CSJ - SL092-2018

109 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 4 OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SLO92-2018 Radicación n.” 51573 Acta 001 Bogotá, D. C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP «EAAB ESP», contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de julio de 2010, en el proceso que le instauraron SOFÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en su nombre y en representación del menor DAVID ENRIQUE

MOYANO RODRÍGUEZ, y GEOVANNY RICARDO MOYANO

RODRÍGUEZ.

IL ANTECEDENTES Sofía Rodríguez Sánchez, en su nombre y en representación del menor David Enrique Moyano Rodríguez, y Geovanny Ricardo Moyano Rodríguez, llamaron a juicio a

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Radicación n. 51573 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, en adelante EAAB ESP, con el fin de que se declarara que existió contrato de trabajo a término indefinido entre ella y Gabriel Moyano Martínez, el cual terminó por la muerte de este, en accidente de trabajo acaecido el 12 de diciembre de 2003, por causas imputables al empleador; que, en

consecuencia fuera condenada: a pagarles la indemnización plena de perjuicios, materiales y morales; el seguro por muerte, consagrado en el artículo 117 de la Convención Colectiva de Trabajo; la indexación de las condenas y los intereses corrientes y moratorios. Fundamentó sus peticiones, en que Gabriel Moyano Martínez, suscribió contrato de trabajo a término indefinido con la EAAB ESP, el 20 de mayo de 1998, para ejercer el cargo de ayudante V de alcantarillado; que en el conjunto residencial Bosque Medina, ubicado en la carrera 7 número 132-10 de Bogotá, se presentó un represamiento en la tubería de aguas servidas de los apartamentos del Pinar de la Sierra, ubicados en la carrera 6 número 131-34, lo cual originó una solicitud de atención por parte de la comunidad de la zona 1, ubicada en Usaquén; que el 12 de diciembre de 2003, a las 11:30 a.m. se le ordenó a Gabriel Moyano Martínez, por su jefe inmediato, ejecutar la limpieza de la referida tubería; que en desarrollo de esta actividad ingresó al quinto pozo, manifestando a su compañero José Sady López, que sentía dolor de cabeza y al llegar al fondo del pozo (3,50 metros), se acostó y se quedó quieto y perdió el conocimiento; que el mencionado compañero ingresó a sacarlo y también perdió el conocimiento; que otros

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(OA Radicación n. 51573 trabajadores los trasladaron a la Unidad de Urgencias de la Fundación Santa Fe, pero ya era demasiado tarde; que

falleció a las 2:45 p.m. por ahogamiento y edema pulmonar. Expuso que el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la accionada, estableció que el pozo donde trabajaba el fallecido, carecía de oxígeno y tenía presencia de gases tóxicos, que le produjeron la pérdida del conocimiento y el gran torrente de agua ocasionó la muerte por ahogamiento y edema pulmonar. Dijo que la empresa no tomó las medidas adecuadas de seguridad industrial, contempladas en la ley para trabajos en espacios confinados; que para el día del accidente no contaba con un adecuado programa de salud ocupacional exigido por la ley y por el gobierno nacional; que la investigación del accidente de trabajo prueba la existencia de causas inmediatas y básicas, tales como arnés de seguridad, elementos de protección personal para espacios confinados, capacitación y entrenamiento al trabajador. Sostuvo que la EAAB ESP, se negó a pagarles el seguro por muerte, consagrado en el artículo 117 de la Convención Colectiva de Trabajo, argumentando, equivocadamente, que en el artículo 3? del laudo arbitral del 27 de mayo de 19%6, se estableció que los trabajadores que ingresaran con posterioridad a dicho fallo estarían cubiertos por el Sistema de Seguridad Social en Salud (Ley 100 de 1993). Li

