebas allí enlistadas, permite concluir la continuidad del servicio hasta el 31 de enero de 2015.

VIII. RÉPLICA El CIAT se opone a la prosperidad de los cargos.

Respecto del primero, afirma que el recurrente se equivocó en la vía y modalidad de ataque, pues discute la prueba de la prestación del servicio, que corresponde a la senda indirecta y no a la directa y, además, formula una supuesta aplicación indebida de normas a pesar de que se enfoca en la interpretación errónea o la falta de aplicación de ellas; todo lo cual afecta su derecho a la defensa, ya que la irregular presentación de los ataques frustra la delimitación de una discusión jurídica puntual y, por ende, le impide oponerse a un asunto en concreto. Agrega que no es cierto que se hubieran probado hechos

que sustentaran la aplicación de la presunción contenida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, sino que el Tribunal determinó, que con las piezas procesales no era posible determinar las condiciones de tiempo y modo en que se desarrolló la presunta relación de trabajo, por lo que no

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Radicación n.° 91928 existió ningún vínculo laboral ni civil con el señor Cataño Trejos luego del 31 de octubre de 1997. Aduce que el recurrente confesó que prestó sus servicios directamente a Coptraempresarial y luego a ASE S.A.S., entidades creadas en 2004 y 2010 –respectivamente, hecho que también invalida una supuesta continuidad del servicio a partir de 1997. Por último, reitera que dentro de su objeto misional no se encuentra el transporte de personal y que es claro, que el señor Cataño Trejos tuvo una relación laboral con el CIAT hasta el 31 de octubre de 1997, la que se disolvió sin solución de continuidad y que luego de un tiempo, el casacionista se vinculó a las litisconsortes, siendo estas las únicas con las que estaba ligado comercialmente. En cuanto al tercer cargo, también lo acusa de presentarlo por una vía incorrecta, al atribuirle al Tribunal una conclusión errada sobre las pruebas, aspecto propio de la senda indirecta. Así mismo el ataque lo formula por interpretación errónea, pero persigue demostrar la aplicación indebida de las normas, tanto así, que acepta que este «[…] aplicó la norma apropiada al sub judice y la entendió́ adecuadamente». Afirma que el fallador no encontró plenamente

acreditada la actividad personal en su favor, sino que concluyó que los servicios de operación de vehículos y

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Radicación n.° 91928 mantenimiento eran prestados por terceras empresas, quienes fueron los verdaderos empleadores. Con base en lo anterior, afirma que «[…] no había lugar a que el Tribunal aplicase de manera tajante la presunción contenida en el artículo 24 del C.S.T., en contra del CIAT», pese a lo cual analizó el tema de la subordinación concluyendo que esta no existió.

IX. CONSIDERACIONES Le asiste razón a la réplica al denunciar la existencia de errores de técnica de casación, que dan al traste con el análisis de los ataques.

En primer lugar, es cierto que el accionante presentó los cargos por la vía equivocada, ya que, si bien fueron formulados por la senda directa y tienen algunas referencias normativas, de fondo el reproche del señor Cataño Trejos se dirige al análisis probatorio del Tribunal, aspecto que es incompatible con la vía jurídica de casación. Esta supone el planteamiento de una discusión exclusivamente de derecho por parte de quien recurre, de tal suerte que debe enfocarse en el entendimiento o aplicación que dio el juzgador a las normas sustanciales, ausente de cualquier consideración probatoria, pues los hechos, en esta

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Radicación n.° 91928 senda de ataque, se dan por aceptados. Al respecto, es necesario recordar lo previsto por esta Corporación en la sentencia CSJ SL1902-2021 que, en este sentido señaló:

No debe perderse de vista, que habiendo elegido la recurrente el sendero directo, los fundamentos fácticos de la sentencia recurrida quedan incólumes, permitiendo solamente la disquisición jurídica del punto en controversia, y bajo esta órbita, el ataque por la vía del puro derecho, tendría que haberse edificado partiendo de la aceptación de la conclusión fáctica del Tribunal; sin embargo, el censor en el desarrollo del cargo que orientó por la senda directa también acudió al haz probatorio, como se enunció previamente, para referirse al tipo de deficiencia o patología que debió tenerse en cuenta en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, lo que en modo alguno permite estructurar un yerro jurídico atribuible al Juez Colegiado, que indudablemente da al traste con la acusación. En el caso concreto, si bien el casacionista se ocupó de reproducir normas y apartes de pronunciamientos jurisprudenciales –que por otro lado no corresponden a la normativa sustancial que se estudia por la vía directa–, al final centra su atención en dos elementos fundamentales: el ejercicio probatorio de la contraparte en materia de subordinación y la supuesta acreditación de esta y la falta de análisis de la prueba por parte del Tribunal en lo que tiene que ver con los extremos de la relación laboral. Así se evidencia en la tesis central del recurrente en el cargo primero al afirmar que el CIAT no demostró fehacientemente «[…] l