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Radicación n. 51573 Finalmente informó que, al momento de fallecer, Gabriel Moyano Martínez devengaba la suma de $1.636.295,00; que convivía con ella y sus hijos David Enrique y Geovanny Ricardo, de 17 y 22 años de edad,

respectivamente y que el 27 de octubre de 2004, agotaron la reclamación administrativa. Al dar respuesta a la demanda, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, negó que al trabajador fallecido se le hubiera dado la orden, por su jefe inmediato, de ejecutar la limpieza del pozo donde sucedió el accidente, ya que su ingreso fue voluntario, según el informe de la División de Salud Ocupacional, no obstante haber manifestado con anterioridad a su compañero José Sadi (sic) López, que sentía un leve dolor de cabeza. Aseveró, que la EAAB ESP sí contaba con un programa de salud ocupacional, conforme a la Resolución n. 1016 de 1989, a la Ley 9 de 1979, al CST y al Decreto 1295 de 1994. Negó que en la investigación del accidente de trabajo se hubiera concluido lo expuesto en la demanda, sino que se hizo una descripción en general de las causas inmediatas y básicas y por el contrario, la descripción de lo ocurrido el 12 de diciembre de 2003, es que Gabriel Moyano Martínez, ingresó a limpiar el pozo con sus elementos de protección: overol, botas de caucho con puntera, casco, guantes de nitrilo color verde, mascarilla de cartucho químico; que

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OS Radicación n. 51573 igualmente se constató, que el trabajador ingresó sin que se hubiera hecho la correspondiente medición para determinar si se contaba con una atmosfera segura, procedimiento que

conocía a la perfección el trabajador. Adujo que no era cierto que el accidente se hubiera podido evitar, ya que la empresa tomó todas las medidas de salud ocupacional, que eran necesarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores, brindando capacitación en diferentes oportunidades en su larga experiencia, al trabajador fallecido. Respaldó la no cancelación del seguro por muerte, dado que en la cláusula décima tercera del contrato de trabajo suscrito con el señor Moyano Martínez, se dejó expresa constancia de la no aplicación de este beneficio, en razón a que su ingreso se dio con posterioridad al 27 de mayo de 1996, cuando el riesgo por muerte ya estaba cubierto por el sistema de seguridad social, en ese entonces por la ARP Liberty Seguros S.A. y así se dispuso en el laudo arbitral. Aclaró que el salario devengado por el causante, al momento del fallecimiento ascendía a $659.670 y no a $1.636.295, y observó que no le constaba el parentesco y la convivencia del trabajador con los demandantes. En su defensa propuso las excepciones denominadas, pago, buena fe e inexistencia de las obligaciones reclamadas. 5

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Radicación n. 51573 Adicionalmente, llamó en garantía a la Aseguradora Colseguros S.A., en virtud de la «póliza de responsabilidad civil extracontractual en exceso de las prestaciones sociales» n. 200300549 de octubre 31 de 2003. Dicho llamamiento fue admito por el Juzgado que inicialmente conoció el proceso, Sexto Laboral del Circuito de Bogotá D.C. (£. 872).

La Aseguradora Colseguros S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda y respecto de los hechos dijo que ninguno le constaba por tratarse de circunstancias ajenas a ella, por lo cual se atenía a lo que resultase probado. Propuso las excepciones denominadas, inexistencia de responsabilidad de la demandada por accidente de trabajo, inexistencia de reconocer el seguro por muerte y falta de legitimación por activa para reclamar las sumas que ya fueron pagadas por la administradora de riesgos profesionales. En relación al llamamiento, se opuso a las pretensiones, y respecto de los hechos, aclaró que, a pesar de ser cierta la existencia de la póliza, lo cierto es que en el presente caso no estaban amparados los riegos derivados del incumplimiento de normas que regulan la actividad del asegurado, relacionadas con salud ocupacional, asunto expresamente excluido. Así mismo, advirtió que los únicos perjuicios cubiertos, eran los de carácter material, en un 60%, pero jamás los de índole moral y menos el relacionado con el 6

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106 Radicación n. 51573 planteó las excepciones denominadas falta de cobertura de los perjuicios derivados del incumplimiento de normas que regulan la actividad del asegurado, cobertura de los perjuicios causados en exceso de las prestaciones laborales, hasta el 60%, exclusión de los perjuicios morales, no cobertura del seguro por muerte y prescripción.

IL. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 30 de octubre de

2009, absolvió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, de las pretensiones de la demanda. Igualmente, absolvió de responsabilidad a la llamada en garantía, Aseguradora Colseguros S.A.

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Tras declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, se remitió para que «surtiera el grado jurisdiccional de consulta». En tal virtud, la

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante sentencia del 30 de julio de 2010, revocó parcialmente la decisión, para en su lugar, condenar a la EAAB ESP, [...] a pagar a favor de cada uno de los demandantes, la suma de $30.000.000,00, con su respectiva indexación, desde el 13 de diciembre de 2003 y hasta el momento en que se haga efectivo el pago». Lo confirmó en todo lo demás. 7

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Radicación n. 51573 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que no era discutible la muerte del trabajador en un accidente de trabajo, sino el problema de la culpa patronal establecida en el artículo 216 del CST, teniendo como referente el desarrollo jurisprudencial sentado por la Corte Suprema de Justicia. Seguidamente dedujo, con base en los medios probatorios incorporados al plenario, «[...] sin asomo de duda alguna, que contrario a lo inferido por el primer sentenciador, sí existe prueba de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio donde perdió la vida el trabajador

MOYANO MARTÍNEZ».

Aclaró que, no desconocía que la demandada suministró capacitación al trabajador en las actividades inherentes a su cargo, como la de «responsabilidad al ingreso de espacios confinados» y además le entregó los elementos de seguridad, entre ellos, el respirador contra vapores orgánicos, el cartucho químico para respirar gases orgánicos y el protector auditivo tipo diadema; pero, «[...] esa sola circunstancia no es suficiente para inferir que el empleador actuó en forma diligente y cuidadosa en la prevención del accidente de trabajo y, que por ende, no existió culpa del empleador en el trágico infortunio laboral». En ese orden, argumentó: SCLAJPT-10 v.00 8 110 Radicación n. 51573 De acuerdo con los resultados de la investigación que realizó la empresa (folios 241 y siguientes), allí se indica que había en el sitio de trabajo «concentración de gases y vapores (monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, gases inflamables, bajo nivel de oxigeno menor al 19.5% en ppm) emanados de la descomposición de desechos orgánicos, presentes en la tubería del pozo de aguas servidas provenientes del conjunto Bosques de Medina». En ese mismo documento, se informa que el trabajador al ingresar al pozo para realizar la limpieza se desmayó al aparecer (sic) por la presencia de gases y cayó al fondo donde fue auxiliado por sus compañeros de trabajo, quienes también debieron ser internados en centros hospitalarios por la exposición de gases tóxicos, al punto de que uno de ellos también se desmayó al ingresar el sitio para sacar a

Moyano Martínez. A folios 169 a 195 y 1216 a 1241, obra el documento que contiene los protocolos de higiene y seguridad industrial previstos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, el cual consagra un capítulo especial donde se regula la planeación de permisos para trabajos en espacios confinados, donde se exige que antes de realizar cualquier trabajo en esos sitios, se debe obtener el respectivo permiso por parte de la empresa, y además, constatar que la obtención del mismo, entre otros tantos aspectos «los riesgos y características del sitio donde se realizará el trabajo», a fin de verificar «las condiciones de seguridad, detectores de gases, pruebas atmosféricas, presencia de gases tóxicos, porcentaje de oxígeno». No obstante el protocolo de seguridad de referido, la empresa demandada a través del Jefe de cuadrilla de la cual hacía parte el causante, no cumplió con el diligenciamiento del permiso respectivo y tampoco constató las condiciones de seguridad existentes en el sitio de trabajo, que eventualmente hubieren evitado el fatal accidente de trabajo, pues según las mismas conclusiones de la investigación adelantada, se dejó advertido, que «no aplicó el instructivo para ingresar a espacios confinados, contemplado en la norma de seguridad NS111, la cual está contenida en el SISTEC; no se aplicó la norma de seguridad NS 114 Trabajo Seguro en Alcantarillado y equipos de trabajo, la cual está contenida en el SISTEC; en el pozo donde ocurrió el accidente, se carecía del nivel óptimo 19.0-21.5%» (folio 244). Destacó el testimonio de José Sady López, Jefe de

Cuadrilla, quien afirmó que no se les había suministrado 9

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Radicación n. 51573 equipo de medición de gases tóxicos para verificar las condiciones del sitio, previo al ingreso. Hizo énfasis en la investigación del accidente, en la cual se plasmó que los demás compañeros de trabajo del causante, al pretender auxiliarlo, también fueron afectados por la presencia de gases tóxicos, incluido el jefe de cuadrilla José Sady López, quien perdió el conocimiento, y todos fueron internados en un centro hospitalario, situación que condujo a inferir, d|...] que ni aún los elementos que suministra la empresa a sus trabajadores fueron suficientes para conjurar el infortunio, debido principalmente a la ausencia de detectores de niveles de gases tóxicos, pues de haberse contado con ese dispositivo, no se hubiera presentado el accidente». Coligió que estaba demostrada la culpa del empleador a la luz del artículo 216 del CST, para derivar la indemnización ordinaria de perjuicios reclamada por los demandantes, en calidad de hijos y cónyuge del causante, quienes estaban legitimados con los registros civiles de nacimiento y matrimonio obrantes a folios 15 a 17. Frente a la indemnización de perjuicios, dijo que solo condenaría a los morales, «[...] que se establecen por el prudente arbitrio, en cuanto al dolor, la angustia, la aflicción, la congoja, la tristeza» y no a los materiales, en atención a que no existía prueba de que se hubiesen irrogado, /...] pues el cálculo que se hizo en el escrito de la demanda no es

suficiente para darlos por demostrados, pues es necesario

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[08 Radicación n. 51573 acreditar en el proceso su causación en sus conceptos de daño emergente y lucro cesante». Para tal conclusión se apoyó en la sentencia de la CSJ SL32720, 15 oct. 2008 y concluyó: En el sub judice, es un hecho evidente que la muerte de un ser querido, en este caso, el esposo y padre, necesariamente produce una gran desolación y angustia que amerita resarcirse, los cuales tasa la Sala en su prudente juicio, en la suma de $30.000.000, para cada uno de los demandantes, conforme al criterio jurisprudencial antes transcrito. Dicha suma deberá ser indexada desde el momento en que se produjo el fallecimiento del trabajador (12 de diciembre de 2003) y hasta cuando se haga el pago efectivo. Absolvió a la ASEGURDORA COLSEGUROS S.A., quien fue llamada en garantía por la EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA E.S.P., por cuanto los perjuicios deducidos en este proceso, son derivados de la culpa del empleador, la cual no era asegurable. Por último, en cuanto al seguro por muerte de naturaleza convencional que reclamaron los demandantes, precisó que, tal como lo dedujo con acierto el juez de primer grado, no obraba en el expediente la prueba de la Convención Colectiva de trabajo donde se derivara el derecho pretendido, lo cual trajo como consecuencia el fracaso de dicho pedimento.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Li

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la decisión del a quo, en el sentido de absolverla de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se decidirán conjuntamente, porque atacan normas similares y apuntan a un fin común.

VI. CARGO PRIMERO Acusó la sentencia de violar la ley sustancial, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos: 28 numeral 9 y 29 numeral 1 del Decreto 2127 de 1945, 1 de la Ley 6 de 1945, 216 del CST, 98 del Decreto 1295 de 1994, 63 y 2357 del CC, 61 y 145 del CPTSS, 174, 175 y ss del CPC, [...] todo ello debido a ostensible (sic) errores de hecho en la apreciación indebida de las pruebas en la segunda instancia».

Como errores de hecho, enunció:

- DAR POR DEMOSTRADO, SIN ESTARLO, QUE MI

REPRESENTADA INCURRIÓ EN CULPA FRENTE A LA

OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO.

- NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTANDOLO QUE EL QUE NO

ACATÓ LAS PRECAUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS

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Ó Radicación n. 51573

PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, FUE

EL SR. MOYANO MARTÍNEZ.

- NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO QUE EL

ACCIDENTADO, SIENDO BRIGADISTA SABÍA QUE ANTES DE

INGRESAR A UN ESPACIO CONFINADO DEBÍA TOMAR

PRECAUCIONES MÍNIMAS ANTE EL RIESGO Y NO LO HIZO.

Consideró no apreciadas, las siguientes pruebas: - — Registros de capacitación (Folios 1165 a 1215). - Control de asistencia y Programa de capacitación para brigadistas (Folios 1101 a 1131). - (Folios 1030 a 1018). - Informe de la investigación del accidente (Folios 72 a 868; 1160 a 1241). - Anexos 1y2. - DVD entrenamiento para emergencias, con participación del actor. Estimó, erróneamente apreciadas: - Demanda (Folios 3 a 10 del Cuademo Principal). - Contrato de trabajo y reconocimiento de la Pensión de Sobrevivientes (Folios 11 a 14). - Resultado de la investigación adelantada por el Comité Paritario de Salud Ocupacional (Folios 25 a 29; 233 a 253). - Contestación de la demanda (Folios 32 a 44). - — Registro de defunción (folio 18). - Planillas de entrega de elementos (Folios 131 a 143,81 a 195; 323 a 336). - Registros de capacitación (Folios 81 a 195; 1167 a 1178). - Sentencia de primera instancia (Fol 1242 a 1254).

• Testimonios rendidos por JOSÉ SADY LÓPEZ Y BERNARDO

ENRIQUE HERNÁNDEZ (Folios 1026 a 1029 y 1074 a 1077). En la demostración del cargo sentó la premisa, según la cual, no se podía colegir que el accidente de trabajo se produjo por culpa de la EAAB ESP, ya que si se revisa cuidadosamente el material probatorio, desde la demanda se afirmó que el señor Moyano Martínez inició las labores de limpieza, manifestando a su compañero José Sady López, 13

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Radicación n. 51573 que sentía dolor de cabeza; pero este contaba con los elementos de protección para hacer la labor, y se demostró con la prueba documental, que se le entregaron, entre otros, el «respirador contra vapores orgánicos», que asistió a las «capacitaciones y práctica de brigada», en coordinación con la ARP, es decir, que en su condición especial de brigadista contaba con entrenamiento en primeros auxilios, control de incendios, prueba de claustrofobia y espacios confinados. Relievó que, en desarrollo de los protocolos, los brigadistas, como el causante, sabían manejar la terminología técnica relacionada con la «atmósfera contaminada», «equipo de protección respiratoria de línea de aire comprimido» y «espacio confinado», que podía estar sujeto a contaminantes tóxicos o inflamables o a una atmósfera deficiente de oxígeno. Arguyó que con ello se demostró, que la lectura que hizo el Tribunal no concordaba con lo verazmente establecido, pues con el equipo de seguridad entregado por

la empresa, se hubiere podido evitar la muerte del señor Moyano, ya que es imprevisible para el empleador asegurarse de que el trabajador tomara esas previsiones sobre la atmósfera del lugar antes de ingresar el pozo. Apuntó que el ad quem no apreció la investigación del accidente de trabajo realizada por la ARP Liberty y la historia clínica de la Fundación Santa Fe, en la que se concluyó: «[...] acto inseguro, ingresar al pozo sin cumplir los

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10 Radicación n. 51573 requerimientos de la norma para trabajos en espacios confinados. Condiciones subestandar, la falta de aplicación de las normas, procedimientos y estándares adecuados y seguros de trabajo liderados por la alta dirección de la empresa». De ese análisis destacó que el trabajador no dejó airear previamente el lugar al que iba a ingresar; que había afán para terminar la tarea y exceso de confianza del mismo, y hubo demasiada demora en el rescate. Se apoyó en los testimonios de José Sady López, Efrén Rodríguez Murcia y Bernardo Enrique Castillo, para insistir en que el trabajador contaba con la experiencia, capacitación y dotación, suficientes para evitar el accidente. Recalcó en la prueba aportada en los cuadernos anexos, contentiva de las normas técnicas NS-111 y NS 114, sobre los requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial en espacios confinados y seguridad industrial para el manejo de equipos empleados en el mantenimiento de sistemas de alcantarillado; el DVD donde aparece Moyano, como uno de los integrantes de la brigada de

entrenamiento para la atención de emergencias; el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, y, el Registro del Comité Paritario y de Salud Ocupacional. Estimó que el Tribunal fue contradictorio, «[..] al aceptar que la empresa suministró capacitación al trabajador pero que ello no era suficiente por la ausencia de un permiso 15

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Radicación n. 51573 y un equipo de medición de gases», y que, por el contrario, los argumentos ofrecidos en la demostración del cargo, permitían concluir el yerro de la decisión y constituían el motivo que liberaba a la entidad de la culpa que se le endilgaba. VIL. CARGO SEGUNDO Acusó la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos: 28 numeral 9 y 29 numeral 1 del Decreto 2127 de 1945, 1 de la Ley 6 de 1945, que lo condujo a la aplicación indebida del artículo 216 del CST, artículo 98 del Decreto 1295 de 1994, en concordancia con los artículos 63 y 2357 del CC. En la demostración del cargo, dijo que no discutía las conclusiones fácticas del Tribunal, sino la motivación de la decisión apoyado en las sentencias de la CSJ SL21287, 26 feb. 2004 y SL23489, 16 mar. 2005, las cuales no conjugan para el caso concreto. Por el contrario, señaló que existen providencias que sirven para la interpretación correcta de este proceso, d...] como la que enseña que el empleador responda (sic) por el

insuceso o siniestro, debe acreditarse que la patronal fue la generadora, es decir debe comprobarse una relación directa entre el accidente y la actitud irresponsable del patrono». (Citó extracto de la sentencia CSJ SL31706, 22 abr. 2008). Concluyó que, [...] por lo tanto, la interpretación

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N Radicación n. 51573 correcta a la que debió llegar el Tribunal con fundamento en la jurisprudencia, es que no existía el nexo causal entre el incumplimiento de los deberes y los perjuicios sufridos por el empleado».

VIII. RÉPLICA Más que oposición técnica contra los cargos, es un alegato de instancia que defiende las conclusiones probatorias del Tribunal.

IX. CONSIDERACIONES Sea lo primero recordar, como en numerosas ocasiones lo ha dicho esta Corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor se contrae a enjuiciar la sentencia, con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir el conflicto.

En la proposición jurídica de los cargos se adujo, respectivamente, la aplicación indebida y la interpretación errónea de las siguientes normas sustanciales: Decreto 2127 de 1945, artículo 28. Son obligaciones especiales del trabajador: [..] 17

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90. Observar las medidas preventivas e higiénicas que

prescriban las autoridades y las que disponga el patrono para la seguridad y protección personal de los trabajadores, Artículo 29. Queda prohibido a los trabajadores: lo. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la del patrono o la de terceras personas, o que amenace o perjudique las máquinas, los elementos o la fábrica, establecimiento, taller o lugar donde el trabajo se desempeñe.

20. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrono; Ley 6“ de 1945, artículo 1.- Modificado por al art. 1 Ley 64 de 1946.- Hay contrato de trabajo entre quien presta un servicio personal bajo la continuada dependencia de otro mediante remuneración, y quien recibe tal servicio.

[..] Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 216. Culpa del Empleador. Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo. Decreto 1295 de 1994 Artículo 98. Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artículos 199, 200, 201, 203, 204 y 214 del Código Sustantivo de Trabajo, los artículos 20, 88 y 89 del Decreto 1650 de 1977, los artículos 24, 25 y 26 del Decreto 2145 de 1992, los artículos 22, 23, 25, 34, 35 y 38 del Decreto 3135 de 1968, los

capítulos cuarto y quinto del Decreto 1848 de 1969, el artículo 2% y el literal b. del artículo 5% de la Ley 62 de 1989 y demás normas que le sean contrarias, a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. Código Civil. Artículo 63. Culpa y Dolo.-La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

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17 Radicación n. 51573 Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Artículo 2357. <Reducción de la Indemnización>. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso

a él inprudentemente. En el ataque por la vía indirecta, es menester recordar, que el error de hecho en materia laboral debe aparecer notorio, protuberante y manifiesto, y se presenta, de acuerdo con la línea trazada en las sentencias CSJ SL6O043, 11 feb. 1994, reiterada en la CSJ SL5988-2016 y CSJ SL16025-2017: [...] cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida De conformidad con lo normado en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta y, además, que provenga de manera evidente de 19

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Radicación n. 51573 alguna de los tres tipos de pruebas calificadas, esto es, documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial. Otra exigencia de esta modalidad, es que no se pueden dejar libres de ataque los pilares probatorios en que se apoyó la sentencia del ad quem, pues si con uno de ellos no cuestionado, la decisión se sostiene razonablemente, entonces el cargo no prospera. Al revisar la prueba destacada por la recurrente, la

Sala observa lo siguiente: En el cargo se acusa al juez plural, de no sopesar «la investigación adelantada por el Comité Paritario de Salud Ocupacional» (f. 25 a 29; 233 a 253). Ello es cierto, pero también lo es, que esta no es una prueba susceptible de ser atacada en casación, porque constituye un documento declarativo emanado de terceros y tiene igual connotación que la prueba testimonial.

Sobre esta clase de documentos declarativos emanados de terceros, esta Corporación, en sentencia CSJ SL31484, 17 mar. 2009, reiterada en la sentencia CSJ SL2644-2016, expresó: [...] Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2 del artículo 277 del C. de P. C., por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido <...mediante las formalidades establecid